En algunas asambleas populares comienzan a escucharse propuestas de "democracia participativa" y "presupuesto participativo". Son motorizadas por gente de la CTA, el FRENAPO, el ARI, ex frepasistas, etc. Para poner esto en práctica en la Capital, algunos incluso plantean ir a los Centros de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad que existen en los barrios. La CTA en particular hace propaganda sobre el "presupuesto participativo" desde mucho antes del 20 de diciembre. Hasta editó un libro sobre el tema.

"Participar" y "democracia participativa" son palabras que "suenan bien", ya la gente común se siente excluida de la gestión de la cosa pública, reservada a los "políticos" y a determinados "economistas" bendecidos por el FMI. Aun más simpático aparece lo del "presupuesto participativo". Consistiría en que la gente, en asambleas, decidiese sobre el gasto público.

Y "como si esto fuera poco", no se trata de utopías. ¡Ya se estarían aplicando, ahí no más, al lado nuestro, en el Estado de Rio Grande do Sul y su capital, Porto Alegre! Allí se hizo el Foro Social Mundial, precisamente porque —según nos dicen— Porto Alegre es la sede de una experiencia de trascendencia universal: la de superar el capitalismo salvaje neoliberal y sus regímenes políticos donde las masas no "participan", estableciendo una "economía solidaria" y una "democracia participativa". Es "posible"; es "realista". ¡Así se pueden "lograr cosas"! Es importante, entonces, conocer de cerca estas historias que nos cuentan la CTA y su FRENAPO.

Desde Porto Alegre, el compañero Clovis Oliveira, en el artículo siguiente, hace un balance de años de experiencia de "presupuesto participativo". Lo evalúa no sólo como socialista revolucionario sino también como dirigente de larga trayectoria en el gremio docente, uno de los más fuertes y combativos de Rio Grande.

Allá, el "presupuesto participativo" sirvió, a fines de los 80, para abortar la iniciativa de los "conselhos populares". Aquí, las propuestas de la CTA y Cía. apuntan a que las asambleas populares, que surgieron independientes y en contra de las instituciones del Estado, sean reabsorbidas por él.

Por Clovis Oliveira. Artículo publicado en la revista Debate (ene/02) del Centro de Estudos e Debates Socialistas (CEDS) de Porto Alegre.

El llamado "presupuesto participativo" es el emblema con que se presentan las llamadas "Administraciones Populares" de Porto Alegre y del Estado de Rio Grande do Sul. Es uno de los pilares del llamado "modo petista de gobernar" [1] que contribuye a relanzar la imagen de transparencia política atribuida a esas administraciones. Basado en la autoridad alcanzada por el presupuesto participativo, el gobierno de Olivio Dutra [gobernador de Rio Grande de Sul] difunde el lema de "Estado de Participación Popular" para caracterizar su administración.

El presupuesto participativo disfruta de un gran prestigio internacional, particularmente entre las organizaciones socialdemócratas, al punto de avalar la pretensión del PT y sus gobernantes de convocar en dos oportunidades el Foro Social Mundial en Porto Alegre. La propuesta ganó, inclusive, una fuerte admiración entre sectores de la izquierda que se reivindican del marxismo, que ven al presupuesto participativo como un "poder popular en construcción".

Contra todo eso, afirmamos que se ha creado un mito en torno del presupuesto participativo en Rio Grande do Sul, reforzado por el proselitismo nacional e internacional del PT.

En gran medida, este mito está prosperando por falta de informaciones y evaluaciones. La izquierda revolucionaria ha elaborado poco sobre el presupuesto participativo. Y, cuando lo hace, suele ser conciliadora con la propuesta. La juzga "progresiva", en dirección a un "poder popular", y le da así mayor legitimidad.

Aquí vamos a aportar mayor información para fundamentar las críticas que le hacemos. El análisis se centra en la práctica del presupuesto participativo en la Intendencia Municipal de Porto Alegre, por ser la experiencia más antigua y consolidada, pero se extiende en algunos aspectos a esa experiencia en el Estado. Pero antes vamos a evaluar al "Gobierno Democrático y Popular" del Estado de Rio Grande do Sul, para identificar cómo se relaciona con las organizaciones del movimiento sindical y popular que contribuyeron decisivamente a la elección de Dutra. También vamos a examinar el discurso petista de "ciudadanía", que es fundamental para entender la concepción de sociedad que anima lo del presupuesto participativo.

El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, escrito en 1848, dice que el gobierno moderno no es sino un comité para administrar los negocios comunes de toda la clase burguesa. Esta afirmación sigue siendo actual. Sintetiza la naturaleza del Estado en la sociedad capitalista. Sirve para explicar tanto los gobiernos ejercidos directamente por la burguesía a través de sus propios partidos, como también los gobiernos ejercidos por partidos que tienen su origen en el movimiento de los trabajadores, como es el caso del PT.

El gobierno de Olivio Dutra se encuadra en este último caso. Transcurridos más de tres años de mandato, está sometido al brete determinado por la naturaleza burguesa del Estado y por los dispositivos institucionales que resguardan los intereses de la burguesía de Rio Grande. Así, no ha podido diferenciarse substancialmente de los gobiernos burgueses neoliberales.

Aun considerando que no privatizó lo que queda del patrimonio público liquidado por el anterior gobierno liberal de Britto, Olivio Dutra no se propuso encaminar una recuperación de la telefonía y la energía eléctrica para el dominio público.

Instituciones heredadas del gobierno de Britto continúan al servicio de los monopolios, por ejemplo, las que reajustan regularmente las tarifas de los servicios públicos. El combate al peaje en las rutas privatizadas —uno de los principales lemas de la campaña del Frente Popular encabezado por el PT, y que le hizo ganar gran parte de los votos en 1998— quedó en el discurso electoral.

Respecto de la deuda pública, después de una reacción inicial, el gobierno de Olivio se sometió al centralismo del Gobierno Federal y sigue pagándola. La deuda se lleva el 13% de la recaudación. De la misma forma, la promesa electoral de que los ingresos del Estado crecieran a costa de los empresarios evasores o exentos de impuestos no avanzó. Esto demuestra las dificultades estructurales para hacer que la burguesía pague una porción mayor del presupuesto. Pero también revela la falta de voluntad política del gobierno de Dutra de enfrentarse con los intereses de la clase dominante.

Para intentar cerrar el déficit financiero, el gobierno del PT optó por sacrificar a los empleados públicos. Es significativo que Olivio Dutra no solo no recuperó los salarios, sino que dejó de compensar las pérdidas por la inflación. Siguió la misma política de los otros gobiernos de equilibrar el déficit a costa de desvalorizar el salario.

Peor aún, Dutra insiste en transferir a los empleados los gastos financieros causados por la "reforma previsional" impulsada por el Gobierno Federal. Exige que contribuyan para las jubilaciones y ha instituido un fondo de retiros. Es una verdadera confiscación de salarios y un golpe histórico directo contra los empleados públicos, ya que la jubilación siempre fue responsabilidad del Tesoro del Estado.

Las promesas electorales de una nueva política salarial —cambio del escalafón, institución de un piso salarial y recorte de los "cargos de confianza" [2] del Gobierno— quedaron en los discursos. Por el contrario, los empleados públicos sufren la desvalorización del salario por la inflación y ven cómo en el Estado se instala una nueva burocracia compuesta por millares de "cargos de confianza", una casta diferenciada y hostil a los intereses de los trabajadores estatales. Olivio está concluyendo su período con un gobierno muy desgastado frente a los empleados públicos.

Se ha puesto de moda en el movimiento sindical y popular hablar de "lucha por la ciudadanía", "derechos de los ciudadanos" y "sindicato ciudadano". Se utiliza la palabra "ciudadanía" como adjetivo, cada vez que se intenta calificar las propuestas otorgándoles un objetivo político general.

Utilizada de esta forma, la expresión "ciudadanía" se ha convertido en un estribillo aparentemente indefinido desde el punto de vista ideológico. Muchas veces quien la utiliza lo hace para sustituir la palabra "socialismo", que obviamente no quiere pronunciar, quiere hacerla olvidar, porque obviamente esas palabras no tienen el mismo significado.

En verdad, los dirigentes de los partidos de izquierda y del movimiento sindical y popular, así como los líderes del Frente Popular, han hecho una elección: hablan de "construir una sociedad democrática" y de "radicalizar la democracia". O sea, renunciaron al socialismo y se reivindican públicamente de la democracia burguesa. La ironía es que continúan hablando de socialismo en los días de fiesta. Son el ejemplo actual de la crítica que tradicionalmente se le hacía a la socialdemocracia europea cuando se desvinculó del socialismo y el marxismo.

Estos dirigentes son reformistas. Es decir, tienen la concepción de que, ante un período largo e inevitable de hegemonía capitalista, la tarea es negociar reivindicaciones mínimas para los trabajadores, limitar los "excesos" del sistema, humanizarlo, adaptándose para convivir con él.

Evidentemente, no concordamos con el uso ideológico que el PT da a la palabra "ciudadanía." No negamos el concepto de ciudadanía, que tiene un origen histórico relevante. Las tareas de la "ciudadanía" fueron definidas en el proceso de las revoluciones burguesas cuyo mayor ejemplo fue la Revolución Francesa de 1789, que expresó la aspiración de la burguesía por la forma democrática de gobierno, igualdad de derechos en relación con los nobles, fin de los privilegios aristocráticos, enseñanza laica y universal, independencia nacional y expropiación de las tierras de la nobleza. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es el principal texto de ese período y contiene las ideas de libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres.

Pero incluso en esa época en que fue revolucionaria y progresiva, la burguesía no tenía aliento para encaminar el conjunto de las aspiraciones sociales. Los trabajadores, aliados de la burguesía en la lucha contra la dominación aristocrática, apoyaron el programa burgués e intentaron radicalizarlo, pero terminaron vencidos por los intereses de los industriales y banqueros que querían poner freno al proceso revolucionario, impidiendo que amenazara sus propios intereses de clase.

Aun con estos límites, los movimientos burgueses revolucionarios fueron tan importantes en la historia, que es correcto caracterizar la ejecución del programa de estas revoluciones como un factor de progreso para la humanidad. Hoy, cuando ya no es capaz de construir el progreso social y expandir las fuerzas productivas, pero continúa en el poder en tanto clase dominante, la burguesía se tornó reaccionaria y destructiva. Hace mucho tiempo que renunció a sus tareas históricas.

El hecho de que las banderas de la Revolución Francesa sean actuales y todavía dignas de ser levantadas no quiere decir que debamos restringir nuestras luchas a los marcos del ideario burgués y de la "ciudadanía".

"Ciudadanía" es un concepto equivocado en tanto eje para las luchas, porque no hace avanzar la conciencia de la clase trabajadora. Al adoptar el concepto de "ciudadano" —una caracterización que se pretende común a todos los individuos—, el PT desconoce la existencia de intereses antagónicos en la sociedad, disimula y diluye los conflictos de la lucha de clases, dando lugar a una idea de igualdad entre las personas, tanto trabajadores como empresarios. Es un discurso que viene muy bien para legitimar la explotación y la cooptación [a los aparatos burocráticos, en especial al Estado].

La concepción reformista de ciudadanía es esencialmente conciliadora, porque intenta crear un espacio de identidad y un vínculo de colaboración entre explotados y explotadores, y entre la clase trabajadora y el Estado, confundiendo y debilitando la acción independiente de los trabajadores y ofreciendo así garantías a la burguesía de que se van a respetar y legitimar los límites del orden instituido.

De ahí surge una de las concepciones políticas más importantes que animan al "modo petista de gobernar": el Estado debe "gobernar para todos" y estar volcado hacia la totalidad. Esto no es nada más que una recreación de las viejas concepciones ideológicas corporativas, características del período varguista [3] en los años ’30 del siglo XX, que intentaban negar la existencia de la lucha de clases.

El discurso de la "totalidad" y la "ciudadanía" está encaminado hacia la cooptación y encadenamiento al Estado del movimiento sindical y popular, y de la juventud, lo que fue otra característica del corporativismo varguista. Su mayor objetivo es consolidar en el proletariado las ilusiones reformistas, neutralizando la perspectiva de clase de los trabajadores y la movilización independiente y, principalmente, tratando de prevenir una ruptura revolucionaria.

Esto es lo que sucede cuando los socialistas revolucionarios se callan y dejan hacer, permitiendo la confusión entre el movimiento de los trabajadores y las instituciones burguesas que se reivindican de la "ciudadanía".

Dicen que el presupuesto participativo es una concesión democrática de la "Administración Popular". Vamos a examinar esta afirmación.

A comienzos de los ’80 surgió con fuerza en la izquierda del PT que actuaba en el movimiento popular y comunitario del Gran Porto Alegre, la propuesta de consejos populares, también debatida en los primeros encuentros estaduales del PT.

Esta iniciativa consistía en organismos unitarios, democráticos e independientes del Estado, al servicio exclusivo de los intereses populares. La inspiración de la propuesta de consejos populares estaba en las diversas experiencias hechas por el movimiento de los trabajadores en diversos países y en situaciones históricas donde fueron construidas organizaciones de frente único para disputar el poder con la burguesía en la sociedad capitalista.

Tales objetivos de la vanguardia se explicaban por el ascenso de las luchas en Brasil a finales de los ’70 y comienzo de los ’80, porque la propuesta de organismos de doble poder surge en los momentos que la lucha de clases se torna más aguda. Pero, con la victoria del PT en las elecciones de 1988 en el Municipio de Porto Alegre, muchos de los líderes del movimiento popular y comunitario, identificados o no con el PT, fueron sistemáticamente cooptados en cargos de gobierno, pasando a integrar la nómina de sueldos de la Intendencia.

Esta cooptación de los dirigentes populares abrió el camino para el vaciamiento de la propuesta de consejos y la implantación del "presupuesto participativo" ideado por la "Administración Popular". La cooptación de los líderes y la implantación del presupuesto participativo tuvo consecuencias muy graves para el movimiento popular. No es casual que cesaran o disminuyeran por un largo período las luchas comunitarias del Gran Porto Alegre, particularmente las ocupaciones de tierras para vivienda, sólo retomadas con fuerza al final de los ’90. Un ejemplo del reflujo del movimiento comunitario fue el vaciamiento de la União das Associações de Moradores de Porto Alegre (UAMPA).

Con el desmantelamiento de las asociaciones de barrio, muchos de los antiguos dirigentes, transformados en delegados del presupuesto participativo, constituyeron una nueva burocracia, que empezó a recibir un tratamiento diferenciado, como por ejemplo la oportunidad, inimaginable para un líder de una comunidad pobre, de viajar por Europa, relatando la experiencia del presupuesto participativo.

El presupuesto participativo no es la continuidad de la lucha por los consejos populares, como algunos pregonan. Por el contrario, se lo implementó para sofocar esa propuesta de cuño revolucionario y para controlar al movimiento comunitario.

Al implementar el presupuesto participativo, la administración del PT también logró encadenar a la Intendencia el movimiento independiente de los trabajadores de los barrios y sus asociaciones.

Para la comunidad de un barrio, participar del foro local del presupuesto participativo representa seleccionar una reivindicación entre las de vivienda, saneamiento, escuela, salud, pavimentación y otras necesidades —todas merecedoras de prioridad— e ir a disputarla contra las reivindicaciones de otra comunidad del mismo barrio.

Así, por ejemplo, si dos escuelas de la misma región disputan el dinero para la construcción de una instalación esencial para su funcionamiento, vence y será beneficiada la que traiga más votos en la asamblea del presupuesto participativo local. Y eso, si después de esa maratón no fue descartada por algún dictamen técnico de la Intendencia. La escuela perdedora tendrá que esperar hasta el próximo año para volver a presentar su demanda. El sector de la comunidad de un barrio que logre constituir el lobby más fuerte será beneficiado con la atención de su reclamo.

Muchos factores pueden influir para que un sector de la comunidad tenga más fuerza de movilización que otro. Llevará ventaja el sector que tenga mayores recursos o que cuente con el apoyo de algún dirigente del PT que pueda, por ejemplo, disponer transporte gratuito para que la gente vaya a votar en la asamblea del presupuesto participativo. Otro factor que puede desempatar una disputa en el presupuesto participativo es el poder económico de las empresas constructoras, capaces de someter una comunidad a sus intereses.

Se trata sin duda de un proceso despolitizado, propicio para la práctica del "voto de cabresto" [4], donde vence quien traiga más gente a votar. Las autoridades pueden, entonces, argumentar que la culpa no es del gobierno, sino de quien no sabe organizarse para ganar.

Hoy el presupuesto participativo es útil para que la Intendencia de Porto Alegre y el gobierno del Estado justifiquen sus omisiones en las obras públicas y los servicios que dejan de prestar. La culpa no es de la Intendencia, sino de los que no saben organizarse para vencer. Así, la culpa por la desatención de las demandas y necesidades populares recae sobre el propio vecino que interviene en el presupuesto participativo.

Los límites del presupuesto participativo son, además, muy grandes. Sólo pone en discusión una pequeña parte del presupuesto total. En Porto Alegre, es apenas superior al 10%. Mientras tanto, la parte sustancial del presupuesto, junto con las decisiones financieras estratégicas, continúa en manos del gobierno municipal.

El proceso de intervención popular en el presupuesto participativo es muy burocrático. Cuando la población necesita agua, luz, escuelas, etc., presiona a la Intendencia. Ésta responde orientando a que la reivindicación se encamine dentro del presupuesto participativo, donde "deberá hacer el trámite respetando los plazos para las demandas". Cuanto mayor es la legitimidad conquistada por el presupuesto participativo, mayor es la capacidad de conducir al movimiento popular y comunitario a través de ese canal.

El presupuesto participativo es un mecanismo de la Intendencia para convencer a la población de los barrios de que no tiene dinero suficiente para atender todas sus necesidades. Así refuerza su legitimidad, siempre que esta estrategia tenga éxito. Pero lo más grave de esta política son las consecuencias para el movimiento popular y comunitario, que es divido en sectores que deben enfrentarse entre sí.

En 1999, el gobierno del Estado propuso a los empleados que sus salarios fuesen discutidos en el presupuesto participativo. Era una trampa para la discusión con los diversos sindicatos, que estaban en una creciente movilización.

Los trabajadores de la educación rechazaron esa propuesta, por entender que el valor del salario debe ser definido a través de la negociación directa con los representantes del Estado, bajo criterios profesionales, así como los reajustes deben tener por objetivo la recuperación por pérdidas inflacionarias.

La CUT y los sindicatos afiliados a ella son presionados por el gobierno de Dutra para integrarse al presupuesto participativo. Si el movimiento sindical de trabajadores públicos aceptase discutir sus salarios en el presupuesto participativo, veríamos la absurda situación de una demanda de actualización del salario de los maestros enfrentándose, por ejemplo, con la construcción de aulas las escuelas.

La tentativa del gobierno de Olivio de implementar la participación de los sindicatos de empleados públicos en el presupuesto participativo tiene por objetivo la integración de este sector del movimiento obrero al aparato del Estado, y su consecuente sometimiento.

El presupuesto participativo es fundamentalmente un mecanismo de democratización del Estado burgués y es parte integrante de su administración. Es una forma de hacer que el Estado funcione más racionalmente desde el punto de vista capitalista, administrando con mayor eficacia su propia crisis.

Al mismo tiempo que hacemos esta caracterización de la naturaleza del presupuesto participativo, pensamos que son minúsculas las posibilidades reales de un proceso reformista exitoso de democratización del Estado burgués en esta etapa degenerativa del capitalismo y en un país atrasado. Una pregunta queda pendiente para profundizar la discusión: ¿cómo expandir significativamente los recursos que están a disposición del presupuesto participativo, de forma tal que esas concesiones merezcan el apelativo de "democratización"? Más adelante intentaremos echar alguna luz sobre esto.

En la medida que el pleno funcionamiento del presupuesto participativo puede anular la independencia y la combatividad del movimiento popular, es una forma de reforzar al Estado burgués, y lo hace a través de la cooptación y del encadenamiento del movimiento popular y de sus líderes al gobierno.

La propuesta de presupuesto participativo no presenta ninguna contradicción con el Estado burgués o con los partidos políticos de la clase dominante. Un aspecto que denuncia su carácter burgués es que no causa ningún constricción a las innumerables Intendencias del PMDB, PPB, PFL y PSDB que lo adoptaron [5].

Por estas razones el presupuesto participativo no puede ser equiparado con los consejos populares, que son formas independientes de organización de los trabajadores orientadas hacia el ejercicio de poder y antagónicas al Estado burgués. Es una propuesta surgida del reformismo petista con el objetivo de contener la salida revolucionaria y canalizar la lucha dentro del orden burgués.

Discrepamos con la política de algunos sectores de la izquierda que está proponiendo "todo el poder al presupuesto participativo", "transformación del presupuesto participativo en consejo popular" y un "gobierno de los trabajadores apoyado en las organizaciones de los trabajadores y en el presupuesto participativo". Discrepamos con estas propuestas porque refuerzan la ilusión de que es posible construir un poder de los trabajadores a través de un organismo que sea parte integrante del Estado burgués.

No caracterizamos al gobierno de Olivio como un gobierno de los trabajadores. El poder de los trabajadores no puede construirse a partir de elecciones ni asentarse en el presupuesto participativo, que es una organización característica del poder burgués.

Aunque, obviamente, esto no sea reivindicado por los promotores del presupuesto participativo, uno de los factores que más contribuyen al interés de los medios institucionales sobre este instrumento son las grandes posibilidades que abre en términos electorales.

El equipo de la Intendencia de Porto Alegre y las corrientes políticas que se organizan en el PT utilizan el presupuesto participativo para seducir con promesas a agentes electorales y ganar votos en los barrios, dando origen a una nueva y creativa forma de clientelismo.

El interés que demuestran en el presupuesto participativo varios partidos burgueses en muchas intendencias del país tiene que ver también con las nuevas posibilidades que abre para la manipulación electoral. Se trata, además, de una propuesta con "prestigio social", utilizada por intendencias de "izquierda", lo que puede facilita su implementación con los trabajadores de los barrios.

Por otra parte, los partidos burgueses no se asustan con la pérdida de poder experimentada por las Câmaras de Vereadores [6], la forma principal de organización del poder burgués en el ámbito del municipio, porque los recursos destinados al presupuesto participativo son irrisorios en relación con el total del presupuesto.

Antes afirmamos que el presupuesto participativo es un instrumento de democratización del Estado burgués, con la precaución de dejar sentado el cuestionamiento a la posibilidad real de que ocurra un proceso de esa naturaleza en el marco general de descomposición del capitalismo. Resta ahora agregar que el interés por el presupuesto participativo demostrado por los partidos políticos institucionales tiene mucho que ver con los amplios espacios que abre para el electoralismo y la construcción de clientelismos, posibilitando nuevos puntos de apoyo para reforzar la ilusión de las masas en los procesos electorales.

Evaluando la situación de desmovilización que viven las asociaciones de barrio en Porto Alegre, salta a la vista la necesidad de reconstruir la independencia del movimiento popular y comunitario frente al PT y la Intendencia. Es preciso romper con la política de colaboración de clases que procura evitar la confrontación entre los trabajadores de los barrios y la Administración Municipal, canalizando las reivindicaciones hacia el presupuesto participativo, principal punto de apoyo petista para construir la propuesta de "un gobierno para todos". Como ya expusimos, el presupuesto participativo es una forma de contener las demandas populares, disciplinándolas dentro de un proceso burocrático y disminuyendo su potencial de movilización.

Entendemos que los trabajadores deben reivindicar sus aspiraciones a través de sus propias organizaciones populares de lucha tradicional, diferenciando profundamente estas formas de organización independientes de los mecanismos de "participación" del Estado burgués. Esto significa romper con el peleguismo y el encadenamiento al Estado que hoy existe [7].

Es preciso retomar plenamente la experiencia de organización y participación en las asociaciones de barrio y en la União das Associações de Moradores de Porto Alegre (UAMPA). En estas organizaciones deben reunirse los vecinos ["moradores"] para discutir sus reivindicaciones y exigírselas al gobierno municipal. Y esto se hace a través de la movilización y la presión sobre la Intendencia. Esta es la única forma de ampliar la parte del presupuesto de la Intendencia Municipal destinado a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores de los barrios populares.

No queremos democratizar ni humanizar el sistema capitalista. No creemos en reformas. Coherentemente, planteamos que nuestra perspectiva continúa centrada en la propuesta de construcción de consejos populares, independientes del Estado, unitarios y originados en la experiencia de lucha del movimiento de los trabajadores.

1.- "Petista": perteneciente al PT, Partido dos Trabalhadores.

2.- Cargos "políticos", "ñoquis", etc.

3.- Se refiere a Getúlio Vargas, presidente de Brasil (1930/45 y 1951/54), creador en 1937 del "Estado Novo", un régimen autoritario que combinaba medidas populistas con un estricto control de los sindicatos y el movimiento obrero de parte del Estado.

4.- "Cabresto": correaje en la cabeza del caballo para dirigirlo.

5.- PMDB, PPB, PFL y PSDB: principales partidos burgueses de Brasil.

6.- Legislatura municipal que en Argentina se llama "Consejo Deliberante".

7.- "Pelegos": denominación popular de los antiguos burócratas sindicales estrechamente subordinados al Estado. Los sindicatos que constituyeron en 1983 la CUT de Brasil —proceso paralelo a la formación del PT, iniciado en 1979/81— surgieron en lucha contra los viejos "pelegos", pero hoy se han "peleguizado", en el sentido que han ido perdiendo cada vez más su independencia del Estado y los patrones.