La
crisis ecuatoriana
Por
Raúl Zibechi
La Jornada, 16/03/07
La destitución de 57
de los 100 legisladores por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de
Ecuador disparó una crisis apenas contenida desde que Rafael Correa
asumió la presidencia, hace apenas dos meses, y decidió cumplir con
su principal promesa electoral: convocar una Asamblea Constituyente.
De esa forma el tribunal respondía a la destitución por el Congreso
de su presidente, Jorge Acosta, por haber convocado a la ciudadanía a
que se pronuncie si está de acuerdo con que se elija una
Constituyente sin aval parlamentario. Este es, precisamente, el
principal punto de fricción: si la Constituyente tendrá o no
facultades superiores a las del parlamento, cuestión que se venía
negociando sin que el gobierno y los diputados consiguieran ponerse de
acuerdo.
En los hechos, la
convocatoria de una Constituyente supone la posibilidad de desplazar
la corrupta dirigencia política que maneja el país desde hace décadas.
Todos sabían que en algún momento el enfrentamiento se volvería
inevitable, ya que el presidente Correa no cuenta con diputados
propios al no haber presentado listas parlamentarias. Esa fue, por
cierto, una de las claves de su triunfo, ya que el Congreso
–escaparate de los políticos profesionales– es rechazado por la
inmensa mayoría de la población. Según encuestas, sólo 15 por
ciento de los ecuatorianos apoyan la gestión del Congreso, al que
culpan por la crisis institucional del país.
La reacción de los
57 destituidos es la que se esperaba: algunos forcejearon con la policía
y unos 20 pudieron ingresar al recinto en el que se atrincheraron a la
espera de una improbable resolución del Tribunal Constitucional que
los reponga en sus cargos. Denuncian lo que consideran un "golpe
de Estado", mientras el TSE los acusa de impedir la realización
del acto electoral que ya estaba convocado. Tanto Correa como la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el
principal movimiento social ecuatoriano, están convocando a la
población a movilizarse en apoyo de las elecciones para integrar la
Asamblea Constituyente, que se celebrarán antes del 15 de mayo.
Sin embargo, la
crisis ecuatoriana que estalla ahora se viene incubando desde hace décadas
y se instaló en el país hace 11 años. En efecto, el último
presidente que pudo terminar su mandato fue el conservador Sixto Durán
Ballén en 1996. A partir de ahí, los cuatro presidentes que le
siguieron debieron abandonar el cargo en medio de levantamientos y
movilizaciones populares. Ese mismo año el Congreso destituyó al
derechista Abdalá Bucaram por "incapacidad mental para
gobernar", en medio de protestas generalizadas contra la
escandalosa corrupción y los tarifazos decretados. Gobernó apenas
seis meses y no se le dio la oportunidad de examen médico ni derecho
a la defensa, lo que revela la crispación que vivía el país.
Su sucesor fue Jamil
Mahuad, quien asumió en 1998 luego de un interinato del presidente
del parlamento. Siguió adelante con los planes de ajuste de sus
predecesores y los profundizó al decretar la dolarización de la
economía y la desaparición de la moneda nacional, el sucre. Fue la
señal para el más amplio levantamiento popular –encabezado por los
indígenas–, que esta vez incluyó la instalación de parlamentos
populares provinciales, regionales y también nacional, en lo que fue
la experiencia más amplia de gestación de contrapoderes desde abajo.
La caída de Mahuad, en enero de 2000, se produjo en medio de un
levantamiento apoyado en el último momento por un grupo de militares
que durante unas horas tomaron el parlamento y la Casa de Gobierno. El
coronel Lucio Gutiérrez, que había apoyado a los rebeldes, fue el
principal beneficiado y accedió al gobierno en 2002 con apoyo de la
Conaie. Pero Gutiérrez, quien traicionó a sus aliados profundizando
el paquete neoliberal, duró poco más de dos años y se vio forzado a
renunciar el 20 de abril de 2005 luego de una semana de
movilizaciones.
Parece evidente que
el Consenso de Washington y los coletazos del Plan Colombia son las
causas de la crisis política e institucional que atraviesa Ecuador
desde hace más de una década. Y que no se va a resolver hasta que
los responsables sean apartados del poder. Eso es, precisamente, lo
que intenta el presidente Correa. Desplazar a la vieja partidocracia
–como ha venido sucediendo en Venezuela y en Bolivia– no es tarea
sencilla, por más que 80 por ciento de la población respalde la
convocatoria de la Asamblea Constituyente. Porque buena parte de las
instituciones son reacias a los cambios y quienes las integran cuentan
siempre con recursos para burlar la voluntad popular y hasta las
decisiones del Poder Ejecutivo.
En Ecuador de hoy
parece imposible eludir la confrontación. Los grupos conservadores se
apoyan en la oligarquía de la costa asentada en Guayaquil, que apoya
al siempre derrotado magnate bananero Gustavo Noboa. Los partidarios
de corregir el rumbo neoliberal pueden contar con los movimientos
sociales y, sobre todo, con los movimientos indios, que parecen
decididos a no dejar pasar la oportunidad de introducir cambios de
largo aliento. Son ellos quienes desde 1990, cuando sobrevino el
primer gran levantamiento indio ecuatoriano, vienen impidiendo la
estabilización del modelo neoliberal mediante infinidad de
movilizaciones que –literalmente– le han cambiado la cara al país.
A diferencia de lo
que sucedió bajo el gobierno de Gutiérrez, ahora la Conaie no tiene
responsabilidades gubernamentales. Eso puede representar una ventaja,
ya que tendrá las manos libres para seguir haciendo lo que viene
haciendo desde hace 10 años: moverse a lo largo y ancho del país,
marcar la agenda política con sus demandas, bloquear decisiones
antipopulares, destituir presidentes. La Conaie puede recuperar el
papel de contrapoder que jugó en los 90. Luis Macas, su presidente,
fue claro: "Vamos a gobernar desde la Constituyente. Vamos a
barrer con el viejo Estado y acabar con los privilegios de un puñado
de ricos."
|