Tortuoso
camino a la constituyente
Por
Kintto Lucas
Inter
Pres Service (IPS), 31/01/07
Quito.–
La convocatoria a un referéndum para que los ecuatorianos decidan
sobre la instalación de una asamblea constituyente luce irreversible
por la presión popular y el acuerdo político entre el gobierno de
Rafael Correa y el ex presidente Lucio Gutiérrez.
Sin
embargo, organizaciones y movimientos sociales y políticos que
reclaman una constituyente no confían en el cumplimiento del acuerdo
por parte de Gutiérrez (2003–2005) y decidieron mantener protestas
sociales ante el Congreso legislativo unicameral para que agilite la
convocatoria.
El
martes unas 5.000 personas rodearon la sede del Poder Legislativo, el
presidente de la Cámara, Jorge Cevallos, concluyó abruptamente la
sesión alegando "falta de garantías para sesionar", y los
diputados salieron del edificio protegidos por efectivos policiales.
Entonces,
algunos manifestantes lograron romper el cerco policial y ocuparon el
edificio por algunos minutos hasta que fueron dispersados con gases
lacrimógenos.
Si
bien el Congreso se aprestaba a tratar la aprobación de la Consulta
Popular sobre la Asamblea Constituyente para luego remitirla al
Tribunal Supremo Electoral (TSE), que será el encargado de organizar
la convocatoria, la protesta expuso la desconfianza de los movimientos
sociales hacia el Legislativo.
Los
manifestantes también criticaban a los congresistas por haberse
elevado el lunes sus sueldos en un monto equivalente a 1.000 dólares,
tres semanas después de haber votado una reducción y asegurado que
se iniciaba un periodo legislativo austero.
El
dirigente del Movimiento Popular Democrático (MPD), Luis Villacís,
dijo a IPS que la movilización "expresa la exigencia popular que
quiere la consulta para instalar la asamblea constituyente".
Al
MPD están vinculadas varias organizaciones sociales de maestros,
estudiantes y pequeños comerciantes que constituyeron la masa más
numerosa de la movilización.
El
dirigente sindical Mesías Tatamuez, vinculado al Partido Socialista,
habló de "movilizaciones progresivas" que se multiplicarán
por todo el país.
Tatamuez
aseguró que las protestas, además de presionar a los diputados,
buscan que "el gobierno se abra a un diálogo" más amplio
con los diferentes movimientos y organizaciones sociales del país,
cuyos criterios sobre la constituyente no son tomados en cuenta.
El
gobierno "está actuando solito" y "si queremos
derrotar a la derecha debemos abrirnos al diálogo" y conformar
un gran frente de unidad.
"A
partir de hoy entramos en un proceso de movilización hasta que el
Congreso respete la voluntad de cambio de los ecuatorianos y viabilice
la consulta", señaló por su parte César Rodríguez,
coordinador en la movilización de los seguidores de Alianza País, el
sector del presidente Correa.
La
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que
no tomó parte en la protesta del martes, también anuncia
movilizaciones y hasta un alzamiento si no se diera paso a la consulta
popular sobre la constituyente.
El
lunes y el martes, la Confederación de los Pueblos Kichwas del
Ecuador (Ecuarunari), la organización más importante y poderosa de
las que integran la Conaie, celebró una asamblea extraordinaria para
elaborar un cronograma de actividades hacia la constituyente.
"La
constituyente es un hecho que no pueden parar unos pocos diputados. Es
una exigencia de la población que se va a concretar. Si intentan
pararla y se hace necesario un levantamiento indígena, lo
haremos", afirmó Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari.
La
Conaie, Ecuarunari y decenas de otras organizaciones y movimientos
sociales conformaron el Frente Nacional por la Asamblea Plurinacional
Constituyente que apuesta a participar en forma unitaria en el
proceso, explicó Cholango.
"Solo
la unidad de las organizaciones sociales del campo y la ciudad va a
derrotar a los sectores de poder de la derecha que, como no pueden
detener la constituyente, intentarán coparla para imponer sus
intereses", aseguró el dirigente.
El
presidente de la Conaie, Luis Macas, informó que en las comunidades y
organizaciones de base indígenas se está comenzando a discutir
aspectos a incluir en las bases de la nueva estructura política, jurídica
y económica de Ecuador.
"Es
fundamental la discusión de temas que deben estar en la asamblea
constituyente y en la nueva constitución, como la defensa de la
soberanía, la nacionalización de los recursos naturales, la defensa
de la biodiversidad y la revolución agraria", argumentó Macas.
Según
encuestas realizadas por varias empresas, entre 80 y 90 por ciento de
los ecuatorianos consultados apoyan la instalación de una asamblea
constituyente.
La
encuestadora Datanálisis, una de las más importantes del país,
afirma que 85 por ciento de los entrevistados en sus consultas
apoyaron la convocatoria. Mientras la firma Cedatos fija el respaldo
en 80 por ciento.
Debido
a que la oficialista Alianza País no cuenta con un bloque legislativo
propio, Correa depende de los votos de aliados como el Partido
Sociedad Patriótica (PSP), de Gutiérrez, para viabilizar reformas
como la constituyente.
El
intrincado acuerdo político entre Correa y Gutiérrez para habilitar
la consulta popular tiene varias etapas que deberían quemarse esta
semana.
El
gobierno cumplió la primera apoyando ocho días atrás el
nombramiento de un representante del PSP como presidente del TSE.
También
invistió como presidente del Banco Nacional de Fomento a un allegado
del ex mandatario.
Pero
el TSE, en lugar de resolver el pedido de referéndum enviado por el
presidente Correa, decidió enviarlo al Congreso para que éste
determinara si "es constitucional", en espera de que se
cumplieran otros puntos del acuerdo.
El
TSE debería levantar la prohibición de actividad política que pesa
sobre Gutiérrez para que pueda postularse a la constituyente, con el
voto de seis de sus siete integrantes, cumpliendo un punto más del
acuerdo y allanando el camino para la aprobación legislativa de la
consulta.
A
renglón seguido, Correa deberá nombrar al contralor general de la
Nación de una terna ya enviada desde el Legislativo, e integrada por
personas vinculadas a Gutiérrez.
Días
atrás, Correa aseguró que elegiría al contralor de esa terna y se
manifestó de acuerdo en que Gutiérrez aspirara a integrar la
asamblea constituyente porque "hay que derrotarlo en las
urnas".
Esas
palabras dispersaron dudas sobre el presunto incumplimiento de Correa
de un acuerdo que ha sido criticado por algunos sectores que lo
apoyan, lo que parece haber cambiado su talante hacia Gutiérrez, al
punto de haberlo llamado públicamente "víbora".
Los
dos dirigentes intentan sacar partido de la crisis. Gutiérrez se
muestra defensor de la constituyente y fiel de la balanza entre el
Ejecutivo y el parlamento.
Correa
ataca a la institución más desprestigiada del país, el Congreso,
por asumir la función de juez de la consulta entre el gobierno y el
TSE, y aprovecha para capitalizar las movilizaciones.
Las
marchas se iniciaron una semana después de que el TSE dejó la
calificación de la consulta en manos del Congreso, aunque el gobierno
restó importancia a esa decisión.
"La
resolución final será la convocatoria a la consulta popular",
afirmó el ministro del Interior, Gustavo Larrea.
"Hemos
sido claros (en) que apoyamos la consulta y vamos a votar en el
Congreso para que califique la urgencia de la consulta popular",
dijo Gilmar Gutiérrez, presidente nacional del PSP, candidato
presidencial en las elecciones pasadas y hermano de Lucio.
Los
24 legisladores del PSP, sumados a 11 de las socialdemócratas
Izquierda Democrática y Red Ética, seis del indigenista Movimiento
Pachakutik, tres del Movimiento Popular Democrático, uno del Partido
Socialista, uno del Movimiento Nuevo País, seis del populista Partido
Roldosista Ecuatoriano y un independiente conforman una mayoría de 53
votos, en un total de 100, necesaria para aprobar la consulta popular.
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