Ante la condena a Emilio Alí
Libertad
ya!
Por
Ariel Orbuch
Un chico de no
más de cinco años termina de recorrer el vagón asiento por
asiento en busca de monedas a cambio de estampitas. Ahora es el
turno de un joven con barbijo que se apoya en su hermana.
“Estoy enfermo de sida y no tengo plata para los remedios
–explica–. Vengo a pedir al tren porque la otra que me
queda es robar y no quiero entrar en esa”. Estas son las
“opciones” que encuentra en el capitalismo argentino,
al igual que millones a los que el sistema se niega a comprarles
el único bien que poseen: su fuerza de trabajo.
Pero la democracia de la UCR, el PJ el Frepaso y Cavallo no sólo cierra las puertas a la comida, el trabajo, la salud y la educación, además manda a la cárcel a quienes se cansan de esperar cruzados de brazos el milagro. La condena a cinco años y medio de prisión a Emilio Alí, a quien el Tribunal Oral No 2 de Mar del Plata consideró culpable de “extorsión” y “coacción agravada”, es un nuevo ejemplo de la política “aleccionadora” y, a la vez, busca un salto cualitativo en la criminalización de las protestas sociales.
“Cuando vinieron los jueces me di cuenta que ya no era necesario que leyeran mi condena: se les veía en la cara de odio con que nos miraban”, escribió Alí tras la sentencia desde la celda 15, del pabellón 9 en la Unidad Penitenciaria de Batán. Durante el juicio, 250 policías, efectivos de la Infantería y un grupo especial del Servicio Penitenciario se aseguraban que todo se desarrollara en “normalidad”.
Alí tiene 27 años y proviene de una familia de origen muy pobre. Obligado a vivir de changas cada vez más espaciadas, comprendió que sus problemas eran comunes a muchos otros y empezó a buscar una salida colectiva a sus necesidades de subsistencia. En su barrio, fundaron la Unión de Vecinos Organizados (UVO), una herramienta con la cual consiguieron la apertura de dos comedores infantiles, la iluminación de algunas calles y el arreglo de la plaza. Los problemas con las autoridades empezaron cuando resolvieron pedir alimentación digna y trabajo para todos los desocupados del barrio. Las soluciones no llegaron y la UVO hizo suyo en 1997 el corte de ruta como método de lucha de otras experiencias de desocupados.
Las soluciones seguían sin aparecer y la nueva apuesta fue la ocupación de la Catedral marplatense. Finalmente, fueron desalojados por la fuerza por grupos de servicios de inteligencia y ultraderechistas católicos, indignados por la persistencia de la UVO en mostrar la verdadera cara de la Ciudad Feliz.
En mayo del 2000, la UVO volvió a las calles, en este caso en el marco de un paro general y marcha hacia Casa Tía a pedir bolsas de comida, ya que las que proveía la Municipalidad no alcanzaban a cubrir las necesidades de la población. El supermercado no realizó ninguna denuncia. Sin embargo, un fiscal actuó de oficio y acusó a Emilio de “coacción y extorsión”. El 6 de junio de ese año Alí fue detenido en el marco de esa causa.
Quedaba claro que para la Justicia y para los políticos había llegado la hora de proporcionar un castigo ejemplificador ya que los manifestantes se habían atrevido a cuestionar la “santa” propiedad privada. En el capitalismo, el derecho de un grupo económico está por encima del derecho a tener la panza llena y los derechos humanos más elementales se vuelven letra muerta cuando tienen que pulsear contra el derecho de propiedad.
En el juicio, volvió a quedar claro que la decisión ya estaba tomada de antemano más allá de las formalidades del proceso. De nada sirvió que el propio gerente del supermercado remarcara que el día de la manifestación no faltó ningún producto de las góndolas.
Mientras tanto, algunos periodistas al servicio del poder mentían al asegurar que Emilio tiene antecedentes de robo a mano armada y otras causas judiciales anteriores con la intención de aportar su granito de arena para tapar que Alí es un preso político.
Las demandas de los excluidos jamás son presentadas por los medios en su profundidad. El hambre, la miseria y la desocupación se naturalizan. Y cuando los hechos generados por los explotados y oprimidos tienen tal trascendencia que no se pueden tapar, embarran la cancha con la “confrontación” entre los manifestantes y los “ciudadanos” que circulan por las calles. Nuevamente, aparece la pelea entre dos derechos. Y los “imparciales” periodistas dicen mostrarse sensibles a las protestas pero se quejan de que “atentan contra la libertad de los demás”.
El ataque puntual contra los que luchan se enmarca en la represión cotidiana que sufren los pobres. Bajo el argumento de pelear contra la inseguridad, los pobres son víctimas de detenciones arbitrarias a diario por los policías que patrullan los barrios con pies de plomo, tal como advierte la Comisión contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en un trabajo que publicó la Revista Herramienta Nº 15. La judicialización de los reclamos sociales va de la mano de la penalización de la pobreza, práctica también habitual en el primer mundo tal como se reflejó en la nota “Vigilar y Castigar”, en el Nº 5 de Socialismo o Barbarie.
La forma
parcial con que se afronta el problema de la inseguridad,
desligándolo de las causas de fondo, es la base en la que se
asienta la policía para andar a los tiros por los barrios:
según la CORREPI, desde la vuelta a la democracia en 1983 hasta
hoy hubo más de 800 muertos por el “gatillo fácil”.
En el 2000, el promedio fue de 11 asesinatos por mes. A la vez,
en las comisarías, sigue vigente la práctica de las torturas
que por lo general no son denunciadas por el temor de las
víctimas a mayores represalias.
Además, se resalta la figura de los denominados “justicieros por mano propia” como el ingeniero Santos que por un pasacasete sacan un arma y disparan.
“Quedó al descubierto que esta condena fue para desactivar la lucha contra el hambre, la miseria, los derechos del pueblo a educarse, comer y vivir dignamente”, entendió Alí.
En comparación al “caso” Castells, la condena a Alí marca un profundo salto en la penalización de las protestas sociales. El dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, que también encabezaba marchas a supermercados para pedir comida, fue liberado tras un año entre rejas y uno con prisión domiciliaria, luego del juicio celebrado en los Tribunales de Lomas de Zamora. Alí recibió una condena de cinco años y medio. En el caso de Castells, el oligopolio estadounidense Wall Mart y el gobierno de Menem primero y de De la Rúa después fogonearon la causa. A Alí lo procesaron por la actuación “de oficio” de un fiscal.
El encarcelamiento de los dirigentes de las luchas es la política que complementa a la represión directa que mató a Aníbal Verón en Tartagal el año pasado, a Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el puente que une a Corrientes y Chaco a fines del 99 cuando recién asumía la Alianza, a Teresa Rodríguez en el 97 en Cutral-Có, y a Víctor Choque en el 95 en Tierra del Fuego.
La Justicia, que
tiene procesados a más de 2.500 luchadores sociales, intenta con
la condena al joven marplantense arrancar de cuajo el intento de
organización de los explotados y oprimidos.
Sin embargo, un
hecho muy positivo ha ocurrido en las ultimas semanas. El
movimiento de los trabajadores desocupados, arrancando del ultimo
corte de la Matanza, ha inscripto entre sus banderas, el reclamo
de la libertad de Ali. Esto marca un avance del movimiento en
tomar reclamos políticos que van más allá de lo meramente
reivindicativo y que de desarrollarse puede apuntar a poner una
límite a esta ofensiva represiva.
Por eso es
fundamental que desde cada lugar de trabajo, desde cada pelea,
desde los barrios y facultades se desarrollen actos de
solidaridad y se levante el reclamo de la libertad inmediata de
Alí y el desprocesamiento de cada uno de los compañeros
atacados por la Justicia burguesa. Como el festival realizado el
pasado 2 de junio por los compañeros de la juventud socialista
del MAS, del PC, del PTS, del MST en el CBC de Martínez.
________________________________________________________________________________________________
El 25 de mayo la hija de Hebe de Bonafini, se encontraba tranquila en su casa de La plata, cuando unos supuestos “trabajadores telefónicos” entraron a reparar la línea, la maniataron, la golpearon brutalmente, la quemaron con cigarrillos y le practicaron “el submarino seco”, una tortura usada en los campos de concentración de la dictadura. La zona estaba “extrañamente libre” de custodia policial y los agresores se retiraron tras recibir una llamada por handy.
En una conferencia de prensa realizada 28 de mayo en la Universidad de las Madres, Hebe responsabilizó a Ruckauf y al gobierno de la Alianza por los hechos.
Este brutal atentado se inscribe en la profundización de la política de persecución e intimidación a los luchadores y muestra una vez más que el aparato represivo sigue vigente para atacar a los trabajadores y el pueblo.
Nos sumamos al reclamo las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes, partidos de izquierda y otras organizaciones que están reclamando el esclarecimiento del hecho y el juzgamiento de los responsables.