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La
condena a Rubén González es un golpe a toda la clase
obrera
7
años y medio de cárcel por encabezar una huelga
Un
punto de inflexión en el gobierno de Chávez
El
Topo Obrero, 02/03/11
 Ha
culminado un proceso judicial contra la clase obrera en la
persona del Secretario General de SINTRAFERROMINERA, compañero
Rubén González. La razón: empezar a asumir a plenitud la
necesidad de salir a defender con la principal arma de la
clase, como es la huelga, sus derechos reivindicativos, así
como ayer defendió las libertades democráticas atacadas
sin misericordia por los golpistas del 2A y con más
relevancia y claridad el 2D.
Por ironías
de la historia, la sentencia a 7 años y 6 meses que se
dictaron a Rubén González, militante “indisciplinado”
del PSUV, se da a los pocos días que el gobierno que le
condena a la pena de prisión, acordó la libertad de varios
criminales que atentaron aquel 11A y aquel 2D contra el
gobierno del presidente Chávez, contra el propio gobierno
que nos condena a prisión y que le da la libertad a
criminales políticos y delincuentes comunes.
Rechazamos enérgicamente
esta sentencia, así como condena la libertad recién
acordada entre Chávez y los “jóvenes” fascistas”,
pues ello no es más que la condena a los derechos del
pueblo trabajador de combatir a los hambreadores del pueblo,
por mejores condiciones de vida y trabajo y a darle manos
libres a esos mismos hambreadores y sus representantes políticos
a seguir desarrollando sus planes antiobreros y
antinacionales por las vías que sean, las legales o las
conspirativas.
La clase
obrera tiene que asumir en esta nueva etapa la lucha por la
libertad plena de Rubén González con redoblados bríos
reconociendo a quienes se dicen demócratas y socialistas de
palabra, pero enemigos de los derechos consagrados en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de
la clase de hecho.
Rubén González
señaló al escuchar la sentencia: "estaré preso pero
hice lo que tenia que hacer" lo que nos obliga a los
trabajadores y sectores socialistas revolucionarios a hacer
lo que sea, junto a las masas obreras y populares, para
devolverle su libertad y sellar para siempre la política
que lo condenó.
La clase
obrera y sus organizaciones tenemos que tocar clarinada de
combate, pues ya no solo es que declaran nuestra luchas
ilegales, incluyendo las que logran cumplir todos los
requisitos legales, no solo nos asesinan con policías
oficiales como en el caso de los camaradas en Mitsubishi, o
por medio de sicarios como a camaradas de la UNT del estado
Aragua, sino que ahora le suman el castigo de la cárcel y
todo para amedrentarnos para que no reclamemos lo que por
justicia nos pertenece, pues todo lo producimos.
Si la clase
obrera y pueblo árabe del norte de África, ha sido capaz
de derrotar dictaduras criminales de décadas como las de Túnez
y Egipto y tienen a punto de caída la de Kadafi, que no
miran para asesinar abiertamente a quien exige pan, trabajo
y libertades democráticas, la clase obrera de Venezuela
también tiene la fuerza para derrotar la política de
criminalización de la protesta obrera y popular y poner en
libertad plena a Rubén Gonzalez y a los más de 100 compañeros
pasados a tribunales por luchar por los derechos del pueblo
trabajador.
Por la unidad
de toda la clase obrera y sus organizaciones por la libertad
plena de Rubén González ¡YA!.
Por la unidad
en el combate de todas las organizaciones sindicales y políticas
de los trabajadores y el pueblo contra la criminalización
de las luchas obreras y populares.
Si Rubén está
preso por lo que tenía que hacer, la clase obrera hará lo
que tiene que hacer para devolverle su libertad.
• ¡Por el
derecho de todas y todos los trabajadores y pueblo oprimido
a protestar!
• ¡Por el
derecho a exigir nuestros derechos reivindicativos y democráticos!
• ¡Por el
cese a la criminalización de la protesta!
• ¡Por la
libertad Inmediata de Rubén González!
• ¡Protestar
no es un delito, es un derecho!
Última
hora: libran boleta de excarcelación
para el dirigente obrero
¡Movilización
logra sacar de la cárcel a González!
Laclase.info,
03/03/11
Ciudad
Guayana, 12 del mediodía.– Centenares de trabajadores de
la región, así como Orlando Chirino, José Bodas, José
Acarigua, y otros dirigentes sindicales se encuentran en las
afueras de la sede policial de Patrulleros del Caroní,
donde ha estado recluido el preso político Rubén González
desde septiembre de 2009. Hace pocos minutos ha sido librada
una boleta de excarcelación para el dirigente obrero, quien
tres días antes había sido sentenciado a siete años y
seis meses de cárcel. La poderosa movilización de los
trabajadores de Guayana y de todo el país, así como el
anuncio de un inminente paro nacional, conquistó esta
medida para sacar a Rubén González del lugar donde llevaba
más de un año recluido por ejercer el derecho a huelga.
Los
trabajadores han ganado la primera batalla, con esta medida
de libertad condicionada a un régimen de presentación para
el dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, pero ahora
toca luchar por la libertad plena de Rubén González y la
anulación de la sentencia judicial que criminaliza el
derecho a huelga. La decisión estableciendo régimen de
libertad condicionada fue dictado por el Tribunal Supremo de
Justicia.
"Estamos
demostrando lo que somos capaces de lograr cuando los
trabajadores nos unimos en defensa de nuestros derechos, la
clase trabajadora liberó a Rubén González", expresó
José Bodas en declaraciones a un conocido canal de televisión.
Rubén
González agradeció a los trabajadores de todo el país
que se movilizaron por su libertad
Se
mantendrá en lucha por la defensa de
los derechos de la clase obrera
Laclase.info,
04/03/11
Puerto Ordaz,
3 de marzo.– La movilización de los trabajadores,
alimentada por la indignación general que produjo la
aberrante sentencia de siete años y medio de cárcel contra
el dirigente obrero Rubén González, ejerció la presión
necesaria para obligar al gobierno a sacarlo de la cárcel.
Reconociendo
este hecho, Rubén González agradeció a los trabajadores
de todo el país que lucharon por su liberación, en la
rueda de prensa ofrecida desde la sede policial donde estuvo
recluido en calidad de preso político durante más de 16
meses.
Esta mañana,
mientras se realizaban paralizaciones y concentraciones de
trabajadores en todas las empresas de Guayana, el Alcalde de
Caroní se dirigió a la sede policial donde se encontraba
preso Rubén González, para ponerlo en contacto con el
ministro del Interior y Justicia, quien le comunicó por vía
telefónica que se expediría una boleta de excarcelación,
medida que se materializó cerca del mediodía, en virtud de
un fallo del Tribunal Supremo de Justicia
"Saludo a
todas las fuerzas laborales de Guayana, a todos los que me
han apoyado y se han solidarizado con esta lucha, pero no
estoy del todo satisfecho porque la libertad no es
total", dijo González, quien deberá presentarse periódicamente
ante los tribunales.
Criticó que
sectores del gobierno acusen de "desestabilizadores y
guarimberos" a los dirigentes sindicales que luchan en
defensa de los derechos de la masa trabajadora. "No
somos guarimberos, somos luchadores", enfatizó, y
aseguró que los propios trabajadores se encargarán de
emitir un juicio sobre aquellos dirigentes sindicales que
defienden a los patronos antes que a su propia clase.
"El patrono no necesita que lo defendamos, puede
defenderse solo. Nuestro deber es defender los derechos de
los trabajadores", explicó.
Recientemente,
el ex ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, y el
diputado del PSUV, Francisco Torrealba, habían justificado
la condena contra González. Torrealba llegó a asegurar en
declaraciones a Unión Radio que "(Rubén González) no
tiene una patente de corso para cometer delitos o actuar al
margen de la ley y eso parece ser el caso de lo que ocurrió".
González
advirtió que se mantendrá en la lucha reivindicativa:
"Continuaré defendiendo los intereses de los
trabajadores, si no lo hago sería un traidor".
Asimismo, criticó por antidemocrático el modelo de
"control obrero" impulsado por el gobierno en las
empresas básicas, planteando que en el control obrero los
trabajadores deben decidir, y no estar sujetos a decisiones
que vienen dictadas desde arriba.
Varias
organizaciones obreras y de izquierda mantienen en pie una
convocatoria a marchar este viernes, 11 de marzo, en Puerto
Ordaz contra la criminalización de la protesta y por
libertad plena para Rubén González.
Cada
vez más protestas, y más reprimidas
El
caso de Rubén González
Por
Humberto Márquez
Inter Press Service (IPS), 10/12/10
Caracas.–
Rubén González, un obrero soldador de 51 años, socialista
y secretario general de un sindicato del hierro, lleva más
de un año preso en Venezuela por encabezar una protesta de
centenares de sus compañeros a las puertas de la mina San
Isidro, en Ciudad Piar, 550 kilómetros al sudeste de la
capital.
"Durante
15 días a partir del 9 de agosto de 2009, los trabajadores
permanecieron en el portón de la empresa (estatal
Ferrominera Orinoco), en huelga pacífica, reclamando el
pago de salarios conforme a la convención colectiva",
recordó González a IPS, por teléfono, desde la sede
policial en la sudoriental Ciudad Guayana donde está
recluido.
La protesta
concluyó con la firma de un compromiso de pago firmado por
las partes en el mismo portón, pero unos días después
González fue detenido y se inició un lento juicio en su
contra bajo cargos de "agavillamiento" (asociación
ilícita), instigación a delinquir, restricción a la
libertad de trabajo y violación de zonas declaradas como de
seguridad.
El de González
fue considerado un caso emblemático por la organización
Provea al acompañar su informe anual sobre la situación de
los derechos humanos con un estudio sobre la década de
protestas en Venezuela 2000–2010, en coincidencia con la
conmemoración este viernes 10 del Día Internacional de los
Derechos Humanos.
"Desde
2005 se inició un proceso creciente de criminalización de
la protesta social, usando el sistema de administración de
justicia. A la fecha, más de 2.400 personas se encuentran
procesadas por ejercer el derecho a la protesta pacífica",
señaló a IPS la abogada Mariana Belalba, coordinadora del
estudio.
Ello en el
marco de un incremento sostenido de la protesta popular,
pues entre octubre de 1999 y septiembre de 2010 hubo 19.250
protestas de calle en Venezuela. De un promedio de 1.200 a
1.500 en los primeros años de la década se pasó a 2.893
en 2008–2009 y a 3.315 en el período 2009–2010, según
Belalba.
El informe
sobre la década viene a representar un balance de la
situación de derechos humanos en el país del gobierno del
izquierdista Hugo Chávez, en el poder desde febrero de
1999.
González dijo
que "mi caso lo usan para tratar de detener las luchas
de los obreros de las empresas básicas (hierro, acero,
aluminio, hidroelectricidad) en Guayana y vulnerar sus
derechos y reivindicaciones". Guyana es un estado, en
el sudeste del país, de gran riqueza minera, hídrica y
ecológica.
Responsables
de esas empresas estatales en ocasiones acusan a los
trabajadores que exigen reivindicaciones como saboteadores o
desestabilizadores, deploró González.
En su caso
subrayó que "nunca hicimos sabotaje y protestamos pacíficamente",
pero además recordó que no ha sido opositor sino activo
seguidor de Chávez, ex concejal en la zona y organizador
del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela en
Ciudad Piar.
Sindicalistas
de oposición consideran a González desde "una víctima
de una justicia amañada" hasta "un preso político",
en tanto el dirigente lamentó que algunos de sus compañeros
en la directiva del sindicato nombrasen a otro activista
como su reemplazo temporal "para conducirse de manera
complaciente con la empresa".
José Rodríguez,
ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores
de la Industria Siderúrgica y actual director laboral de la
estatal Siderúrgica del Orinoco, opinó que "estamos
convencidos de que esto no es una política aislada, es una
política de Estado, que llamamos criminalización de la
lucha. Lo que le pase a Rubén nos puede pasar a
nosotros".
El Comité de
Libertad Sindical de la Organización Internacional del
Trabajo pidió al gobierno de Venezuela que a González
"se le libere sin demora en espera de la sentencia y
que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios
sufridos".
Además el
Comité expresó su "preocupación ante la acumulación
de delitos a la que se enfrentan estos sindicalistas (González
y otros de la región de Guayana) por actividades
relacionadas con el ejercicio de los derechos
sindicales".
La alegada
persecución judicial se ha acompañado de la represión de
la protesta en la misma calle, que fue baja la primera mitad
de la década, con 54 manifestaciones reprimidas en 2000 y sólo
18 en 2005. Pero se incrementó en la segunda mitad, con 187
protestas reprimidas en 2008–2009 y 150 en 2009–2010.
Llamativamente,
durante la primera mitad de la década el signo dominante de
la protesta callejera era la política, al exigir los
manifestantes derechos civiles y políticos, mientras que
desde octubre de 2004 hasta septiembre de 2010 predominan
las protestas por derechos económicos, sociales y
culturales.
De las 19.250
protestas registradas en la década, 71 por ciento
demandaron derechos económicos y sociales, 26 por ciento
exigieron derechos civiles y políticos, y del resto no se
registró una determinación específica.
Las
modalidades más usadas han sido el cierre de vías (5.913),
concentraciones (5.093), las marchas (1.290) y la toma de
establecimientos (1.506).
También hay
una creciente radicalización de la protesta. El coordinador
general de Provea, Marino Alvarado, puso como ejemplo que en
el periodo 2009–2010 se registraron 103 personas en huelga
de hambre, mientras en el periodo precedente solo se conoció
un caso.
"Desde
2005 se han incrementado las acciones legales y políticas
para restringir el derecho a la protesta, como reformas al Código
Penal con normas de desacato –que castigan ofensas a las
autoridades– y sanciones más severas a quienes
interrumpan el tránsito por vías o el funcionamiento de
entes públicos", observó Belalba.
Hace un mes 33
personas que se negaban a abandonar un vagón del atestado y
demorado Metro de Caracas (tren subterráneo), enojados
porque se les obligaba a cambiar de tren al cabo de una
larga espera, fueron arrestadas y acusados de obstruir vías
férreas y resistirse a la autoridad. En esta oportunidad,
un juez los liberó completamente a las 36 horas.
El estudio
considera que declaraciones de funcionarios civiles y
militares "incitan a los organismos a reprimir", y
cita como ejemplo la declaración de Chávez en enero de
2009 al ordenar a los cuerpos de seguridad que "a quien
salga a quemar un carro, unos árboles o trancar una calle,
me le echan gas del bueno y me lo meten preso".
"Del
trato de la policía aquí donde estoy preso no tengo
quejas, los agentes comprenden que soy un obrero castigado
por una protesta laboral", dijo González. "Pero sí
da dolor ver que salen libres criminales, narcotraficantes o
violadores mientras William Saud o yo permanecemos
detenidos", dijo González.
Saud,
de 61 años, enfermo de la próstata y con cáncer de piel
según informes médicos, está preso desde hace más de dos
años en Guayana tras encabezar una protesta de trabajadores
de la empresa aurífera canadiense Crystallex, acusado como
González de “agavillamiento e instigación a
delinquir”.
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