La inducida euforia que caracteriza las discusiones en los medios de comunicación dominantes en torno a la inminente declaración, en el próximo mes de septiembre, de un estado palestino independiente, ignora las crudas realidades sobre el terreno y las advertencias de los comentaristas críticos. Describir tal declaración como un “gran avance” y un “desafío” al difunto “proceso de paz” y al gobierno derechista de Israel, sirve para ocultar la continuada denegación de los derechos palestinos por parte de tal gobierno, al tiempo que refuerza el apoyo implícito de la comunidad internacional a un estado–apartheid en el Oriente Medio.

Salam Fayad, el primer ministro designado por la Autoridad Palestina con sede en Ramallah, es quien está al frente de la campaña por el reconocimiento, que se basa en la decisión que la Organización por la Liberación de Palestina (OLP) adoptó en los años setenta respecto a asumir el programa más flexible de la “solución de los dos estados”. Este programa mantiene que la cuestión palestina, la esencia del conflicto árabe–israelí, puede resolverse con el establecimiento de un “estado independiente” en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén Oriental como capital. En virtud de ese programa, los refugiados palestinos regresarían al estado de “Palestina” pero no a sus hogares en Israel, que se define a sí mismo como “el estado de los judíos”. Sin embargo, la “independencia” no aborda esta cuestión ni presta atención a los llamamientos hechos por 1,2 millones de palestinos, que son ciudadanos de Israel, para que la lucha se transforme en un movimiento antiapartheid a causa del trato que reciben como si fueran ciudadanos de tercera clase por parte del estado sionista.

Se supone que todo eso se tendría que aplicar tras la retirada de las fuerzas israelíes de Cisjordania y Gaza. ¿O es que va a limitarse a una redistribución de fuerzas similar a la que vivimos durante el período de Oslo? Pero los defensores de esta estrategia afirman que la independencia garantiza que Israel negociará con los palestinos de Gaza y Cisjordania como un único pueblo y así la cuestión palestina podrá resolverse de acuerdo con el derecho internacional, satisfaciendo los derechos nacionales y políticos mínimos del pueblo palestino. Olvídense del hecho de que Israel tiene hasta 573 barreras y puntos de control permanentes por toda la Cisjordania ocupada, así como también 69 controles “volantes” más; y puede que también ignoren el hecho de que las colonias y carreteras existentes sólo para judíos, más otra serie de infraestructuras israelíes, se anexionan de hecho más del 54% del territorio de Cisjordania”.

En la Conferencia de Madrid de 1991, el gobierno del entonces primer ministro israelí, el halcón Yitzhak Shamir, ni siquiera aceptó el “derecho” palestino a una autonomía administrativa. Sin embargo, a la llegada del gobierno “pacifista” laborista/Meretz, dirigido por Yitzhak Rabin y Shimon Peres, los dirigentes de la OLP celebraron, entre bambalinas, negociaciones en Noruega. Al firmar los acuerdos de Oslo, Israel se libró de la pesada carga de administrar Gaza y las siete ciudades más populosas de Cisjordania. La OLP, mediante una decisión oficial –y secreta–, puso fin a la primera Intifada sin haber conseguido sus objetivos nacionales provisionales, es decir, “libertad e independencia” y sin el consentimiento del pueblo al que la organización presuntamente representaba.

La OLP rechazó en otro tiempo esta misma idea de “independencia” porque no tomaba en consideración los “derechos legítimos mínimos” de los palestinos y porque era la antítesis de la lucha palestina por la liberación. Lo que se propone, en lugar de tales derechos, es un estado sólo de nombre. Es decir, los palestinos deben aceptar la total autonomía sobre una fracción de su tierra y ni por asomo pensar en soberanía, control de fronteras, reservas hídricas y, lo más importante, en el retorno de los refugiados. En eso consistió el acuerdo de Oslo y en eso consiste la deseada “Declaración de Independencia” de ahora. Por tanto, no es de extrañar que el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu declare que bien podría llegarse a un acuerdo para tal estado palestino a través de negociaciones.

Tampoco lo que esa declaración promete se ajustaría al plan de partición de 1947 de las Naciones Unidas, que garantizaba a los palestinos sólo el 47% de la Palestina histórica aunque representaban las dos terceras partes de la población existente. Una vez declarado, el futuro estado palestino “independiente” ocupará menos del 20% de la Palestina histórica. Al crear un bantustán y definirlo como “estado viable”, Israel se librará de la carga de 3,5 millones de palestinos. La AP gobernará sobre la cifra máxima de palestinos en los mínimos fragmentos de tierra, fragmentos que podremos llamar “El Estado de Palestina”. Ese “estado” será reconocido por decenas de países, ¡los jefes tribales de los infames bantustanes de Sudáfrica deben sentir gran envidia!

Uno tan sólo puede suponer que la tan cacareada y tan celebrada “independencia” servirá sencillamente para reforzar el mismo papel que jugó la AP con los acuerdos de Oslo. Es decir, proporcionar medidas de seguridad y policiales diseñadas para desarmar a los grupos de la resistencia palestina. Eso fue lo primero que se les exigió a los palestinos en Oslo en 1993, Camp David en 2000, Annapolis en 2007 y Washington el pasado año. Mientras tanto, dentro de este marco de negociaciones y demandas, a Israel no se le impone compromiso u obligación alguna.

Del mismo modo que los acuerdos de Oslo significaron el fin de la resistencia popular y no violenta de la primera Intifada, esta declaración de independencia tiene un objetivo similar: acabar con el creciente apoyo internacional hacia la causa palestina desde la masacre perpetrada por Israel contra Gaza en el invierno de 2008–2009 y el ataque contra la Flotilla de la Libertad de Gaza de mayo del pasado año. Pero no proporciona a los palestinos ni la más mínima protección ni seguridad frente a cualquier futuro ataque o atrocidad israelí. La invasión y bloqueo de Gaza son un producto de Oslo. Antes de que se firmaran los acuerdos de Oslo, Israel no había nunca utilizado todo su arsenal de F–16, bombas de fósforo y armas con explosivos de metal inerte denso para atacar los campos de refugiados en Gaza y Cisjordania. Durante la primera Intifada, de 1987 a 1993, asesinaron a más 1.200 palestinos. Pero Israel eclipsó esa cifra durante su invasión de tres semanas en 2009, matando brutalmente a más de 1.400 palestinos sólo en Gaza. Esta cifra no incluye las víctimas del asedio de Israel en vigor desde 2006, que ha estado marcado por repetidos cierres y ataques israelíes antes y después de la invasión de Gaza.

En última instancia, lo que esta deseada “declaración de independencia” ofrece al pueblo palestino es un espejismo, una “patria independiente” que no es sino el remedo de un bantustán. Aunque muchos países amigos la reconozcan, no va a proporcionar a los palestinos ni libertad ni liberación. Un debate crítico –en oposición al sesgado y demagógico actual– requiere que se analicen las distorsiones de la historia a través de las distorsiones ideológicas. Lo que es preciso abordar es una visión histórica humana de las cuestiones palestinas y judías, una visión que no niegue nunca los derechos de un pueblo, que garantice una total igualdad y que acabe con el apartheid, en vez de reconocer un nuevo bantustán diecisiete años después de la caída del apartheid en Sudáfrica.

(*) Haidar Eid es profesor asociado de literatura post–moderna y postcolonial en la universidad de Al–Aqsa, en Gaza, y asesor político de Al–Shabaka, la Red de Política Palestina, donde este ensayo se publicó en primer lugar.