Hambre y biocombustibles

¿Cuál es la prioridad del estado mexicano
sobre el maíz?

Por Alejandro Villamar
ALAI, América Latina en Movimiento, 16/02/07

¿Llenar millones de autos con etanol, o llenar millones de estómagos, incluyendo de desnutridos, y conservar economías y culturas que no se compran en ninguna gasolinera, ni planta industrial del mundo?

A raíz de un aumento del precio del maíz amarillo en los Estados Unidos, debido, se dice, al aumento de la demanda para derivarlo a las plantas productoras de etanol, algunos funcionarios mexicanos, sin reparar en la responsabilidad que tienen para definir una política de Estado que beneficie a la mayoría de nuestro país, responden automáticamente a la propuesta de algunos poderosos sectores agrícolas que sueñan con sacar jugosas ganancias de esa nueva situación del mercado de EE.UU.[1]

Sin embargo, la pregunta obligada es si acaso en México vivimos situación similar a la de EE.UU. para responder con parecida política, o la política del Estado mexicano debe responder a las particularidades propias para que verdaderamente alcancemos resultados exitosos, de los que están ayunos la mayoría de los productores rurales, de campesinos e indígenas.

La situación productiva, social y mercantil del maíz y otros granos en Estados Unidos es diametralmente opuesta a la de México. En EE.UU. la administración ha adoptado una nueva estrategia multinanual de producción masiva de biocombustibles, sobre todo de etanol, a partir de maíz en su primera etapa, como parte de una política de objetivos múltiples. Los objetivos más publicitados han sido encaminarse a disminuir su dependencia de abasto externo de combustibles y sustituir unos combustibles por otros más sustentables, supuestamente menos contaminantes y más saludables.

Sin embargo, este país principal productor mundial de granos apoyados por enormes subsidios gubernamentales, también se enfrenta al reto de colocar sus grandes excedentes subsidiados en el mercado mundial, provocando un comercio desleal que viola reglas internacionales, destrucción de productores en otros países y obstáculos a la creación de un marco internacional de comercio multilateral.

Canalizar o re–dirigir sus excedentes al mercado interno resulta una distensión de una parte del conflicto internacional y una oportunidad de darle alternativa a sus sectores beneficiados por el gran agro–negocio industrial, e incluso levantar esperanzas de satisfacer demandas de otros productores familiares o pequeños y regiones que exigen atención.

No obstante, el desarrollo de esa estrategia estadounidense, como de otras naciones como Brasil o la Unión Europea, requiere superar múltiples obstáculos y objeciones tanto políticas, como ambientales y sobre todo de naturaleza socio–económica, que también México debe tener en cuenta.

Existe un sobre dimensionamiento o exageración sobre la contribución que el etanol hace en materia de independencia energética y ambiental y reducción de costos. Los cálculos académicos estadounidenses indican que aún dedicando toda la producción de granos, tan sólo se cubriría el 12 % de la demanda energética total; mientras no cambie la política y el modelo de derroche energético (matriz energética de producción–consumo) seguirá la dependencia y fuente principal de la producción de gases de invernadero, principal responsable del cambio climático y los daños globales.

La producción de etanol y su uso está lejos de caracterizarse como proceso no–contaminante. Recientemente, el 7 de febrero, el Premio Nobel Mario Molina afirmó en la Cámara de Diputados que la producción de etanol es contaminante, contribuye con más CO2, y es insignificante lo que se gana en energía neta. Además su producción requiere un gran consumo de agua (en proporción, para cada unidad de etanol se requieren 6 de agua); actualmente la producción de etanol no es realmente rentable y por ello se canalizarán enormes subsidios gubernamentales, objetivo evidente de las grandes monopolios de producción, comercialización y biotecnología. Finalmente, cada día crece el cuestionamiento social sobre la naturaleza irracional de usar granos alimenticios para alimentar motores, y se apunta a la necesidad de intensificar la investigación para usar celulosa de hierbas o desechos para obtención de biocombustibles.

A diferencia de Estados Unidos, México tiene una frágil suficiencia en maíz blanco y un creciente déficit en granos forrajeros y oleaginosos. Y si en EE.UU. el uso industrial de maíz y otros granos es una forma de manejo de la gran oferta y sus excedentes, el reto en México es lo contrario: incrementar la oferta nacional para satisfacer la demanda doméstica alimentaria, forrajera y agroalimentaria manufacturera.

A México le urge tener una oferta alimentaria estable y accesible para disminuir los altos grados de desnutrición, sobre todo infantil, de muy numerosas y socialmente sensibles comunidades indígenas y no indígenas, creación de empleos dignos y mejoramiento del bienestar comunitario en el espacio rural y también retomar una estrategia de política estatal para disminuir el grado de dependencia alimentaria que ha alcanzado niveles políticos y de presión internacional muy sensibles y peligrosos.

El círculo vicioso que se integra entre la pobreza y la desnutrición, como entre desempleo y exclusión social, es muy clara en amplias regiones del país y no sólo es un problema de justicia social y gobernabilidad, también es parte de las debilidades estructurales para fortalecer un mercado interno, mejoramiento de salud y protección de cultura y biodiversidad, y compromisos internacionales asumidos oficialmente.

En términos económicos, actualmente en México una política de subsidios a la producción de etanol significaría actualmente desviar los escasos recursos gubernamentales a proyectos no prioritarios ni estratégicos.

Además, la estrategia de producción de etanol de algunos grupos empresariales, no únicamente se orienta a recibir recursos gubernamentales, ni a exportarlo, sino, por una parte y bajo el muy dudoso y muy cuestionado argumento de aumento de la productividad mediante el uso de semillas transgénicas, se busca consolidar el control monopólico y tecnológico de los insumos básicos; se calcula que, después que el gobierno de V. Fox terminó de destrozar la empresa estatal (PRONASE) comercializadora de semilla nacional, ahora cerca del 90 % de las semillas mejoradas de maíz son controladas por la trasnacional Cargill y sus similares; y por la otra parte, ante el deseo de que se legisle conforme sus intereses privados y se vuelva obligatorio el uso de un determinado porcentaje de etanol en el transporte, esos productores en alianza estratégica con capital foráneo, aspiran también al control monopólico de producción e importación de biocombustibles y sentar las bases para desplazar a PEMEX.

Pero si en términos económicos no existen similitudes entre México y EE.UU. mucho menos los hay en términos de cultura, historia, identidad y comunidad alrededor de la creación, recreación y sobre–vivencia en torno al maíz. Ya sabemos que esos valores, mientras no se les vea con "ojos de dólares" no valen nada para el libre mercado y los mercaderes y especuladores de siempre. Sin embargo, esos son los valores centrales a partir de los cuales hemos sido país y hemos construido una identidad y singularidad como país y como comunidad. Siete mil años de historia de maíz son raíces muy profundas que ninguna moda mercantilista, vestida con falsa tecnología y adornada con retórica ambientalista puede ignorar y mucho menos borrar.

En síntesis, la copia dogmática de este modelo de biocombustibles para México es una equivocación política por su carácter disruptivo, inequitativo e insustentable.

La mayoría de sus propósitos son objetivos de política privada y de lucro que se desea presentar como objetivos de política pública, pero no desean asumir los costos sociales, ambientales y políticos que conlleva.

Por todas esas razones, llegó la hora de exigir una verdadera discusión pública y democrática sobre una verdadera y conveniente política de Estado sobre maíz y biocombustibles.

Nosotros, lo mismo que la mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas de este país, exigimos que la política de Estado responda al legítimo interés de la Nación, no de intereses facciosos, antisociales y anticulturales.

Reafirmamos nuestro respaldo y solidaridad al grito popular de que sin maíz no hay país.

Nos pronunciamos por un país con maíz porque el uso prioritario del maíz siga siendo alimentario, creado, recreado y apropiado por nuestr@s campesin@s.

Nota:

(*) Dr. Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio.

[1] Esta pendiente de dictamen final en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, una iniciativa de Ley de Promoción de los Biocombustibles, promovida por un abanico de actores privados y legisladores y crecientemente cuestionada por otras organizaciones campesinas y sociales.