Gobiernos y regímenes en América Latina [1]

Por Claudio Katz [2]
Enviado por el autor, 22/03/07

Resumen: La unanimidad derechista ha quedado reemplazada por tres tipos de gobiernos. Los conservadores son neoliberales, pro-norteamericanos, represivos y opuestos a cualquier mejora social. Los centroizquierdistas mantienen una relación ambigua con Estados Unidos, arbitran entre el empresariado, toleran las conquistas democráticas y bloquean las mejoras populares. Los nacionalistas radicales son más estatistas, chocan con el imperialismo y la burguesía local, pero oscilan entre el neo-desarrollismo y la redistribución del ingreso.
Las libertades públicas superan la norma histórica, pero en el polo derechista imperan formas de terrorismo estatal y un gran incumplimiento de las reglas constitucionales. En lugar de la crisis del 90 predomina un contexto económico de recuperación. Las transiciones post-dictatoriales fueron muy diferentes a los casos comprables de Europa y legaron un alto grado de inestabilidad.
El presidencialismo es un efecto general de la vulnerabilidad periférica. Pero Uribe, Lula y Chávez acaparan facultades con finalidades muy opuestas. En ciertos casos el acceso de  mujeres, indígenas y ex obreros a la presidencia expresa el ascenso de sectores plebeyos y en otros disfraza la permanencia de las elites en el poder.
La derecha refuerza las plutocracias que la centroizquierda intenta disimular y los nacionalistas pretenden eliminar. Los tres tipos de gobiernos se asientan en mecanismos formales e informales. La mayor gravitación de los partidos o del clientelismo no es una peculiaridad de gobiernos progresistas o reaccionarios y la actual contraposición entre republicanos y populistas es una falsa disyuntiva. Este contraste no sustituye la distinción entre izquierda y derecha, ni esclarece los intereses sociales en juego.
La república que elogia el establishment es la antítesis de la democracia. Promueve la división de poderes para estabilizar los negocios y zanjar los conflictos entre los capitalistas. El sistema republicano arrastra una historia de fragilidad periférica, proscripciones oligárquicas y carencia de cohesión por arriba o legitimidad por abajo.
La derecha y el socio-liberalismo utilizan un doble patrón de legalidad republicana para evaluar a sus aliados y a sus adversarios. Presentan al populismo como un virus regional, pero no aclaran el significado de este fenómeno.
 Por otra parte, los teóricos que elogian al populismo encubren su función regimentadora y diluyen la tensión que opone a la centroizquierda con el nacionalismo radical. Mantienen la vaguedad del concepto y oscurecen con indefinidas referencias al pueblo el sentido de la lucha de los oprimidos. Es vital caracterizar en la actual coyuntura regional el papel de cada clase social.

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Tres tipos de gobiernos predominan actualmente en América Latina: los conservadores los centroizquierdistas y los nacionalistas radicales. Los presidentes más representativos de estas variantes son Uribe en Colombia, Lula en Brasil (o Kirchner en Argentina) y Chávez en Venezuela.

La secuencia de doce elecciones presidenciales realizadas entre noviembre del 2005 y enero del 2007 ratificaron esta variedad de gobiernos, que contrasta con la unanimidad derechista prevaleciente durante los años 90. Para distinguir estas tres vertientes hay que observar la política económica, la relación con Estados Unidos, la postura del establishment y el estado de las conquistas democráticas y reformas sociales.

Indagar estas diferencias es vital para abordar un segundo problema: los regímenes latinoamericanos. Todos los gobiernos actúan en el marco de estados semejantes, pero alternan en el uso de mecanismos formales e informales de sostén político. Estas modalidades determinan la preeminencia de dos grandes variantes de régimen, que actualmente se analizan contraponiendo la república con el populismo.

Tres alternativas

Uribe es el caso extremo de un gobierno conservador. Sostiene un explícito curso neoliberal junto a políticas pro-norteamericanas, que cuentan con el contundente aval de las clases dominantes. No vacila en recurrir a la represión brutal y se opone frontalmente a cualquier mejora social.

Lula y Kirchner se alinean, en cambio, en la centroizquierda. Mantienen una relación ambigua con el imperialismo y defienden los intereses generales de los capitalistas en tensión con varios sectores empresarios. Toleran las conquistas democráticas, pero obstaculizan el logro de las reivindicaciones populares. En Brasil persiste el rumbo económico neoliberal y en Argentina despunta un sendero neo-desarrollista.

Chávez encarna otra opción. Promueve un curso económico más estatista, mantiene fuertes conflictos con Estados Unidos y ha chocado con la burguesía venezolana. Su proyecto oscila entre el neo-desarrollismo y una redistribución progresiva del ingreso.

Estos tres modelos no expresan la política específica de cada gobierno. Solo brindan una tipología general, que sirve de referencia comparativa para caracterizar a los nuevos mandatarios latinoamericanos. Permite distinguir orientaciones, en un marco de amplio predominio de situaciones intermedias.

En algunos casos el alineamiento es nítido. El triunfo de los conservadores en Honduras, El Salvador y especialmente México han engrosado el campo derechista. Calderón debutó reforzando la represión en Oaxaca, criminalizando la protesta social, ratificando los convenios de librecomercio y sancionando un drástico encarecimiento de los consumos populares.

Pero el espectro de centroizquierda es más dudoso. Algunos gobiernos de este signo - como Alan García en Perú- han concertado estrechas alianzas con la reacción y se ubican muy cerca de los conservadores. También Bachelet navega a dos aguas. Por un lado evita confrontar con el movimiento social y exhibe una retórica progresista, pero por otra parte mantiene una orientación económica neoliberal, reafirma los tratados comerciales con Estados Unidos y seleccionó un gabinete de ministros del establishment. En el mismo vaivén se ubica Tabaré Vázquez en Uruguay. Difunde una imagen de humanismo tolerante y se mantiene en el MERCOSUR, pero sistemáticamente tantea la posibilidad de convenios con el imperialismo.

El mismo tipo de oscilaciones se observa en la órbita del nacionalismo. Morales en Bolivia se orienta hacia esta franja cuándo confronta con la oligarquía, pero se aproxima a la centroizquierda al atenuar el programa de nacionalizaciones, retrasar la reforma agraria y disuadir la acción radical de los movimientos sociales. En Ecuador Correa se coloca cerca de Chávez al intentar un cambio radical del sistema político, proponer el desmantelamiento de la base militar norteamericana y rechazar los contratos petroleros neoliberales. Pero se acerca más a Kirchner cuándo promueve el ingreso al MERCOSUR o trata de repetir el canje de la deuda que realizó Argentina.

Las fronteras entre el nacionalismo radical y la centroizquierda son difusas, pero como tendencia el primer proyecto difiere del segundo en tres planos: la confrontación con el imperialismo, los conflictos con los capitalistas locales y el aliento a la acción popular. Ninguno de estos rasgos implica, sin embargo, el inicio de un curso socialista semejante al recorrido por Cuba en los años 60. Por el momento el esquema nacionalista no traspasa el marco de la propiedad capitalista y el estado burgués.

El repliegue represivo

La movilización popular ha erosionado los mecanismos coercitivos en la mayor parte de la región. Las fuerzas militares se han replegado y las clases opresoras han perdido su viejo recurso de dominación totalitaria. En América Latina, el desplome de las dictaduras fue tan contundente, que nadie avizora su reinstalación en un futuro previsible.

Esta inviabilidad quedó probada durante el fracaso de varios ensayos represivos. Los gobiernos que intentaron restaurar cierta forma de autoritarismo militar -como Fujimori en Perú o Sánchez de Lozada en Bolivia- tuvieron que ceder el poder. Este tipo de experiencias indujeron al establishment regional a reemplazar la cruda brutalidad de los gendarmes por formas de asimilación (o desgaste) de los movimientos sociales. Como se demostró en Haití durante el intento de burlar la victoria electoral de Preval, la derecha tiende poco margen para desconocer un mandato popular, cuándo las movilizaciones de la población son masivas y persistentes.

Las libertades públicas actualmente vigentes reflejan también el fracaso de muchos pactos de transición post-dictatorial. Los compromisos que contemplaban una gravitación mayor de las estructuras represivas fueron socavados por la lucha desde abajo. Estos resultados se alcanzaron al cabo de mucho de años de resistencia y su alcance difiere en cada país.

Pero repitiendo lo ocurrido en Inglaterra con el sufragio universal masculino (durante el siglo XIX) y en Estados Unidos con los derechos civiles (en los años 60 y 70), las clases dominantes han terminado aceptando la vigencia de derechos democráticos que resistieron durante mucho tiempo. En algunos países estos logros fueron consecuencia de luchas en zonas cercanas. En estos casos predominó la concesión por imitación, es decir por temor de los opresores a un contagio de la beligerancia popular.

Las conquistas democráticas no son equivalentes a las reglas constitucionales. Constituyen libertades arrancadas a las clases dominantes a través de encarnizadas resistencias callejeras, que se han traducido limitadamente en el ordenamiento jurídico.

En ningún caso estas victorias han sido completas. En casi todos los países los movimientos sociales soportan presiones e intimidaciones y cuentan con un margen acotado para actuar. Pero el contexto del hostigamiento burgués ha cambiado significativamente. Los opresores deben convivir con libertades públicas muy superiores al viejo estándar latinoamericano de persecución brutal a los luchadores. Estos avances constituyen una preocupación cotidiana de las elites derechistas, que añoran la vigencia de modelos más autoritarios[3].

Desniveles de conquistas democráticas

La violencia social contra los oprimidos se ejerce actualmente mediante la aplicación (y violación) de las normas constitucionales que manejan a los opresores. Estos mecanismos también incluyen brutalidades manifiestas, como el sistema carcelario de Brasil, los atropellos a los campesinos en Paraguay o las persecuciones a los pobres de Centroamérica.

Pero la represión generalizada es excepcional y solo se verifica en las coyunturas extremas de sublevación popular, que enfrentó por ejemplo Sánchez de Lozada en Bolivia. Los gendarmes ya no operan como fuerza de choque directa, sino como reserva latente para situaciones de crisis.

La intensidad de la represión depende del modelo de gobierno. En algunos países del polo derechista como Colombia rige el terrorismo de estado, mediante la tolerancia de los para-militares y las mafias rurales. Lejos de este extremo el accionar policial en México es complementado con el uso de sicarios contra las protestas sociales.

En cambio en la mayoría de los gobiernos de centroizquierda, las estructuras represivas han quedado colocadas en un segundo plano. Este repliegue difiere en función de la erosión sufrida por cada pacto de transición. La tutela militar -que se desmoronó abruptamente en Argentina luego de la aventura de Malvinas- ha perdurado más tiempo en Chile. Por eso Pinochet murió con honores militares, mientras que sus colegas argentinos fueron juzgados, indultados y nuevamente encarcelados. Pero en un contexto común de tolerancia interna hacia los logros democráticos, las administraciones de centroizquierda cumplen un nuevo rol represivo a escala regional. Este papel se verifica en su reemplazo de los marines en la ocupación de Haití.

El mayor espacio de libertades para el movimiento popular se localiza en el polo nacionalista radical. Las organizaciones sociales han logrado allí un margen de acción inédito, aunque deben lidiar con la burocracia estatal y la regimentación política desde arriba. En estos países la tensión represiva está enfocada en la respuesta a las conspiraciones que ensaya la derecha para recuperar el poder. Del resultado de este conflicto surgirá una consolidación o una regresión de los avances democráticos.

Distintos cursos económicos

Los tres tipos de gobiernos enfrentan un contexto económico muy diferente a la crisis de la década pasada. El crecimiento de la producción a escala mundial y la consiguiente demanda de bienes primarios han generado un repunte de los precios de los productos que exporta América Latina. Esta reactivación no se traduce en mejoras significativas del nivel de vida de la mayoría popular y tiene un alcance limitado, porque se basa en la comercialización de materias primas. Pero el repunte le ha brindado un gran respiro a las clases dominantes, ya que el centro de desequilibrios actuales se ubica en Estados Unidos y no en los países dependientes.

Este cambio es muy relevante para una región que ha padecido todas las tormentas del neoliberalismo. América Latina protagonizó el primer terremoto de ese período (explosión del endeudamiento en 1982) y los mayores desmoronamientos de este modelo en la periferia (México en 1995, Brasil 1999, Argentina 2001). Incluso ciertos estallidos lejanos –como el desplome de Rusia o los temblores asiáticos- tuvieron efectos más perdurables en la región, que en las zonas de origen de estas conmociones. La oleada global del neoliberalismo fue anticipada en América Latina por las dictaduras y generalizada por los gobiernos constitucionales[4].

La política económica actual difiere del curso predominante en las últimas décadas. Varios sectores de las clases dominantes promueven un giro neo-desarrollista en desmedro de la ortodoxia neoliberal. Luego de un período de fuerte concurrencia extra-regional, desnacionalización del aparato productivo y pérdida de competitividad internacional, estos grupos capitalistas alientan un viraje hacia políticas más industrialistas y menos dependientes de la afluencia de recursos financieros externos. Es un giro limitado que preserva la ortodoxia fiscal y monetaria, pero incluye un sostén estatal de la industria para atenuar las consecuencias del libre-comercio.

Esta nueva tendencia tiene menor peso en los gobiernos conservadores que relanzan privatizaciones, mantienen la desregulación financieras y alientan la apertura comercial. El curso neo-desarrollista es en cambio más notorio en los gobiernos de centroizquierda, aunque sin gran uniformidad. Kirchner favorece el viraje, Lula vacila y Bachelet o Tabaré por ahora no lo comparten.

La tendencia neo-desarrollista no es incompatible con normas del neoliberalismo. Avala el superávit fiscal forzoso, el adelantamiento de pagos a los acreedores y el atesoramiento improductivo de reservas. Esas medidas no son actos de prudencia económica, sino medidas propiciadas por los financistas que supervisan el manejo de los recursos públicos.

Los neo-desarrollistas comparten también con los neoliberales, el rechazo de la política distribucionista que propone el nacionalismo radical. Se oponen enfáticamente a cualquier concesión social que amenace la recuperación del beneficio patronal. Esta oposición obedece a una estrategia de acumulación muy alejada del viejo industrialismo y hostil a las mejoras del poder adquisitivo[5].

Los grandes grupos capitalistas están actualmente más asociados con el capital extranjero, operan a nivel regional y jerarquizan la exportación. Buscan nichos de especialización, que involucran exigencias competitividad global contrapuestas con la redistribución progresiva del ingreso. Los gobiernos de centroizquierda enfrentan esta tensión con posturas favorables a los capitalistas y opuestas a los oprimidos. En cambio el nacionalismo radical combina la tentación neo-desarrollista, con medidas de reforma social resistidas por las clases dominantes.

Grados de inestabilidad

Los tres tipos de gobiernos latinoamericanos surgieron de cataclismos económicos, que en la región alcanzaron dimensiones comparables a la depresión de entre-guerra. Esta crisis impidió el funcionamiento estable de los regimenes post-dictatoriales, ya que los colapsos financieros generaron corrosión política y precipitaron grandes alzamientos populares.

La oleada de constitucionalismo regional careció del próspero sustento capitalista que predominó, por ejemplo, durante la post-guerra europea. Esta ausencia impidió gestar las condiciones mínimas de estabilidad que rodean a cualquier régimen político perdurable. Cada vez que un gobierno lograba cohesionar a los grupos dominantes y calmar a los oprimidos, una violenta crisis financiera reiniciaba el ciclo de turbulencias. La tensión se multiplicó durante los 90 porque muchos grupos capitalistas perdieron posiciones en la arena internacional, soportaron la contracción de los mercados internos y contaron con menos auxilios del estado.

Este convulsivo contexto impidió la repetición de las transiciones post-dictatoriales menos turbulentas, que se consumaron en situaciones europeas equivalentes (España, Portugal, Grecia). El marco de acumulación, consumo y estabilidad que facilitó la Unión Europea estuvo totalmente ausente en la región. Por esta razón hubo escasas posibilidad de implementar compromisos comparables al Pacto de la Moncloa.

Los atropellos neoliberales se perpetraron en las últimas dos décadas a través del andamiaje constitucional, pero las conmociones provocadas por esta agresión dejaron un saldo insatisfactorio para los opresores. Las clases dominante no pudieron consumar la obra destructora de las organizaciones de la izquierda que comenzaron los militares. La imagen de transiciones post-dictatoriales exitosas para los capitalistas que prevaleció durante los años 80 y 90 se ha diluido en la nueva década.

Las sublevaciones populares han recompuesto las fuerzas de los oprimidos. Lograron revertir en varios países las derrotas sufridas bajo las dictaduras y modificaron la correlación de fuerzas a nivel regional. Este resultado se refleja en la aparición de movimientos sociales, que han recreado el espíritu de resistencia incorporando las propuestas de la izquierda a la agenda política.

Pero la existencia de tres tipos de gobiernos indica la heterogeneidad de este cuadro. Las crisis se han procesado en cada país siguiendo un patrón diferenciado de estallido o de contención institucional. El primer curso –que predominó en Argentina, Bolivia o Ecuador- incluyó la interrupción de mandatos presidenciales. Una docena de jefes de estado fueron expulsados anticipadamente del poder por esos descalabros. Pero en otros países -como Brasil, Uruguay o Chile- las eclosiones políticas se desenvolvieron sin rupturas de los mecanismos constitucionales. Esta diversidad de desenlaces determinó el modelo pos-crisis que prevaleció en cada nación.

Variedad de constitucionalismos

El golpismo ya no es una opción viable para las clases dominantes. Todas las vertientes del establishment han incorporado los mecanismos constitucionales a su horizonte de gestión del estado. Por esta razón la vida política de Latinoamérica ha quedado ordenada en torno a comicios periódicos y ciertas reglas institucionales, que fueron solo interrumpidas durante los picos de las crisis.

Los tres tipos de gobiernos comparten el mismo sistema político. Las dictaduras que ejercían las fuerzas armadas han desaparecido y se generalizó un tipo de régimen que hasta los años 80, solo imperaba en México, Costa Rica, Colombia y Venezuela.

Este cambio marca un giro con toda la historia precedente. Los procedimientos constitucionales incorporados en todos los países incluyen elecciones de autoridades, voto secreto, comicios regulares, sufragio universal, competencia partidaria, derecho a competir por cargos públicos y cierto grado de libertad de expresión, información y asociación.

América Latina quedó asimilada al proceso internacional de desplazamiento de las dictaduras. En 1900 el molde constitucional solo regía en seis países, en 1930 se extendió a 21 naciones y a fines del siglo XX prevalecía en 70 de los 191 países existentes. La tasa de expansión de este modelo se acentúo significativamente a partir de 1981 y actualmente rige a la mitad de la población mundial[6].

Pero los tres tipos de gobiernos incluyen situaciones muy distintas. Algunas administraciones funcionan más atadas que otras al cumplimiento de las reglas constitucionales. Lo ocurrido recientemente con Calderón en México y Chávez en Venezuela ilustra este contraste. Mientras que en el primer caso, las evidencias de fraude condujeron a la oposición a concretar una ceremonia paralela de asunción presidencial, nadie cuestiona la legitimidad de los comicios venezolanos. Al cabo de ocho victorias consecutivas, Chávez volvió a ganar sin ninguna impugnación. Este resultado se verificó, además, en el único país de la región que ha introducido el referéndum revocatorio para dirimir la continuidad del primer mandatario. El formalismo constitucional rige en todos lados, pero su aplicación efectiva es muy variable.

Sentidos del presidencialismo

En los tres tipos de gobiernos se verifica una contundente gravitación del Poder Ejecutivo. Esta preeminencia expresa la tradición presidencialista en una región con escaso peso del parlamento, reducida incidencia de los controles judiciales y amplios poderes de los jefes de estado. Las normas de excepción que dicta el primer mandatario son tan habituales, como la ausencia de contrapesos al poder central. Este modelo contrasta con el sistema parlamentario europeo.

En el ranking de países con mayores atribuciones presidenciales se ubican  Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia[7]. Pero en los últimos años las facultades del ejecutivo se reforzaron en toda la zona junto a la sanción de normas para prolongar los mandatos. Argentina vive en estado de emergencia permanente desde 1989, Lula reforzó las atribuciones legadas por su antecesor y Uribe obtuvo entre 2001 y 2004 un cúmulo inédito de superpoderes. También Chávez, Morales y Correa reclaman actualmente estas facultades.

Históricamente esta gravitación del presidencialismo obedeció a la virulencia de las crisis regionales. Estas turbulencias han sido tan repetidas y devastadoras, que impusieron la instauración de formas muy personalistas de conducción del estado. La misma tendencia se observa en muchos países centrales. Churchill, De Gaulle o Bush nunca fueron muy respetuosos de las formalidades institucionales. Pero su autoritarismo siempre estuvo sujeto a mayores controles, ya que las clases dominantes del centro  cuentan con mecanismos más sólidos que sus pares de la periferia para supervisar esaS gestiones.

La envergadura de la crisis también convirtió a Latinoamérica en un terreno fértil para el cesarismo y el bonapartismo, en la medida que los jefes del estado son convocados para dirimir grandes conflictos. El presidencialismo regional no es solo un resultado de la ambición desmedida. Expresa la fragilidad imperante en todos los rincones del capitalismo periférico.

Durante las crisis de las últimas dos décadas la discrecionalidad presidencial permitió garantizar la continuidad de la acumulación. Los privilegios de las clases  dominantes fueron regulados desde la trastienda del poder, a través del gobierno por decreto. En los momentos más críticos, las grandes decisiones del Ejecutivo se adoptaron a puertas cerradas bajo la excluyente supervisión del establishment. La debilidad de los sistemas políticos post-dictatoriales fue contrarrestada con un patrón de verticalismo militar heredado de las tiranías.

Pero el sentido concreto de cada modalidad de presidencialismo depende del carácter conservador, centroizquierdista o nacionalista del gobierno. Estas tres orientaciones definen el contenido político de la supremacía que ejerce cada jefe de estado. Aunque la crítica de los medios de comunicación recae habitualmente sobre los nacionalistas, el presidencialismo es una práctica muy común entre los conservadores, que pocas veces respetan los tiempos del Parlamento o las formas de la Justicia. También los líderes de centroizquierda imponen sin miramientos su voluntad y frecuentemente desconocen las decisiones de los propios partidos que los llevaron al poder.

En lugar de observar al presidencialismo como una perversión de caudillos latinoamericanos conviene diferenciar los objetivos perseguidos por cada mandatario. Si se presta atención a estos propósitos, salta a la vista que Uribe, Lula y Chávez acaparan facultades ejecutivas con finalidades muy opuestas.

 No tiene ningún sentido colocar en un mismo casillero de discrecionalidad presidencial al terrorismo de estado derechista, al socio-liberalismo de la centroizquierda y al antiimperialismo del nacionalismo. La afinidad formal de comportamientos no debe ocultar la divergencia de metas que separa a estos mandatarios.

Cambios de rostros

Por primera vez la historia de América Latina han accedido a la primera magistratura mujeres, indígenas y ex obreros. Este giro sintoniza con tendencias internacionales del mismo tipo. Las figuras presidenciales se están modificando con el debilitamiento de las jerarquías tradicionales, el mayor reconocimiento de la igualdad de género y cierta aceptación de los derechos de las minorías raciales, étnicas o religiosas. Estos cambios tienen un gran impacto simbólico, pero expresan situaciones muy diferenciadas.

En algunos casos se ha concretado el ascenso de nuevos sectores plebeyos al aparato estatal. Este cambio disgusta a los poderosos que rechazan la presencia de sus subordinados en altos cargos. Por eso reaccionan con brutalidad, confirmado la gran carga de racismo oligárquico que impera entre las elites de la región. La campaña mediática que instrumenta la derecha contra Morales y Chávez refleja este desprecio aristocrático. La burocracia tradicional que controla la estructura de los estados está muy disgustada con el nuevo segmento gobernante.

Pero en otros casos, el mismo cambio de rostros disfraza la permanencia de las viejas elites en la cúspide del poder. No hay qué olvidar que el mestizo Toledo aplicó en Perú una versión extrema de neoliberalismo y retomó la doctrina que la señora Thatcher inauguró a escala internacional. También conviene notar que una mujer negra como Condolezza Rice dirige actualmente las masacres imperialistas en Medio Oriente.

Es evidente que la jefatura de algunas misiones brutales del capitalismo ya no es patrimonio exclusivo de hombres blancos, cultos y enriquecidos. Por eso la presencia en el pináculo del estado de figuras plebeyas expresa situaciones muy diversas. En los gobiernos nacionalistas radicales coincide con avances democráticos, que no se verifican en las administraciones de centroizquierda.

Bachelet es la primera mujer que accede a la presidencia de Chile. Pero desde esta posición convalida a los militares, jueces y gerentes que la Concertación heredó del pinochetismo. Esta capa de funcionarios asegura el trato preferencial a los industriales, banqueros y terratenientes que caracteriza al estado capitalista. El discurso progresista y el pasado militante de una mujer presidente es la cobertura que asume esta continuidad de viejas cúpulas en el control del estado.

Lo mismo sucede con Lula, que en su segundo mandato se apresta a reforzar los privilegios de una selecta burocracia militar, financiera y diplomática. El comportamiento autónomo de este grupo social es una fuente tradicional de corrupción, que ha contaminado al partido y al gobierno del ex metalúrgico.

El cambio de rostros de las administraciones de centroizquierda no altera la preeminencia de la tecnocracia. Tampoco convierte a ese segmento en un sector comparable a sus pares de las economías desarrolladas. La carencia de un segmento gerencial competitivo es un bache de larga data, que proviene del carácter vulnerable y discontinuo que presenta la acumulación en los países periféricos.

Por esta razón la queja del establishment ante la “inoperancia del estado” afecta a las tres modalidades de gobierno. En la era pos-dictatorial ha decaído la tutela militar y se consumó una renovación de funcionarios amoldada al nuevo estilo de gestión civil. Pero la inconsistencia tradicional del aparato estatal latinoamericanos persiste sin grandes cambios.

Plutocracias reforzadas o cuestionadas

Las relaciones de cada gobierno con las clases dominantes son distintas. Los presidentes derechistas mantienen alianzas muy estrechas con los capitalistas, los líderes de centroizquierda favorecen la asociación y los mandatarios nacionalistas enfrentan serios conflictos con los acaudalados. Estas situaciones determinan, a su vez, el reforzamiento, la continuidad o la alteración de las plutocracias creadas por el constitucionalismo.

Durante los años 80 y 90 no se forjaron democracias en ningún país de América Latina. Surgieron gobiernos directamente controlados por los poderosos. Los banqueros, industriales y terratenientes dominaron estas administraciones y conformaron plutocracias ajenas al gobierno de la mayoría.

Las administraciones conservadoras afianzan actualmente este perfil plutocrático, ya que refuerza la protección de los acaudalados contra las contingencias de la vida política. Subordinan el desenvolvimiento de la esfera pública a las prioridades establecidas por la actividad privada y acentúan la fractura entre el ámbito político y económico. Su objetivo es evitar que el “sano desenvolvimiento” de la producción y el intercambio capitalistas sean contaminados por movilizaciones populares o demandas sociales.

Los presidentes de centroizquierda dirigen plutocracias más encubiertas o atenuadas. Defienden los intereses capitalistas, pero disimulan ese favoritismo. Presentan su sostén de los poderosos como si fuera un rumbo orientado hacia el bien común. Esta duplicidad es más acentuada en los países de mayor beligerancia popular o rechazo al neoliberalismo. En Argentina, Brasil y Uruguay, las plutocracias extremas de los años 80 y 90 han quedado sustituidas por gobiernos que disfrazan la preeminencia de los grandes potentados.

Los gobiernos nacionalistas radicales se han distanciado del molde plutocrático. No actúan por mandato de las elites, ni gestionan el estado al servicio de las clases dominantes. Recurren a formas de administración bonapartista, que brindan mayor autonomía a los funcionarios de las exigencias del establishment. El estado capitalista es preservado, pero ha quedado acotada la influencia de los grupos más concentrados.

Esta última transformación no alcanza para crear democracias plenas El mantenimiento de la estructura económico-social burguesa impide la vigencia real de los derechos políticos de la mayoría. O se avanza hacia la implantación de una genuina soberanía popular o el poder empresarial tenderá a recuperar los espacios perdidos. La existencia de esta disyuntiva es una peculiaridad de gobiernos nacionalistas, que no se extiende a ninguna administración de centroizquierda.

Dos variantes de regímenes políticos

Los tres tipos de gobiernos actúan en el seno de estados capitalistas semejantes y recurren a las dos formas más corrientes de sostén de un régimen político: el institucionalismo y la informalidad.

Los regímenes son modalidades de organización que predominan a través de sucesivos gobiernos durante un período prolongado. Representan una instancia intermedia entre el estado y esa administración. No cuentan con la perdurabilidad de la primera institución, pero tampoco están sometidos a la rotación periódica que imponen las elecciones y corporizan los funcionarios. El régimen define las reglas de un sistema organizado por el estado e instrumentado por cada gobierno.

La principal característica actual de todos los regímenes latinoamericanos es el constitucionalismo pos-dictatorial. Pero en el marco común de esa modalidad prevalecen dos grandes variantes de mayor o menor sustento en el formalismo institucional. Esta diferencia separa a las opciones asentadas en sólidos (y pocos) partidos de las vertientes sostenidas en estructuras clientelares. Mientras que en el primer caso gravita el enjambre de filtros y mediaciones que regula la estructura constitucional, en la segunda alternativa prevalecen las normas delegativas, plebiscitarias y personalistas. El poder ejecutivo es un pilar de ambos regímenes, pero el estilo de gestión menos visible del modelo institucional contrasta con las formas más expuestas del esquema para-institucional.

La vigencia de uno u otro régimen deriva de tradiciones nacionales específicas. En ciertos países se afianzaron mecanismos más institucionales (Uruguay, Chile, Costa Rica) y en otros se reforzó el molde informal (Venezuela, Brasil, Argentina). Este resultado ha dependido también del contexto de la transición. Algunas dictaduras se desplomaron por acontecimientos externos (Guerra de Malvinas en Argentina) y otras por crisis interiores (Uruguay), en procesos supervisados desde arriba (Brasil, Chile) o precipitados desde abajo (Bolivia). Además, el grado de vulnerabilidad de cada pacto condicionó el esquema formal o informal que ha dominado en cada país.

Pero en los últimos veinte años se han verificado también pasajes de uno a otro modelo por el simple fracaso del esquema opuesto. De cada colapso institucional emergieron canales para-institucionales, que a su vez se diluyeron con la recomposición del estado. De la impotencia del parlamento y los partidos tradicionales emergieron arbitrajes autoritarios, que luego fueron reemplazados por renovaciones institucionalistas.

Lo más importante de este vaivén es la compatibilidad de las dos variantes con gobiernos derechistas, centroizquierdistas o nacionalistas radicales. En el primer caso el conservadurismo formal de F. H. Cardoso en Brasil y  Sanguineti en Uruguay fue complementado por el caudillismo informal de Fujimori en Perú, Menem en Argentina y Uribe en Colombia.

Esta misma variedad se verifica en la centroizquierda. El institucionalismo de Tabaré Vázquez o Bachelet coexiste con el liderazgo clientelar de Kirchner y Lula. Y una compatibilidad equivalente se podría extender al nacionalismo radical, si se compara el modelo de gestión parlamentarista que intentó Salvador Allende en Chile con la metodología informal que caracteriza a Chávez.

La preeminencia de una u otra modalidad de régimen político no es una peculiaridad de gobiernos reaccionarios o progresistas. Los mecanismos formales han servido para instrumentar atropellos contra el pueblo, pero también para concretar conquistas de los trabajadores. A su vez, los canales de acción para-institucional han sido históricamente utilizados para implantar el terrorismo de estado (Fujimori) y la agresión neoliberal (Menen) o para materializar grandes concesiones sociales (Perón, Vargas, Cárdenas).

Ninguna de las dos opciones implica tampoco la preeminencia de un modelo económico. El neoliberalismo extremo prevaleció durante la década pasada a través de ambos regimenes y el giro neo-desarrollista actual podría transitar también por cualquiera de estos caminos.

Esta permeabilidad del régimen en varios tipos de gobiernos -en el marco común del estado capitalista- es ignorada los analistas convencionales. La mayoría identifica el molde formal con las virtudes de la república y el esquema informal con las desgracias del populismo. Esa oposición se basa en falsos supuestos y genera múltiples confusiones, que resulta conveniente clarificar para abordar el segundo gran problema del debate actual: los regímenes latinoamericanos.

Mistificación de la república

La veneración de las formas republicanas que comenzó tibiamente durante el fin de las dictaduras se ha convertido en el mensaje central de los pensadores conservadores. Asemejan la vigencia de esa institución con la modernización y equiparan su ausencia con el subdesarrollo. Localizan el funcionamiento de este sistema en los gobiernos derechistas y denuncian su avasallamiento en las “dictaduras de origen democrático” que detectan en el nacionalismo radical[8]. Esta idealización de la republica es compartida por los teóricos de centroizquierda, que reivindican la “izquierda moderna” de Bachelet, Lula o Tabaré en oposición a “la izquierda arcaica” de Chávez o Morales[9].

Pero la república reivindicada no es la estructura fundacional de las naciones latinoamericanas que emergió a principios del siglo XIX, como resultado de las guerras por la independencia y el fin del colonialismo. Estas transformaciones le otorgaron a la región un grado de emancipación política, que ningún otro conglomerado de la periferia logró alcanzar durante un amplio período histórico.

La derecha no valora ese desmoronamiento del despotismo monárquico bajo el impacto de la revolución francesa, sino la constitución de un sistema que limitó simultáneamente la autocracia y la soberanía popular. Enaltece los mecanismos de control burgués creados por la división de poderes, para instaurar contrapesos entre los distintos grupos de las clases dominantes. El propósito de ese balanceo ha sido garantizar la estabilidad del beneficio, impidiendo al mismo tiempo la supervisión popular de los gobernantes.

Los conservadores nunca objetaron la vulneración de la división de poderes que permitió atropellar las conquistas democráticas. Solo les preocupó ese avasallamiento cuando afectó los negocios. La dictadura del ejecutivo o las arbitrariedades de la justicia -que penalizaban a los movimientos sociales sin perturbar el beneficio patronal- eran bien vistas por las clases dominantes.

Los teóricos del republicanismo conservador se nutrieron del liberalismo constitucionalista y de su implícita adscripción a los valores medievales de la jerarquía y la obediencia. Observaban una tendencia natural al desorden de los individuos, que proponían contrarrestar reforzando la cesión de los derechos ciudadanos a las elites.

Esta tradición republicana siempre rechazó la democracia, se opuso a la igualdad social y defendió el gobierno de las minorías contra la intromisión popular. Preservó los modelos de parlamentos bicamerales que transformaron los privilegios de la nobleza en ventajas de la aristocracia burguesa. El máximo valor de este sistema era la estabilidad y la protección de los derechos de propiedad contra cualquier demanda de los oprimidos.

Esta contraposición de la república con la democracia es explicitada actualmente solo por los autores más reaccionarios. Pero con este fundamento implícito se han gestado los regímenes constitucionales latinoamericanos de las últimas dos décadas. La república y no la democracia constituyen el pilar de estos sistemas, basados en un juego de contrapoderes favorable a los capitalistas y ajeno a la soberanía popular[10].

Fragilidad de la república

La precariedad histórica de las repúblicas latinoamericanas deriva del carácter periférico y dependiente de la región. Los mismos factores que frustraron la expansión agraria y la industrialización temprana deterioraron la estabilidad del sistema político. El desarrollo desigual y combinado -que mixturó arcaísmo y modernidad- generó fragilidad institucional endémica. Los modelos de haciendas, plantaciones y latifundios perpetuaron el atraso e indujeron a la balcanización territorial, que desembocó en crisis políticas recurrentes.

La modernización capitalista forjada desde mitad del siglo XIX -en torno a compromisos bismarkianos entre viejas y nuevas clases opresoras- recreó este patrón de inestabilidad. La alianza de los grandes propietarios agrícolas con el capital extranjero afianzó la inserción dependiente de la región y bloqueó el florecimiento auto-sostenido de la acumulación. A diferencia del rumbo seguido por Alemania o Japón, el prusianismo tardío de América Latina no derivó en modelos competitivos a escala internacional. Al contrario, acentuó la fragilidad capitalista y su corolario político de repúblicas endebles y convulsivas.

Estos sistemas no lograron la cohesión de las elites, ni el sustento popular. Conformaron sistemas oligárquicos basados en la proscripción y el blindaje a la ingerencia popular[11]. Estas repúblicas recogieron la tradición liberal antagónica a la herencia democrática de 1789, que se asentó en las victorias conservadoras sobre Louverture, Artigas o Benito Juárez y en la frustración de los ensayos jacobinos de reforma agraria.

Las repúblicas latinoamericanas se forjaron copiando del modelo constitucional estadounidense las normas electorales restrictivas, la delegación de facultades a los presidentes y la vigencia de filtros para bloquear la soberanía popular. El colegio electoral, los senados desconectados del número de votantes, las gigantescas atribuciones de las Cortes Supremas fueron rémoras de este esquema que perduraron durante décadas. Todos los procesos de democratización chocaron con esta herencia de republicanismo oligárquico, que fue socavada a lo largo del siglo XX mediante la extensión del voto y la participación política de la población.

El funcionamiento del sistema republicano tampoco contó con el perdurable sostén de las clases medias. Con un bajo nivel de consumo y grandes obstáculos para el ascenso social, este sector no asimiló los pilares ideológicos del liberalismo anglosajón. Los valores individualistas, los sentimientos anti-estatistas y las posturas críticas hacia la justicia social nunca lograron sólidos cimientos en la región. Algunos idealizadores de la república resaltan esta carencia, porque estiman que la mayoría popular está incapacitada para actuar exitosamente en la esfera pública y debe ser apadrinada por sectores medios más cultivados y menos beligerantes[12].

El patrón histórico de fragilidad republicana se recreó durante la transición post-dictatorial y fue acentuado por el curso neoliberal de las plutocracias. Las descripciones más corrientes de los teóricos de la centroizquierda retratan esa precariedad, pero omiten el fundamento capitalista de ese deterioro[13]. Si el basamento ciudadano de la república ha quedado erosionado es porque la población se resintió con un régimen que impide las reformas sociales, asegura los privilegios de las clases dominantes y da la espalda a las demandas populares.

Con criterios exclusivamente institucionalistas resulta imposible comprender el carácter endeble de la república. Si se renuncia al uso de ciertos conceptos básicos –como dependencia, imperialismo o capitalismo- no hay forma de entender las crisis de ese sistema político.

Pretextos republicanos

Los conservadores enaltecen la república para apuntalar a los presidentes derechistas y justificar las agresiones contra los movimientos sociales. La hipocresía gobierna su argumentación. Consideran que cualquier medida favorable a los oprimidos representa una violación de las reglas institucionales, pero saludan el acaparamiento de poderes que permite acelerar privatizaciones o entregar subsidios a los capitalistas. Presentan cualquier acción del nacionalismo radical como un atropello a la legalidad republicana, pero en cambio aplauden el autoritarismo neoliberal.

Los conservadores siempre han desconocido la legalidad republicana que no se amolda a sus intereses inmediatos. Cuándo les disgusta algún funcionario promueven campañas mediáticas para desplazar a los “corruptos y mediocres” que “gobiernan para sí mismos”. Se olvidan de los tiempos institucionales y exigen la inmediata remoción de los políticos caídos en desgracia.

El mismo mecanismo que utilizan para adular a ciertos líderes es puesto en funcionamiento para desprestigiar a los personajes desechables. Las repúblicas conservadoras se oxigenan a través de estas depuraciones periódicas. Los cambios son digitados desde la cúspide del poder real y permiten renovar el sistema, desplazando a las caras visibles de cada fracaso.

En los picos de esta arremetida, los integrantes de la alicaída “clase política” son presentados como una casta de aprovechadores que actúa en beneficio propio. La estrecha dependencia de estos sectores con los grandes banqueros e industriales es cuidadosamente omitida. Se oculta que los políticos del sistema siempre gobiernan con el aval de las clases dominantes y son desplazados cuándo obstruyen los intereses de los dueños del poder.

La derecha promueve el constitucionalismo reaccionario que asegura la libertad de empresa (Hayek), bloquea el gasto social (Friedman), impide la justicia distributiva (Nozick) y garantiza el liderazgo de la tecnocracia (Brezezinski). Con estos criterios los conservadores califican a los sistemas políticos, premiando a los que ofrecen mayores garantías a los capitalistas[14].

La centroizquierda socio-liberal reivindica a la república siguiendo principios muy semejantes. Evalúa el respeto o la violación de las reglas institucionales de acuerdo a la fidelidad que cada gobierno exhibe hacia las exigencias del establishment. Con este parámetro contrastan actualmente “la moderación dialoguista” de Bachelet con el “autoritarismo agresivo” de Chávez y dictaminan veredictos opuestos frente al mismo tipo de acontecimientos[15].

Los conflictos que afronta una administración de centroizquierda son vistos como episodios normales de la vida política. Pero las tensiones que padece un gobierno nacionalista radical son atribuidas al avasallamiento de las libertades constitucionales. La represión a los estudiantes chilenos es presentada como un acto de sabiduría presidencial, pero la movilización popular contra el golpismo en Venezuela es inmediatamente condenada. Si los afectados por estas confrontaciones son los oprimidos predomina el silencio, pero si el conflicto roza a las elites dominantes los medios de comunicación ponen el grito en el cielo.

El mismo criterio se utiliza para juzgar la rectitud republicana de cada presidente. Si su conducta apuntala el poder capitalista llueven las felicitaciones, pero si choca con esos intereses el repudio es virulento. En estas reacciones existe gran sintonía entre la derecha y el social-liberalismo. Los conservadores aportan las consignas y los centroizquierdistas nutren los argumentos de una campaña común.

Pero el optimismo republicano está en baja en toda la región. El empalme de catástrofes económicas, regresiones sociales e intervenciones populares han creado serios interrogantes sobre la viabilidad del modelo constitucionalista post-dictatorial. En este marco se ha reforzado la denuncia de un infaltable enemigo del republicanismo conservador.

La denigración del populismo

El populismo se ha convertido en el nuevo Satán de Latinoamérica. Los autores derechistas denuncian que ha resurgido junto a la demagogia, el clientelismo y el caudillismo. El populismo es presentado como una práctica de los déspotas que violan las normas republicanas para distribuir prebendas y dadivas sociales. La enfermedad ya alcanzó status internacional y preocupa a los funcionarios de las principales potencias[16].

El populismo es repudiado porque obstaculiza el progreso económico y la convivencia social. Los críticos advierten contra la manipulación del pueblo, la erosión de las instituciones y la irresponsabilidad económica. Denuncian el personalismo de los demagogos que prescinden de la intermediación institucional, para someter a la población a sus designios[17].

Los teóricos de la centroizquierda comparten esta denuncia y estiman que el nuevo virus refleja el desborde democrático, las flaquezas republicanas y el escaso peso de los valores liberales. Atacan a los caudillos que desconocen las supervisiones judiciales, acumulan atribuciones y menoscaban las instituciones. Denuncian su intención de eternizar las crisis, para perpetuar liderazgos basados en la decepción popular con los viejos partidos[18].

La derecha y el social-liberalismo reprueban al populismo desde el vamos. Utilizan este término en forma peyorativa y presentan su difusión como un problema endémico de la región. Pero no aportan ninguna pista para comprender el fenómeno. Su esteriotipo de un caudillo que viola la ley para manipular a las masas es una prejuiciosa simplificación, que no esclarece el significado de esta modalidad política.

Históricamente el populismo aludió a distintas formas de intervención informal de las masas. Este sentido presentaba a fines del siglo XIX entre los Narodniki rusos y los movimientos rurales estadounidenses. Era considerado como una forma de acción popular orientada a lograr objetivos progresistas. En América Latina, los iniciadores (Irigoyen), los exponentes clásicos (Cárdenas, Vargas o Perón) y los representantes tardíos (Echeverría, segundo Perón) de esta corriente auspiciaron distintas formas de presencia popular poco institucionalizada. Indujeron la incorporación de sectores excluidos a la actividad política, a través de mecanismos más afines a la movilización controlada desde el estado, que al voto pasivo de los ciudadanos[19].

Este carácter para-institucional constituye el rasgo principal del populismo, que desenvuelve instancias inorgánicas de asimilación de los sectores marginados por los mecanismos republicanos. El populismo presenta una gran variedad de símbolos, liderazgos o estilos y puede adoptar distinto tipo de ideologías, discursos o contenidos.

La preeminencia de la acción informal no es un patrimonio de gobiernos progresistas o reaccionarios. El mismo tipo de mecanismos ha sido utilizado como canal de conquistas sociales y como instrumento del atropello patronal. El populismo clásico de posguerra presentó en América Latina fuertes tintes nacionalistas, pero durante el reciente período neoliberal asumió rasgos opuestos de subordinación al capital extranjero.

La presencia de estas dos facetas contrapuestas explica como Perón y Menen  (o Cárdenas y Salinas) pudieron actuar en el seno de una misma tradición política. El populismo clásico fue un instrumento de industrialización, reivindicación de los desposeídos, revitalización ideológica del nacionalismo y desplazamiento del poder de los terratenientes por los industriales. En cambio, el populismo neoliberal de los 90 fue prohijado por el capital financiero, facilitó la recolonización imperialista y recreó los prejuicios elitistas de la derecha. Nuevas variedades de este contradictorio fenómeno tienden a irrumpir en la actualidad, como consecuencia de los fracasos acumulados por el formalismo constitucional.

En lugar de reconocer este origen los conservadores y socio-liberales condenan la reaparición del populismo, como un karma que acecha a la región. A veces atribuyen este resurgimiento a la cultura paternalista que moldeó la colonización ibérico-portuguesa y en otras oportunidades lo asocian con la incorregible indisciplina de los latinoamericanos. Consideran que este mal impide reproducir la modernización que lograron Europa y Estados Unidos. Pero olvidan mencionar en qué medida la depredación imperialista ha obturado ese calco. Con las anteojeras del republicanismo resulta muy difícil comprender la lógica del populismo.

Los propósitos de una campaña

La derecha solo ataca las vertientes populistas que presentan alguna connotación igualitarista. Un presidente autoritario es respetado como estadista mientras preserva el status quo, pero se convierte en un cuestionable caudillo cuándo tolera alguna presencia de los oprimidos. El presidencialismo enérgico expresa capacidad de mando mientras favorece a los acaudalados, pero indica personalismo si disgusta a los poderosos.

Todas las andanadas contra el populismo son manifiestamente despectivas. Desvalorizan adicionalmente un término que nadie utiliza para auto-definir su alineamiento político. Los conservadores repudian especialmente los “desbordes populistas” por su potencial familiaridad con la acción de las masas.

La campaña es comandada por el Departamento de Estado con la misma furia que en otros momentos se motorizó la batalla contra la “amenaza comunista”. Un tribunal de inquisidores determina qué país merece la condena de prohijar al populismo. Con este discurso se elaboran las impugnaciones contra los gobiernos hostilizados por el Pentágono[20].

Los neoliberales impulsan esta cruzada para retomar la agenda de librecomercio y privatizaciones. Cuentan con la estrecha colaboración de los medios de comunicación y de los pensadores derechistas que denuncian la “epidemia populista” (Edwards), que genera “despilfarros de los recursos” (Botana), “desalientos de la inversión” (Grondona) y “regresiones económicas” (Cardoso)[21].

La derecha intenta recapturar los espacios ideológicos que ha perdido en América Latina. Sus pensadores siempre ordenaron la estrategia de las clases dominantes y continúan reinando en el terreno económico. Pero han quedado desplazados del campo político y reflotan prejuicios ancestrales para recuperar autoridad. Tratan de reestablecer un sentido común conservador para promover los gobiernos reaccionarios y consolidar el giro socio-liberal de los mandatarios de centroizquierda.

Pero este mensaje ignora el caudillismo descarado de los presidentes conservadores y de muchos mandatarios que son presentados como la antitesis del populismo chavista. Este manto de silencio recubre especialmente a Lula, que para gobernar en alianza con los conservadores ha retomado la tradición personalista del varguismo. Con este fin transformó todas las iniciativas asistenciales en un paquete manipulable de micro-ayudas (Bolsa de Familias), que le ha permitido recoger el voto de los más humildes.

También Kirchner ha reconstruido el poder del estado para las clases dominantes con un manejo caudillista del poder. Con este propósito ha reforzado la conversión del Justicialismo en una estructura electoral-asistencial, muy distante del viejo peronismo que movilizaba a la clase obrera. El espectro de pecadores populistas es, por lo tanto, muy vasto y no encaja fácilmente en la contraposición entre déspotas y republicanos que difunden los teóricos de la centroizquierda.

El contraste entre meritorios republicanos y repudiables populistas es también  utilizado por algunos autores para sepultar la vieja distinción entre izquierda y derecha, como principio orientador del análisis político[22]. Retomando la tesis del “fin de las ideologías” consideran que ese contrapunto ya no define el carácter progresista o reaccionario de un gobierno.

Pero república y populismo no sustituyen los conceptos de izquierda y derecha, para diferenciar los cursos afines a la igualdad social de las medidas favorables a los privilegios de los opresores. Esta delimitación es imprescindible para distinguir los intereses sociales en juego en cada conflicto. Es indiscutible que Chávez se ubica la izquierda de Lula, pero no es fácil determinar cuán populista es la gestión de cada uno.

La dificultad para distinguir una conducta de izquierda de otra derechista es un defecto que afecta especialmente a los cultores de la Tercera Vía. Estos pensadores recubren con un lenguaje contemporizador el programa socio-liberal de privatizaciones, atropellos a los inmigrantes y restricciones a las libertades públicas. En ese universo conservador todas las diferencias políticas han quedado sepultadas, bajo el peso la única alternativa posible que señaló Margaret Thatcher. La realidad política actual de América Latina aporta una refutación contundente de ese mensaje.

Elogios al populismo

En oposición a la denigración derechista y socialdemócrata ha surgido últimamente un enfoque que reivindica el concepto de populismo y también el uso de ese término. Destaca la pertinencia de esta noción para dar cuenta de los mecanismos que operan en forma paralela a la institucionalidad formal[23].

Esta mirada no solo retrata el fenómeno, sino que también aprueba su presencia como complemento de las carencias republicanas. En lugar de subrayar los aspectos conflictivos del populismo, ilustra su función compensatoria para cubrir los vacíos dejados por el sistema constitucional. Rechaza la descalificación derechista y defiende esa modalidad, como un método para canalizar la representación de los sectores marginados.

Pero esta aprobación encubre las aristas regimentadoras del populismo y disuelve el potencial contestatario de las vertientes más cuestionadas por los conservadores. Justifica el control que ejercen los líderes populistas sobre los oprimidos y su uso de las instancias informales para imponer frenos a las corrientes radicales del movimiento social.

La contemporización con el populismo se apoya en una actitud pragmática. Sugiere avalar su presencia en dónde irrumpe y olvidar su existencia dónde no se manifiesta. Observa la aparición de esta modalidad política como un curso conveniente para las naciones de frágil estructura constitucional (Venezuela) o larga tradición para-institucional (Argentina, Brasil). Pero estima innecesario su desarrollo en los países con mayor trayectoria republicana (Chile, Uruguay).

Con esta visión acomodaticia, los mandatarios latinoamericanos no derechistas son indistintamente reivindicados y quedan borradas las diferencias que separan a los proyectos en juego. La bendición se extiende por igual a Lula, Bachelet, Kirchner, Tabaré, Morales y Chávez. La teoría de la “razón populista” aprueba a todos los “líderes latinoamericanos”, sin separar a la “izquierda moderna de la retardataria”[24].

Este planteo pro-populista es el reverso de la diatriba socio-liberal, pero asemeja lo que debería distinguirse ya que ignora todos los rasgos que diferencian a un gobierno nacionalista radical de otro centroizquierdista. Diluye las tensiones que oponen a ambos procesos y contribuye a la política de contención de los mandatarios antiimperialistas que propician Lula y Kirchner.

Especialmente el presidente argentino adopta una actitud de comprensión hacia su colega venezolano para atenuar los aspectos revulsivos del proceso bolivariano y disolver su energía transformadora. El elogio al populismo constituye la expresión teórica de esta política de neutralización.

El fundamento clasista

La visión elogiosa no supera la vaguedad de caracterizaciones que siempre ha rodeado el análisis del populismo. En algunos aspectos incluso incrementa esta indefinición, al presentarlo como una forma de acción política abierta a cualquier desenvolvimiento y tendiente por igual a desemboques positivos (democráticos) o negativos (burocráticos).

Esta aguda indeterminación permite acomodar la evaluación de distintos acontecimientos a lo que disponga cada autor. Basta resaltar las insuficiencias de un régimen constitucional para señalar el hueco por dónde emergerá el complemento para-institucional. Como siempre hay vacíos a cubrir por esa instancia correctora, el populismo puede asumir infinitas modalidades y ser juzgado con innumerables criterios.

La visión aprobatoria rescata los ingredientes polémicos del populismo en oposición a la tesis socio-liberales que sacralizan el consenso, disuelven las tensiones políticas y postulan el fin de las confrontaciones[25]. Reivindica su reaparición como una confirmación de esta oposición entre adversarios, que refuta la creencia neoliberal en  “una sola alternativa posible”.

Pero esta subsistencia de conflictos no se manifiesta necesariamente a través del populismo. Cualquier acción política es sinónimo de discordia, ya que esta actividad es inconcebible sin confrontaciones. Recordar estas tensiones contribuye a rehabilitar la política, pero no a clarificar la naturaleza del populismo.

Los defensores de esta forma de accionar también resaltan su viejo sustento en el protagonismo del pueblo. Destacan que este conglomerado tiende a cumplir un papel articulador de los movimientos sociales, a través de una “lógica de equivalencias” que permite superar la “lógica de las diferencias” (presente en cada agrupamiento sectorial de mujeres, obreros o minorías raciales). Estiman que el pueblo opera como un nexo de reconocimiento entre los actores sociales, que facilita su articulación en alianzas y hegemonías.

Esta reivindicación del pueblo es contrapuesta a la concepción clasista de marxismo, que subraya la gravitación de las clases sociales en la estructuración de la acción política. La razón populista está explícitamente construida como una concepción “pos-marxista” opuesta al “encerramiento clasista”. Pero supone que los sujetos sociales se enlazan en torno a discursos, estilos y formas de acción, sin considerar los intereses materiales defendidos por cada sector. Al omitir este sustento no se entiende cuál es el sostén objetivo de ese ensamble. El análisis de clase es imprescindible porque destaca estos fundamentos de la lucha social, que la mera reivindicación del pueblo no esclarece.

El concepto de pueblo arrastra las mismas imprecisiones que afectan al populismo. ¿Quiénes integran ese conglomerado? ¿Todos los integrantes de la nación o sus segmentos más empobrecidos?  ¿Los capitalistas forman parte de este aglutinamiento? ¿La clase media y los funcionarios del estado participan de esa totalidad?

Los viejos populistas oponían el pueblo a los privilegiados, a los magnates y a los poderosos. Pero nunca definían cuáles eran las clases sociales en conflicto y esta indeterminación les impedía caracterizar adecuadamente lo que estaba en juego. La misma vaguedad recrean en la actualidad los teóricos de la “razón populista”. Transitan nuevamente por un terreno resbaladizo y plagado de contradicciones, aunque sin la antigua beligerancia hacia el status quo.

La ausencia de caracterizaciones de clase es el gran defecto de los análisis convencionales del populismo. Esta limitación es muy visible entre los defensores de esta modalidad, que postulan disolver los antagonismos sociales en la falsa uniformidad que aporta la entidad de pueblo[26].

Explicitar el universo clasista es vital en la actual coyuntura latinoamericana, porque los distintos cursos en disputa entre neoliberales, neo-desarrollistas y radicales antiimperialistas expresan intereses de clases opresoras y oprimidas que deben ser clarificados. Estos planteos apuntalan a su vez proyectos muy diferenciados de renovación de las plutocracias actuales o de construcción de otro sistema político. Esta segunda alternativa se discute en América Latina en torno a un concepto decisivo: la democracia. Desentrañar el significado de esta noción es el próximo desafío de nuestra reflexión.

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