10a.
Megamarcha
Vuelve
la APPO a las calles
Por
Octavio Velez Ascencio
Corresponsal, La Jornada, 09/03/07
Oaxaca, Oax., 8 de
marzo. Miles de miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO) volvieron a salir a las calles de esta ciudad
para demandar la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y la
libertad de los ''presos políticos y de conciencia''.
Además, exigieron el
cumplimiento del acuerdo suscrito por la sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de
Gobernación (SG) para la entrega de las escuelas ocupadas por priístas
e integrantes de la recién creada sección 59.
En un mitin, el
secretario de Organización del movimiento magisterial, Ezequiel
Rosales Carreño, emplazó a la SG a reinstalar la mesa de negociación
en un tiempo perentorio porque ''de lo contrario, se actuará en forma
contundente''.
Subrayó que la
demanda de destitución de Ulises Ruiz ''es irrenunciable'' y reiteró
el ultimátum a la administración estatal para que entregue antes del
24 de marzo los planteles ocupados o los recuperarán ''a como dé
lugar''.
Felipa Cruz,
integrante del consejo estatal de la APPO, dijo: ''Mientras siga el
tirano en el poder no habrá paz ni en los sepulcros''. Además, pidió
la libertad de los presos ''políticos y de conciencia''; la
presentación ''de los desaparecidos'' y cancelar las órdenes de
aprehensión contra miembros del movimiento magisterial y popular.
Por la tarde, en lo
que fue considerado como una respuesta de la SG, un juez federal
concedió libertad -previo pago de una fianza de 17 mil pesos- al líder
del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, preso desde
el 6 de agosto pasado en el Centro Federal de Readaptación Social número
uno del Altiplano, en el estado de México, por ataques a las vías de
comunicación.
Las consignas de ''¡Ya
cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!'', ''¡Hombro, con hombro, codo con
codo, la APPO, la APPO, la APPO somos todos!'' y ''¡Libertad,
libertad, a los presos por luchar!'' retumbaron nuevamente en las
calles de esta capital.
También surgieron
los gritos de ''¡El puño de la mujer, atenta contra el poder!'' y ''¡La
mujer presente, en la lucha de la CNTE!'', en ocasión del Día
Internacional de la Mujer.
De hecho, la
Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Agosto encabezó la décima
marcha magisterial y popular, que partió a las 11:30 del monumento a
Benito Juárez, en la carretera federal 190, rumbo a la Plaza de la
Danza, en el centro histórico, y fue transmitida en vivo por Radio
Plantón, la voz del movimiento magisterial, que volvió al aire después
de casi cuatro meses.
Al frente del
contingente iban los líderes appistas Patricia Jiménez, Aline
Castellanos, Erangelio Mendoza, Florentino López y Miguel Angel
Schultz, y, por parte del magisterio, el vocero Daniel Rosas y
Ezequiel Rosales.
Según la APPO, en la
movilización participaron alrededor de 100 mil personas, pero la
Secretaría de Protección Ciudadana reportó sólo 8 mil.
El numeroso
contingente provocó que unos 2 mil policías de diferentes
corporaciones locales se atrincheraran alrededor del zócalo para
cerrar el paso.
En las esquinas de
las calles del primer cuadro los policías colocaron vallas metálicas
con alambres de púas.
Sin embargo, los
manifestantes no avanzaron hacia esa zona y se quedaron a unas tres
cuadras de los retenes.
La manifestación no
estuvo exenta de incidentes. A unos minutos de haber comenzado, en las
inmediaciones de la agencia municipal Pueblo Nuevo, hubo una riña
entre miembros de las secciones 22 y 59.
Según Rosales Carreño,
el subdirector académico de la Escuela Normal de Educación Especial,
Juan Carlos Techachal, miembro de la sección 22, fue agredido por los
charros de la 59 cuando pasaba por el domicilio de uno de sus
integrantes, Roberto Gómez Castillejos, profesor de la secundaria técnica
número uno de esta ciudad. Techachal fue llevado al hospital
Presidente Juárez del ISSSTE.
También ocurrió un
zipizape entre ''provocadores'', identificados como porros al servicio
de la ex rectora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
Leticia Mendoza, y miembros de la comisión de seguridad de la APPO.
Los porros arrojaron
piedras, naranjas y botellas con agua, prendieron fuego a la puerta de
la dependencia Agua y Solidaridad para el Progreso y causaron daños
en una planta embotelladora.
Oaxaca:
reprimida, pero no vencida
Por
Gilberto López y Rivas
La Jornada, 09/03/07
El gobernador de
Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, considera erróneamente que con la represión
policiaca, militar y paramilitar; la persecución judicial; la
protección que le brindan el presidente espurio, Felipe Calderón, el
Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional -sus
gobernadores, diputados y senadores-, y la connivencia de los
corruptos medios de comunicación al servicio del poder, podrá
derrotar al pueblo oaxaqueño y que finalmente se saldrá con la suya,
es decir, que se mantendrá en el poder hasta el año 2010, a sangre,
fuego, demagogia e impunidad.
Lejos está la
sociedad oaxaqueña -y la del país - de sufrir amnesia sobre lo
ocurrido y de ser omisa sobre lo que está pasando. No es posible
olvidar a los muertos, desaparecidos, heridos, presos y exiliados. La
fuerza del Estado, la violencia de los poderosos y el peso de la
cotidianidad lograron imponerse por el momento, pero la experiencia
del autogobierno del pueblo, la rebeldía y la dignidad ciudadanas
conquistadas con imaginación, valor, esfuerzo unitario y capacidad de
organización germinarán y la Comuna de Oaxaca vencerá más temprano
que tarde.
También desde fuera
se escuchan las voces de la memoria, la indignación y la solidaridad.
Tenemos que agradecer los mexicanos el excelente trabajo realizado por
la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos
Humanos (CCIODH) que presentó recientemente su informe sobre los
hechos en Oaxaca. No sólo por el nivel de profesionalismo concretado
en él, no exento de una objetividad que ha impedido que el gobierno
espurio de Calderón pueda descalificarlo, sino por la presteza,
eficiencia y oportunidad con que salió al paso de un acontecimiento
de singular importancia en la historia reciente de nuestro país.
Resaltan las
conclusiones y recomendaciones del documento de la CCIODH entre la
rutina que acompaña a informes similares de comisiones de derechos
humanos que, no obstante que gozan de autonomía, responden
oficiosamente a coyunturas de crisis extrema, con base en equilibrios
de poder e intereses políticos de sus titulares. Tal es el caso de la
actuación en Oaxaca de las comisiones nacional y estatal de Derechos
Humanos, que según el informe han tenido "una intervención
tibia e insuficiente", en particular, la última, sobre la que
"algunos testimonios refieren que en el momento de las
detenciones, en las que se produjeron graves situaciones de tortura,
requirieron su presencia, pero ésta no intervino".
La composición de la
propia CCIODH explica la singularidad de sus planteamientos: personas
íntegras y comprometidas con las causas profundas de la sociedad
civil, como el propio Iñaqui García, su portavoz y uno de sus
principales impulsores, a quien en Barcelona se le respeta por la valía
de su trabajo y su congruencia ética.
Con contundencia se
identifican las intenciones de fondo en el accionar del Estado
mexicano cuando se afirma: "La comisión considera que los hechos
ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica,
policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios, cuyo
objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población
civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización
ciudadana o movimientos de carácter social no partidista".
Esta última característica
explica en parte los titubeos y equívocos de la izquierda
institucionalizada y de Andrés Manuel López Obrador en el apoyo a la
causa de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el
conveniente deslinde de las corrientes abiertamente colaboracionistas
dentro del Partido de la Revolución Democrática, que más que la
transformación social buscan el acomodo y el arribismo, y no quieren
involucrarse con procesos fuera del control de la burocracia.
Inútilmente, Felipe
Calderón pretende -mediante el golpeteo mediático y maquilladas
encuestas- asentarse en una Presidencia usurpada, cuando la CCIODH
recomienda la presencia en México de la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y concluye: "Los
poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad
de expresión, asociación, reunión, participación política, libre
circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la
fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos
fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacíficas,
impidiendo el pleno ejercicio de la función de los representantes
comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a
medios de comunicación".
Con toda pertinencia,
la comisión hace notar los efectos sicosociales sobre la población
oaxaqueña, que explica en parte la vuelta a la "normalidad"
que tanto pregona Ulises Ruiz como prueba de gobernabilidad: "Las
violaciones a los derechos humanos han tenido altos impactos físicos,
emocionales y sicológicos, dejando severos daños a las personas, a
las familias y a la comunidad. Las secuelas sicosociales derivadas del
conflicto no desaparecen totalmente y se reflejan en la vida cotidiana
de personas, familias y poblaciones", señala.
No obstante, la
propia comisión ha encontrado que "colectiva e individualmente
existe, pese a la estrategia implementada, un nivel de solidaridad
alto, que permite tener una fuerte capacidad de recuperación y de
fortalecimiento importante. Existen elementos de dignidad en
situaciones que deben ser consideradas extremas por su virulencia y
gravedad, tanto en las personas que participan socialmente, como en el
conjunto de los ciudadanos". Aquí está la clave, precisamente,
que fundamenta nuestro optimismo con respecto al futuro inmediato del
movimiento popular en Oaxaca y en todo el país.
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