El
peligroso ejército-policía
Por
Diego Cevallos
Inter
Press Service (IPS), 21/09/07
México.-
El uso del ejército en tareas policiales dejó en México un estela
de violaciones a los derechos humanos, que incluyen allanamientos y
detenciones injustificadas, robos, torturas, violaciones de mujeres y
asesinatos cometidos por soldados bajo el efecto de drogas.
"Es
hora de que el gobierno genere un plan para regresar los militares a
los cuarteles y dejar de exponerlos en misiones para las que no están
preparados. Será por el bien de los derechos humanos y del propio Ejército",
señaló este viernes José Luis Soberanes, presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Soberanes
habló en la presentación de la estatal pero independiente CNDH de un
extenso informe que expone algunos de esos delitos cometidos por
militares en los últimos meses. "La gravedad de los delitos
descubiertos amerita que el Poder Ejecutivo emita un pronunciamiento
al respecto y tome medidas urgentes", indicó.
Para
Fabián Sánchez, director de la no gubernamental Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el "informe es
una pincelada de la realidad, pero nos parece tardío y algo hipócrita".
"La CNDH no salió desde el principio a protestar y censurar el
uso del ejército como policía", criticó ante la consulta de
IPS.
Frente
al creciente poder y violencia de los narcotraficantes, que rebasa la
capacidad de una policía marcada por la falta de preparación y la
corrupción, el gobierno del conservador Felipe Calderón sacó a las
Fuerzas Armadas de los cuarteles para enfrentar a esos grupos, como ya
habían hecho sus antecesores, aunque ahora con una mayor amplitud.
La
Constitución de México prevé que ante problemas graves de seguridad
interior se puede recurrir a los militares, disposición que avaló la
Suprema Corte de Justicia en un fallo de marzo de 1996.
"Pero
los militares no están preparados para ser policías, ellos van al
combate y no esperan órdenes judiciales para actuar. Por eso cometen
tanto atropello contra los civiles", señaló Sánchez.
Varios
analistas avalan el uso de militares, pues consideran que es la única
fuerza que puede enfrentar a los avezados narcotraficantes. No
obstante, cuestionan al gobierno por no dar pasos firmes para
profesionalizar a la policía.
La
CNDH expuso en su informe cuatro casos de violaciones a los derechos
humanos que involucra directamente militares, tres de ellos
registrados durante la actual gestión de Calderón.
Uno
de los casos es del 11 julio de 2006, poco después de las elecciones
presidenciales que ganó Calderón y cuando aún era mandatario
Vicente Fox (2000-2006).
Según
la CNDH, en esa fecha un grupo de militares destacados en el estado de
Coahuila, una de las zonas donde hay mayor presencia de narcotráfico,
llegó a un salón donde mujeres ofrecían espectáculos eróticos y
violaron a 14 de ellas.
"De
una de las mujeres abusaron de manera tumultuaria, y a otra mujer, que
estaba embarazada, le provocaron un aborto", se afirma en el
informe. Por este caso, ocho militares están presos, tres permanecen
prófugos, dos fueron dados de baja y uno más fue declarado en
libertad por un juez.
Otro
caso reportado, ya en la administración de Calderón, ocurrió en
mayo, cuando militares llegaron a una zona rural del estado de Michoacán,
luego de que cinco de sus compañeros habían muerto en una emboscada,
al parecer montada por narcotraficantes.
Con
la justificación de que buscaban a los culpables, los soldados
golpearon y torturaron a varias personas, allanaron casas sin orden
judicial y violaron, probablemente, a cuatro mujeres menores de edad,
apunta la CNDH.
También
en Michoacán, el documento expuso que soldados detuvieron en ese
mismo mes a varias personas para luego trasladarlas a un cuartel donde
sufrieron torturas y otras agresiones, mientras sus compañeros
allanaban casas, en donde robaron dinero, teléfonos celulares y
algunas joyas.
Un
cuarto caso se refiere al asesinato de tres niños y dos mujeres que
en junio viajaban en una camioneta por una zona rural de Sinaloa, otro
estado con importante presencia de narcotraficantes. Las víctimas
murieron por los disparos de soldados.
Algunos
de los 19 militares que realizaron el ataque habían consumido
marihuana y uno de ellos cocaína. La CNDH indicó que para tratar de
ocultar el crimen, los culpables colocaron marihuana en el vehículo
atacado y declararon que los ocupantes traían armas, lo cual resultó
falso. Por el caso, todos los imputados están detenidos.
"Estos
son algunos hecho documentados, pero sabemos de otros que irán
saliendo a la luz y otros más que se repetirán", declaró el
director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos.
"Los
militares no están preparados para combatir el crimen, no es su
papel. Por eso hay estos abusos y por eso veremos más casos en el
futuro", señaló el activista.
Legisladores
y grupos humanitarios demandan al presidente Calderón dejar de lado a
los militares en la lucha contra el narcotráfico. Pero gobernadores y
otras autoridades locales le piden totalmente lo contrario.
Además,
las encuestas indican que la mayoría de los mexicanos apoyan los
operativos militares contra el tráfico de drogas.
En
julio empezaron a declinar las ejecuciones y otros hechos violentos
que las autoridades atribuyen al narcotráfico y que hasta ese momento
y desde inicios de año habían dejado más de 1.000 muertos, en su
mayoría miembros de bandas delictivas.
Pero
ese freno a la violencia, que se mantiene con altibajos hasta ahora,
no es atribuido a las acciones militares y policiales ni a labores de
inteligencia, sino a los acuerdos a los que habrían llegado los jefes
del narcotráfico tras reunirse de manera secreta.
La
presunta cita de mafiosos, de la que dieron cuenta algunos diarios
locales y de Estados Unidos citando fuentes anónimas y de
inteligencia, se habría realizado en junio en algún lugar de México,
donde se habría pactado una tregua.
El
presidente de la estatal CNDH señala periódicamente desde mayo que,
si los militares no están preparados para luchar contra el narcotráfico
y al mismo tiempo respetar los derechos humanos, mejor deberían es
que regresen a los cuarteles.
Pero
el gobierno de Calderón no parece tener planes ni prisa para
acuartelar a los soldados, y tampoco hay avances en el objetivo de
reflotar a la policía como una institución capacitada y respetable.
En
México hay 350.000 policías distribuidos en diversas corporaciones
que no tienen una coordinación central. Se trata de agentes mal
pagados, con escasa preparación y superados ampliamente por el poder
táctico y de fuego de las mafias del narcotráfico.
En
las encuestas, la gran mayoría de la población considera que la
policía es una institución corrupta. En contraste, esos mismos
sondeos indican que las Fuerzas Armadas tienen altos niveles de apoyo
y respeto social.
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