Durante la mañana del 26.11.09 fue asesinado en la ciudad de Barquisimeto Mijail Martínez, de 24 años de edad, videoactivista y colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara. Según los testimonios, dos individuos desconocidos abordaron a Mijail en las afueras de su domicilio, y tras llamarlo por su nombre le realizaron varios disparos en el pecho.

La víctima es productor audiovisual y trabaja en el programa de televisión de su padre Víctor Martínez, un antiguo militante bolivariano y ex diputado del Consejo Legislativo de la región, el cual debido a las múltiples contradicciones del proceso bolivariano ha venido realizando denuncias acerca de la implicación de altos funcionarios gubernamentales y policiales en hechos de corrupción y violación a los derechos humanos. En declaraciones ofrecidas a los medios, Víctor señala que el móvil del asesinato es político, y buscaba silenciar sus señalamientos: “Chávez yo te ayudé cuando estabas solo en la cárcel y nadie daba medio por ti, eres el responsable de la muerte de mi hijo y de muchos delitos que se cometen, porque en vez de ser el primer garante de la constitución eres el primer violador y debido a esto pagamos todos los venezolanos con la inseguridad que hay en el país”, afirmó.

Este crimen político se realiza en un contexto regional de profunda degradación de los diferentes niveles del poder gubernamental. Como han venido registrando organizaciones de derechos humanos como Provea, la policía del estado Lara es el segundo cuerpo policial denunciado por violaciones al derecho a la vida, acumulando durante el año 2008 el 19,43% de los casos en todo el país, para un total de 31 víctimas. Además, los policías han sido denunciados por su participación activa en extorsiones, atracos a bancos, secuestros, tráfico y siembra de drogas en la ciudad, lo cual tiene como principales víctimas a personas de bajos recursos. Esta situación ha motivado la respuesta social de diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI), fundado en el año 2004. El CVCI ha denunciado la implicación de altos funcionarios regionales, tales como el antiguo comandante de la policía Rodríguez Figuera, en la creación de las mafias policiales, así como el encubrimiento y participación del antiguo gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes. En vez de realizar una investigación de las diferentes denuncias, el gobierno central premió al exgobernador con el cargo de Ministro de la Secretaría de la Presidencia.

Debido a sus denuncias y movilizaciones, los integrantes del CVCI han sido objeto de amenazas de muerte y de un proceso creciente de criminalización. Desde el momento de su fundación, Mijail Martínez había venido registrando en video el trabajo comunitario de la organización, con la intención de realizar un documental sobre esta experiencia popular. Una muestra de su trabajo puede verse en http://www.vimeo.com/5130428

Desde el periódico El Libertario denunciamos este hecho como un nuevo capítulo de la arremetida gubernamental contra las organizaciones de base, autónomas, revolucionarias y disidentes. Asimismo, enviamos todos nuestros mensajes de condolencia y afecto a los familiares y amigos de Mijail, un prometedor joven en el terreno de las luchas sociales cuyo entusiasmo y compañerismo fuimos testigos. Señalamos que este crimen es parte de la política de criminalización de la protesta popular emprendida por un gobierno servil a los intereses del capitalismo globalizado. Por último, denunciamos la complicidad del gobierno, de los medios estatales y pseudocomunitarios, de la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Tribunales de Justicia en cualquier hecho que ponga en peligro la vida e integridad de Víctor Martínez y su familia, los integrantes del Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara y del resto de luchadores y luchadoras populares de la región que han venido señalando, con nombres y apellidos, la implicación de funcionarios policiales y burocráticos en hechos de corrupción, tráfico de drogas, extorsión, secuestros y asesinatos en la región centro–occidental del país.