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Israel ha puesto en marcha la operación más devastadora
de “limpieza étnica” de palestinos desde la Nakba de
1948
Dividir el botín de guerra
Por Salman Abu Sitta (*)
Al Ahram Weekly, El Cairo, 17/09/09
Rebelión, 26/09/09
Traducido por Loles Oliván
Mientras los titulares de las noticias se han estado
refiriendo a las demandas para que se paralice o se suspenda
[la creación de] asentamientos judíos en los territorios
palestinos ocupados, y a las maniobras en la conferencia de
Fatah celebrada en Belén, Israel ha puesto en marcha la
operación más devastadora desde la limpieza étnica de
palestinos en la Nakba de 1948. Esta nueva operación tiene
por objeto eliminar de manera irrevocable los derechos
palestinos y las raíces históricas de Palestina.
Irónicamente, los líderes árabes y palestinos siguen
siendo ajenos a estos acontecimientos catastróficos. En
particular, la dirección palestina, cuya principal función
es defender los derechos palestinos, está empantanada con
la asignación de puestos políticos internos y en la lucha
contra el que considera su principal enemigo, Hamas.
Los dirigentes sionistas en Israel se han sentido lo
suficientemente audaces como para transformar el lema ideológico
de "Israel es judío" en una realidad sobre el
terreno. La Knesset ha aprobado el pasado 3 de agosto una
ley que permite la venta de terreno [propiedad] de
refugiados palestinos "ausentes" a personas y
entidades exclusivamente judías de cualquier parte del
mundo. Con ello, se quiebra el derecho legal del propietario
original palestino a su tierra al crearse una barrera entre
el propietario y su propiedad. La aprobación de la nueva
ley representa una iniciativa audaz por parte del actual
gobierno israelí que ningún gobierno anterior se atrevió
a contemplar.
Cabe recordar que el Estado de Israel se fundó en
territorio ocupado de Palestina en 1948-49. El área
conquistada es de 20.255 kilómetros cuadrados lo que
representa el 78% de la Palestina del Mandato [británico].
Las tierras ocupadas por Israel quedaron delimitadas por la
línea del armisticio tal y como se definieron en los
Acuerdos del Armisticio firmados por cuatro países árabes
en 1949.
En aquel momento, lejos de poseerla legalmente, Israel ideó
todo tipo de complejos marcos jurídicos para hacer uso de
la tierra de los refugiados palestinos ausentes por temor a
la condena internacional y a tener que rendir cuentas ante
los tribunales internacionales.
Con la excepción de 1.429.000 donums (un donum equivale a
1000 metros cuadrados) de tierra judía según los registros
del Mandato Británico, que representa sólo el 7% de la
superficie de Israel, el resto de la tierra -que asciende a
18.826.000 donums, o el 93% de Israel- es tierra palestina.
Esto incluye la propiedad de las tierras palestinas privadas
y públicas, tierras de uso común o de usufructo y los
recursos naturales, por encima o debajo del suelo.
Israel volvió después de 1948 a [ejecutar] actos
premeditados de destrucción sistemática de aldeas
palestinas, a la quema de cultivos agrícolas y al
envenenamiento de los pozos, todo con la intención de
disuadir a los refugiados palestinos de regresar a casa.
En el frente político, y un mes después de la expulsión
de los refugiados palestinos en 1948, Israel declaró que no
permitiría el retorno de los refugiados palestinos a sus
hogares bajo el pretexto de que ello supondría una amenaza
a la seguridad de Israel. Sin embargo, para los israelíes,
la cuestión pendiente seguía siendo cómo utilizar la
vasta extensión de tierra conquistada y las valiosas
propiedades palestinas en 14 ciudades diferentes sin que
ello clamara la condena internacional que podría conducir
al retorno de los refugiados palestinos y la recuperación
de sus tierras y propiedades.
David Ben-Gurion, Primer ministro de Israel en aquel
momento, temiendo que el mediador de la ONU, el Conde Folke
Bernadotte, hiciera recomendaciones en el informe que se
estaba preparando para la Asamblea General de las Naciones
Unidas para [favorecer] el retorno de los refugiados
palestinos a sus hogares, recurrió a un truco. Se diseñó
un contrato de compraventa ficticia con el Fondo Nacional
Judío (FNJ), una organización internacional exenta de
impuestos, de 2.5 millones de donums de las más fértiles y
mejores tierras de palestinos ausentes situadas a lo largo
de la línea del Armisticio. De esta manera, Ben-Gurion podría
afirmar que las tierras de los palestinos ausentes ya no
estaban en posesión del Estado de Israel y que Israel no
podía ser obligado a devolverlas a los refugiados
palestinos, los legítimos propietarios de la tierra.
El Conde Bernadotte fue asesinado por un fanático israelí
y, como Ben-Gurion había previsto, Naciones Unidas aprobó
la Resolución 194 que reclama el retorno de los refugiados
palestinos. Israel abortó las conversaciones con los países
árabes en [la Conferencia de] Lausana en 1949-1950
celebrada para discutir la aplicación de la Resolución
194. Con el fracaso de la aplicación de la Resolución 194
de las Naciones Unidas, Israel se sintió suficientemente
capaz de disponer de la tierra de los ausentes refugiados
palestinos.
La Ley de Propiedad de los Ausentes
Mientras tanto, Israel promulgó la Ley de Propiedad de
los Ausentes en el año 1950 que se aplica también a las
propiedades del resto de los palestinos dentro de Israel a
los que se ha dado en llamar con la expresión oxímoron de
ausentes presentes. La ley designa al Estado custodio de
buena fe encargado de todas las tierras de los ausentes
palestinos sin derecho de propiedad absoluta.
En el mismo año de 1950 se promulgó otra ley que
establece la "Autoridad para el Desarrollo", con
el mandato de hacerse cargo de la custodia. Esta autoridad
tiene la facultad de utilizar, alquilar y vender las tierras
a entidades exclusivamente judías.
Los israelíes dedicaron los primeros diez años desde la
fundación del Estado a resolver el conflicto con el FNJ que
pretendía que la tierra palestina quedase registrada a
nombre "del pueblo judío" a perpetuidad, mientras
que Israel quería que lo fuera a nombre del Estado.
En 1960, Israel puso fin a la disputa legal sobre los
bienes confiscados a los palestinos ausentes cuando se aprobó
la Ley de la Administración de Tierras de Israel (la ILA
[en sus siglas en inglés] que debería llamarse más
correctamente Administración Israelí de Tierras). Esta ley
combina todas las tierras controladas por el FNJ y por el
Estado de Israel en el marco de ILA, y bajo las reglas del
FNJ, que estipulan que dichas tierras no se utilizarán,
alquilarán, o venderán sino a entidades judías. En
consecuencia, 19 millones de donums han quedado hasta
nuestros días bajo la autoridad de ILA.
La nueva ley que acaba de aprobar la Knesset el 3 de
agosto otorga a ILA la autoridad para vender tierras de
refugiados palestinos ausentes a personas judías que
actualmente las tienen arrendadas, y a judíos de cualquier
parte del mundo. Según la nueva ley, los kibutzim y moshav
de Israel, los actuales inquilinos de la mayor parte de las
tierras, se convertirían en los propietarios legales de las
tierras palestinas situadas en zonas rurales, con derecho a
modificar su uso agrícola -una actividad que los israelíes
no dominan bien- con la construcción de zonas industriales,
centros turísticos, comerciales y financieros judíos.
Coincidiendo con la promulgación de la nueva ley en la
Knesset, se están llevando a cabo negociaciones actualmente
entre el FNJ e ILA para intercambiar tierras. ILA necesita
tierras de propiedad del FNJ en la zona central del país
para construir nuevos complejos residenciales. A cambio, el
FNJ recibiría tierras en Galilea, en el Naqab para el
asentamiento de futuros inmigrantes judíos. Claramente,
ninguna de las dos organizaciones posee el derecho de
propiedad legal incuestionable sobre estas tierras.
Una vez que el FNJ adquiera las tierras en Galilea y en
Naqab, las leyes del Fondo restringirán el uso de la tierra
a judíos, excluyendo a los ciudadanos palestinos de Israel,
una decisión claramente discriminatoria contra los
propietarios legítimos de la tierra. El primer resultado
del intercambio de tierras entre las dos organizaciones tras
la aprobación de la Knesset será la transferencia de
propiedad de 90.000 unidades de viviendas a los actuales
inquilinos judíos que las ocupan.
Violando el Derecho Internacional
Naturalmente, la usurpación de las tierras de palestinos
ausentes y su venta es una flagrante violación del Derecho
Internacional. Además, es una violación estricta de las
Regulaciones de La Haya de 1907 y de la IV Convención de
Ginebra (artículo 147) que prohíbe la "apropiación
generalizada de bienes". Además, estos actos
contravienen las sentencias del Tribunal de Núremberg tras
la Segunda Guerra Mundial en relación con el caso número
10, que prohíbe la confiscación de propiedad privada.
Además, Naciones Unidas emitió una serie de resoluciones
en 1996, 1997 y 1998, por ejemplo la resolución 52/62,
titulada "la propiedad de los refugiados palestinos y
sus ingresos", que obliga a Israel a proteger las
propiedades de los refugiados, documentar adecuadamente y
proporcionar regularmente información sobre ellos. La
resolución de Naciones Unidas 62/52 establece, además, que
todos los ingresos que corresponden a estas propiedades
desde 1948, son de derecho exclusivo de estos refugiados.
Israel persiste en desafiar el Derecho Internacional e
incluso sus aliados estadounidenses y europeos que no están
tomando medidas para disuadir a Israel de las violaciones
constantes del Derecho Internacional y de los derechos
humanos. El desafío de Israel está alcanzando proporciones
sin precedentes, como se demostró hace tres semanas en el
desalojo de residentes árabes de Jerusalén de sus casas
ante los ojos de todo el mundo con casi ninguna protesta.
Es evidente que la expropiación de tierras aquí y allá
para la construcción de asentamientos judíos en la cima de
las colinas de Cisjordania es una política gubernamental,
independientemente de qué partido esté en el gobierno.
Sin previo aviso, una nueva normativa ha declarado que la
Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950 se aplicará a
cualquier persona de Cisjordania que se defina como
"ausente" según esta ley. Según [el periódico
israelí] Haaretz (de 2 de agosto), el juez del Tribunal de
Ramala ha emitido un fallo que dispone la aplicación de la
Ley de Propiedad de los Ausentes en Cisjordania también, es
decir, la confiscación por parte de Israel de las
posesiones de los ausentes palestinos. Este fallo viola
totalmente las Resoluciones de Seguridad de Naciones Unidas
y la opinión jurídica de la Corte Internacional de
Justicia de julio de 2004, que de forma inequívoca afirma
que Cisjordania es un territorio ocupado que no debe ser ni
anexado ni usurpado.
Nuevas anexiones de territorio ocupado
Qué inquietante que a pesar de todos estos dramáticos
acontecimientos, no haya habido ni una sola entidad árabe o
extranjera que condene esta nueva y fragante violación por
parte de israelí. Israel, incluso ha ido más lejos al
publicar un anuncio en el diario palestino de Jerusalén Al
Quds, el 28 de junio, en el que declara su intención de
registrar a su nombre139.000 donums de tierras situadas al
norte y oeste de la zona del Mar Muerto en caso de que nadie
objete este registro mediante la aportación de pruebas
aceptables que acrediten derechos de propiedad . Con este
anuncio, Israel privaría a un futuro nuevo Estado palestino
de sus derechos soberanos sobre las aguas del Mar Muerto, de
sus playas, de su riqueza mineral y de las fronteras con la
vecina Jordania. En resumen, la confiscación por Israel de
estas tierras equivale a la adquisición oficial de Israel
de la mayor parte de la zona del valle del Jordán.
Lo que esto significa es que toda la cuestión de
Palestina se ha reducido a los palestinos que viven en el
exilio, y a que su tierra está disponible para la venta o
el traspaso a cualquier judío de cualquier parte del mundo.
Dicho esto, sin embargo, las justas reclamaciones sobre la
tierra siguen siendo válidas, independientemente de las
leyes de los ocupantes o el paso del tiempo. Pero
corresponde a los defensores de los derechos ponerse en pie
y hacer lo que sea necesario.
El primero en hacer sonar la alarma de este amenazador
acontecimiento fue [la organización palestina] Adalah
(Justicia), el Centro Legal para los Derechos de las Minorías
Árabes en Israel, ubicado en Nazaret. Adalah hizo llegar al
Fiscal General israelí una carta de fecha 22 de junio que
impugnaba la legalidad de la venta de los bienes palestinos
de acuerdo tanto con el Derecho Internacional como con la
legislación israelí. A su vez, Itijah (Dirección), otra
organización palestina con sede en Haifa, emitió una
declaración condenando la iniciativa israelí de distribuir
lo que Itijah denomina "botín de guerra" de 1948
entre los judíos de todo el mundo. Itijah ha pedido el
apoyo árabe e internacional para detener este flagrante
robo.
Exigir la condena árabe e internacional
Sin embargo, se tiene que producir un gran pacto que aún
no ha tenido lugar. Ante todo, incumbe a la Liga Árabe
redactar una resolución para la próxima reunión de
septiembre de la Asamblea General de Naciones Unidas que
exija la condena, la anulación, la suspensión inmediata y
la anulación de la venta de las propiedades de los
palestinos ausentes. El proyecto de resolución debería
pedir al Secretario general de la ONU que nombre una misión
investigadora a Israel para que reúna información sobre
los bienes de los refugiados palestinos ausentes, para velar
por la debida y correcta inscripción de la titularidad de
los legítimos propietarios palestinos, y establecer una
estimación de la deuda por los ingresos que desde hace 62 años
se deben por estos bienes a los propietarios legítimos (el
experto en tierras de refugiados palestinos Jarvis ya reclamó
eso en 1964). El nuevo proyecto de resolución debe
solicitar que los bienes de los refugiados palestinos sean
puestos bajo tutela internacional.
Es obligación de la Autoridad Palestina adoptar las
urgentes medidas diplomáticas y prácticas necesarias para
abordar este problema, porque, de lo contrario, se encontrará,
en cualquier momento, sin tierra sobre la que algún día
pueda establecerse en su nuevo Estado.
En cuanto a los 11 millones de habitantes palestinos
dispersos en todos los países árabes y extranjeros, nunca
abandonarán su derecho al retorno a sus hogares a pesar del
hecho de que no han sido autorizados a elegir a sus propios
representantes en un verdaderamente nuevo Consejo Nacional
Palestino.
Por mucho tiempo que dure la lucha, al final el pueblo
palestino creará órganos verdaderamente representativos
que defiendan sus intereses y pongan fin al saqueo de sus
bienes legítimos. Al final, la justicia prevalecerá con el
eclipse del sionismo y la redención final de la Palestina
árabe.
(*) Salman Abu Sita es fundador y presidente de la
Sociedad de la Tierra Palestina.
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