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La
grave represión de los trabajadores siderúrgicos
Por
Edwin Sambrano Vidal (especial para.info)
Argenpress, 24/03/08
El sábado
15 de marzo de 2008, casi a las 12 de la medianoche culminó
la audiencia penal de presentación e incriminación ante un
Juez de Control de 53 trabajadores de la empresa Sidor, C.A.
(Siderúrgica del Orinoco) (1). Ante la falta de pruebas y
de no determinación de la responsabilidad de los
trabajadores imputados, el Juez se vio en la obligación de
ordenar la libertad plena de todos; advirtiendo, sin embargo
que consideraba que se había cometido el delito establecido
en el artículo 357 del Código Penal manteniendo abierta la
averiguación y también ordenó remitir copia de las
actuaciones al Fiscal de Derechos Fundamentales para
averiguar sobre los delitos cometidos por los funcionarios
que actuaron en el operativo represivo.
La detención
de los trabajadores se produjo el día viernes 14/03/08 con
ocasión de una concentración en la cual un grupo de unos
200 o 300 trabajadores rechazaban la última propuesta de la
empresa en la discusión de la convención colectiva que se
lleva a cabo actualmente y asistían a una convocatoria pública
que el Ministerio del Trabajo junto con SIDOR hicieron
pretendiendo realizar un referéndum contra el
consentimiento del Sindicato y los Trabajadores. (Paradójicamente
ese mismo día en Caracas el presidente Chávez juramentaba
la directiva nacional del PSUV y resaltaba el compromiso
indisoluble con los trabajadores que caracterizó la vida de
Carlos Marx en conmemoración del aniversario de su muerte
en 1883).
Los
trabajadores congregados pacificamente en las inmediaciones
de las instalaciones de la empresa fueron disueltos mediante
una feroz y cruenta arremetida de la guardia nacional y de
la policia estadal. Fueron perseguidos y hostilizados por
los cuerpos armados, maltratados y heridos, vejados y
finalmente detenidos, según relatan los testimonios
individuales rendidos ante el juez por una docena de los
detenidos con la confirmación de todos los demás. Los vehículos
de muchos trabajadores y de otras personas fueron
destrozados deliberadamente por los uniformados, incluso
muchos de ellos en el estacionamiento del comando de una
compañía de la Guardia Nacional ubicado dentro de las
instalaciones de la empresa. Las detenciones se produjeron
mediante una especie de cacería humana desatada contra los
que portaban el uniforme de la Empresa y otros que
transitaban por el lugar y fueron confundidos con ellos.
Es muy
grave y revela una saña impropia de fuerzas del orden en
una República y más en una revolución Bolivariana, que
todas, absolutamente todas, las detenciones se produjeran
después de disuelta la concentración, mediante un intenso
y meticuloso patrullaje motorizado de los uniformados por
decenas de cuadras a la redonda y con la instalación de
retenes (alcabalas) en sitios adyacentes, pero a distancia
de unos 3 a 6 KM del sitio, cuando fueron deteniendo a los
que portaban el uniforme o suponían que eran trabajadores
de SIDOR, algunos de ellos fueron detenidos horas después,
cuando fueron a buscar sus vehículos que se encontraban
estacionados en la vía.
Otros
fueron sacados a golpes y patadas de los vehículos sin ningún
tipo de consideraciones y a algunos les dispararon estando
dentro de los vehículos. Los vehículos quedaron
abandonados con las llaves y muchos encendidos. Más de una
docena de estos detenidos recibieron heridas por disparos de
escopetas con perdigones de caucho hechos a quema ropa, sus
heridas estaban sangrantes en la audiencia y fueron
mostradas al Juez. Todos, sin excepción, fueron golpeados
brutalmente con los bastones, culatas, escudos y cascos,
pateados, muchos en el rostro. Los trabajadores y personas
no ofrecieron ninguna resistencia y aún así recibieron
brutales golpizas. A varios de los trabajadores les
arrojaron spray líquido con químicos ahogantes simplemente
para hacerlos callar cuando preguntaban por la causa de la
detención. Con los detenidos dentro de las patrullas,
totalmente sometidos, les arrojaron liquidos en los ojos,
bombas lacrimógenas y los golpearon repetidamente con
evidente sadismo.
Los
detenidos fueron arrojados en una cancha deportiva en medio
del sol desde las 11 o 12 del día. Los heridos no fueron
atendidos de inmediato, sino después de varias horas por el
ruego insistente de los detenidos y la intervención de
Pastora Medina, diputada nacional y funcionarios de la
Defensoría del Pueblo que fueron instados con persistencia
por familiares, abogados y dirigentes sindicales para que
asistieran al lugar de la detención. Por cierto, la actuación
de la Defensoría del Pueblo fue totalmente negligente y
complaciente con el atropello, no se hizo presente en la
audiencia ni ha hecho ninguna declaración pública y no
sabemos que haya dirigido ninguna solicitud ante el
Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público para
Derechos Fundamentales no apareció nunca.
Según
todos los testimonios concordantes, los uniformados atacaron
y detuvieron a los trabajadores sin mediar palabras en una
actitud agresiva y aparentemente predeterminada. Cerca de
200 efectivos, según los propios informes de los
organismos, fuertemente apertrechados, fueron los que
atacaron en una especie de operación tenaza, mientras el
grupo de trabajadores no llegaba a 300 personas en una
desproporción notable.
Los
detenidos fueron puestos en libertad plena después de casi
cuarenta horas de detención por el Juez Penal de Control. A
las puertas del edificio de los Tribunales (Palacio de
Justicia) se encontraban congregados más de 2000 personas
entre familiares y trabajadores de la acería que rechazaron
enérgicamente la conducta gubernamental, muchos de ellos
con lágrimas en los ojos y manifestaban gran decepción.
Allí se improvisó una gran asamblea proletaria y popular
en la cual se hicieron cortas intervenciones de los Abogados
defensores, dirigentes sindicales de SUTISS, dirigentes
sindicales de otras empresas de la industria básica,
algunos de los trabajadores detenidos y familiares, entre
otros.
La Asamblea
y los que hicimos uso de la palabra expresamos el más categórico
rechazo a la agresión brutal de que fueron objeto los
trabajadores, el carácter terrorista de tal agresión, la
condena a los agresores directos y a quienes la ordenaron,
la exigencia al gobierno y a las instituciones que cumplan
con su deber de identificar a los responsables, castigarlos
con la severidad del caso y que procedan a la indemnización
de los daños causados. Los Trabajadores presentes exigieron
públicamente la destitución del Ministro del Trabajo y la
reorganización del Despacho y demandaron que la
administración no intervenga beneficiando al patrono ni
amedrentando a los trabajadores y descalificando a la
dirección sindical. Varias intervenciones señalaron al
gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, (2)
como uno de los principales responsables de la brutal agresión
y al Ministerio del Trabajo (3) como cómplice de la misma,
la cual por lo injustificada, inaudita e inesperada parecía
un plan deliberadamente urdido para escarmentar a los
trabajadores, desalentar la lucha y desbaratar a la dirección.
Por otra
parte, se reafirmó la voluntad de lucha de los
trabajadores, su apego a las leyes, su decisión de luchar
por la defensa de sus derechos y por obtener una Convención
Colectiva que contemple mejoras sustanciales en el salario,
las vacaciones, utilidades, el reconocimiento del desempeño
o méritos y otras reivindicaciones contenidas en las cláusulas
pendientes por acordar.
Notas:
1)
SIDOR, identificada ahora también como TERNIUM SIDOR, es la
Empresa bandera del desarrollo industrial del país ubicada
en el Estado Bolívar al sur del país frontera con Brasil y
asiento de varias industrias básicas. Es una gran acería
con capacidad para producir 5 millones de toneladas métricas
de productos de hierro y acero, en la cual laboran cerca de
15 mil trabajadores industriales, de los cuales 5 o 6 mil
son de la nómina directa y otros 9 o 10 mil están
tercerizados. SIDOR, fue privatizada en el año 1997 y
actualmente es propiedad en un 60% del CONSORCIO AMAZONIA,
filial del grupo TECHINT, una transnacional de origen
argentino, con fábricas en Argentina, Brasil, México y
ahora en Venezuela; la cabeza principal de este grupo es un
poderoso industrial de apellido ROCA. La Corporación
Venezolana de Guayana (CVG), tiene 20% y el otro 20% fue
distribuido entre personas que trabajaron en la empresa y
que trabajan actualmente a quienes se les estableció una
cuota dependiendo de su rango y un lapso de adquisición y
pago, todo por mandato de la Ley de Privatización en
vigencia desde el Gobierno neoliberal de Rafael Caldera.
2)
Francisco Rangel Gómez es un General de División del Ejército
en retiro de reconocidas posiciones derechistas, aunque
viste de rojo y habla del socialismo, compañero de graduación
del Presidente Chávez en la Academia Militar y no participó
en ninguna de las rebeliones militares de 1992. Designado
por éste como candidato para ese cargo en el 2004 en cual
sucedió a otro militar retirado, el capitán del ejército
Antonio Rojas Suárez, participante del movimiento cívico
militar del 4 de Febrero de 1992, detenido durante dos años
en el Cuartel San Carlos. Ambos militares son señalados por
haber cohonestado públicamente el golpe de estado fascista
de Pedro Carmona Estanga y el alto mando militar el 11 de
abril de 2002. Rangel Gómez es señalado en notas periodísticas
de haberse enriquecido en el ejercicio de los cargos desempeñados;
Secretario del Despacho Presidencial y antes de ser
Gobernador, Presidente de la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG), Instituto creado para el desarrollo
industrial pesado en el Estado Bolívar y sus alrededores;
propietaria de la tierra urbana y detentaba la mayoría
accionaria de las grandes empresas básicas de Acero,
Aluminio, Alúmina, Bauxita, Electricidad, Hierro, Oro,
Carbones industriales, Forestales, entre otras. Ha tenido y
mantiene dentro de su gabinete a reconocidos miembros de los
partidos tradicionales y se denuncia sus relaciones con
grupos económicos vinculados a la IV República quienes
reciben privilegiados contratos de la Gobernación y que
ejerce un estricto control político y económico sobre
numerosos medios de comunicación en la región.
3)
El ingeniero José Ramón Rivero fue sorpresivamente
designado como Ministro del Trabajo en 2007, no reúne las más
elementales condiciones para el ejercicio del cargo se le
conoce como parte del grupo de Rangel Gómez, por cuya
influencia fue candidato a diputado nacional en las
elecciones sin contendores del 2005 con record de abstención
cercana al 80% y designado encargado del cuestionado Comando
Zamora para el referéndum presidencial de 2006. Se le
conocen estrechas relaciones con el sector empresarial que
representa inversiones de capital trasnacional en la minería
de oro al sur del Estado Bolívar y es parte de una de las
fracciones de la dividida Fuerza Bolivariana de Trabajadores
(FBT), uno de los movimientos que respaldan el proceso de
cambios en el país.
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