Deuda
pública
Las
cifras que nos brinda el autor hablan por sí solas. En Argentina, la inmensa
deuda pública sigue siendo uno de los canales que más nos atan a la dominación
imperialista.
En
este año 2000 se pagarán 9500 millones de dólares de intereses de la deuda
externa, el 16,5% de los ingresos presupuestarios.
Los
otros canales de sumisión son el envío de remesas al exterior, la fuga de
capitales, la desindustrialización creciente, el intercambio desigual y el
escaso acceso al mercado internacional. A estas calamidades se agrega que en la
actual fase de la globalización - mundialización de la economía, el
imperialismo, sobre todo el norteamericano, somete y domina a los Estados
nacionales de manera global y totalmente inédita.
Hay
que recordarlo: cada medida que impone imperialismo significa una nueva carga a
las sufridas espaldas del pueblo, mayor desempleo, marginación social
y miseria de las mayorías. Así, el mensaje de las cifras es
contundente.
No
nos liberaremos de la explotación capitalista si no encontramos los medios y
las vías para terminar con aquél. En este camino se debe romper con el
sometimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco mundial (BM) y la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y dejar de pagar la deuda externa y
publica.
“Dado
que se prevé que la deuda bruta pública externa se estabilice en valores
nominales en torno a los 46.000 millones de dólares, para comenzar a reducirse
hacia 1997, hacia el año 2000 es posible proyectar una relación deuda bruta/PBI
del orden del 15,4%. Neta de reservas y de garantías compradas con motivo del
Plan Brady, la deuda pública será insignificante hacia fin de siglo.”
Esto escribía Cavallo en una revista de la Universidad de Luján a fines de
1993.
En
el cuadro siguiente se puede observar la evolución de la deuda punta a punta en
la década del noventa.
A
fines del 89 la deuda pública total ascendía a USD 66.300 millones de los
cuales sólo USD 3.000 millones eran deuda interna. Para el año 1999, la deuda
pública era de USD 121.400 millones. En diez años se duplicó.
Básicamente
la deuda pública de los inicios del menemismo tenía tres fuentes principales:
·
los préstamos obtenidos por la dictadura para alimentar su carrera
armamentista y obras de infraestructura cuyos generosos vueltos incrementaban
las fortunas individuales de todos sus personeros y sicarios.
·
el traspaso de deudas de los capitalistas nacionales merced a la
implementación del régimen de seguros de cambio en un marco de devaluación
sostenida (Cavallo fue uno de los líderes de la “estatización de la deuda”
en los ochenta, durante su corta pero provechosa estancia como presidente del
Banco Central)
·
la colocación interna compulsiva (compartida por militares y radicales)
de títulos en moneda local indexados para saldar cuentas con proveedores y
bancos que aceleraban la espiral inflacionaria, pero que gracias a ello fueron
licuados con la hiperinflación alfonsinista, por lo que la deuda interna en
1989 era de sólo USD 3000 millones. Eso constituyó el famoso “festival de
bonos”.
La
deuda de fines de los 80 devengaba una tasa cercana a “libor” (costo
internacional razonable). Ello no impidió que se incurriera en grandes atrasos
en los pagos, sobre todo con los bancos. Estos presionaron a través de los
organismos internacionales (FMI y Banco Mundial) y del Secretario del Tesoro de
los Estados Unidos, Nicholas Brady, que se reestructurara la deuda para poder
cobrarla. Fue así que el Estado comenzó un proceso de “regularización”
que culminó con la instrumentación del Plan Brady en 1993.
A
partir de entonces, la Argentina comenzó a recibir nuevo financiamiento a través
de los bancos (proveniente de capitalistas internacionales) pero con tasas de
interés superiores a las que devengaba la deuda vieja.
El
modelo vigente (impuesto durante el menemismo y continuado por la Alianza
gobernante) asume que el pago de los intereses de la deuda pública se efectúe
con recursos provenientes del presupuesto (impuestos). Las amortizaciones de
capital se refinancian --y tienen por tanto un efecto neutro en los stocks--
mientras que por los déficits se asumen nuevas deudas.
Desde
el Brady, la deuda del Estado fue creciendo hasta los valores actuales, y por
ende también creció el “servicio de la deuda pública”, que es lo que
constituye la verdadera carga para el pueblo.
Así,
los intereses efectivos pagados comenzaron a crecer sin parar desde 1993 pasando
de 2.900 millones (6% de los ingresos corrientes) a 9.500 millones proyectados
para el corriente año (16,5% de los ingresos corrientes).
El
crecimiento del endeudamiento y la política del Estado argentino en ese sentido
puede explicarse también a través de dos procesos de singular profundidad: la
enajenación de bienes públicos, pasando a manos privadas (generalmente
extranjeras) la casi totalidad de las empresas del Estado y el establecimiento
de un régimen compulsivo de fondos de jubilaciones privadas concentrado
actualmente en unas pocas AFJP.
El
proceso de privatizaciones comenzó en el año 1990 con las ventas parciales de
ENTel y Aerolíneas Argentinas, y podría decirse que hacia el año 1995 se había
completado el grueso de las ventas. Ningún “emerging country” tuvo un
programa tan audaz. Inclusive se privatizó el Correo, caso inédito en el
mundo.
Ese
proceso le generó ingresos al Estado equivalentes a USD 30.700 millones, 15.300
millones en efectivo y 15.400 millones en títulos de la deuda pública, pero a
valores de mercado la cifra fue de tan sólo USD 20.000 millones.
Aunque
es ridículo pensar que todas las empresas vendidas por el Estado valieran sólo
lo que se pagó por ellas, se podría convenir que las mismas constituían un
activo preexistente del Estado y así compararlo con el pasivo anterior al
inicio del proceso. En este sentido podríamos calcular el incremento neto del
endeudamiento en “términos patrimoniales”.
Si
consideramos como activos iniciales las empresas vendidas al valor recibido en
efectivo más títulos, agregándole tanto al inicio como al final USD 700
millones de los bienes que resta privatizar (no tenemos en cuenta los bienes que
no se han privatizado pues contarían en los dos momentos con un efecto neto
neutral), tenemos el siguiente cuadro:
 |
Téngase
presente que el PBI nominal creció en la década a una tasa anual promedio de sólo
4,2%, por lo que el “pasivo neto” creció 3 veces más.
Pasando
al tema del régimen de jubilaciones y pensiones privadas, éste se
instauró en la Argentina bajo la forma de AFJP a
mediados de 1994. La publicidad de la prensa, el gobierno y los economistas del
establishment aconsejaban "pasarse" del régimen de reparto público
al de "capitalización", aduciendo principalmente el control propio de
los fondos y una buena tasa de rendimiento que los más pesimistas ubicaban en
el 5% anual real. Así nuestros hijos y nietos estarían contentos ya que no
tendrían que mantenernos como ocurre ahora con los actuales abuelos.
Cavallo
decía que el déficit previsional que se generaría por la caída de aportes al
sistema público, sería superado por el aumento de la recaudación impositiva
dado el gran incremento de la producción que se proyectaba por entonces. La lógica
era: aumenta la producción, aumentan las ganancias, se pagan más impuestos, se
cubre el desfasaje.
El
plan ideado parecía cerrar de modo perfecto y la economía de mercado nos
demostraría sus virtudes rápidamente. El Estado tendría superávit fiscal
como hasta entonces (por las privatizaciones) y la deuda externa se encaminaba a
ser un “problema menor” como sostenía Cavallo. Asimismo se inducía a un
desarrollo espectacular de la acumulación del capital financiero por el aporte
a los fondos de pensión, sin la obligación por parte de ellos de mantener a
ningún jubilado por aproximadamente 30 años (Esa tarea quedaba a cargo de las
arcas públicas).
Pero
los cálculos fallaron y meses más tarde, el propio Cavallo nos alertó que el
año 94 cerraría con un "pequeño" déficit fiscal y que se harían
esfuerzos para reducir gastos del Estado. Así se decidió reducir el
presupuesto de gastos para 1995 y promover una ley que supeditara el pago de las
jubilaciones y pensiones en manos del Estado a la recaudación efectivamente
realizada. Es decir, si los aportes seguían bajando, ya sea por aumento de la
evasión, por menor crecimiento o por mayor desempleo, la masa de pagos se
reduciría y con ella los haberes promedio. (Por supuesto los pagos de la deuda
se cumplirían puntualmente).
Luego
llegó la crisis mexicana de fines de diciembre (fuerte devaluación del peso y
peligro de cesación de pagos) que desató una fuerte salida de capitales
estimada en USD 35.000 millones para toda la región, principalmente de México
y Argentina. Después vinieron las crisis de Asia, Rusia y Brasil que
complicaron más el panorama.
El
déficit fiscal neto (después de privatizaciones) se incrementó de $1.400
millones en 1995 a un promedio de $4.600 millones por año para el período
1996/99.
Además,
las AFJP que tienen invertido una parte importante del ahorro obligatorio de los
trabajadores en títulos y acciones sufrieron los vaivenes del mercado, y en vez
de dar ganancias continuas arrojaron pérdidas temporales y hoy sus estados de
cuenta muestran sin orgullo que casi ningún aportante tiene individualmente más
pesos que los que puso.
Teniendo
en cuenta que el déficit de caja acumulado desde la instauración del régimen
ha sido de $19.800 millones y que los fondos aportados a las AFJP en ese lapso
suman $17.600 millones uno puede argumentar sin temor a equivocarse que la
imposición del régimen de AFJP se transformó en la principal fuente del déficit
público.
El
desvío de aportes, que antes financiaban al Tesoro a costo cero y se redistribuían
entre los beneficiarios del sistema, generó un endeudamiento adicional que le
cuesta al Estado, a las tasas de interés actuales, alrededor de $1.900 millones
anuales, parte de los cuales se van del sistema de capitalización pues
remuneran exclusivamente a las comisiones de los bancos y grupos dueños de las
AFJP.
Un
aditamento interesante es la fragilidad del, a esta altura, “plan de
convertibilidad y endeudamiento sostenido”. La Argentina, como país, tiene el
triste honor de ser el principal emisor del mundo en moneda extranjera, mientras
que la mayoría de los países se fondean en moneda propia. En ese marco, la
ausencia de financiamiento internacional por problemas de “iliquidez” o por
aumento del riesgo de la Argentina llevaría a una situación de
estrangulamiento en las cuentas públicas, cuyo límite sería la emisión
monetaria para saldar deudas o salarios. Esa sería la muerte súbita de la
convertibilidad. Los especialistas estiman que la vida de la convertibilidad
aguanta sólo tres meses sin financiamiento.
Lejos
de la predicción de Cavallo que citábamos al inicio, la deuda pública es un
problema fenomenal que implica obligaciones anuales de gran envergadura en el
presupuesto del Estado Nacional, y que para poder cumplirlas normalmente debe
someterse sin miramientos a las políticas de ajuste impuestas por la burguesía
financiera internacional (principalmente norteamericana) a través de sus
representantes, el FMI y el Banco Mundial, con la consabida carga sobre las
espaldas del pueblo.