Los
burócratas del sindicato de educadores tienen una vieja fama de
traidores. Ahora han ratificado que esa fama está bien ganada (SoB)
Maestros
y gobierno a la mesa de diálogo
Por
Milagros Salazar
Inter Press Service (IPS), 20/07/07
Lima.-
El sindicato de maestros, causante del peor dolor de cabeza del
gobierno peruano de Alan García, decidió suspender sus protestas,
tras 15 días violentos que dejaron tres muertos y decenas de heridos
en todo el país. Pero la puja con el Poder Ejecutivo apenas comienza.
"El
diálogo será ininterrumpido y permanente a partir de hoy",
afirmó este viernes el ministro de Educación, José Antonio Chang,
luego de instalar la mesa de negociaciones con los maestros, que
paralizaron sus actividades desde el 5 de julio en las escuelas públicas
en protesta contra la ley de la carrera magisterial que consideran una
"privatización" del sector.
"La
huelga se levanta temporalmente hasta que atiendan nuestros pedidos en
este proceso de conversaciones", dijo a IPS el secretario general
del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú
(Sutep), Luis Muñoz, luego de reunirse ayer por la tarde con el
primer ministro y presidente del consejo ministerial, Jorge del
Castillo.
De
esta manera, el dirigente confirmaba la tregua otorgada al gobierno de
García por más de 160.000 profesores que acataron la medida de
fuerza y que constituyen 72 por ciento del magisterio, según los
reportes oficiales.
Muñoz
enfatizó a IPS que el primer punto propuesto por los maestros en la
mesa de diálogo es que el Estado no descuente el pago de los días de
huelga y ponga fin a las anunciadas sanciones administrativas o
judiciales.
El
gobierno dispuso el martes que no pagaría a los profesores los días
en los que no dictaron clases por la huelga e inició castigos
administrativas contra 300 docentes huelguistas. Además, varios
dirigentes fueron detenidos por la policía y, pese a haber sido
liberados, siguen bajo investigación.
Sin
ahondar en comentarios, el ministro Chang descartó que el asunto de
los descuentos fuera parte de la negociación, pero aseguró que se
dialoga sobre los procesos administrativos contra algunos maestros.
Contra
la posición del Poder Ejecutivo, varios presidentes de los 25
gobiernos regionales que han actuado como mediadores en el conflicto
sindical, anunciaron que sí pagarían las remuneraciones a los
maestros de sus jurisdicciones, en respeto al derecho de huelga
contemplado en la Constitución.
"Los
profesores están dispuestos a recuperar las clases perdidas y a
discutir el plan educativo nacional y regional, lo cual es un gran
avance. Y nosotros tenemos que apoyarlos", dijo a IPS el
presidente de la noroccidental región de Lambayeque, Yehude Simon.
Sin
embargo, el contralor de la República, Genaro Matute, advirtió el miércoles
que las autoridades regionales se exponían a ser denunciadas por
disponer de recursos públicos en contra de la decisión del gobierno
central.
La
negociación comenzó cercada de un clima de alta tensión. El diálogo
del jueves entre la dirigencia del Sutep y el primer ministro Del
Castillo se desarrollaba en la capital mientras en el aeropuerto
internacional del Cusco, en la sierra sur, la policía apagaba un
incendio provocado cerca de la pista de aterrizaje por los
huelguistas.
Algunos
periodistas fueron atacados por manifestantes fuera de la terminal aérea
Alejandro Velasco Astete. Ante la situación, todos los vuelos fueron
suspendidos.
Por
la noche, el líder sindical Muñoz ratificaba ante la prensa el
reinicio este viernes de la actividad en las escuelas públicas para más
de ocho millones de estudiantes y se comprometía a recuperar las
horas de clase perdidas, al mismo tiempo que dirigentes de las
regiones de Arequipa, Ayacucho y Cusco, en el sur del país,
anunciaban que no levantarían la medida de fuerza.
El
dirigente más radical del Sutep, Robert Huaynalaya, desconoció el
acuerdo para poner fin a la huelga y estuvo reunido hasta la madrugada
de este viernes con sus bases sindicales para analizar el nuevo
escenario, según pudo constatar IPS.
"Siempre
hay algunos que quieren radicalizarse y dicen que los han traicionado,
pero ésta ha sido una decisión de los delegados del magisterio y la
mayoría va a implementar el acuerdo", dijo Muñoz.
El
diálogo iniciado luego de varios intentos frustrados, se instala
sobre arena movediza.
La
decisión del gobierno es aplicar como sea la Ley de Carrera Pública
Magisterial, que los docentes consideran una pretensión de
"privatizar la educación". Para el Poder Ejecutivo, la
norma busca mejorar la calidad de la enseñanza mediante la capacitación
de los maestros y el incremento de sueldos a partir de la
meritocracia.
Quien
fue ministro de Educación del gobierno de Alejandro Toledo
(2001-2006), Nicolás Lynch, dijo a IPS que estimaba positivo que los
profesores fueran sometidos a un proceso de evaluación permanente.
Pero
"es importante que el gobierno garantice que puede financiar las
capacitaciones y los aumentos de sueldos, no sólo en un año, sino al
menos en ocho o 10, para darle seguridad a los maestros", indicó.
La
ejecución de la Ley de Carrera Pública Magisterial demandará una
inversión de 1.400 millones de soles (443 millones de dólares) para
los incentivos económicos a los maestros.
Pero
los educadores dudan de que este aspecto se ponga en práctica, pues
la antigua ley ya contemplaba promociones y ascensos cada tres años,
que nunca se cumplieron. Hay profesores con más de 25 años de
servicio que siguen percibiendo un salario mensual de mil soles (unos
315 dólares) y a los que no se les permitió hacer una carrera
docente.
"Hay
que aclarar quién realizará la evaluación y qué tipos de
instrumentos se utilizarán para no incrementar el temor de los
profesores y que no sientan que se trata de un proceso para
sancionarlos", dijo a IPS Hugo Díaz, uno de los autores de la
polémica ley y miembro del Consejo Nacional de Educación.
La
dirigencia sindical ha señalado que presentará una acción de
inconstitucionalidad contra la norma que fue promulgada sin que fuera
ratificada por una segunda votación en el Poder Legislativo, como se
esperaba.
En
estas semanas, el conflicto traspasó las barreras del magisterio y
abarcó a otros trabajadores y a los campesinos.
La
Confederación General de Trabajadores del Perú ha expuesto demandas
que incluyen el respeto a la ley de trabajo, eliminación de la
tercerización de actividades, adopción de un impuesto a las
ganancias mineras elevadas, revisión del tratado de libre comercio
con Estados Unidos y la libre desafiliación del sistema privado de
pensiones, entre otros cambios que García prometió cuando era
candidato.
"El
gobierno ha actuado en forma prepotente y soberbia para resolver este
conflicto social, jactándose de la prosperidad económica que la
mayoría no siente", dijo a IPS el sociólogo y catedrático de
la Pontificia Universidad Católica, Carlos Reyna.
Precisamente
el jueves, García dijo que el crecimiento económico había empezado
a llegar a la población peruana, como lo probaba el mayor consumo de
electricidad y cemento de la clase media y de los sectores menos
pudientes.
El
mandatario proyectó que el producto interno bruto anual por persona
ascenderá a 4.000 dólares al término de su mandato, en 2011, y que
el país alcanzará a 100.000 millones de dólares en inversión
privada.
Pero
Reyna asegura que mientras se mantenga el régimen económico
neoliberal el escenario social seguirá agitado porque "es este
esquema el que ha dado lugar a la violación de las leyes laborales y
ha abaratado la mano de obra".
Otro
aspecto pendiente es atender las demandas regionales, exacerbadas por
el centralismo peruano. "Las provincias están reclamando medidas
proteccionistas porque este esquema económico ha colapsado",
estimó.
El
Frente Amplio Cívico de la región sureña de Arequipa, que acaba de
dar una tregua al gobierno, exige la subvención de los precios de
varios tipos de gasolina, el aumento del fondo de contingencia para
los combustibles, la liberalización de la importación de la harina y
el fin de los aranceles a la importación de trigo y maíz, alimentos
básicos de los que depende el país y que registran altos precios
internacionales.
En
la provincia centroandina de Andahuaylas, los agricultores exigen la
reducción de los impuestos a los fertilizantes. Aunque el ministro de
Agricultura, Ismael Benavides, viajó hasta esa zona y pudo poner fin
al paro agrario regional, el conflicto sigue latente, como en otras
partes del país.
|