Ante las últimas medidas del gobierno que benefician
al gran capital oligárquico e imperialista

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), junio 2008

En la reunión de la Dirección Nacional del Partido efectuada el día 28 de junio de 2008 se analizaron las últimas medidas del gabinete gubernamental, expuestas por el Presidente Hugo Chávez en su alocución del 11–6–2008 por cadena nacional ante el empresariado venezolano anunciada como "Alianza estratégica nacional productiva", de las cuales la más importantes en materia económica y política los trabajadores en general y nuestra organización no apoyaremos y denunciamos dada las siguientes razones:

1.– Justamente como se manifiesta en la propia propaganda gubernamental no se trata de una alianza táctica y coyuntural con el capitalismo, sino de una alianza estratégica con el gran capital monopolista, particularmente con el capitalismo financiero, capitales que en Venezuela representan el factor expoliador de los derechos de los trabajadores, de conspiración y terrorismo contra el proceso político, las masas y contra el propio Jefe de Estado.

2.– El cambio radical por parte del gobierno y la recién elegida dirección del PSUV como partido de gobierno, aumenta la incoherencia de una política de Estado en el seno de la dirección nacionalista, contradice la política chavista sobre el "desarrollo endógeno", el llamado socialismo del siglo 21 y otros discursos discrepantes con la práctica y los hechos que conlleva dicha propuesta. Todo el pueblo venezolano conoce el carácter tradicionalmente neo–colonial y pro imperialista de las fuerzas del gran capital venezolano representadas en FEDECAMARAS–VENAMCHAM, burguesía que sin recato alguno ha bañado de sangre al proceso revolucionario y al pueblo en los últimos cincuenta años de gobiernos adeco–copeyanos, incluyendo su dirección activa en los dramáticos sucesos del 2002–2003, originados por el reaccionario golpe cívico–militar organizado por Estados Unidos, la Iglesia, Carmona Estanga , Luís Giusti y otros.

Los nuevos acuerdos económicos–políticos del Estado bolivariano con la gran empresa criolla y extranjera, bajo condiciones del nefasto artículo 301 de la Constitución Bolivariana que legitima que "la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional" (sic), marchan justamente contra cualquier intento de desarrollo "endógeno" , nada tienen que ver con el socialismo y la liberación nacional, detiene al estado de transición de esta última con el socialismo, obstaculiza la productividad nacional y paraliza cualquier intento de desarrollo de las fuerzas productivas no dependientes de los intereses transnacionales, puesto que un estado de independencia político–económica en el marco del proceso revolucionario venezolano actual, no puede desarrollarse en una alianza con los sectores de la burguesía monopolista y partidos que obedecen ciegamente a los intereses del imperio norteamericano, hechos demostrados tanto en el pasado como en el presente por la burguesía de FEDECAMARAS–VENAMCHAM. Éste fue su comportamiento durante la reaccionaria ofensiva de sabotajes y golpes de Estados tramados por la Coordinadora Democrática en el año 2002. El pueblo pagó muy caro esa política de la clase burguesa.

Cualquier fase de transición liberadora en Venezuela está asociada a un amplio frente con sectores oprimidos, campesinos pobres, comunidades, pequeños empresarios y grupos militares nacionalistas antiimperialistas, bajo la dirección y la fuerza motriz de la clase obrera, pero nunca con la alta burguesía colonial y sus secuaces políticos como centro de ella. Solo esta alianza revolucionaria y antiimperialista puede crear un verdadero estado de transición hacia el socialismo y combinar sus medidas.

3.– En lo económico–político algunos puntos del acuerdo significan un retorno a las alianzas del pasado, que contradicen los planes sociales adelantados por el gobierno de Chávez, potenciando las corrientes de derecha y burocráticas que empujan con fuerza dentro del proceso y en las filas chavistas opuestas al socialismo.

4.– Con la derogación del Impuesto a las Transacciones Financieras (FTI 2007), el Estado dejará de percibir 8 billones de bolívares, so pretexto de que con esos beneficios la presión burguesa bajará y con ello la inflación en momentos de la grave crisis alimentaria que estremece al mundo capitalista, cuyas causas no solo están en el deterioro ambiental originado por sus industrias, en la hambruna generada por la utilización de importantes rubros alimenticios para generar bio–combustibles o en la alta demanda de China y la India, sino por la manipulación imperialista de los precios a nivel general y su carga de miseria sobre la humanidad.

5.– Pero ni esos beneficios ni los mil millones de dólares ofertados por el Estado para la gran empresa, ni todas las ventajas de los que goza el capitalismo monopolista en Venezuela, harán disminuir los chantajes capitalistas, no aumentará la productividad interna ni bajará la inflación. Los grandes capitalistas seguirán su tradicional política de importación –de $36 mil millones en el 2007)– así mismo continuará la transferencia de dólares al exterior – que hasta la fecha sobrepasa los doscientos mil millones–, no cesará la manipulación de los precios arrastrando una tasa inflacionaria pronosticada para fin de año en más de un 21%. Cifras que significan una acumulación considerable de capital y el deterioro del salario real de los trabajadores.

Como hemos dicho, la inflación, el proceso especulativo de los precios, el manejo de la oferta de empleo e incluso la corrupción son factores ligados a la enorme acumulación necesaria a los monopolios capitalistas criollos y extranjeros que operan en Venezuela. Mal pueden pensar los nacionalistas combatir estos flagelos precisamente con quienes lo originan. Lo planteado es todo lo contrario: aplicar el artículo 113 de la Constitución Bolivariana que ordena disolver los monopolios privados, redistribuyendo esa propiedad en propiedad social dirigida por los trabajadores y sus aliados.

Esa política estratégica y con el mismo argumento sobre la productividad capitalista, fue aplicada por el punto–fijismo durante medio siglo, socialmente fue un desastre elevando el desempleo a más de dos millones de parados y la inflación a un 90% en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, enriqueciendo groseramente a la burguesía punto–fijista, la misma que hoy pacta medidas económico–políticas con el gobierno bolivariano.

6.– Los acuerdos bilaterales estratégicos gobierno–alta burguesía firmados en plenaria por el alto empresariado y el gobierno el día 11 de junio, soslayaron completamente la participación de la clase trabajadora y menos aun fueron tomadas en cuenta las reivindicaciones a sus grandes problemas. La verdadera clase creadora de la productividad no fue consultada, y sus intereses quedaron en manos de la clase patronal de la gran empresa privada y el Estado, juntos en una alianza estratégica nacional productiva que seguramente tendrá un profundo impacto en la masa laboral.

Para nada tocó esa alianza la Ley de Seguridad Social Integral, las violaciones permanentes de los patronos capitalistas del decreto–ley de inamovilidad, no se tomaron medidas concretas para controlar la inflación fuera de la generalidad vista y poco confiable de que la productividad capitalista aumentará con las medidas batiendo la inflación. Supuesto negado en una sociedad capitalista dominada absolutamente por los monopolios. Nada se tocó sobre el salario y las incongruencias publicadas en la Gaceta Oficial en torno al aumento del 30%, sus limitaciones, insuficiencias y la no aplicación de la Ley del Trabajo, por supuesto eliminando los parámetros neoliberales que ella contiene. Nada se dijo del sistema de contrata, tercerización de los contratos públicos y privados, la ausencia de los derechos laborales en dicha modalidad; de las cooperativas como instrumento de maquila por las transnacionales del impacto de dicha estrategia en el 21% que recibe el factor social del Producto Interno Bruto (PIB), de las cifras de desempleo y subempleo que siguen siendo altas y que no se resolverán al albedrío de un mercado altamente monopolizado etc.

7.– En la práctica poca cosa puede esperar la PYME de ese acuerdo. Independientemente de las "ayuditas" del Estado y de la condonación de deuda al pequeño capitalista por 45 mil millones y tanto –lo cual es justo pero poco, ante los 8 billones de bolívares y los mil millones de dólares que el Estado transfiere a los grandes empresarios. Seguramente a un mayor poder de los monopolios aumentarán las contradicciones inter–capitalistas de éstos con la pequeña y mediana empresa, mucho más con las microempresas y cooperativas, por aquello de la acumulación y concentración del capital y las desventajas de estas formas del pequeño capitalismo con los grandes consorcios extranjeros e internos.

El Ministro de Planificación y Desarrollo Haiman El Troudi, en declaraciones a Últimas Noticias el 16 de junio, declaró: "...las políticas anunciadas disipan cualquier rezago de duda sobre la propuesta económica del gobierno nacional plasmada en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, plan estratégico aprobado por la Asamblea Nacional".

Como podemos ver no es un asunto de "táctica", ante la ley universal del capital no hay discurso "endógeno" ni medida populista que valga.

El movimiento trabajador, auténtico artífice de la producción y generador de riquezas a través de su plusvalía, responde a los acuerdos entreguistas de la clase política y la burguesía empresarial y financiera del país. Una revolución proletaria es imposible sin los trabajadores y sus sindicatos, del mismo modo es una anomalía si la revolución va de la mano de la clase que representa la explotación histórica de la clase obrera.

Únete, lucha, venceremos

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
Junio 2008