El asalto realizado por el ejército israelí en la madrugada del 31 de mayo a la flotilla de buques que transportaba ayuda humanitaria a Gaza habría provocado una veintena de muertos. El ataque se produjo en aguas internacionales y ha suscitado numerosas condenas, incluyendo las de los países europeos y las del gobierno francés. Bernard Kouchner ha declarado que "nada puede justificar el uso de semejante violencia, que condenamos". Varios países, entre ellos Suecia, España, Turquía y Francia, han llamado a consultas al embajador israelí. Grecia ha suspendido unas maniobras aéreas que tenía previsto desarrollar con Israel y ha cancelado una visita del jefe de la Fuerza Aérea Israelí.

Por supuesto, estas condenas son bienvenidas. Sin embargo todavía hay algunas personas que se atreven a buscar justificaciones a la acción israelí. Así, el portavoz de la UMP, el inefable Frédéric Lefebvre ha dicho, según AFP, que su partido "lamenta" los muertos, pero ha denunciado las “provocaciones” de “quienes se llaman amigos de los palestinos”.

La víspera del ataque militar, haciendo gala de una clarividencia que forma parte de sus innumerables cualidades, Bernard-Henri Levy dijo en Tel Aviv: "Nunca he visto un ejército tan democrático y que se plantee tantas cuestiones morales”. (Haaretz.com, 31 de mayo). Es cierto que durante la guerra de Gaza nuestro filósofo, encaramado a lomos de un tanque israelí, entró pavoneándose en territorio gazatí. En respuesta al ataque de hoy, Levy lo ha calificado, según refiere AFP, como "estúpido", porque amenaza con empañar la imagen de Israel. Ni una sola palabra de condena, ni una palabra de condolencia por los muertos...

La única pregunta pertinente ahora es qué precio deberá pagar el gobierno israelí por su crimen. Durante años la ONU ha adoptado decenas de resoluciones (Ver "Resoluciones de la ONU que Israel no ha respetado”, Le Monde diplomatique, febrero de 2009), la Unión Europea ha votado infinidad de textos exhortando a Israel a cumplir el derecho internacional, o simplemente la legislación humanitaria, levantando, por ejemplo, el bloqueo de Gaza. Estos textos no tienen nunca ninguna consecuencia práctica. En lugar de ello, la Unión Europea y los Estados Unidos recompensan a Israel.

Esto quedó demostrado la semana pasada con la admisión de Israel en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y con la visita a Francia del Primer Ministro israelí Netanyahu para asistir a la entronización de su país. Como señaló un comunicado de la Asociación Solidaridad Franco-Palestina (AFPS) del 30 de abril ("¿Israel en la OCDE? Un duro golpe contra la paz!"), esta adhesión equivale a aceptar la inclusión de Cisjordania y los Altos del Golán en el "perímetro" de Israel. El hecho de que a los pocos días Israel se haya permitido atacar a la Flotilla de la Paz confirma que ese Estado interpreta esos gestos de cortesía como una carta blanca para sus acciones.

Ese fue el caso en diciembre de 2008. Entonces fue la Unión Europea la que decidió "aumentar" las relaciones bilaterales con Israel, otorgando a ese Estado privilegios de los que hasta entonces sólo disfrutaban unas pocas grandes potencias. Pocos días después los tanques israelíes se lanzaron al asalto de Gaza y cometieron con total impunidad "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad".

Richard Falk, enviado especial de la ONU para los Territorios Ocupados, escribió en Le Monde Diplomatique (marzo 2009) un texto titulado "Hay que llevar al banquillo a los responsables de la agresión contra Gaza". Unos meses más tarde, la Comisión de la ONU presidida por el juez sudafricano Richard Goldstone entregó sus conclusiones. Resultaron devastadoras para Israel, aunque tampoco eximían a Hamás. El texto del informe Goldstone confirma que fue efectivamente el ejército israelí el que rompió el alto el fuego, y arrojó luz sobre los crímenes cometidos. Este texto confirmó muchos de los informes ya publicados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Estos textos no han dado lugar a ninguna sanción contra el Gobierno israelí. Uno de los argumentos esgrimidos para justificar esta inacción es que los hechos denunciados han sido objeto de investigaciones serias por parte de Israel, extremo que desmintió de forma argumentada el abogado Sharon Weill en Le Monde Diplomatique (septiembre 2009, "Desde Gaza a Madrid: el asesinato selectivo de Salah Shehadeh”).

Además se está desarrollando en Israel una ofensiva sin precedentes contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto internacionales como israelíes, consideradas ahora como una amenaza estratégica para el Estado israelí a la que sólo supera en importancia la amenaza de Irán, Hamas e Hizbulá. Una auténtica campaña de deslegitimación de esas organizaciones se está llevando a cabo a través de grupos apoyados por el Gobierno y la extrema derecha israelíes, tales como NGO Monitor (Monitor de ONG). Paralelamente, se está librando una guerra de propaganda para justificar lo injustificable (véase Dominique Vidal, "Cuanto más grande es la mentira…”, Le Monde Diplomatique, febrero de 2009). En semejante contexto apenas sorprende que los soldados israelíes consideren a los militantes que transportan suministros a Gaza como "terroristas" y los traten como a tales.

¿La impunidad continuará, o algunos gobiernos se atreverán a adoptar medidas para sancionar a Israel, para hacer comprender a su Gobierno (y a su gente) que su política tiene un precio, que la represión tiene un precio y que la ocupación tiene un precio?

Dentro de la Unión Europea París podría sugerir a sus socios suspender el Acuerdo de Asociación en virtud del artículo 2, que establece explícitamente que Israel está obligado a garantizar la protección de los derechos humanos (léase Isabelle Avran, "Los retrasos de la UE con respecto a Israel”, La Valija diplomática, 25 de junio de 2009).

Francia podría adoptar tres medidas desde ahora mismo, sin esperar a llegar a un acuerdo con sus socios europeos:

- En primer lugar –y en estricto cumplimiento de la legalidad y de las decisiones de la Unión Europea–, iniciar una campaña para determinar el origen de los productos israelíes exportados a Francia, y prohibir (no sólo gravar) la importación de productos procedentes de los asentamientos;

- En segundo lugar, declarar que la instalación de colonos en los territorios palestinos ocupados es inaceptable y que tales colonos quedarán sujetos a un régimen de visado si desean viajar a Francia, una medida muy fácil de aplicar a partir de las direcciones de las personas que desean visitar nuestro país;

- Por último, decretar que los ciudadanos franceses que hagan su servicio militar en Israel no están autorizados a servir en los territorios ocupados, y que si colaboran con las acciones de un ejército de ocupación pueden sufrir consecuencias penales.

Bernard Kouchner ha anunciado que no hay ningún ciudadano francés entre los muertos de la flotilla humanitaria. Pero ¿sabe acaso si hay ciudadanos franceses entre los responsables de ese crimen?