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Corrupción
rampante y represión
Calderón
ante su laberinto
Por
Manuel Aguilar Mora (*)
Enviado por Correspondencia de Prensa, 30/07/07
La
ilegitimidad gubernamental surgida de las fraudulentas elecciones del
2 de julio de 2006, a un año de iniciada la operación de imposición
presidencial de Felipe Calderón, sigue deslizándose por una
pendiente cada vez más complicada para el equipo del Partido de Acción
Nacional (PAN) en el poder. La debilidad política manifiesta de la
presidencia de Calderón ha resaltado en forma patética con motivo de
la celebración del aniversario de los comicios electorales del año
pasado. Mientras López Obrador convocó a una magna asamblea de su
Convención Nacional Democrática, con un Zócalo repleto con decenas
de miles de partidarios, Calderón festejó a puerta cerrada su
supuesta victoria electoral en la sede nacional del PAN.
Son
varios los procesos políticos y criminales que se han anudado en los
días recientes y cuya consecuencia es una sola: Calderón está cada
vez más asediado ante una situación política que se le escapa y
ante la cual sólo tiene el recurso de la represión para controlarla,
profundizando su ilegitimidad e impopularidad.
Desde
el inicio de su gobierno, Calderón mostró su completa carencia de
una línea política capaz de recuperar el apoyo perdido por el PAN y
el régimen en su conjunto, durante la crisis ocasionada por el fraude
electoral. Con la mira puesta sólo en los sectores burgueses y de
clase media acomodada, el presidente quiso fortalecer su apoyo agarrándose
al tema de la seguridad que es tan apreciado por ellos. Buscando altos
porcentajes en las “encuestas de popularidad” pedidas a modo,
consideró desde el inicio mismo de su gobierno que debía garantizar
el apoyo de ese sector duro que votó por él. Sacó al ejército de
los cuarteles para emprender la “guerra a la delincuencia”,
encarnada en el narcotráfico. La tropa en las calles, como era
previsible, comenzó a realizar tropelía tras tropelía: violaciones
(la más siniestra de todas, la de la mujer de 70 años en Zongolica,
que murió como resultado de la violación tumultuaria de la
soldadesca), ataques a ciudadanos inocentes, detenciones arbitrarias,
aunque en “esta lucha contra el narco” no ha caído todavía ningún
capo mayor.
Mientras
tanto se produjeron dos hechos que desplazaron por completo del centro
de la escena política a la “ofensiva contra el crimen”. Los
medios dejaron las “hazañas” militares y sus titulares
concentraron la atención nacional en acontecimientos que expresan la
situación frágil, al mismo tiempo plena de peligros, del presidente
de la república.
Estos
dos procesos son:
1)
Las secuelas del escandaloso asunto de la mayor incautación de dólares
(205 millones) en efectivo realizada por la policía en México (y en
el mundo), y
2)
La desaparición de dos miembros del Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP), causa de varios actos de sabotaje a las instalaciones de
PEMEX en los estados de Guanajuato y Querétaro en junio que cimbraron
con su estruendo el tinglado nacional.
Estos
dos procesos, sin ninguna vinculación entre sí, pero que afectan
directamente al gobierno de Calderón, se mezclan con la situación
política de excepción que se da en la ciudad de Oaxaca y sus
alrededores, en donde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
persiste heroicamente en su reorganización y recuperación a pesar de
los golpes tan duros que ha sufrido durante estos meses, el último el
16 de julio pasado en el cual hubo varios heridos, uno de suma
gravedad en estado de coma, y detenidos. De hecho, la desaparición de
los dos miembros del ERP ocurrió con motivo de su detención en la
ciudad de Oaxaca, en mayo pasado.
La
corrupción rampante
El
caso de Zhenli Ye Gon se ha venido desarrollando por episodios cada
vez más truculentos que señalan que el gobierno de Calderón está
involucrado en uno de los asuntos más sucios surgidos en estos
tiempos ya de por sí tan llenos de escándalos oprobiosos. Este
personaje de origen chino, que adquirió la ciudadanía mexicana sólo
recientemente, en una ceremonia en que el propio ex presidente Fox le
entregó su acta de nacionalización, es un riquísimo empresario que
en las narices de las más altas autoridades, de hecho con su
complicidad, realizaba sus negocios, ahora declarados ilegales, en el
campo de las drogas. Dueño de una empresa de importación de
productos químicos provenientes de China, se convirtió desde hace
siete años en el principal abastecedor de las seudofetaminas, la
materia prima de las drogas baratas que se venden en los barrios
pobres de México y Estados Unidos, acumulando millones de dólares.
Centenas de toneladas importó por medio de sus empresas de esas
materias químicas y sus redes se extendían a EUA.
Cuando
la policía descubrió las pilas de los 205 millones de dólares y
muchas armas, que se amontonaban en los salones de una de sus tantas
mansiones, ubicada en las Lomas de Chapultepec, en los primeros días
del gobierno calderonista, obviamente se inició el escándalo de un
caso que hoy afecta a las relaciones de Estados Unidos y México. La
policía ya no pudo detenerlo, pues Ye Gon desapareció durante varias
semanas, hasta que súbitamente, antes del primer aniversario del 2 de
julio, ya ubicado en Estados Unidos, hizo sus primeras declaraciones,
las cuales fueron verdaderamente sensacionales, arrojando desde
entonces una enorme sombra de sospecha sobre el gobierno de Calderón,
sombra que se extiende hasta su predecesor en Los Pinos, Vicente Fox.
Según
Zhenli, ese dinero se lo habían dado a guardar políticos del
gobierno panista y estaba destinado a sufragar gastos de la campaña
electoral de Calderón y si perdía, sería usado para desestabilizar
al gobierno de López Obrador. El personaje señaló concretamente al
actual Secretario de Trabajo y Previsión Social del gabinete de
Calderón, Javier Lozano Alarcón, como el enlace directo que le obligó
a custodiar los millones de dólares. La frase de “cooperas o
cuello” que según él le propinaron esos contactos, se ha
convertido en una auténtica descripción de los procedimientos
gangsteriles característicos de los personajes que nos gobiernan.
El
mayor “aseguramiento” de dólares en la historia mundial de la
policía, planteó inmediatamente infinidad de preguntas que están
lejos de encontrar todavía respuestas adecuadas, a pesar de que poco
a poco está saliendo muchísima evidencia de la podredumbre de los
medios oficiales. Se trata de un auténtico caso que nos lleva a los sótanos
más profundos de la corrupción estatal en México.
¿De
dónde vinieron esos dólares? ¿Por qué estaban apilados en una casa
particular y no en un banco? ¿Cómo es posible que las autoridades no
se percataran del asunto desde que éste comenzó a convertirse en
fuente de riquezas incalculables, hace más de cinco años? ¿Quién
es verdaderamente Ye Gon y cuáles son sus conexiones con las altas
esferas gubernamentales?
En
pleno “combate contra el narcotráfico”, surge a la superficie que
autoridades gubernamentales que debían vigilarlo a él y a sus
negocios de la droga, fueron “incapaces” de detectar sus
innumerables irregularidades cuando actuaba prácticamente frente a
ellas. Fueron autoridades de la Secretaria de Hacienda en las aduanas,
de la de Salubridad y la policía especializada en delincuencia
organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), las
cuales, todas por igual, eran como un cedazo por el que pasaba,
corrompiéndolas a todas, el escurridizo señor Zhenli. La PGR ha
reconocido que agentes suyos detuvieron al personaje en octubre de
2006, después de que en mayo del mismo año se había comenzado una
investigación sobre sus negocios, y el multimillonario personaje pudo
salir airoso del transe, por supuesto, vía el soborno millonario
respectivo. (La Crónica, 27 de julio de 2007).
La
primera declaración de Zhenli sobre las amenazas del secretario de
Trabajo, Javier Lozano, no han sido comprobadas, ni ratificadas,
aunque este último, en un viaje relámpago a Nueva York, contrató a
los abogados encargados para defenderlo de las “acusaciones sin
fundamento” en su contra. Sin embargo, las investigaciones en marcha
sobre las redes tendidas por el sino–mexicano, aunque realizadas con
una torpeza casi deliberada, siguen realizándose e insisten en
apuntar a altos representantes gubernamentales. El nombre del
gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, ha salido a relucir como otro
de sus contactos recurrentes.
También
la forma en que el gobierno trató el “aseguramiento” de los 205
millones de dólares es sintomática del increíble desaseo de su
tratamiento del caso. Las autoridades se han contradicho varias veces
sobre su destino: primero dijeron que estaban depositados en el Banjército,
después que habían sido enviados a la Federal Reserve de EUA por las
propias autoridades hacendarias mexicanas. Posteriormente se afirmó
que estaban depositados en el Banco de México. La última información,
por el momento al menos, es que los 205 millones de dólares ya se
repartieron entre la Secretaria de Salubridad, el Poder Judicial y la
PGR. Al parecer esta medida tiene la intención de no devolverle el
dinero a Zhenli, quien cínicamente así lo ha exigido.
Mientras
tanto, el enigmático personaje fue detenido esta semana en EUA a
petición de la DEA, pero no por el evidente colosal lavado de dinero
que ha hecho en México y por lo cual el gobierno de Calderón ha
pedido su extradición, sino por haber transportado medio kilo de
seudofetaminas al país vecino. El asunto, así adquiere otra faceta
al saberse que la DEA estaba tras este hombre y apuraba a las
autoridades mexicanas para su detención. Los abogados del astuto
negociante están felices porque en EUA “nuestro cliente tendrá un
justo trato en los tribunales, pues en México ya había sido
declarado culpable por el propio presidente Calderón”. Y en efecto,
Calderón declaró que Zhenli “debía estar en la cárcel”, dándole
así la perfecta justificación a los hábiles abogados
estadounidenses para pedir refugio político al gobierno de Washington
para su cliente. La discusión de si Calderón cometió una torpeza o
fue un gesto deliberado es gratuita, lo cierto es que permitió así
que sea la DEA, es decir el gobierno de Washington, la que hoy tenga
en sus manos toda la información que les proporcione Ye Gon. No es
difícil imaginar que esto pone en una situación bastante incómoda a
muchos sectores gubernamentales.
Inicios
de una nueva guerra sucia
En
junio varios bombazos a instalaciones de PEMEX en los estados de
Guanajuato y Querétaro fueron rápidamente declaradas por las
autoridades como percances sin consecuencias que lamentar en vidas
humanas. Los “percances” afectaron la industria de estos dos
estados y sus costos llegaron a centenas de millones de pesos. Los
medios informaron escuetamente de ellos e incluso la mayoría de los
sectores democráticos y revolucionarios no se percataron de la
gravedad que estaba atrás de estos actos.
Días
después de los bombazos, el Ejército Popular Revolucionario (EPR),
una guerrilla que ha permanecido ante todo en los estados sureños de
Guerrero y Oaxaca, pero que al parecer tiene ramificaciones en varias
entidades del centro y posiblemente del norte del país, los reivindicó
como de su autoría.
De
esta forma ha salido a relucir algo que estaba en el ambiente pero que
no se constataba tajantemente desde las terribles represiones de
Atenco y Oaxaca el año pasado, continuadas durante el actual gobierno
de Calderón, como ya se mencionó. Ha salido a la superficie que los
sectores represivos gubernamentales están reincidiendo en las prácticas
criminales de la desaparición de antagonistas políticos, pues eso
son los guerrilleros que se oponen con las armas en la mano al régimen
establecido.
En
efecto, el EPR en varios comunicados antes y después de los bombazos,
ha venido denunciando la desaparición de dos de sus dirigentes
principales Gabriel Alberto Cruz Sánchez (también llamado Raymundo
Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya, detenidos por agentes federales
de la PGR a finales de mayo en la ciudad de Oaxaca y desde entonces
desaparecidos. Dos meses han transcurrido y sus familiares y amigos no
saben nada de su paradero. El EPR acusa a las policías del gobierno
de Calderón de la detención de sus dirigentes y exige que los
presente con vida.
Con
su política Calderón ha provocado que por primera vez haya un
consenso amplísimo de los sectores de oposición, más allá de los métodos
de lucha de los mismos. Ha provocado, incluso, algo que no se veía
desde hace décadas, la unión de los diversos grupos guerrilleros en
defensa de sus dos compañeros y el anuncio de que harán actos de
hostigamiento en demanda que sean presentados con vida.
La
Brigada Mixta Guillermo Prieto, las Milicias Insurgentes Ricardo
Flores Magón, el Comité Clandestino Revolucionario de los
Pueblos–Comando Justiciero 28 de Junio, el Movimiento Revolucionario
Lucio Cabañas Barrientos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del
Pueblo (FARP), y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)
ya anunciaron en sendos comunicados que participarán en la campaña
nacional de hostigamiento militar en apoyo a la demanda del EPR de la
presentación con vida de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
La
Secretaria de Gobernación, la PGR y el gobernador de Oaxaca, ya se
deslindaron de toda responsabilidad sobre la detención de los dos
militantes. Pero el Ejército ha permanecido callado, lo que hace
suponer que ellos han sido los responsables de la detención y retención
de los guerrilleros.
Hay
testimonios que aseguran haber visto por última vez a los dos hombres
salir del hotel en que se hospedaban en la ciudad de Oaxaca,
gravemente lastimados por la tortura a que fueron sometidos. Se supone
igualmente que fueron llevados al Campo Militar Número Uno en la
Ciudad de México.
La
gravedad de lo ocurrido está relacionada directamente con la lucha
social de Oaxaca. La intensa represión a la que han sometido los
gobiernos panistas de Fox y Calderón y el priista de URO al
movimiento de la APPO, está conduciendo a sectores rebeldes a
comenzar a optar por métodos violentos. El EPR tiene uno de sus orígenes
en las luchas oaxaqueñas de los años setenta del PROCUP (Partido
Revolucionario Obrero Clandestino–Unión del Pueblo). La respuesta
represiva gubernamental sólo profundizará el descontento, caldo de
cultivo de protestas cada vez más radicales. Es evidente que la
cerrazón democrática que se ha expresado hasta la saciedad en el país
en estos últimos tiempos, tendrá consecuencias costosísimas para la
lucha social y política popular por la emancipación y liberación
nacionales.
Se
avecinan momentos cruciales
El
epicentro de la lucha de clases en México está en Oaxaca desde
finales del año pasado. Los últimos acontecimientos lo demuestran a
la saciedad. El lunes 23 se inauguraron las fiestas de la Guelaguetza,
festividades de origen prehispánico de los pueblos oaxaqueños.
Durante una semana dos tipos de Guelaguetzas se realizarán en la
ciudad y en todo el estado de Oaxaca. La Guelaguetza de URO, del PRIAN
y de los pocos turistas que se han atrevido a asistir y los festejos
de la APPO. El gobernador Ulises Ruiz ha gastado decenas, sino es que
centenas, de millones de pesos en la propaganda de “su Guelaguetza”.
Los empleados gubernamentales son obligados a asistir a los actos
oficiales, no se escatiman recursos pero estas fiestas están cercadas
por miles de policías. En cambio, la APPO ha realizado sus reuniones
en los barrios populares. Dos Guelaguetzas, dos polos, dos formas de
política, dos poderes que compiten, dos mundos que se enfrentan.
El
talante autoritario del nuevo presidente Calderón, su base en la
coalición de los dos partidos mayoritarios burgueses tradicionales,
el PRI y el PAN, la insensibilidad política de su equipo gobernante y
el ejército convertido cada vez más en uno de los protagonistas
centrales del quehacer gubernamental presagian días muy difíciles
para la lucha de Oaxaca. El poder bicéfalo del PRIAN permite suponer
que hará todo es posible para evitar que este heroico pueblo culmine
su lucha libertaria y emancipadora.
En
los años setenta, la desaparición era práctica común en las
acciones represivas militares contra los guerrillas. El registro de
los grupos de derechos humanos independientes cifran en más de 500
los desaparecidos en esos años, así como mil 200 muertos.
En
un reciente informe de la Liga Mexicana de Derechos Humanos se
enlistan 28 casos de desaparecidos en los gobiernos de Ernesto Zedillo,
Vicente Fox y el recién iniciado de Felipe Calderón.
Toda
la euforia y el entusiasmo de los medios e incluso de sectores
populares, en gran medida promovidos deliberadamente por millonarios
recursos gubernamentales, de que en el año 2000 “México había
transitado a la democracia” han desaparecido en estos meses. Un
sentimiento de frustración e ira los ha sustituido, soporte de
acciones de rebeldía y contestación que tenderán a incrementarse.
Se ha desmoronado por completo la fachada de que después del PRI México
entraría a la democracia, idea que los locutores y los intelectuales
del régimen propagandizaron incansablemente en estos años. Ahora se
ve con más claridad que la transición del PRI al PAN en el 2000 fue
“una transición pactada”, una clásica operación lampedusiana de
“cambiar todo para que todo siguiera igual”.
La
dinámica de estos acontecimientos, sin embargo, aceleran las
necesidades de cambios verdaderos. Del lado gubernamental las
tentaciones represivas, obviamente, se alimentan con el amplio margen
de maniobra que la debilidad política presidencial les proporciona.
Se ciernen así peligros mayores, en especial, sobre las masas
insurgentes de Oaxaca y de otros sectores populares.
Del
lado de las fuerzas democráticas y revolucionarias de la oposición,
sean cuales sean sus posturas políticas, se yergue una necesidad
elemental, una tarea impostergable: la lucha contra la represión.
La
demanda de la presentación de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes
Amaya, los dos guerrilleros desaparecidos, debe ser reivindicada por
todos aquellos que luchamos por una real transformación social y política
del país. La unión de las fuerzas que se oponen al régimen
decadente y en descomposición del PRIAN, que se expresa tan
palpablemente en el actual gobierno de Calderón, es el deber que
tienen ante el pueblo de México en esta hora preñada de peligros. El
despliegue de una nueva edición, corregida y aumentada de una guerra
sucia, acarrearía enormes sacrificios a los sectores populares y añadiría
mucha sangre a la ya derramada por los combatientes de un México
nuevo, democrático e independiente.
México,
D.F. a 28 de julio de 2007
(*)
Intelectual marxista, autor de numerosas obras sobre la izquierda y el
"bonapartismo" mexicano. Es miembro de la Liga de Unidad
Socialista (LUS).
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