La soja, el Acuífero Guaraní y presencia militar yanqui

Ejes de la recolonización imperialista en Paraguay

Por Marco Boltes
Agrupamiento por el Socialismo, Paraguay

A pocos días de las grandes movilizaciones por la nacionalización de los hidrocarburos protagonizadas por los trabajadores y el pueblo boliviano, y a tan sólo 250 km de distancia de los yacimientos gasíferos y petroleros motivo de la disputa entre los trabajadores y las transnacionales, Washington logra que el Congreso paraguayo apruebe una ley de inmunidad diplomática para sus tropas hasta diciembre del 2006. Aumenta así el número de soldados en la base aérea de Mariscal Estigarribia, en el centro del Chaco, instalación que de hecho hace ya un tiempo fungía de asiento de una base norteamericana clandestina.

¿Cuál es la intención de Washington? ¿Cuáles son los motivos de fondo que llevan a esta intervención militar en Paraguay y la Cuenca del Plata, aparte de amedrentar a los trabajadores y prevenir grandes movilizaciones populares en contra de los gobiernos capangas de las grandes transnacionales?

El proyecto recolonizador

Partimos de que esta época de globalización del capital está caracterizada por una internacionalización de los procesos productivos con una definida división mundial del trabajo. Y que en esta coyuntura del sistema capitalista, en la nueva organización de la producción a escala mundial, los países semicoloniales como el nuestro asumen el desarrollo de una parte específica del proceso productivo, quedando la dirección de qué, cuándo y cómo se produce a cargo de los países centrales.

En ese marco, el gran capital asigna a los países de la Cuenca del Plata, y en especial al Paraguay, el papel de proveedores de recursos naturales y materias primas, sobre todo la producción de rubros agrícolas. Los casos más ilustrativos son los de Brasil y Argentina, que en la última década sufrieron prácticamente el desmonte de toda su industria pesada y semi pesada, siendo así que por ejemplo Brasil, de ser un importante exportador de automotores y maquinarias, pasó a tener actualmente como su principal rubro de exportación al jugo de naranja.

Este proyecto recolonizador también tiene otros aspectos o fases importantes vinculadas estrechamente con la distribución de la producción a nivel mundial y la expoliación económica, que son el aspecto político y el militar.

Así, podemos identificar dentro de este proceso regional a diversos actores. En primer lugar, al gran capital representado principalmente por las grandes transnacionales del agronegocio, en estrecha relación con el estado norteamericano (EEUU), que asume como propio el proyecto del gran capital transnacionalizado, y en esa medida lo apoya con sus recursos políticos, tecnológicos y militares. Uno de estos mecanismos de dominación de la potencia imperialista comprende el control de los organismos financieros multilaterales (GEF, BM, FMI, etc.), los cuales, mediante sus ajustes o sus acuerdos stand by, «diseñan» las políticas económicas de los países semicoloniales.

Basta citar que de las diez empresas más capitalizadas en el mundo la mitad son norteamericanas [1] para dejar sentada la histórica fusión entre los intereses nacionales norteamericanos y los del capital financiero trasnacional. Fusión que es la fuerza motriz de las intervenciones militares de Washington en todo el orbe contra países pobres, asegurando para las empresas con base en ese país recursos y ganancias, como por ejemplo en la guerra colonial petrolera en Iraq.

Las grandes transnacionales del agronegocio, que mercantilizan la naturaleza con una agricultura altamente tecnificada y capitalizada, son una de las expresiones de esta «etapa superior» del proceso de acumulación e internacionalización del capital. Apoyadas por los derechos de propiedad intelectual, las grandes corporaciones controlan y explotan los recursos genéticos (en este caso semillas) de los países pobres, al tiempo que invaden sus territorios con semillas genéticamente modificadas (transgénicas), destruyen sus recursos naturales y de paso arrasan con comunidades campesinas e indígenas enteras, que son expulsadas, generalmente en forma violenta, de sus tierras.

En cuanto a la división técnica del trabajo de estas grandes corporaciones, el proceso de producción se desarrolla en diversos países y se realiza para el mercado mundial. La intensificación del dominio del capital sobre el campo es un proceso capitalista crecientemente globalizado, que se va expresando en la consolidación de un sistema agroalimentario mundial bajo el dominio de grandes corporaciones asociadas a políticas de liberalización y ajuste estructural. Corporaciones que monopolizan la provisión de insumos y tecnología agropecuaria, patentan variedades de cultivos y controlan la política agropecuaria y alimenticia, determinando que la tierra se destine sólo a la producción agropecuaria exportable. [2]

La sojalización del Paraguay y la Cuenca del Plata

En 2001, a nivel mundial la superficie destinada a la producción de soja llega a 75,5 millones de hectáreas, de los cuales el 18,4 % correspondía al Brasil y el 1,6 % a Paraguay, con 1,2 millones de hectáreas. Esta oleaginosa ocupa el 21 % de la tierra arable en el Brasil y el 44 % en Paraguay.

Así, en 2004 la producción de soja ocupa 1,9 millones de hectáreas, mucho más de la mitad de la superficie cultivada en el Paraguay, lo que representa el 2% del cultivo mundial. Esta expansión sitúa al país como cuarto exportador mundial, con 4 millones de toneladas producidas. La producción de la soja es de lejos la principal actividad productiva del país, considerando las rentas que genera a los empresarios y su contribución a las exportaciones. [3]

A lo largo del proceso de expansión del cultivo pesaron los avances de la biotecnología, que permitió un crecimiento sostenido de la productividad. De las 27.000 explotaciones que cultivan soja, son sólo 45 las empresas que cultivan más de 5.000 hectáreas; en 2004, las divisas generadas por las exportaciones de soja pueden estimarse en mil millones de dólares, que en su mayor parte ni siquiera son apropiados por la burguesía local vinculada a este rubro, pues la parte del león se la quedan las grandes transnacionales del agro. El mismo proceso de expansión se da en los vecinos estados brasileños de Mato Grosso do Sul y Paraná y en las provincias argentinas del Chaco y Misiones.

En Paraguay, en los últimos años es indudable su impacto en el medio rural. En ese período los cultivos anuales producidos por las comunidades campesinas, como el algodón o la yerba mate, han decrecido. Esa caída de la producción campesina es tal que ya en el año agrícola 2002-03 la producción valorizada de los principales cultivos del sector se redujo a menos de la quinta parte del total, en contraste con la soja, que representó el 68 % del valor total de la producción.

Debemos puntualizar que cuando hablamos de este proceso de «sojalización» no hablamos simplemente del cultivo intensivo de un producto, sino más bien del conjunto de relaciones socioeconómicas asociadas a un modelo productivo, que responde a las características de un enclave agroexportador que refuerza los lazos de dependencia, que incluye el uso a gran escala de agrotóxicos, y que se expande en base a la expulsión del campesinado hacia los cinturones de pobreza en las principales ciudades.

El gigante capitalista de la soja

Uno de los principales actores en este proceso recolonizador en esta parte del continente es Monsanto, llamada la «Microsoft del mundo de la semilla», que es la más importante compañía en el rubro transgénicos y actualmente controla el 80% del mercado a nivel mundial. [4] A partir de 1996 empieza la carrera frenética de compras y fusiones de la Monsanto en el mundo de la biotecnología. Ese año compró el activo biotecnológico de la Calgene, una compañía biotecnológica de California por 340 millones de dólares. En 1997, Monsanto adquirió la compañía brasileña Sementes Agroceres y la americana Asgrow Agronomics. En 1998 compra las operaciones de ventas de semillas de Cargill por 1.400 millones de dólares , además de la Delta & Pine Land Co. por otros 1.820 millones y la Dekalb Genetics por 2.300 millones. En 2003 declaró un capital de 9.461 millones de dólares. Las ventas netas de Monsanto, tan sólo en el rubro soja, alcanzaron en los primeros nueve meses del 2005 los 827 millones de dólares. [5]

La mayor parte o casi todas las plantaciones de soja transgénica en Paraguay utilizan las semillas, los herbicidas y los agrotóxicos de esta compañía.

La Monsanto, además de este conocido monopolio ejercido principalmente por vía de las leyes de patentes sobre los genes (la esencia misma de la vida) y la venta de «paquetes» tecnológicos  –como es el conocido caso de la venta de la semilla de soja RoundUp Ready, acompañada de su correspondiente herbicida RoundUp–, ahora tiene como principal objetivo controlar otro recurso básico para la vida y también básico para sus negocios en el agro: el agua.

En 1999 Monsanto compró la Mahyco (Maharashtra Hybrid Seed Company) de la India. Con motivo de la operación, Robert Farley, alto ejecutivo de Monsanto declaró que «lo que ustedes ven no es simplemente la consolidación de una compañía en el negocio de las semillas, es realmente su consolidación en toda la cadena alimenticia. Desde el agua, que es tan central a la semilla como ésta lo es a la producción alimenticia (...) Monsanto ahora trata de establecer su control sobre el agua. Durante 1999, Monsanto planifica lanzar un nuevo negocio del agua, comenzando con la India y México, pues ambos países encaran una escasez de agua». [6]

Para entrar en el negocio del agua, Monsanto ya tiene un importante paquete de acciones en la Water Health Internacional (WHI), con la opción de comprar el resto del negocio. Negociar con el agua, como con su negocio de semillas, tiene el objetivo de controlar los recursos vitales necesarios para la supervivencia humana.

El Banco Mundial y las transnacionales van por el agua

Dentro del diseño recolonizador, parte importante del esquema es la relación existente entre las transnacionales como la Monsanto y el Banco Mundial.

El Banco Mundial ya se ha ofrecido a colaborar intermediando entre Monsanto y «los mercados en desarrollo». Como afirma el propio documento de estrategia de Monsanto, «estamos particularmente entusiasmados por la potencial cooperación con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial para proyectos conjuntos en los mercados en desarrollo. La IFC está ansiosa de trabajar con Monsanto para comerciar con oportunidades de sostenibilidad, y aportaría a nuestros esfuerzos tanto capital como posibilidades de actuación sobre el terreno». [7] Es importante destacar que la International Finance Corporation-IFC (una sección del BM) tiene como principal objetivo buscar, en propias palabras de ese organismo, «financiar proyectos del sector privado en países en desarrollo, ayudar a multinacionales del primer mundo a movilizar capital en los mercados internacionales y proveer asesoría y asistencia técnica a empresas y gobiernos».(www.ifc.org)

El papel del Banco Mundial de «mediar» entre los gobiernos y las transnacionales para que se privaticen los recursos hídricos de los países semicoloniales y que se pueda comerciar con los derechos sobre las aguas –y sobre cualquier otro recurso natural considerado estratégico para el gran capital– es uno de los pilares del proceso de recolonización de los países del Tercer Mundo.

Por ejemplo, desde hace dos décadas existen tres formas generales de privatización del agua aplicadas a nivel mundial, y que cuentan la mayoría de las veces con el aval de organismos internacionales (principalmente el BM). En la primera hay una venta total de los sistemas de distribución, tratamiento y/o almacenamiento por parte de los países semicoloniales en favor de las multinacionales. Otra modalidad es la de hacer una concesión por parte de los Estados para que las multinacionales tomen a su cargo el servicio y el cobro por las operaciones y el mantenimiento del sistema en uso. El cobro por el servicio y las ganancias son gestionadas en su totalidad por la multinacional. Por último, otro procedimiento consiste en un modelo «restringido» en el que el Estado nacional contrata a una multinacional para que administre el servicio de agua a cambio de un pago por costos administrativos. La multinacional puede o no hacer el cobro del servicio, pero no tiene acceso a las ganancias generadas. Aunque las tres formas se han aplicado en diversas partes del mundo, la más popular ha sido la segunda.

La Guerra del Agua en Bolivia

Como parte de las políticas privatizadoras impulsadas por el Banco Mundial para América Latina, en 1999 el gobierno boliviano resuelve conceder a una empresa trasnacional con capital de origen norteamericano, la Bechtel Group Inc. (en su versión local, Aguas del Tunari), la facultad de gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad de Cochabamba y alrededores. Digamos que la familia Bechtel forma parte de la lista Forbes de los 400 más ricos del mundo. Actualmente tiene contratos para la «reconstrucción» de las infraestructuras en Iraq (electricidad, agua potable, aeropuertos, hospitales, escuelas) por 2.800 millones de dólares.

Es importante señalar que el contrato de concesión incluía una cláusula de confidencialidad que indicaba que ningún boliviano debería enterarse del mismo. Este contrato y posterior ley violentaba las formas tradicionales de la distribución del recurso, incrementaba las tarifas para hacer recaer sobre las espaldas de la población las inversiones de modernización del sistema de distribución, y la empresa sólo se hacía cargo del negocio sin aportar un solo peso; de hecho, expropiaba los pozos que alimentaban la red privada y comunitaria. En abril del 2000 la ciudad completa se levantó en contra de la privatización del agua y decide, en cabildo abierto, mantener tomada Cochabamba hasta que se derogue la ley. Se inicia una rica experiencia de lucha, una insurrección popular donde convergen campesinos, trabajadores fabriles y desocupados. Finalmente, el pueblo de Cochabamba, victorioso, logra la derogación de la ley y la expulsión de Aguas del Tunari.

Aguas «Argentinas»

En Argentina, otra transnacional, pero con capital mayoritariamente europeo, el grupo Suez, es el principal accionista de Aguas Argentinas (39,9 %), una empresa privatizada durante la era Menem que presta servicios de agua potable y cloacas a 10 millones de consumidores «cautivos» en Buenos Aires y sus alrededores. El grupo Suez maneja el agua que consumen 125 millones de personas en más de 24 países. Con un plazo de 30 años, Aguas Argentinas es la concesión unitaria más grande conocida.

El contrato de concesión por parte del estado argentino para AA es realmente leonino. Pocas veces una empresa ha tenido condiciones tan favorables para tener altísimas tasas de retorno a cambio de una mínima inversión. Tiene un porcentaje de rentabilidad sobre su patrimonio altísimo: entre 1994 y 2000 fue de un promedio del 20%, contra un máximo del 12,5% en países como Estados Unidos o, en la propia Francia, de un 7%. [8]

Según un estudio de FLACSO firmado por Daniel Azpiazu, las tarifas residenciales de AA «se han incrementado entre mayo de 1993 y enero de 2002 en un 88,2%». Según el mismo profesional, ese aumento «no guarda relación alguna con la variación de los precios al consumidor que, entre el comienzo de la concesión y enero de 2002, sólo registró un crecimiento del 7,3%». [9]

A estas tremendas ventajas comparativas y la buena tasa de rentabilidad, AA responde brindando a sus usuarios uno de los peores servicios sanitarios conocidos.

Según un informe preparado en diciembre del 2003 por el propio gobierno argentino, a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), AA transporta residuos cloacales generados por 5.744.000 habitantes, de los cuales sólo reciben tratamiento final en las plantas Norte y Sudoeste los efluentes producidos por 696.000 habitantes, lo que constituye un 12% del total. El resto, según la auditoría, es vertido «al Río de la Plata en la zona de Berazategui sin haber recibido el tratamiento adecuado».

Pero lo mas grave es que a sólo 2.800 metros de allí, Aguas Argentinas retira nuevamente del río el agua que pasa por las plantas potabilizadoras. Este verdadero «envenenamiento de masas» se lleva adelante por medio de la presencia en el agua de niveles de nitratos que triplican los valores máximos tolerables por el organismo humano. El consumo de agua con nitratos, principalmente en menores de seis meses, puede provocar la muerte debido a la falta de oxígeno en la sangre y, en adultos, afecciones cardiovasculares. La otra forma es la presencia de sustancias tóxicas prohibidas en el vital líquido, como el bifenilo ploriclorado (PBC), que es altamente cancerígeno, detectado en peces de la zona del desagüe de AA. A esto se le puede agregar verdaderas pestes de hepatitis B, causada por el agua en varias zonas del Gran Buenos Aires como Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Quilmes, Tres de Febrero, Morón, San Fernando y Tigre.

Irónicamente, hace poco el directorio de Suez anunció su intención de dejar Aguas Argentinas a raíz de la falta de acuerdo con el gobierno argentino para subir nuevamente las tarifas domiciliarias, que se encuentran congeladas desde el estallido del Argentinazo a finales del 2001.

El proyecto del Sistema Acuífero Guaraní

Como señalábamos, dentro de los procesos de recolonización de los países de América Latina figuran como objetivos los principales recursos naturales. Por eso, la intervención del Banco Mundial y otros actores al servicio del gran capital en proyectos que aseguren el acceso, gestión y usufructo de las principales reservas de agua dulce no se ha hecho esperar.

En mayo del 2003 se reunieron en Montevideo el BM y los países integrantes del Mercosur. Allí se firmó el proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Sistema Acuífero Guaraní (Document of The World Bank-Report Nº 23.490-LAC). Un proyecto financiado por ese organismo internacional y los gobiernos de Holanda (Bank Netherlands Water Partnership Program-BNWPP) y Alemania (German Geological Survey-BGR), la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La relevancia del proyecto radica en que el acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo, con alrededor de 1.190.000 km2 (superficie mayor que las de España, Francia y Portugal juntas). En Brasil abarca una superficie de aproximadamente 839.000 km2; en Argentina, 225.500 km2; en Paraguay 71.700 km2, y en Uruguay, 45.000 km2 (ibíd., p. 6). Y según el propio documento del BM, se lo considera un «recurso estratégico del Cono Sur».

Según el BM, 27,24 millones de dólares del proyecto del Sistema Acuífero Guaraní, que incluyen una donación del Fondo Mundial para la Naturaleza de 13,4 millones, servirán para «elaborar e implementar en forma conjunta un marco institucional y técnico para el manejo y la preservación del Acuífero».

Entre los siete componentes del Proyecto descritos en el documento del BM caben destacar la expansión y consolidación del conocimiento a cerca del Acuífero en base al «desarrollo e integración» del SISAG-Sistema de Información del Sistema Acuífero Guaraní, el desarrollo e implementación conjunta de un marco regulatorio de manejo del Acuífero y la consideración del potencial geotérmico para la generación de energía eléctrica (ibíd., p. 3)

Ahora bien, vale aclarar lo que el BM suele entender por «marco regulatorio de manejo» en sus proyectos relacionados a recursos naturales (háblese, por ejemplo de biodiversidad o agua). Generalmente, se refiere a todas aquellas medidas que se han de tomar para homogeneizar los marcos jurídicos y operativos de acceso a tales o cuales recursos (claro está, bajo el argumento de que es un prerrequisito necesario para ejecutar su «conservación», su «uso sustentable», etc.). En tal sentido, de los cuatro años que componen el proyecto del Acuífero Guaraní, los tres primeros se enfocan a esa finalidad, o como el BM señala, a la «primera fase». Una vez consolidada ésta, el siguiente paso sería colocar a determinados actores en la gestión y usufructo del líquido («El aparatoso proyecto del Acuífero Guaraní», Gian Carlos Delgado Ramos, 2004).

Esa es la forma preferida de operar del BM que, en este tipo de proyectos, devela su interés, primero, por reconfigurar el manejo del recurso, y segundo, por la transferencia de los servicios hídricos hacia el sector privado. Es decir, por un lado, impulsa una concentración del manejo de cuencas hídricas en manos de «selectos actores», y una vez consolidados, busca, por el otro lado, colocar a las multinacionales en el centro de la gestión y usufructo del agua dulce (es decir, en los negocios de servicios hídricos de almacenaje, distribución, potabilización, generación de termo e hidroelectricidad, etc.) (ibíd.).

De esta forma, con la mesa servida, aparecen las transnacionales del agua como el Bechtel Group, la Suez o bien la propia Monsanto, que desea asegurar para sus negocios «a toda la cadena alimenticia».

La Hidrovía Paraguay-Paraná

Otro importante proyecto vinculado al papel asignado por el gran capital transnacional a la Cuenca del Plata de ser un enorme campo de cultivos de transgénicos, y que también es financiado por un organismo financiero internacional, es el llamado «mega proyecto» de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Este proyecto varias veces millonario, financiado por el BID e iniciado en abril de 1988, es uno de los ejes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

La Hidrovía Paraguay-Paraná consiste básicamente en obras de dragado y balizamiento de estos dos ríos, en un tramo que va desde Puerto Quijarro (Bolivia)-Corumbá (Mato Grosso do Sul, Brasil) hasta el puerto de Santa Fe (Argentina), con el fin de mejorar el tráfico fluvial del canal, de 3.442 km de longitud, facilitando la navegación en todo el trayecto de buques y barcazas de 10 pies (3,3 m) de calado.

Obsérvese que el trayecto se inicia en la frontera internacional entre Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, y el Brasil, específicamente en Puerto Aguirre y Puerto Quijarro (ambos puertos sojeros bolivianos) y la citada Corumbá, uno de los principales puertos de embarque de la soja cosechada en el estado de Mato Grosso.

El principal objetivo de la Hidrovía es el de dar una salida mucho mayor en volumen al grano y por supuesto abaratar los costos de los fletes terrestres, los cuales actualmente fluctúan en los 40 a 60 dólares la tonelada desde Corumbá hasta el puerto de Santos, y de 23 dólares la tonelada desde la frontera paraguaya hasta el puerto franco de Paranagua (informe de la Secretaría Técnica de Planificaciones, 2-6-05). Lo importante es sacar la producción lo más rápido y barato posible, sin importar (lo más cuestionado del proyecto hasta ahora) el muy posible terrible impacto socio ambiental de tamaño emprendimiento. Organizaciones como la WWF alertan que con la hidrovía podría estar en riesgo el propio Pantanal brasileño.

Para ilustrar nuestras afirmaciones basta apreciar la proyección de cargas previstas en el trayecto de norte a sur por producto: 58% soja y derivados, 23% mineral de hierro, 9% clinquer, 6% madera y derivados, 4% otros.  Un informe del organismo encargado del proyecto, que habla de las proyecciones del futuro tráfico potencial por la Hidrovía, señala que las actuales 78 millones de toneladas de soja en grano que circulan por los citados ríos, para el 2025, tan sólo las provenientes de Paraguay, llegarían a 145 millones de toneladas.

Tropas de Washington garantizando el lucro de las multinacionales

Hasta ahora hemos esbozado la configuración recolonizadora en los aspectos estructurales de diseño y asignación geopolítica de Paraguay como básicamente productor y proveedor de materias primas, alimentos y recursos naturales para los países imperialistas. También el papel de «mediadores» que poseen los organismos como el BM o el BID para que las transnacionales se aseguren los recursos necesarios para sus negocios. Pero, como habíamos dicho, un aspecto vital en el actual reparto mundial es la cuestión política y militar.

En ese marco, dentro del proyecto de dominación geopolítica que el imperialismo norteamericano busca imponer para América Latina podemos señalar algunos ejes militares fundamentales. El más importante de todos hasta la fecha es el Plan Colombia, que con su presencia militar en el conflicto colombiano y la base militar norteamericana en Manta cedida por el gobierno del Ecuador se asegura el control del Pacífico y la Región Andina. En segundo lugar está el Plan Puebla-Panamá para el control de Centroamérica y el Caribe, y por último la Triple Frontera, donde EEUU viene montando una campaña para definirla como «zona del terrorismo islámico» para justificar la instalación de una base militar, que hoy le cede el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

La sanción de la ley que permite el ingreso de tropas de Washington por un lapso de 18 meses con goce de total impunidad es el primer paso dado con el fin de establecer en Paraguay una cabeza de puente para custodiar las multimillonarias ganancias e inversiones de las multinacionales. Además, en el Convenio firmado con el gobierno paraguayo Washington no se responsabiliza por los daños que pueda causar a las poblaciones en la salud y al medio ambiente, ni tampoco a los recursos de la población. La presencia en Asunción de R. Myers o del propio Donald Rumsfeld se dan en ese contexto.

Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué enviar tropas y montar una base si con el apoyo de las burguesías lacayas y los ejércitos locales debería bastar y sobrar para asegurar las ganancias y el usufructo exclusivo de los recursos naturales por el imperialismo?

En Paraguay, por ejemplo, el apoyo de las burguesía local «legalista» a los planes del imperialismo de que Paraguay se transforme en un gran sojal es del cien por cien. La influencia de la CAPECO (Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas) dentro del aparato de estado y del actual gobierno es innegable. Este es el sector burgués que vive de las migajas que caen de la mesa del banquete imperialista, y que está ganando la pulseada a los otros sectores burgueses lúmpenes (narco mafiosos) que están fuera de los planes de Washington para la región.

Sin embargo, los ejemplos de las recientes rebeliones en América Latina nos muestran que el papel entreguista de las burguesías latinoamericanas y sus correspondientes brazos armados no son garantía para el imperialismo, no pueden contener el ascenso continental de los trabajadores y los explotados. Por suerte los ejemplos abundan y ojalá se multipliquen. Tal es el caso del pueblo boliviano, que salió a las calles, defendió su agua y sus hidrocarburos y derribó gobiernos serviles al imperialismo como el de Sánchez de Lozada y el de Carlos Mesa. Otros ejemplos son las rebeliones populares en Ecuador (la del 2000 y la de este año), y el Argentinazo, con el mismo saldo de derrocamiento de gobiernos que eran más papistas que el Papa a la hora de aplicar las recetas, los ajustes y los planes neoliberales. Pero lo peor para los intereses imperialistas es el positivo saldo de recomposición política y de clase que dejan estos ricos procesos de lucha que brotan por todo el continente.

Los regímenes de la «democracia» de los ricos y el imperialismo en América Latina están pasando por una tremenda crisis de legitimidad. Los constantes sobresaltos y golpes que le asestan los trabajadores, campesinos y todo el pueblo explotado a los intereses de las transnacionales y el casi nulo papel represivo de los ejércitos locales hacen necesaria la intervención directa del ejercito yanqui para asegurar que no se repitan y no se imiten los casos citados.

La lucha de clases en Paraguay

En Paraguay también se da el mismo proceso, aunque con distinto ritmo. Aquí el gran enemigo del modelo del enclave agro exportador es el campesinado. Por ser el sujeto social que enfrenta diariamente a los pocos empresarios que llegan a acumular con la soja y con el aparato estatal que defiende los intereses de las transnacionales, están ubicados siempre en primera fila en las luchas por la soberanía, que en esencia son profundamente anti capitalistas. Históricamente, el movimiento campesino tiene sus reivindicaciones centradas en el pedido de una reforma agraria integral, concretamente reivindicar las necesidades básicas de tierra para los pequeños productores, salud, educación, caminos y asistencia técnica para la producción.

Pero a partir de 1999, y teniendo como impulso las jornadas del marzo paraguayo, se da una importante recomposición política donde en torno a uno de los principales gremios campesinos, la MCNOC (Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas). Se creó el FSS (Frente Social y Sindical), donde además convergieron los sindicatos más combativos. Sus principales reivindicaciones fueron oponerse a la privatización de las empresas públicas y exigir la reforma de la banca pública orientada al servicio de los pequeños productores.

Por otro lado, también la FNC (Federación Nacional Campesina) consolida su frente con la Central Nacional de Trabajadores, y exige por su parte la industrialización local de la producción agrícola y la tarifa social de electricidad. Al poco tiempo se crea la Plenaria Popular Permanente, también en torno a la MCNOC, donde funciona una amplia unidad de acción entre sindicatos, gremios estudiantiles y organizaciones políticas de izquierda.

El principal hito de este proceso se dio con la convergencia de los dos principales gremios campesinos, la FNC y la MCNOC, dentro del Congreso Democrático del Pueblo. Desde allí, en el 2000, mediante masivas movilizaciones y cortes de rutas, trabajadores, campesinos y estudiantes detienen el proceso de privatización de las principales empresas públicas de servicios (telefonía, electricidad, agua).

Actualmente, el lugar de organismo aglutinador y coordinador de las luchas obreras y campesinas en Paraguay lo ocupa el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida.

La respuesta del gobierno Nicanor para el campesinado en su conjunto hasta ahora fue la misma de sus predecesores: endurecer sus métodos violentos como única respuesta visible a las movilizaciones y reivindicaciones del sector. Las fuerzas represivas tienen como norma el «gatillo fácil» en los operativos de desalojo y despeje de rutas, o bien el amedrentamiento y la persecución cotidiana de dirigentes en las zonas de principal conflicto con los sojeros (Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú). Tan sólo desde octubre de 2003 a septiembre de 2004 han ocurrido tres muertes violentas de campesinos a manos de la policía, además de varios heridos y decenas de detenidos. Con estas víctimas fatales ya suman 83 los campesinos asesinados desde la caída de la dictadura estronista en 1989.

Aun así, la creciente miseria en el campo, la expulsión violenta de comunidades campesinas enteras y principalmente el proceso de politización y amplia alianza del campesinado con los trabajadores urbanos prepara las condiciones objetivas y subjetivas para otras jornadas de lucha similares a las de abril del 2000.

Hoy por hoy el gobierno de Nicanor Duarte Frutos ha caído totalmente en el descrédito, incluso para importantes sectores de la burguesía, para los cuales no es capaz ni de garantizar el resguardo sobre sus agronegocios y latifundios. Tal es el marco del canje de soberanía por «seguridad». Según el propio vicepresidente, Luis Castiglioni, tanto la venida de las tropas como la instalación de una filial del FBI en Asunción tienen por objetivo ayudar en el combate contra el «terrorismo» y mejorar la seguridad. Claro está que Castiglioni habla de la seguridad del modelo agro exportador y la de sus representantes. Qué más se puede afirmar para sostener que el imperialismo prefiere hacer las cosas por sí mismo y no dejarlas en manos de sus lugartenientes.