* Economista, investigador y docente de la UBA-CONICET. Parte del texto y las notas se han resumido por razones de espacio.

Frenar esta agresión a través de la movilización popular es vital para la supervivencia de muchos trabajadores. El déficit cero es un programa estratégico de pauperización, que corona una década de sistemática destrucción del nivel de vida. Debe ser contenido antes que la degradación social amenace la propia capacidad de resistencia del pueblo.

El nuevo ajuste es presentado como un mal menor frente a las situaciones más dolorosas que ocasionarían la continuada pérdida de depósitos, la devaluación o el default. Pero en realidad resulta imposible anticipar cuál de estas opciones entrañaría mayores recortes salariales y pérdidas de empleos. Los funcionarios extorsionan a la población presentando escenarios más catastróficos al actual, para disfrazar la devastación social que están generando. Inventan enemigos de fantasía hablando, por ejemplo, de "ganarle la pulseada" a los "especuladores que apuestan contra la Argentina", como si la acción de los financistas fuera ajena al gobierno. Los 10 bancos que manejan el 80% de las operaciones con bonos actúan desde el Ministerio de Economía y el déficit cero es su plan de acción. Si los "mercados" vacilan en aceptar este programa no es porque sea hostil hacia los especuladores, sino por la propia inviabilidad de este esquema.

El déficit cero extrema la opción deflacionista puesta en práctica con la convertibilidad y cuyo punto culminante sería la dolarización. Se basa en forzar una caída nominal de los salarios y un desplome progresivo de los precios, que acompañe la quiebra de todas las empresas deglutidas por la recesión. Esta forma clásica de la crisis no se ha procesado en ningún país medianamente industrializado en las últimas décadas. Se espera que en algún punto este ajuste torne atractiva la compra de activos desvalorizados, incentivando la recuperación. Pero como la pérdida de posiciones de la Argentina en el mercado mundial es tan acentuada resulta difícil avizorar cuándo se produciría ese rebote.

El fin de la convertibilidad –en su variante regulada (que se insinuó con el dólar comercial y la introducción del euro) o descontrolada al estilo México y Brasil– implicará un nuevo desangre de los ingresos populares. Una "devaluación popular" que proteja a los pequeños ahorristas y sancione a los grandes deudores es una fantasía irrealizable sin la estatización del sistema bancario. Sólo esta nacionalización permitiría organizar el mecanismo de puniciones y exenciones requerido para afectar a los capitalistas y auxiliar a los inversores comunes.[1] Finalmente, el rumbo deflacionario tampoco levanta un dique efectivo contra el default, porque es evidente que una depresión sin piso también conduce a la cesación de pagos.

Ante la perspectiva del default, ya nadie puede afirmar que la deuda externa "no es un problema" o que "se resolverá con privatizaciones". Los neoliberales igualmente siguen argumentando que la decisión de no pagar "nos alejará del mundo" y nos "quitará el financiamiento", pero olvidan que el país ya tiene cortado el crédito ante la imposibilidad de afrontar los vencimientos de los intereses. La única salida progresista frente a esta insolvencia es declarar una moratoria soberana. Los economistas-estrella de la televisión se enfurecen frente a esta alternativa y presagian que la "economía se desplomará.... entre las quiebras bancarias, el derrumbe de la recaudación y la extinción del crédito".[2] Pero ¿este desastre no se ha producido ya por cumplir con el tributo?

El 25% de los empleos fabriles fue destruido por el retroceso industrial de los últimos siete años, y desde el comienzo de la depresión el desplome del PBI promedia un 10%. Cuando se alerta contra el peligro de caer en una situación semejante a Ecuador o Rusia, se olvida que el país soporta un desmoronamiento social equivalente y que estas economías colapsaron por pagar la deuda y no por desconocerla. La cesación de pagos es una realidad objetiva y no una opción. Frente al dato exterior de la refinanciación perpetua o el default, la única opción soberana es el no pago de la deuda.

Algunos diputados argumentan que la ruptura con el FMI es impracticable, porque "los acreedores ya no son 500 bancos como en 1985, sino sectores dispersos y escondidos en los bonos".[3] Pero si esta diversificación fuera tan acentuada, la decisión de no pagar sería más sencilla, ya que enfrentaría a un conglomerado de adversarios muy poco cohesionados. En realidad, la dispersión de los títulos no modifica la concentración de su cobro a través del FMI. Para comenzar a revertir el desastre actual, hay que enfrentar a este grupo de poder con el no pago de la deuda.

Se afirma también que el pasivo debe honrarse porque gran parte de los acreedores "son argentinos".[4] Pero esta gravitación de tenedores nacionales no impide la moratoria soberana. Al contrario, si las acreencias de argentinos son tan elevadas no tiene sentido atemorizarse por la "pérdida de confianza externa" ni por el "cese de las inversiones extranjeras" que implicaría el no pago. En realidad, los capitalistas nativos delegan en el FMI la función de extorsionar al resto de sus compatriotas para asegurarse el cobro de la deuda. Muchos de ellos prefieren incluso la devaluación a la desvalorización de sus títulos y por eso actúan a dos puntas: a través de las exigencias de los organismos internacionales y por medio de los funcionarios locales que instrumentan sus exigencias.

Presentar a esos individuos como "simples ciudadanos" es tan ridículo como afirmar que los "pequeños depositantes" serían los más afectados por el no pago. Bastaría con inspeccionar las cuentas eliminando el secreto bancario para discriminar la identidad de cada inversor y proteger a los ahorristas comunes de cualquier confiscación. La moratoria soberana estaría exclusivamente dirigida contra los millonarios tenedores de bonos que lucran con su especulación.

Se proclama también que la moratoria empobrecerá a la "masa de jubilados" aportantes a las AFJP, porque el 50% de los activos de estas entidades son títulos públicos.[5] Pero es evidente que el simple pago de la deuda pulveriza los haberes del sector pasivo y que, si continúa el desplome de los bonos, sólo la moratoria soberana y total permitirá algún tipo de jubilación digna en el futuro. Ya nadie recuerda que las AFJP se crearon para "evitar que el Estado manejara a discreción el ahorro previsional" y que terminaron percibiendo millonarias comisiones por su intervención en el negocio de la deuda pública. Y como sólo el 38% de la población realiza algún aporte previsional, la moratoria es la única forma de evitar un retiro de completa miseria para la mayoría de la población.

Como es tan evidente que la deuda externa es impagable y que evitar el default hoy sólo conduce a afrontarlo mañana, cada vez se escuchan más propuestas de renegociación del pasivo. Se habla de "concertar con los acreedores la reestructuración, mediante una ingeniería financiera que posponga plazos y reduzca los intereses".[6] Especialmente Alfonsín y Duhalde dan rienda suelta a la demagogia con propuestas de "replantear la deuda" y "manejarla como una cuestión de Estado", porque saben que lo prometido desde el llano se archiva rápidamente cuando se arriba al poder.

Pero ¿qué significa igualmente "renegociar la deuda"? ¿Estas tratativas no han sido la norma de la última década? El Brady, los acuerdos stand by, el blindaje y los megacanjes, ¿no fueron reestructuraciones? Proponer la moratoria concertada es simplemente más de lo mismo, porque la Argentina arrastra una cesación de pagos permanente; jamás amortiza el principal del pasivo y sólo discute la carga de intereses. En todas estas renegociaciones no importa tanto la cifra del pago como las medidas antipopulares que se adoptan para sostener la hipoteca y ofrecer nuevos negocios a los acreedores. Durante la primera mitad de los 90 se concedieron las privatizaciones, y ahora está en discusión la entrega de la educación y la salud. No hay que engañarse con fantasías de caminos intermedios: el nuevo "auxilio" del FMI implica la desintegración final de los sistemas públicos de medicina e instrucción.

Algunos economistas plantean otra opción: concertar una moratoria que incluya la recompra desvalorizada de la deuda y el consiguiente achicamiento del pasivo. Se repetiría el ejemplo de Brasil, que en 1937 habría aprovechado la baja de los títulos para rescatarlos, ensayando el camino que debió recorrerse en 1992 cuando los papeles argentinos se cotizaban al 18% de su valor nominal.[7]

Pero a diferencia de los años 30, el FMI monopoliza actualmente todas las negociaciones y no permite que ningún país periférico intervenga autónomamente en estas tratativas. Al forzar el compromiso de todo el presupuesto público con el pago de intereses, bloquean la negociación de cualquier rescate de los títulos desvalorizados. El FMI maneja estas situaciones de acuerdo a la conveniencia de los bancos. La condición de cualquier operación de recompra forzada o megacanje voluntario será la continuidad de atropellos brutales contra la población.

Es cierto que estas alternativas han dado lugar a una dura confrontación entre los bancos, que detentan papeles desvalorizados, y los industriales norteamericanos, que no quieren destinar un solo dólar del presupuesto al sostenimiento de esos bonos. Pero en esta disputa la Argentina cumple un papel de expectante observador. Los dos grupos discuten cómo repartirse el problema a partir del brutal principio de cumplimiento del "déficit cero en los próximos 10 años". Es absurdo suponer que la población podría tener algún interés en común con cualquiera de estos sectores imperialistas.

Existe una sola posibilidad de aprovechar positivamente el temor que genera entre los banqueros el impacto internacional del default argentino: utilizar esa incertidumbre para reducir las represalias que sobrevendrían con el desconocimiento de la deuda. Es evidente que el FMI no se quedará de brazos cruzados frente una decisión de no pago de la Argentina, pero su capacidad de respuesta estaría limitada por la magnitud del daño financiero internacional que el país podría desencadenar y por la solidaridad que despertaría este acto de soberanía entre los restantes deudores del tercer mundo.

Algunas investigaciones excelentes de la participación directa de los grupos capitalistas nacionales en el negocio de la deuda lamentablemente ignoran la necesidad de poner fin a este desangre. En estos textos[8] se demuestra que el pasivo se incrementó desde 1992 a una tasa siete veces superior al aumento del PBI, por su función financiadora de las privatizaciones, las importaciones de bienes prescindibles y las remisiones de utilidades. Por eso, el total de la deuda es tan semejante al monto de los depósitos de argentinos en el exterior. Pero es sorprendente deducir de esta radiografía que "ninguno de los problemas que agobian al país puede atribuirse al pago de la deuda".[9] Sin ese cumplimiento ¿cómo se habría consumado el drenaje de los recursos que perpetraron los grupos locales aliados con los acreedores? Este entrelazamiento explica porqué el 60-70% de la deuda es detentado por capitalistas argentinos, y confirma que la forma más directa de golpear a los responsables del vaciamiento del país es desconocer la hipoteca.

Se podría argumentar que conviene evitar el desafío simultáneo a los acreedores extranjeros y a los grupos nacionales. Pero si esta asociación es tan estrecha, ¿cómo separar el enfrentamiento con uno y otro? Y si incluso pudiera realizarse esta diferenciación, ¿por qué privilegiar el choque con los grupos nacionales? El FMI no se mantendrá neutral en esta pugna, ya que este organismo interviene en forma inmediata cada vez que se "afectan los derechos de propiedad". Es tan ilusorio esperar algún tipo de tolerancia de los acreedores hacia la lucha popular contra los grupos nacionales, como imaginar alguna alianza favorable al país con la derecha estadounidense.

Al dejar de lado la exigencia del no pago, se renuncia a la perspectiva de recoger la solidaridad mundial. Todos los países dependientes soportan la misma opresión de la deuda, lo que permite plantear una batalla común contra un enemigo común. Pero la estrategia de cumplir con los acreedores sancionando a los grupos locales cierra toda posibilidad de esta acción internacional.

Algunas organizaciones sindicales, como la CTA, plantean el shock redistributivo en lugar del no pago de la deuda como el eje de una salida popular a la crisis. Promueven la sanción de un seguro de empleo y formación de 380 pesos por jefe de familia desempleado más 60 pesos adicionales por hijo, estimando que establecería de hecho un salario mínimo generalizado de 500 pesos. Calculan que el costo de este subsidio sería de 11.400 millones de dólares (un 3% del PBI) y que podría financiarse con distintos impuestos progresivos.[10]

El proyecto se asienta en la perspectiva de generar un impulso de la demanda a partir de esta redistribución del ingreso, que alimente un círculo virtuoso de reactivación basado en la mejora del poder adquisitivo. Por eso, más que al estímulo inicial, se apuesta a una respuesta favorable del multiplicador del consumo, que aseguraría la auto-financiación del seguro a través del incremento de la recaudación generada por el repunte de la demanda. Esta reactivación se consolidaría con medidas restrictivas de las importaciones, abaratadoras del crédito y contrarrestantes de las manipulaciones monopólicas. Mediante una alianza con los empresarios más vinculados al mercado interno, se buscaría revertir la primarización y reindustrializar el país en la órbita del Mercosur.

La propuesta de batallar por una recomposición del nivel de vida de la población a partir de la implantación de impuestos a los grandes capitalistas es acertada. La campaña de la CTA contribuye a demostrar que la transferencia de ingresos perpetrada en el país no "afectó a todos", ni golpeó a "toda la sociedad", sino que favoreció a la clase dominante.[11]

Pero ¿se puede concebir el seguro sin cortar el drenaje de la deuda externa? Algunos compañeros de la CTA piensan que una tregua en el pago de los intereses bastaría para poner en marcha el shock redistributivo. Aun en ese caso, la asfixia que impone la hipoteca amenazaría permanentemente la continuidad del impulso reactivador.[12]

Pero incluso omitiendo este condicionamiento, el esquema de resurgimiento económico basado en la demanda enfrenta otro problema: presupone que los empresarios reaccionarán positivamente al estímulo del consumo, reinvirtiendo sus ganancias en la producción a la espera de nuevas secuencias ascendentes de las ventas. Y esta expectativa es arbitraria, porque, si el capitalismo funcionara siguiendo esta dinámica, las crisis serían episodios pasajeros, ya que frente a cada adversidad económica todos comprenderían la conveniencia de elevar el poder adquisitivo. Si esta sencilla solución no aparece espontáneamente es porque los capitalistas se guían por la ganancia y en la búsqueda de este beneficio explotan a los trabajadores, recortando la demanda en vez de ampliarla. Empujados por la concurrencia, tratan de abaratar los costos salariales, afectando también el aumento de la capacidad de compra. Y como el sistema es intrínsecamente competitivo, ninguna autoridad puede regular o atemperar estas contradicciones.

Históricamente, el multiplicador del consumo sólo ha funcionado durante cierto período y en presencia de circunstancias favorables que nunca se conocen de antemano. Para tener garantizado su éxito habría que quitarle a los empresarios el poder de opción entre ahorrar, especular o invertir las ganancias obtenidas con la mejora inicial del consumo. Y en este caso quedaría inaugurado un rumbo socialista de economía planificada, que la propuesta de la CTA no contempla.

Condicionar la implementación del seguro al éxito de un modelo capitalista de reactivación de la demanda implica, por lo tanto, subordinar el ingreso básico de los trabajadores a la disposición inversora de los capitalistas. Por este camino se marcha a la frustración, porque se condiciona el nivel de vida de los asalariados al comportamiento económico de la clase dominante. Colocar las reivindicaciones populares en primer lugar –sin subordinarlas a las expectativas económicas de los capitalistas– permite, en cambio, preparar la lucha en favor de las medidas más radicales que se necesitarán para satisfacer las aspiraciones populares. En algún punto, esta batalla exigirá la expropiación del capital y la construcción de un sistema de propiedad colectiva y gestión planificada de la economía.

Como esta perspectiva socialista está totalmente ausente en el programa de la CTA, se pregona una alianza con la UIA, cuyos economistas también auspician la suba de los aranceles, la baja de las tarifas de los servicios y la instrumentación de un seguro del desempleo.[13] Pero los industriales, obviamente, no se oponen a la flexibilización laboral, ni rechazan la legislación antiobrera vigente, y su proyecto contempla una refinanciación de los pasivos patronales solventado por el conjunto de la sociedad. La UIA, que colaboró activamente con las privatizaciones y apoyó con entusiasmo a Menem, representa actualmente a los capitalistas más quebrados por la recesión, y bajo la cobertura del seguro pretende lograr el rescate estatal de sus compañías. Cualquier alianza con este sector patronal conduce a facilitar –como tantas veces en el pasado– el salvataje de los empresarios a costa de los trabajadores.

Partiendo de la renegociación de la deuda y del shock redistributivo, existen propuestas complementarias de edificar "otro capitalismo", mediante una reforma impositiva radical. Se estima que existe un alto margen para cobrar impuestos progresivos, ya que el promedio de recaudación del gravamen a la renta en los países desarrollados es del 15% del PBI frente a sólo el 3% en Argentina. Aquí el 10% más rico de la población se apropia del 40% del producto, pero tributa apenas el 2% de ese total.[14] Esta regresividad fiscal se acentuó con la reforma previsional, que redujo drásticamente los aportes patronales e institucionalizó múltiples excepciones al pago de estas contribuciones. Además, el nivel de tributación de las empresas privatizadas es ridículo en comparación al monto de sus ganancias.[15]

Constatando estos hechos, algunos diputados plantean restituir los aportes patronales y gravar la remisión de utilidades, la renta financiera y las comisiones de las AFJP.[16] En un país que detenta un PBI per cápita internacionalmente "intermedio" de 9.000 dólares, ¿cuál sería el obstáculo para instaurar un capitalismo más equitativo? Las respuestas más comunes son: "los intereses de los grupos concentrados", la "lógica del modelo" o la "capitulación de la dirigencia política ante el poder económico".[17]

Pero si bien es cierto que imponer el cobro de impuestos progresivos permitiría poner un freno a la dramática escalada de pauperización actual, no tiene gran fundamento suponer que la Argentina puede avanzar por esa vía hasta su conversión en un país avanzado como Suecia o Japón. La acumulación capitalista mundial se apoya en una estructura polarizada de países centrales y periféricos, que dada la dominación imperialista presenta una variabilidad muy limitada. La ubicación de la Argentina en el polo de las naciones dependientes se afianzó dramáticamente en la última década, y por eso se consolidó también un tipo de estructura impositiva propia de las naciones subdesarrolladas. En estos países, los "incentivos fiscales" son escandalosos, porque también son mayores las exigencias de beneficios de las corporaciones, que compensan por esa vía la baja productividad industrial y la estrechez del mercado interno.

Disgustada con esta realidad, la diputada Carrió suele declarar que "esto no es capitalismo", como si el favoritismo, la corrupción y la mafia fueran características ajenas a este modo de producción. Olvida que estas malformaciones también prevalecen en los países más dinámicos del sudeste asiático y que, por lo tanto, no son causantes del retroceso económico del país. Si el capitalismo argentino es más "prebendario" y "rentista" que el prevaleciente en los países centrales, este hecho que deriva de su configuración histórica constituye un rasgo también compartido por muchas naciones. Reconocer esta inserción dependiente es mucho más fructífero que deshojar la margarita preguntándose porqué no estamos incluidos en el club de los elegidos. Este segundo interrogante conduce a continuar soñando con la edificación de un "capitalismo sano" a través de fantasías idealizadas de lo que ocurre en España o Irlanda. En cambio, la primera constatación induce a embarcarse en una lucha más realista por la construcción del socialismo, que incluye no sólo la batalla contra las mafias y los acreedores, sino también su expropiación.

La batalla por alcanzar este último objetivo requiere la ruptura, por parte de la nueva generación de luchadores, piqueteros y dirigentes sindicales, con los partidos patronales. Estas organizaciones no han "capitulado frente al poder económico", sino que forman parte de esa misma red de intereses. Desde Alfonsín a Duhalde, pasando por todas las variantes de recreación del Frepaso (como el ARI o el Polo Social), las organizaciones de la clase dominante actúan al servicio de los grandes empresarios y banqueros. Recrean su dominación turnándose en el ejercicio del gobierno, haciendo rodar periódicamente la cabeza de algún mafioso, distrayendo a la población con denuncias rimbombantes, protagonizando renuncias televisivas y desplazando a los políticos más desacreditados.

Sólo la batalla por el socialismo puede cambiar la historia. Es la única perspectiva de reversión de la pobreza y recuperación del nivel cultural, basado en la educación pública masiva, que alguna vez tuvo la Argentina. Las condiciones que permitieron en el pasado estos logros, junto a la excepcional ubicación del país entre las naciones subdesarrolladas, se han extinguido. La alternativa hoy es socialismo o pobreza y embrutecimiento.

Algunos consideran que este proyecto emancipatorio no es factible, porque el desplome de la ex URSS imposibilitaría ya prefigurar una sociedad del futuro.[18] Pero en ese caso tampoco tendría sentido luchar por la "democracia participativa", ya que habría que explicitar dónde rige actualmente este sistema político. Todas las luchas estratégicas contienen algún proyecto del porvenir. Lo que es deseable y realizable está siempre en la mente de los dirigentes de cualquier acción popular. Y si se rechaza al socialismo es porque se concibe alguna alternativa capitalista más benévola de capitalismo, cuya viabilidad nadie ha podido demostrar. Sólo la meta del socialismo merece los sacrificios que actualmente están realizando los militantes sindicales, barriales y populares. Una sociedad sin explotadores ni explotados, basada en el ejercicio real de la democracia y la sustitución de la competencia y la ganancia por la cooperación y la solidaridad, coronará los esfuerzos de esta lucha.

[1] A todos los promotores de la devaluación, como Paul Krugman o Bresser Pereira, les resulta imposible ocultar que el salario volverá a caer en forma abrupta con el abandono de la paridad uno a uno (La Nación,16-7-01, Clarín, 19-7-01, Página 12, 30-7-01). Los economistas argentinos partidarios de la devaluación (Valle, Bocco, Marcó del Pont, Conesa) buscan disimular esta realidad.

[2] Martín Redrado (Página 12, 3-8-01).

[3] Raúl Baglini (La Nación, 22-7-01).

[4] Nicolás Gallo: "Hay ciudadanos que han ahorrado en bonos argentinos" (Página 12, 17-501), Alberto Ferrari Etcheberry: "La mayoría de los titulares son argentinos" (Página 12, 21-5-01).

[5] Jorge Oviedo, La Nación, 19-5-01.

[6] Últimamente Rodolfo Terragno se ha convertido en el principal abanderado de esta propuesta (Clarín, 11-4-01, 20-7-01).

[7] Alfredo Eric Calcagno, Le Monde Diplomatique, junio 2001, y Página 12, 23-7-01.

[8 y 9] Claudio Lozano, Martín Schorr: Estados nacionales, gasto público y deuda externa, CTA, junio 2001.

[10] Se propone la eliminación de los fondos privados de pensión, la restitución de los aportes patronales a bancos, hipermercados y empresas privatizadas, la anulación de las exenciones al impuesto a las ganancias, gravámenes al consumo superior y un bono contra los fondos indisponibles del Banco Central. Ver las propuestas, justificaciones y evaluaciones de esta iniciativa en los artículos de Claudio Lozano en Página 12, 17-6-01, 15-7-01,17-9-00, 30-7-00, 5-8-00, 4-8-01, 15-5-01.

[11] Un índice de esta transferencia es la escandalosa ampliación de la brecha que separa al 10% más rico del 10% más pobre de la población. Esta diferencia era de 12 veces en los años 70 y se ubica en 26,4 veces actualmente a escala nacional y en 134 veces en la Capital Federal, es decir un nivel equiparable a Bolivia para un PBI per cápita semejante a Francia, en esta localidad. (Clarín, 29-7-01).

[12] Es cierto que reprogramar solamente la deuda, como ya ocurrió en Argentina, Brasil o Perúen los 90, termina "reproduciendo la crisis" (Martín Hourest, Página 12, 26-8-01). Pero estos fracasos indican la necesidad del no pago del pasivo y no de continuar la refinanciación perpetua, mientras se intenta un shock redistributivo con el aval de los acreedores.

[13] Miguel Peirano, Federico I. Poli, Página 12, 27-9-01, 30-7-00.

[14] Alfredo Allende, Página 12, 28-6-01.

[15] Repsol cuadruplicó sus beneficios en el 2000 en comparación al año anterior, y el beneficio del 15% anual de telefónica triplica el promedio internacional del sector (Página 12, 2-7-01).

[16] Leopoldo Moreau y la bancada del Frepaso, Página 12, 17-7-01.

[17] Atilio Borón, Página 12, 20-7-01, 18-3-01.

[18] Claudio Lozano, Cuadro de situación, Cuadernos del Sur 28, mayo 1999.

Por Claudio Katz*

* Economista, investigador y docente de la UBA-CONICET. Parte del texto y las notas se han resumido por razones de espacio.

Frenar esta agresión a través de la movilización popular es vital para la supervivencia de muchos trabajadores. El déficit cero es un programa estratégico de pauperización, que corona una década de sistemática destrucción del nivel de vida. Debe ser contenido antes que la degradación social amenace la propia capacidad de resistencia del pueblo.

El nuevo ajuste es presentado como un mal menor frente a las situaciones más dolorosas que ocasionarían la continuada pérdida de depósitos, la devaluación o el default. Pero en realidad resulta imposible anticipar cuál de estas opciones entrañaría mayores recortes salariales y pérdidas de empleos. Los funcionarios extorsionan a la población presentando escenarios más catastróficos al actual, para disfrazar la devastación social que están generando. Inventan enemigos de fantasía hablando, por ejemplo, de "ganarle la pulseada" a los "especuladores que apuestan contra la Argentina", como si la acción de los financistas fuera ajena al gobierno. Los 10 bancos que manejan el 80% de las operaciones con bonos actúan desde el Ministerio de Economía y el déficit cero es su plan de acción. Si los "mercados" vacilan en aceptar este programa no es porque sea hostil hacia los especuladores, sino por la propia inviabilidad de este esquema.

El déficit cero extrema la opción deflacionista puesta en práctica con la convertibilidad y cuyo punto culminante sería la dolarización. Se basa en forzar una caída nominal de los salarios y un desplome progresivo de los precios, que acompañe la quiebra de todas las empresas deglutidas por la recesión. Esta forma clásica de la crisis no se ha procesado en ningún país medianamente industrializado en las últimas décadas. Se espera que en algún punto este ajuste torne atractiva la compra de activos desvalorizados, incentivando la recuperación. Pero como la pérdida de posiciones de la Argentina en el mercado mundial es tan acentuada resulta difícil avizorar cuándo se produciría ese rebote.

El fin de la convertibilidad –en su variante regulada (que se insinuó con el dólar comercial y la introducción del euro) o descontrolada al estilo México y Brasil– implicará un nuevo desangre de los ingresos populares. Una "devaluación popular" que proteja a los pequeños ahorristas y sancione a los grandes deudores es una fantasía irrealizable sin la estatización del sistema bancario. Sólo esta nacionalización permitiría organizar el mecanismo de puniciones y exenciones requerido para afectar a los capitalistas y auxiliar a los inversores comunes.[1] Finalmente, el rumbo deflacionario tampoco levanta un dique efectivo contra el default, porque es evidente que una depresión sin piso también conduce a la cesación de pagos.

Ante la perspectiva del default, ya nadie puede afirmar que la deuda externa "no es un problema" o que "se resolverá con privatizaciones". Los neoliberales igualmente siguen argumentando que la decisión de no pagar "nos alejará del mundo" y nos "quitará el financiamiento", pero olvidan que el país ya tiene cortado el crédito ante la imposibilidad de afrontar los vencimientos de los intereses. La única salida progresista frente a esta insolvencia es declarar una moratoria soberana. Los economistas-estrella de la televisión se enfurecen frente a esta alternativa y presagian que la "economía se desplomará.... entre las quiebras bancarias, el derrumbe de la recaudación y la extinción del crédito".[2] Pero ¿este desastre no se ha producido ya por cumplir con el tributo?

El 25% de los empleos fabriles fue destruido por el retroceso industrial de los últimos siete años, y desde el comienzo de la depresión el desplome del PBI promedia un 10%. Cuando se alerta contra el peligro de caer en una situación semejante a Ecuador o Rusia, se olvida que el país soporta un desmoronamiento social equivalente y que estas economías colapsaron por pagar la deuda y no por desconocerla. La cesación de pagos es una realidad objetiva y no una opción. Frente al dato exterior de la refinanciación perpetua o el default, la única opción soberana es el no pago de la deuda.

Algunos diputados argumentan que la ruptura con el FMI es impracticable, porque "los acreedores ya no son 500 bancos como en 1985, sino sectores dispersos y escondidos en los bonos".[3] Pero si esta diversificación fuera tan acentuada, la decisión de no pagar sería más sencilla, ya que enfrentaría a un conglomerado de adversarios muy poco cohesionados. En realidad, la dispersión de los títulos no modifica la concentración de su cobro a través del FMI. Para comenzar a revertir el desastre actual, hay que enfrentar a este grupo de poder con el no pago de la deuda.

Se afirma también que el pasivo debe honrarse porque gran parte de los acreedores "son argentinos".[4] Pero esta gravitación de tenedores nacionales no impide la moratoria soberana. Al contrario, si las acreencias de argentinos son tan elevadas no tiene sentido atemorizarse por la "pérdida de confianza externa" ni por el "cese de las inversiones extranjeras" que implicaría el no pago. En realidad, los capitalistas nativos delegan en el FMI la función de extorsionar al resto de sus compatriotas para asegurarse el cobro de la deuda. Muchos de ellos prefieren incluso la devaluación a la desvalorización de sus títulos y por eso actúan a dos puntas: a través de las exigencias de los organismos internacionales y por medio de los funcionarios locales que instrumentan sus exigencias.

Presentar a esos individuos como "simples ciudadanos" es tan ridículo como afirmar que los "pequeños depositantes" serían los más afectados por el no pago. Bastaría con inspeccionar las cuentas eliminando el secreto bancario para discriminar la identidad de cada inversor y proteger a los ahorristas comunes de cualquier confiscación. La moratoria soberana estaría exclusivamente dirigida contra los millonarios tenedores de bonos que lucran con su especulación.

Se proclama también que la moratoria empobrecerá a la "masa de jubilados" aportantes a las AFJP, porque el 50% de los activos de estas entidades son títulos públicos.[5] Pero es evidente que el simple pago de la deuda pulveriza los haberes del sector pasivo y que, si continúa el desplome de los bonos, sólo la moratoria soberana y total permitirá algún tipo de jubilación digna en el futuro. Ya nadie recuerda que las AFJP se crearon para "evitar que el Estado manejara a discreción el ahorro previsional" y que terminaron percibiendo millonarias comisiones por su intervención en el negocio de la deuda pública. Y como sólo el 38% de la población realiza algún aporte previsional, la moratoria es la única forma de evitar un retiro de completa miseria para la mayoría de la población.

Como es tan evidente que la deuda externa es impagable y que evitar el default hoy sólo conduce a afrontarlo mañana, cada vez se escuchan más propuestas de renegociación del pasivo. Se habla de "concertar con los acreedores la reestructuración, mediante una ingeniería financiera que posponga plazos y reduzca los intereses".[6] Especialmente Alfonsín y Duhalde dan rienda suelta a la demagogia con propuestas de "replantear la deuda" y "manejarla como una cuestión de Estado", porque saben que lo prometido desde el llano se archiva rápidamente cuando se arriba al poder.

Pero ¿qué significa igualmente "renegociar la deuda"? ¿Estas tratativas no han sido la norma de la última década? El Brady, los acuerdos stand by, el blindaje y los megacanjes, ¿no fueron reestructuraciones? Proponer la moratoria concertada es simplemente más de lo mismo, porque la Argentina arrastra una cesación de pagos permanente; jamás amortiza el principal del pasivo y sólo discute la carga de intereses. En todas estas renegociaciones no importa tanto la cifra del pago como las medidas antipopulares que se adoptan para sostener la hipoteca y ofrecer nuevos negocios a los acreedores. Durante la primera mitad de los 90 se concedieron las privatizaciones, y ahora está en discusión la entrega de la educación y la salud. No hay que engañarse con fantasías de caminos intermedios: el nuevo "auxilio" del FMI implica la desintegración final de los sistemas públicos de medicina e instrucción.

Algunos economistas plantean otra opción: concertar una moratoria que incluya la recompra desvalorizada de la deuda y el consiguiente achicamiento del pasivo. Se repetiría el ejemplo de Brasil, que en 1937 habría aprovechado la baja de los títulos para rescatarlos, ensayando el camino que debió recorrerse en 1992 cuando los papeles argentinos se cotizaban al 18% de su valor nominal.[7]

Pero a diferencia de los años 30, el FMI monopoliza actualmente todas las negociaciones y no permite que ningún país periférico intervenga autónomamente en estas tratativas. Al forzar el compromiso de todo el presupuesto público con el pago de intereses, bloquean la negociación de cualquier rescate de los títulos desvalorizados. El FMI maneja estas situaciones de acuerdo a la conveniencia de los bancos. La condición de cualquier operación de recompra forzada o megacanje voluntario será la continuidad de atropellos brutales contra la población.

Es cierto que estas alternativas han dado lugar a una dura confrontación entre los bancos, que detentan papeles desvalorizados, y los industriales norteamericanos, que no quieren destinar un solo dólar del presupuesto al sostenimiento de esos bonos. Pero en esta disputa la Argentina cumple un papel de expectante observador. Los dos grupos discuten cómo repartirse el problema a partir del brutal principio de cumplimiento del "déficit cero en los próximos 10 años". Es absurdo suponer que la población podría tener algún interés en común con cualquiera de estos sectores imperialistas.

Existe una sola posibilidad de aprovechar positivamente el temor que genera entre los banqueros el impacto internacional del default argentino: utilizar esa incertidumbre para reducir las represalias que sobrevendrían con el desconocimiento de la deuda. Es evidente que el FMI no se quedará de brazos cruzados frente una decisión de no pago de la Argentina, pero su capacidad de respuesta estaría limitada por la magnitud del daño financiero internacional que el país podría desencadenar y por la solidaridad que despertaría este acto de soberanía entre los restantes deudores del tercer mundo.

Algunas investigaciones excelentes de la participación directa de los grupos capitalistas nacionales en el negocio de la deuda lamentablemente ignoran la necesidad de poner fin a este desangre. En estos textos[8] se demuestra que el pasivo se incrementó desde 1992 a una tasa siete veces superior al aumento del PBI, por su función financiadora de las privatizaciones, las importaciones de bienes prescindibles y las remisiones de utilidades. Por eso, el total de la deuda es tan semejante al monto de los depósitos de argentinos en el exterior. Pero es sorprendente deducir de esta radiografía que "ninguno de los problemas que agobian al país puede atribuirse al pago de la deuda".[9] Sin ese cumplimiento ¿cómo se habría consumado el drenaje de los recursos que perpetraron los grupos locales aliados con los acreedores? Este entrelazamiento explica porqué el 60-70% de la deuda es detentado por capitalistas argentinos, y confirma que la forma más directa de golpear a los responsables del vaciamiento del país es desconocer la hipoteca.

Se podría argumentar que conviene evitar el desafío simultáneo a los acreedores extranjeros y a los grupos nacionales. Pero si esta asociación es tan estrecha, ¿cómo separar el enfrentamiento con uno y otro? Y si incluso pudiera realizarse esta diferenciación, ¿por qué privilegiar el choque con los grupos nacionales? El FMI no se mantendrá neutral en esta pugna, ya que este organismo interviene en forma inmediata cada vez que se "afectan los derechos de propiedad". Es tan ilusorio esperar algún tipo de tolerancia de los acreedores hacia la lucha popular contra los grupos nacionales, como imaginar alguna alianza favorable al país con la derecha estadounidense.

Al dejar de lado la exigencia del no pago, se renuncia a la perspectiva de recoger la solidaridad mundial. Todos los países dependientes soportan la misma opresión de la deuda, lo que permite plantear una batalla común contra un enemigo común. Pero la estrategia de cumplir con los acreedores sancionando a los grupos locales cierra toda posibilidad de esta acción internacional.

Algunas organizaciones sindicales, como la CTA, plantean el shock redistributivo en lugar del no pago de la deuda como el eje de una salida popular a la crisis. Promueven la sanción de un seguro de empleo y formación de 380 pesos por jefe de familia desempleado más 60 pesos adicionales por hijo, estimando que establecería de hecho un salario mínimo generalizado de 500 pesos. Calculan que el costo de este subsidio sería de 11.400 millones de dólares (un 3% del PBI) y que podría financiarse con distintos impuestos progresivos.[10]

El proyecto se asienta en la perspectiva de generar un impulso de la demanda a partir de esta redistribución del ingreso, que alimente un círculo virtuoso de reactivación basado en la mejora del poder adquisitivo. Por eso, más que al estímulo inicial, se apuesta a una respuesta favorable del multiplicador del consumo, que aseguraría la auto-financiación del seguro a través del incremento de la recaudación generada por el repunte de la demanda. Esta reactivación se consolidaría con medidas restrictivas de las importaciones, abaratadoras del crédito y contrarrestantes de las manipulaciones monopólicas. Mediante una alianza con los empresarios más vinculados al mercado interno, se buscaría revertir la primarización y reindustrializar el país en la órbita del Mercosur.

La propuesta de batallar por una recomposición del nivel de vida de la población a partir de la implantación de impuestos a los grandes capitalistas es acertada. La campaña de la CTA contribuye a demostrar que la transferencia de ingresos perpetrada en el país no "afectó a todos", ni golpeó a "toda la sociedad", sino que favoreció a la clase dominante.[11]

Pero ¿se puede concebir el seguro sin cortar el drenaje de la deuda externa? Algunos compañeros de la CTA piensan que una tregua en el pago de los intereses bastaría para poner en marcha el shock redistributivo. Aun en ese caso, la asfixia que impone la hipoteca amenazaría permanentemente la continuidad del impulso reactivador.[12]

Pero incluso omitiendo este condicionamiento, el esquema de resurgimiento económico basado en la demanda enfrenta otro problema: presupone que los empresarios reaccionarán positivamente al estímulo del consumo, reinvirtiendo sus ganancias en la producción a la espera de nuevas secuencias ascendentes de las ventas. Y esta expectativa es arbitraria, porque, si el capitalismo funcionara siguiendo esta dinámica, las crisis serían episodios pasajeros, ya que frente a cada adversidad económica todos comprenderían la conveniencia de elevar el poder adquisitivo. Si esta sencilla solución no aparece espontáneamente es porque los capitalistas se guían por la ganancia y en la búsqueda de este beneficio explotan a los trabajadores, recortando la demanda en vez de ampliarla. Empujados por la concurrencia, tratan de abaratar los costos salariales, afectando también el aumento de la capacidad de compra. Y como el sistema es intrínsecamente competitivo, ninguna autoridad puede regular o atemperar estas contradicciones.

Históricamente, el multiplicador del consumo sólo ha funcionado durante cierto período y en presencia de circunstancias favorables que nunca se conocen de antemano. Para tener garantizado su éxito habría que quitarle a los empresarios el poder de opción entre ahorrar, especular o invertir las ganancias obtenidas con la mejora inicial del consumo. Y en este caso quedaría inaugurado un rumbo socialista de economía planificada, que la propuesta de la CTA no contempla.

Condicionar la implementación del seguro al éxito de un modelo capitalista de reactivación de la demanda implica, por lo tanto, subordinar el ingreso básico de los trabajadores a la disposición inversora de los capitalistas. Por este camino se marcha a la frustración, porque se condiciona el nivel de vida de los asalariados al comportamiento económico de la clase dominante. Colocar las reivindicaciones populares en primer lugar –sin subordinarlas a las expectativas económicas de los capitalistas– permite, en cambio, preparar la lucha en favor de las medidas más radicales que se necesitarán para satisfacer las aspiraciones populares. En algún punto, esta batalla exigirá la expropiación del capital y la construcción de un sistema de propiedad colectiva y gestión planificada de la economía.

Como esta perspectiva socialista está totalmente ausente en el programa de la CTA, se pregona una alianza con la UIA, cuyos economistas también auspician la suba de los aranceles, la baja de las tarifas de los servicios y la instrumentación de un seguro del desempleo.[13] Pero los industriales, obviamente, no se oponen a la flexibilización laboral, ni rechazan la legislación antiobrera vigente, y su proyecto contempla una refinanciación de los pasivos patronales solventado por el conjunto de la sociedad. La UIA, que colaboró activamente con las privatizaciones y apoyó con entusiasmo a Menem, representa actualmente a los capitalistas más quebrados por la recesión, y bajo la cobertura del seguro pretende lograr el rescate estatal de sus compañías. Cualquier alianza con este sector patronal conduce a facilitar –como tantas veces en el pasado– el salvataje de los empresarios a costa de los trabajadores.

Partiendo de la renegociación de la deuda y del shock redistributivo, existen propuestas complementarias de edificar "otro capitalismo", mediante una reforma impositiva radical. Se estima que existe un alto margen para cobrar impuestos progresivos, ya que el promedio de recaudación del gravamen a la renta en los países desarrollados es del 15% del PBI frente a sólo el 3% en Argentina. Aquí el 10% más rico de la población se apropia del 40% del producto, pero tributa apenas el 2% de ese total.[14] Esta regresividad fiscal se acentuó con la reforma previsional, que redujo drásticamente los aportes patronales e institucionalizó múltiples excepciones al pago de estas contribuciones. Además, el nivel de tributación de las empresas privatizadas es ridículo en comparación al monto de sus ganancias.[15]

Constatando estos hechos, algunos diputados plantean restituir los aportes patronales y gravar la remisión de utilidades, la renta financiera y las comisiones de las AFJP.[16] En un país que detenta un PBI per cápita internacionalmente "intermedio" de 9.000 dólares, ¿cuál sería el obstáculo para instaurar un capitalismo más equitativo? Las respuestas más comunes son: "los intereses de los grupos concentrados", la "lógica del modelo" o la "capitulación de la dirigencia política ante el poder económico".[17]

Pero si bien es cierto que imponer el cobro de impuestos progresivos permitiría poner un freno a la dramática escalada de pauperización actual, no tiene gran fundamento suponer que la Argentina puede avanzar por esa vía hasta su conversión en un país avanzado como Suecia o Japón. La acumulación capitalista mundial se apoya en una estructura polarizada de países centrales y periféricos, que dada la dominación imperialista presenta una variabilidad muy limitada. La ubicación de la Argentina en el polo de las naciones dependientes se afianzó dramáticamente en la última década, y por eso se consolidó también un tipo de estructura impositiva propia de las naciones subdesarrolladas. En estos países, los "incentivos fiscales" son escandalosos, porque también son mayores las exigencias de beneficios de las corporaciones, que compensan por esa vía la baja productividad industrial y la estrechez del mercado interno.

Disgustada con esta realidad, la diputada Carrió suele declarar que "esto no es capitalismo", como si el favoritismo, la corrupción y la mafia fueran características ajenas a este modo de producción. Olvida que estas malformaciones también prevalecen en los países más dinámicos del sudeste asiático y que, por lo tanto, no son causantes del retroceso económico del país. Si el capitalismo argentino es más "prebendario" y "rentista" que el prevaleciente en los países centrales, este hecho que deriva de su configuración histórica constituye un rasgo también compartido por muchas naciones. Reconocer esta inserción dependiente es mucho más fructífero que deshojar la margarita preguntándose porqué no estamos incluidos en el club de los elegidos. Este segundo interrogante conduce a continuar soñando con la edificación de un "capitalismo sano" a través de fantasías idealizadas de lo que ocurre en España o Irlanda. En cambio, la primera constatación induce a embarcarse en una lucha más realista por la construcción del socialismo, que incluye no sólo la batalla contra las mafias y los acreedores, sino también su expropiación.

La batalla por alcanzar este último objetivo requiere la ruptura, por parte de la nueva generación de luchadores, piqueteros y dirigentes sindicales, con los partidos patronales. Estas organizaciones no han "capitulado frente al poder económico", sino que forman parte de esa misma red de intereses. Desde Alfonsín a Duhalde, pasando por todas las variantes de recreación del Frepaso (como el ARI o el Polo Social), las organizaciones de la clase dominante actúan al servicio de los grandes empresarios y banqueros. Recrean su dominación turnándose en el ejercicio del gobierno, haciendo rodar periódicamente la cabeza de algún mafioso, distrayendo a la población con denuncias rimbombantes, protagonizando renuncias televisivas y desplazando a los políticos más desacreditados.

Sólo la batalla por el socialismo puede cambiar la historia. Es la única perspectiva de reversión de la pobreza y recuperación del nivel cultural, basado en la educación pública masiva, que alguna vez tuvo la Argentina. Las condiciones que permitieron en el pasado estos logros, junto a la excepcional ubicación del país entre las naciones subdesarrolladas, se han extinguido. La alternativa hoy es socialismo o pobreza y embrutecimiento.

Algunos consideran que este proyecto emancipatorio no es factible, porque el desplome de la ex URSS imposibilitaría ya prefigurar una sociedad del futuro.[18] Pero en ese caso tampoco tendría sentido luchar por la "democracia participativa", ya que habría que explicitar dónde rige actualmente este sistema político. Todas las luchas estratégicas contienen algún proyecto del porvenir. Lo que es deseable y realizable está siempre en la mente de los dirigentes de cualquier acción popular. Y si se rechaza al socialismo es porque se concibe alguna alternativa capitalista más benévola de capitalismo, cuya viabilidad nadie ha podido demostrar. Sólo la meta del socialismo merece los sacrificios que actualmente están realizando los militantes sindicales, barriales y populares. Una sociedad sin explotadores ni explotados, basada en el ejercicio real de la democracia y la sustitución de la competencia y la ganancia por la cooperación y la solidaridad, coronará los esfuerzos de esta lucha.

[1] A todos los promotores de la devaluación, como Paul Krugman o Bresser Pereira, les resulta imposible ocultar que el salario volverá a caer en forma abrupta con el abandono de la paridad uno a uno (La Nación,16-7-01, Clarín, 19-7-01, Página 12, 30-7-01). Los economistas argentinos partidarios de la devaluación (Valle, Bocco, Marcó del Pont, Conesa) buscan disimular esta realidad.

[2] Martín Redrado (Página 12, 3-8-01).

[3] Raúl Baglini (La Nación, 22-7-01).

[4] Nicolás Gallo: "Hay ciudadanos que han ahorrado en bonos argentinos" (Página 12, 17-501), Alberto Ferrari Etcheberry: "La mayoría de los titulares son argentinos" (Página 12, 21-5-01).

[5] Jorge Oviedo, La Nación, 19-5-01.

[6] Últimamente Rodolfo Terragno se ha convertido en el principal abanderado de esta propuesta (Clarín, 11-4-01, 20-7-01).

[7] Alfredo Eric Calcagno, Le Monde Diplomatique, junio 2001, y Página 12, 23-7-01.

[8 y 9] Claudio Lozano, Martín Schorr: Estados nacionales, gasto público y deuda externa, CTA, junio 2001.

[10] Se propone la eliminación de los fondos privados de pensión, la restitución de los aportes patronales a bancos, hipermercados y empresas privatizadas, la anulación de las exenciones al impuesto a las ganancias, gravámenes al consumo superior y un bono contra los fondos indisponibles del Banco Central. Ver las propuestas, justificaciones y evaluaciones de esta iniciativa en los artículos de Claudio Lozano en Página 12, 17-6-01, 15-7-01,17-9-00, 30-7-00, 5-8-00, 4-8-01, 15-5-01.

[11] Un índice de esta transferencia es la escandalosa ampliación de la brecha que separa al 10% más rico del 10% más pobre de la población. Esta diferencia era de 12 veces en los años 70 y se ubica en 26,4 veces actualmente a escala nacional y en 134 veces en la Capital Federal, es decir un nivel equiparable a Bolivia para un PBI per cápita semejante a Francia, en esta localidad. (Clarín, 29-7-01).

[12] Es cierto que reprogramar solamente la deuda, como ya ocurrió en Argentina, Brasil o Perúen los 90, termina "reproduciendo la crisis" (Martín Hourest, Página 12, 26-8-01). Pero estos fracasos indican la necesidad del no pago del pasivo y no de continuar la refinanciación perpetua, mientras se intenta un shock redistributivo con el aval de los acreedores.

[13] Miguel Peirano, Federico I. Poli, Página 12, 27-9-01, 30-7-00.

[14] Alfredo Allende, Página 12, 28-6-01.

[15] Repsol cuadruplicó sus beneficios en el 2000 en comparación al año anterior, y el beneficio del 15% anual de telefónica triplica el promedio internacional del sector (Página 12, 2-7-01).

[16] Leopoldo Moreau y la bancada del Frepaso, Página 12, 17-7-01.

[17] Atilio Borón, Página 12, 20-7-01, 18-3-01.

[18] Claudio Lozano, Cuadro de situación, Cuadernos del Sur 28, mayo 1999.