El Ejido es una pequeña población de la provincia de Almería donde en numerosísimos invernaderos se cultivan, con mano de obra inmigrante, hortalizas de rápido crecimiento que proporcionan más de 3 o 4 cosechas anuales. El viernes 4 de febrero del 2000, esta población salió en los medios de comunicación españoles y más tarde europeos y mundiales, que recogieron los gravísimos acontecimientos de persecución racial que allí se produjeron.
Este
ejemplo no es el único aunque sí quizás el más conocido, de sucesos
parecidos. Las causas de fondo de esta situación, y sobre todo la actitud ante
ésta de quienes luchamos por una sociedad sin explotadores ni explotados, sin
opresores ni oprimidos, son el motivo de este artículo.
Los hechos, perfectamente constatables, fueron comparables a las escenas de caza del hombre de la Alemania de los años ’30, cuando los sicarios de los nazis corrían tras los judíos para golpearles y asesinarles. Esta vez, más de 20.000 inmigrantes africanos, fundamentalmente magrebíes, fueron perseguidos y apaleados, sus casas y coches quemados, a veces con los ocupantes dentro, sus negocios arrasados, y todo llevado a cabo por hordas de varios miles de españoles armados con palos, bates de béisbol, barras de hierro, machetes... La violencia se extendió rápidamente a los municipios colindantes de Roquetas de Mar, Vicar, La Mojonera y otros. Los inmigrantes tuvieron que huir durante horas por doquier y terminaron por refugiarse en las colinas de las afueras donde permanecieron durante varios días sin comida ni agua, rodeados por la policía.
Aún una semana más tarde, cientos de españoles de la comarca marcharon hasta las lomas donde se refugiaban varios centenares de magrebíes con la intención de asaltarlas. La policía, que los acompañó a lo largo de todo el paseo, intervino en el momento en que los inmigrantes, desde una posición geográfica favorable respondieron a las pedradas e insultos con sus propias pedradas e insultos; intervino, eso sí, ¡cargando contra los inmigrantes!
La prensa señaló como causa inmediata de los disturbios el asesinato de una joven española a manos de un magrebí perturbado mental, una muerte precedida del asesinato en días anteriores de dos agricultores a manos de otro magrebí. Pero aunque la muerte de los españoles sea lamentable y condenable, para nada justifica los hechos posteriores. Ni los justifica ni los explica, porque ya se habían producido acontecimientos similares con palizas e incendios de viviendas de inmigrantes; es más, en palabras de un representante de los inmigrantes, ésta era la diversión de fin de semana preferida por algunos bien educados hijos de adinerados propietarios agrícolas.
Tampoco se puede explicar lo ocurrido sólo con la actuación de grupos de ultraderecha, porque éstos contaron con el apoyo activo o pasivo de la mayoría de la población autóctona, además de la complicidad de la policía.
Los
inmigrantes salen a la huelga
Si las palizas no constituían una novedad, aunque esta vez fuesen mucho más violentas y graves, sí fue nueva la forma de respuesta de los inmigrantes.
Ya desde el lunes 7 los inmigrantes convocaron una huelga general que paralizó toda actividad en la agricultura. Esta huelga tuvo un incontestable éxito y se extendió incluso al Campo de Nijar, en la otra punta de la bahía. Los inmigrantes demostraron un nivel de autoorganización realmente admirable; declararon una semana de Ramadán, negándose a comer durante el día, para facilitar el desarrollo de la huelga, realizaron más de 20 asambleas permanentes perfectamente coordinadas en todo el municipio y mantuvieron una organización perfecta de los piquetes, pese a las numerosas detenciones e ingresos en prisión de algunos de sus miembros.
La pretensión de los agricultores de romper la huelga mediante la contratación de inmigrantes venidos del Este de Europa, que trabajaban “protegidos” por la policía, fracasó en parte por la acción de los piquetes y en parte por las elevadísimas temperaturas que se viven bajo los invernaderos.
Paralelamente se produjeron las primeras muestras de solidaridad. Numerosas organizaciones sindicales y de inmigrantes se manifestaron en Almería en apoyo al colectivoinemigrante pese a que la manifestación fue prohibida y no contó con el respaldo de los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT. Paralelamente, se celebraron manifestaciones en todas las ciudades de Andalucía y en otras ciudades del territorio español.
Las
negociaciones y los acuerdos
Esta huelga se mantuvo hasta el domingo 13 de febrero, cuando se alcanzó un acuerdo entre las asociaciones de inmigrantes, los representantes de la administración, "sindicatos mayoritarios" (los mismos que no habían movido un dedo hasta ese momento) y empresarios.
Los acuerdos recogían el alojamiento urgente de los inmigrantes cuyas viviendas fueron dañadas, la indemnización inmediata por las pérdidas sufridas, la regularización (concesión de permiso de residencia) inmediata de los inmigrantes indocumentados de la provincia, el cumplimiento del convenio colectivo vigente para los trabajadores del campo y la construcción de viviendas sociales para inmigrantes y españoles carentes de ellas. A cambio, los inmigrantes desconvocaban temporalmente la huelga hasta el día 25 de febrero, fecha en la que revisarían el nivel de cumplimiento de los acuerdos y la vuelta a la huelga.
Los
acuerdos no se han cumplido
Meses después de finalizada la huelga, la situación es bien distinta. Más de 1.000 inmigrantes fueron despedidos quedándose sin trabajo ni ingresos; además, un gran número de empresarios está intentando sustituir la mano de obra magrebí por nuevos inmigrantes del Este de Europa, llegando a acuerdos con las mafias que controlan su tráfico y contando con el apoyo gubernamental que haría la vista gorda en los trámites legales. En contraposición, ninguno de los responsables de las agresiones racistas ha sido detenido y los medios de comunicación y las autoridades siguen culpando a los inmigrantes de la situación, confundiendo conscientemente a las víctimas con los verdugos.
Por su parte, los acuerdos han sido flagrantemente incumplidos. Sólo se ha garantizado el alojamiento de un grupo muy reducido de inmigrantes en módulos prefabricados, carentes de agua potable y entre los invernaderos, a 17 kilómetros del núcleo urbano más cercano. Esto no garantiza los mínimos servicios de sanidad, compra de alimentos ni lugares de esparcimiento dignos. Sólo se ha cobrado el equivalente al 10% de las 648 denuncias efectuadas por daños materiales. La prometida regularización de los inmigrantes indocumentados se ha reducido al establecimiento de una oficina destinada a ello en las dependencias de la comisaría de policía, la misma policía que persigue, detiene, encarcela y deporta inmigrantes con cualquier pretexto.
La respuesta de los inmigrantes ante tanta mentira se ha plasmado en nuevas acciones de movilización con encierros en edificios gubernamentales, manifestaciones en Madrid y la ruptura de la comisión de seguimiento de los acuerdos. Sin embargo, algunas organizaciones de emigrantes dependientes de los sindicatos mayoritarios como ATIME-UGT o CC.OO. tratan en todo momento de mantener la sumisa calma en los invernaderos y defienden la falsa idea de que los acuerdos se están cumpliendo.
En El Ejido se respira ahora una tensa calma. Muchos árabes han huído a otras zonas agrícolas como Huelva o Tarrasa, pero la explotación laboral continúa, los magrebíes siguen durmiendo en las naves que albergan los aperos de labranza junto a los invernaderos y nadie en El Ejido les alquila una vivienda.
Cuando caen las ocho de la tarde, El Ejido se transforma. Los agricultores regresan a sus grandes casas, los trabajadores no magrebíes a sus apartamentos y los árabes se quedan en el campo a dormir en las chabolas. De repente, como fantasmas que emergen por la noche desde las cercanas montañas, miles de magrebíes acuden a los invernaderos para encontrar techo junto a sus familiares, amigos o simplemente paisanos que sí tienen trabajo. Se habla otra lengua, la de la solidaridad. Pero al volver el día todos recuerdan que las causas que provocaron los sucesos de febrero siguen preparando nuevas explosiones.
Racismo
o lucha de clases
Mucho
se ha discutido en la opinión pública y en la izquierda española sobre las
causas del brote de racismo en El Ejido, y varias son las que se han apuntado:
falta de cultura de la población, fascismo, racismo fomentado desde las leyes y
el gobierno de la derecha. Pero si bien todas estas causas existen, no podemos
olvidar la que para nosotros está en el origen de todas: la explotación y la
violencia social contra los emigrantes nacen de los intereses económicos de una
determinada clase social propietaria que utiliza al inmigrante como mano de obra
semiesclava. Racismo, fascismo y capitalismo están aquí íntimamente unidos.
Para entender esta relación hay que realizar un pequeño análisis de las circunstancias económicas que se dan en El Ejido y su comarca.
El Ejido era hace unos 25 años una pequeña localidad, casi una barriada, en una zona semidesértica. La construcción masiva de cultivos en invernaderos bajo plásticos, donde una mano de obra inmigrante con bajos salarios soporta altísimas temperaturas en horarios interminables, unido al uso incontrolado de abonos químicos, pesticidas, obró el milagro agrícola. Hoy, ese municipio es el de mayor renta per cápita de toda Europa, tiene más bancos y concesionarios de automóviles que colegios, la más baja tasa de escolarización de Europa occidental y oriental y también la mayor tasa de accidentes laborales por envenenamiento de toda Europa Occidental.
El papel de la mano de obra inmigrante en la construcción de toda esta riqueza es indiscutible. De los 60.000 habitantes de El Ejido, menos de 20.000 han nacido allí, siendo unos 15.000 inmigrantes nacionales y otros 25.000 inmigrantes extranjeros; de ellos, 5.000 árabes son residentes legales, otros 10.000 tienen permisos de trabajo y cultivan el invernadero y otros 10.000 más están en paro, son ilegales y de momento «invisibles», pues bajan a los chamizos desde la sierra sólo para pernoctar. Si el esfuerzo ha sido de los inmigrantes y pequeños agricultores, el enorme beneficio ha sido fundamentalmente para los bancos (todos los agricultores están hipotecados en muchos millones), las multinacionales de semillas y fitosanitarios, y también los propietarios de las grandes empresas comercializadoras.
La vivienda es uno de los problemas más dramáticos, ya que el 70% de los inmigrantes viven en los campos y en instalaciones rudimentarias y precarias. Las condiciones de trabajo en los invernaderos son realmente duras, con frecuentes intoxicaciones por los productos químicos utilizados, jornadas de hasta 9 y 10 horas de trabajo 6 días a la semana, y todo por 4.500 pesetas al día (alrededor de $ 25) en el mejor de los casos. Son corrientes los lugares donde se juntan los inmigrantes esperando que alguien vaya a contratarlos y oír a agricultores subastando unos jornales: ¿quién trabaja por 3.000 pesetas, y por 3.500? Tengamos en cuenta que incluso un salario de 3.000 pesetas diarias es muy alto comparando con los salarios marroquíes.
El circulo es perfecto: los patrones requieren mano de obra barata, joven y sumisa, sin derechos laborales ni políticos; los políticos y autoridades de la comarca lo garantizan para obtener el voto de sus paisanos y la subvención económica de los bancos locales; las leyes de extranjería lo legalizan al permitir la discriminación laboral del inmigrante, negarle el derecho de asociación, huelga y voto, entre otros, y mantenerle “ilegal”; y las periódicas explosiones xenófobas no pretenden tanto la expulsión de los inmigrantes sino mantenerlos en su “sitio”, separados de la sociedad local y en condiciones infrahumanas.
El
comportamiento fascista de las autoridades
Una buena demostración de esto último lo tenemos en la política de Juan Enciso, alcalde de El Ejido y militante del PP, el partido que gobierna actualmente el Estado español. Este señor realizó varias propuestas para “resolver el problema de los emigrantes”:
- Aumentar los efectivos policiales.
- Desalojo de inmigrantes del casco urbano, haciendo habitables los cortijos de los agricultores para que éstos puedan alquilárselos a los trabajadores y así estén a entera disposición del empresario.
- Expulsión encubierta de inmigrantes marroquíes reemplazándolos por personas de otras nacionalidades consideradas “más controlables”.
Estas
propuestas son las que de hecho se están aplicando, vulnerando los acuerdos
posteriores a la huelga. No en vano el PP obtuvo una aplastante victoria en la
comarca en las últimas elecciones generales y autonómicas.
Pero, como decíamos, el entramado legal favorece esta situación convirtiéndose de hecho en un racismo institucional. La actual Ley de Extranjería, calificada por los partidos parlamentarios de izquierda y derecha como favorable a la integración y sólo criticada por el PP por su supuesta permisividad, establece, como las anteriores, la discriminación entre personas “legales” e “ilegales”. A través de ella se ejecutan los principios políticos de la Unión Europea, que tiene como objetivo controlar los flujos migratorios y dejar pasar sólo a la mano de obra que el capital necesite para no interrumpir el proceso de producción.
La Europa-Fortaleza invierte millones de euros para proteger las fronteras, entre Ceuta y Marruecos por ejemplo, con alambradas y cámaras de video; crea cuerpos policiales ad hoc y establece una legislación que permite dar un soporte legal a actuaciones que vulneran los derechos humanos. Los inmigrantes catalogados cotidianamente como “invasores” y “criminales” también son rentables para la maquinaria represiva.
Hay
que aprender de los hechos
El fenómeno de la inmigración no es algo nuevo; lo que no tiene precedentes es la amplitud que está adquiriendo. La causa última de ello está en el intercambio desigual que la globalización económica impone a sus países, generando una pobreza estructural y una situación desesperada que obliga a millones de seres humanos a emigrar lejos de sus familias y hogares, jugándose la vida en el intento y perdiéndola en muchas ocasiones. Con la clara situación de desventaja que produce la extrema miseria, llegan a países como el Estado español, donde venden su fuerza de trabajo por el precio que sea. Quienes poseen los medios de producción, el capital suficiente y tierras, no ven en esta masa de emigrantes a personas con derechos, sino máquinas de generar dinero fácil y rápido a quienes explotar sin problemas –mientras de paso generan un conflicto con los llamados trabajadores autóctonos como consecuencia de la baja generalizada de salarios–.
He aquí la gran paradoja de este fenómeno: el capitalismo globalizado crea la necesidad de emigrar y a la vez se aprovecha del abaratamiento general del precio de la mano de obra; pero si bien en la mundialización desaparecen las barreras fronterizas ante los intercambios de capitales, estas mismas fronteras se refuerzan impidiendo la libre circulación de las personas. Y ello por una razón exclusivamente política y de correlación de fuerzas: el capital teme la internacionalización de la mano de obra que puede generar la internacionalización de la lucha contra la explotación capitalista, teme que los pobres de la periferia exporten al centro desarrollado su lucha contra la miseria que no es sino una lucha contra el capital.
El capital siempre ha intentado dividir a la clase trabajadora por todos los medios a su alcance. Fruto de ello, la clase obrera de la actual etapa es cada vez menos homogénea. Cada vez hay más divisiones salariales, de categorías y condiciones laborales; los convenios colectivos decrecen mientras aumentan los acuerdos individuales empresa-trabajador, los tipos de contratación se multiplican a cuál más precario y con el despido más barato. Ahora, además, la clase obrera de los países avanzados es cada vez más multiétnica, con culturas y religiones muy diferentes en su seno. Como siempre, el capital intenta utilizar eso en su beneficio para el empeoramiento general de las condiciones laborales, la rebaja de los salarios y la mayor precariedad de los contratos.
Los medios de comunicación al servicio de los gobiernos o propiedad de los capitales financieros o deudores de las grandes empresas a través de la publicidad, son un impresionante altavoz encargado de mantener esa artificial división entre el trabajador emigrado y el nativo. Ellos difunden sin cesar la idea de invasión migratoria sin darle la misma importancia a las oleadas turísticas (que por ejemplo en España son mucho más numerosos que los inmigrantes), exageran la delincuencia de los inmigrantes olvidando que su causa está en la pobreza y la marginación y que su tasa no es relativamente superior a la de la delincuencia “nativa”.
Las leyes de extranjería y las instituciones se encargan de garantizar esta división, como ya hemos argumentado. Las organizaciones sindicales mayoritarias cumplen también su papel en este entramado. Lejos de defender al inmigrante como un trabajador más, defienden el orden establecido, defienden las leyes discriminatorias y, como mucho, intentan afiliar, que no organizar, a los inmigrantes con el reclamo de la asistencia jurídica para aumentar su capacidad “negociadora” frente a la administración. Lo mismo ocurre con los partidos parlamentarios, que pese a reclamarse de izquierdas han apoyado sin pudor una legislación que fomenta la desigualdad social.
De todo lo que estamos diciendo, los sucesos de El Ejido han sido una demostración inapelable. Los inmigrantes sólo fueron tenidos en cuenta cuando se declararon en huelga, algo que prácticamente carecía de precedentes. Para levantar esta huelga tuvieron que construir su propia organización, independiente y asamblearia. En un principio existían comisiones, luego un consejo y finalmente se organizaron todos los inmigrantes en una sola coordinadora a nivel provincial; una coordinadora que agrupa a todas las etnias, culturas, lenguas, religiones, el Consejo de Inmigrantes Magrebíes, Argelinos y Latinoamericanos.
La lucha de los trabajadores inmigrantes de El Ejido, su autoorganización, la huelga indefinida han sido una respuesta de dignidad y un ejemplo de cómo combatir el racismo y la explotación en nombre de intereses comunes, como trabajadores y como personas.
En las negociaciones, los inmigrantes conocieron el papel de los sindicatos como ATIME, cuya dependencia de las “ayudas” estatales la obligó a ratificar el cumplimiento de unos acuerdos que eran flagrantemente violados. Por ello decidieron tomar su destino en sus propias manos, organizarse independientemente, contar con sus propias fuerzas y al tiempo reclamar la solidaridad de todos los trabajadores del Estado español, nativos o inmigrantes.
La última manifestación del 1º de Mayo en Almería estuvo convocada por los colectivos de inmigrantes para ser una manifestación conjunta que aglutinase a toda la clase trabajadora almeriense independientemente de su origen, raza o nacionalidad. Por eso reclamaba, junto con la regularización de todos los inmigrantes indocumentados, la urgente construcción de viviendas sociales para inmigrantes y españoles sin techo y la aplicación por ley de la jornada laboral de 35 horas sin discriminaciones. Por ello, también denunciaba la precariedad laboral existente con tasas del 100% de contratos basura en la hotelería, entre los trabajadores del campo, etcétera, y la complicidad de las empresas de trabajo temporal cuya eliminación reclamaba.
Las organizaciones que nos reclamamos de la izquierda y del marxismo, los trabajadores y trabajadoras, los jóvenes con empleo precario o que ni siquiera han accedido a él, la población española que no alcanza los estándares de riqueza de unos pocos y que no puede opinar que España va bien, tenemos que aprender de los sucesos de El Ejido, tenemos que movilizarnos para parar esta violencia irracional, ponernos de parte del agredido, el inmigrante, y denunciar al agresor: la patronal, los gobiernos, las leyes injustas. De lo contrario, lo que hoy es violencia racista será mañana violencia fascista no sólo contra el inmigrante sino contra el trabajador, contra el pueblo que lucha por mejores condiciones laborales, contra el que piense diferente y no se someta al sistema.