El último sábado, día 24, el Senado paraguayo votó y autorizó que el Poder Ejecutivo declare Estado de Excepción (estado de sitio) por 30 días en los cinco departamentos paraguayos de Concepción, San Pedro, Alto Paraguay, Amambay y Presidente Hayes. La medida, que apunta a ocupar el norte del país a fin de capturar a los miembros de la guerrilla de izquierda denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), entrará en vigor después que sea promulgada por el Presidente paraguayo Fernando Lugo.

Lugo se decidió por el Estado de Excepción después de la muerte de cuatro personas, el miércoles (21). El gobierno cree que los asesinatos fueron cometidos por los miembros de la guerrilla en la región de Arroyito, donde se encontró un campamento con materiales para prácticas de tiro. Lugo pidió urgencia "para que las fuerzas militares tengan amplia libertad" para actuar junto con la policía y capturar a los miembros del EPP.

La decisión del presidente está causando descontento en varios estamentos de la población paraguaya, ya que el Estado de Excepción, medida bastante usada durante los más de 30 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, permite que se implanten toques de queda, que se prohíba la realización de reuniones públicas, que se realicen detenciones sin mandatos judiciales, restringe los derechos de manifestación y amplía los poderes de las fuerzas militares.

Mostrando descontento con la medida que debería quedar restringida a situaciones de emergencia o a guerras, dos organizaciones campesinas y una de las principales centrales sindicales del país decidieron que no respetarán el Estado de Excepción, porque no pretenden renunciar a sus libertades y movilizaciones públicas.

Movimientos sociales y políticos de izquierda como la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay (Otep), el Partido de los Trabajadores (PT), el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahürã MPR–PP, el Partido Patria Libre (PPL) y el Partido Comunista también rechazan la decisión de Fernando Lugo, considerada por todos como la reproducción de un estado de sitio.

Varias organizaciones de derechos humanos también niegan la necesidad de la ley por recelo de que la actuación de las fuerzas militares y de la policía sea abusiva para con los ciudadanos paraguayos. El domingo, Lugo se reunió con activistas de los derechos humanos a fin de explicar el alcance y la necesidad de la medida; sin embargo, las palabras del jefe de estado no convencieron a los activistas, que garantizaron que permanecerán atentos a todas las acciones.

El Estado de Excepción está siendo considerado por los movimientos sociales del país como una medida de persecución a los movimientos populares. "El gobierno del ex–obispo Lugo y de su ministro Rafael Filizzola (...) viene aplicando una sistemática política de represión y persecución al movimiento popular que no se acomoda con sus dádivas, cargos y corrupción. La profundización de la alianza fascista Lugo–Uribe en la lucha ‘antiterrorista’ sólo viene a perfeccionar la persecución al movimiento popular y confirmar a Lugo como payaso de la oligarquía traicionera", afirma en un manifiesto el PPL.

La medida está siendo considerada también como una manera en la que el gobierno de Fernando Lugo intenta desviar la atención de la población de todas las denuncias de corrupción, violación a los derechos humanos, agravamiento del hambre y la miseria en el país y el incumplimiento de promesas electorales. En materia de derechos humanos el gobierno del ex–obispo está siendo equiparado a los gobiernos colorados de la dictadura.

La decepción es el estado de ánimo común entre los paraguayos que creyeron que el gobierno de Fernando Lugo sería diferente y transformaría la realidad de robo del dinero público, entreguismo de los bienes naturales, torturas, desapariciones y asesinatos presenciados durante la dictadura. Lugo dio continuidad a la corrupción, no cumplió sus promesas de reforma del Poder Judicial, protegió a ejecutores de crímenes de lesa humanidad, persiguió a los refugiados políticos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por todas las atrocidades cometidas en sus dos años de gobierno, como el asesinato de más de 2000 personas por las fuerzas militares del país, fue apodado "Carnicero de la Macarena".