En la crisis que están atravesando los países norafricanos, un enfoque convocado por los países de la Unión Europea (UE) es el tema migratorio. Los silencios y la inacción europea en estas semanas de rebelión africana no sorprenden y, una vez más, atestiguan el fracaso de un experimento unitario que hasta la fecha no se pudo cumplir. Sin embargo, es justamente la más reciente rebelión la que está hoy poniendo en entredicho la estrategia de la UE. La protesta en Libia –más que otras– está hoy cuestionando de raíz tanto la política migratoria europea como la imagen que se ha construido del fenómeno mismo a lo largo de las dos décadas pasadas.

Mientras en Libia el coronel Kadafi reprime a la población haciendo uso indiscriminado de todas las armas a su disposición –inclusive de batallones de mercenarios extranjeros a los que paga, según testigos directos, “cerca de 2 mil dólares al día para matar libios”–, la UE tiembla en sus cimientos. No es sólo el temor muy justificado de que las protestas del año pasado –en Irlanda, Grecia, Francia, España e Italia– puedan renovarse esta primavera y cuestionar de manera aún más radical la salida a la crisis propuesta en las cumbres internacionales y luego declinadas con las llamadas “medidas de austeridad”; es también, y sobre todo, la crisis de la llamada “Fortaleza Europa”.

Si durante años, los racistas que gobiernan a muchos países europeos han denunciado la “excesiva tolerancia” hacia la migración indocumentada, hoy lo que sale a flote es la excesiva tolerancia que estos gobiernos y la UE en su totalidad han aplicado a los regímenes norafricanos. Durante al menos dos décadas, la UE ha hecho caso omiso a las violaciones a los derechos humanos, a la falta de todo rastro democrático en los países de la costa africana del mar Mediterráneo. La razón es sencilla y excedió la real politik como hoy se demuestra: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto eran muy buenos socios en las políticas de control migratorio.

Con el derrocamiento de los regímenes norafricanos entra en crisis la pretendida externalización de las fronteras europeas. Por años los gobiernos europeos se han dedicado a tomar acuerdos para que estos países “frenaran” a las corrientes migratorias que desde el sur del continente se dirigen a Europa. Dichos acuerdos prevén los patrullajes conjuntos en territorio africano; el suministro de armas e instrumentos de vigilancia; concesión de “cuotas de ingreso” (de migrantes) a los países cooperantes; concesión de inversiones económicas a cambio de la represión del fenómeno migratorio.

El caso del acuerdo Italia–Libia firmado en 2008 es emblemático en este sentido. El gobierno italiano invirtió miles de millones de euros en Libia a fin de proveer armas e instrumentos de control en la frontera sur de Libia; construyó al menos tres centros de detención para migrantes en suelo africano; pagó vuelos de repatriación de migrantes detenidos en Libia (inclusive hacia países en guerra); tomó acuerdos para la recepción de migrantes levantados (ilegalmente) en las aguas internacionales del mar Mediterráneo; favoreció la deportación de miles de potenciales refugiados que en Libia (país que nunca firmó las convenciones internacionales sobre el tema) fueron detenidos; calló y encubrió el homicidio de cientos de migrantes, abandonados en la frontera sur de Libia, en pleno desierto del Sahara.

Hoy el gobierno italiano levanta el espantajo de una “invasión migratoria” debida a la crisis en los países norafricanos. Afirman que podrían llegar a las costas europeas entre 300 mil y medio millón de refugiados. Sostienen que la crisis podría causar un verdadero “éxodo bíblico” hacia el viejo continente. Por lo anterior, el gobierno italiano pide el apoyo de la Unión Europea. Italia, que hizo siempre caso omiso a las condenas de la UE de los mencionados acuerdos con Libia, hoy exige su apoyo. La UE aún no responde.

Sólo la agencia Frontex, meramente militar y encargada de “defender” las fronteras europeas, hizo eco de las alarmantes declaraciones italianas: “podrían llegar hasta millón y medio de personas”.

Hasta ahora el temido éxodo no se ha visto. Lo que en cambio se ve es que los tunecinos, los argelinos, los marroquíes, los egipcios, los libios parecen estar ejerciendo el derecho a quedarse y a no migrar forzadamente. Un derecho antiguo siempre violado en la perspectiva de una mejor vida en el El Dorado europeo.

Hoy que la crisis global transforma paulatinamente también a la UE en tierra de sacrificios y precariedad difusa, los ciudadanos norafricanos parecen ejercer plenamente el derecho a decidir dónde estar y a dónde ir. Si durante el apogeo de la globalización hablábamos de libre circulación y de libertad de movimiento, hoy, en la crisis sin perspectivas que vivimos, quizás podemos comenzar a hablar de derecho de elección.

No es el fin de la movilidad humana lo que aquí se describe. Es simplemente su autodeterminación. Las corrientes migratorias hacia Europa no se pararán. Pero la situación actual bien puede permitirnos afirmar que junto a las solicitación de asilo, en los barcos que surcarán el Mediterráneo en los próximos meses se verán reflejadas la rabia y la esperanza de miles de jóvenes ya no dispuestos a la fuga como perspectiva futura y, en cambio, aptos para tomar el futuro en sus manos y ejercer el derecho a elegir.