Por
Ángel Páez
Inter Press Service (IPS), septiembre de 2007
Autoridades
provinciales de las zonas peruanas afectadas por el terremoto de este
mes están bajo sospecha. Muchos de sus gobernados denuncian que
acaparan y desvían la ayuda humanitaria.
El hombre más
poderoso de la sureña y devastada provincia peruana de Pisco es el
alcalde Juan Mendoza.
El ruido atronador de
la remoción de los escombros, el polvo que se impregna a todo y los
fuertes vientos son parte del escenario fantasmal de este lugar que ha
quedado fijado en el 15 de agosto, cuando lo sacudió el sismo de
siete grados en la escala Richter.
En él se mueve el
burgomaestre Mendoza como pez en el agua. "Juanito, necesito un
ataúd", "Juanito, faltan carpas (tiendas) en mi
barrio", "Juanito, se acabó la comida en mi barrio",
le dicen los pobladores que lo rodean todo el tiempo.
Mendoza pasea por las
calles, largas hileras de escombros objeto de una destrucción
implacable. Es evidente que comprende el desgraciado protagonismo que
le ha tocado en medio del desastre.
"Todo el tiempo
reclaman", dice a IPS mientras recorre la plaza principal que ha
convertido en su centro de operaciones, porque allí se estaciona la
prensa nacional y extranjera. "Siempre que les das algo, después
te piden más", apunta.
Él es quien decide
adónde van los víveres, a qué familias proteger en los refugios,
por dónde empezar la reconstrucción, a quién atender en primer
lugar. Los asuntos que se someten a su consideración abarcan hasta el
tipo de ropa que se destina a uno u otro sitio.
Esa centralización
de decisiones está ahora bajo investigación. Las denuncias de manejo
doloso de la ayuda humanitaria contra el alcalde dieron pie a que el
contralor general de la República, Genaro Matute, viajara a la zona
del desastre con un equipo de fiscalizadores.
"Encontramos que
el propio alcalde en persona repartía la ayuda, que concentraba un
poder que impedía que los víveres y la ropa llegaran a las personas
que más los necesitaban", dijo Matute a IPS.
Fastidiado por el
control, el alcalde buscó apoyo en el presidente Alan García,
acusando al contralor de entorpecer las tareas de asistencia.
García desautorizó
públicamente a Matute, que ejerce una función estatal de
fiscalización independiente. "Hay que ser torpes, a veces
brutos, para creer que el alcalde va a entregarle a sus favoritos
víveres y ropa, y postergar a la población", dijo García.
"¿Dicen que me
robo las donaciones para entregárselas a mis familiares y amigos?
Oiga, yo no tengo corazón de piedra. Tendría que ser un maldito para
quitarle la comida y la ropa a la gente. Además, mi hermana murió en
el terremoto. Yo no puedo robarle a la gente que sufre como yo",
se defendió Mendoza.
El alcalde ganó las
elecciones provinciales de noviembre de 2006 con sólo 27 por ciento
de los votos. En una provincia en la que residen unas 150.000
personas, 18.000 ciudadanos lo votaron. Pero la desgracia le ha
conferido más poder. Mientras hablaba con IPS, algunos viandantes le
gritaban "Juanito, tenemos hambre". "No te lo lleves
todo a tu casa". "Deja algo para los pobres". Mendoza
sonreía.
"¿Por qué no
va a los pueblos jóvenes? Allí la gente reclama porque usted
concentra todo en la ciudad de Pisco", le preguntó IPS."Hay
para todos, pero, por favor, la ayuda no puede llegar a todos al mismo
tiempo. Ni Dios puede hacer eso", respondió.
Según Matute, las
autoridades de la provincia de Pisco, departamento de Ica, no
planifican el reparto de asistencia humanitaria, lo que va contra los
intereses de miles que viven en los asentamientos hacinados de los
alrededores, llamados pueblos jóvenes.
"No contaba con
un sistema de distribución, repartía sin registrar a quiénes
entregaba, sin saber a quiénes les faltaba. Esa desorganización, ese
caos, evidentemente afecta a quienes más requieren la ayuda
humanitaria", señaló Matute. "En tales condiciones,
podrían generarse actos de corrupción".
Cifras oficiales
indican que hasta el 30 de agosto el sismo con epicentro en el océano
Pacífico, frente a las costas de las provincias de Pisco, Ica y
Chincha, dejó 519 personas muertas, casi 1.400 heridas, 45.000
damnificadas y millonarias pérdidas materiales. Organizaciones no
gubernamentales también señalan que aún hay 40 desaparecidos.
Según Matute, la
contraloría ha detectado que "regidores (concejales) de las
alcaldías provinciales de Pisco y de Cañete --en el vecino
departamento de Lima--, se llevaban los víveres a sus casas o a sus
allegados, perjudicando a los más golpeados por el terremoto".
Pobladores de Grocio
Prado, uno de los populosos distritos de Chincha destruido en 80 por
ciento por el sismo, viajaron a Lima para denunciar al alcalde Carlos
Torres de apropiarse de la ayuda.
En Grocio Prado, de
15.000 habitantes de una docena de asentamientos, IPS recogió duras
expresiones contra Torres. "Nunca viene por aquí", dijeron
habitantes en San Benito. "Para nosotros el alcalde ha
muerto", señalaron en Yataco.
"Sólo a sus
familiares y favoritos les entrega los víveres", afirmaron en El
Porvenir, donde la destrucción de las viviendas es total. El alcalde
estaba en la plaza principal de Grocio Prado.
"Todas las
acusaciones contra mí son falsas. Hemos organizado a la gente para
que elijan a un coordinador y éste recoja y distribuya la ayuda que
recibimos", dijo Torres a IPS.
"Los que
protestan son los que no se han organizado y por eso poco o nada
reciben", alegó. Mientras hablaba, algunos pobladores comenzaron
a acercarse gritando "mentiroso", "farsante, no te
quedes con la ropa y comida". Otros pobladores lo acompañaban y
defendían.
"A todos no se
puede contentar", se disculpaba el alcalde, pulcramente vestido y
de brillantes zapatos negros.
A Grocio Prado no ha
llegado la Defensa Civil, y los habitantes retiran los escombros con
sus propias manos. Al igual que en otras localidades sureñas
afectadas, esta permanece militarizada. Los sitios donde se acopian el
agua, los alimentos, las tiendas, los colchones, las medicinas, están
bajo control de las Fuerzas Armadas.
El presidente García
explicó que las Fuerzas Armadas no estaban sólo para impedir
saqueos, sino también para ejercer el mando.
"Un terremoto es
como una situación de guerra generada por la invasión de un país
extranjero", justificó. "Y en una situación de ese tipo se
debe establecer un solo comando de guerra. Menos democratismo y más
verticalidad".
Quizás este precepto
fue el que lo llevó a nombrar al empresario Julio Favre presidente
del Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas del Sur
(Forsur), sin consultar a ninguna de las autoridades de las regiones
afectadas por el sismo.
Favre, seguidor del
ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000) y ex titular del gremio
empresarial, mantiene excelentes vínculos con la cúpula militar y
con sectores de la Iglesia Católica cercanos a la prelatura
conservadora Opus Dei. Hasta su nombramiento actuaba como asesor
informal de García.
El presidente de la
región Ica, Rómulo Treviño, que comprende la mayor parte de las
localidades arrasadas, sostuvo que "el Forsur es la fiel imagen
del centralismo total" y como respuesta constituyó la
Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica.
"Para algunos
políticos, el capitalismo es una perversión que consiste en que
algunos pocos explotan a muchos (…) y es el trabajo de los muchos lo
que hace ricos a los pocos. Tamaña estupidez podría haber tenido
algún fundamento hace cien años", escribió Favre en una
columna de opinión.