México

 

Denuncia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Abusos sexuales, homicidios, tortura, allanamientos e incomunicación

Por Víctor Ballinas
La Jornada, 21/09/07

México.– Por los casos de violaciones sexuales de mujeres, homicidios calificados, tortura, allanamientos, incomunicación y abuso de autoridad cometidos por militares en Coahuila, Michoacán y Sinaloa, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, hará públicas este viernes las cuatro recomendaciones que turnará al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que en todos los casos se trata de violaciones graves cometidas por elementos del Ejército, y que en tres de las cuatro recomendaciones los hechos violatorios ocurrieron este año, en el gobierno que encabeza Felipe Calderón, y uno más es de 2006, en el mandato de Vicente Fox.

Por primera ocasión, el ombudsman presenta en paquete cuatro recomendaciones en las que se acusa a militares de manera pública de cometer violaciones graves a los derechos humanos: son las números 37, de 2006, y 38, 39 y 40 del presente año.

El Pérsico Dancing

La recomendación 37 se refiere a la violación de 14 mujeres por militares en la población de Castaños, Coahuila, en julio de 2006. Estos hechos se iniciaron en el salón denominado El Pérsico Dancing, donde el 11 de julio, a la 1:05 de la madrugada, un civil de sexo masculino “alteraba el orden y causaba problemas a otro cliente, por lo que fue detenido por la policía municipal de Castaños, asignada a vigilar la zona. Al detenido, que dijo llamarse SP1 y ser servidor público, se le encerró en una celda anexa al salón.

“Más tarde, a solicitud de algunos compañeros suyos que se identificaron como militares del 14 Regimiento Motorizado, fue liberado y se retiraron del lugar a bordo de un taxi”, sostiene la investigación de la CNDH.

Pero más tarde, a la 1:45, un grupo de militares regresó a la zona de tolerancia de Castaños “en un vehículo oficial, con uniforme y armas oficiales, y lesionaron a seis policías preventivos. Atentaron contra la integridad personal de varias mujeres que se encontraban en los salones El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret. Abusaron tumultuariamente de una y a otra que estaba embarazada le provocaron un aborto; pero en total 14 mujeres fueron víctimas de violación ese día”.

Por este caso, la CNDH también dirige la recomendación al Congreso del estado, para que investigue por qué policías vigilaban los salones referidos y en el interior había celdas privadas, ya que “al munícipe se le solicitó información y no respondió”, acusa el ombudsman.

De este caso, siete u ocho de los militares involucrados se encuentran recluidos y bajo proceso penal en un juzgado civil, tres más han sido reportados como prófugos, dos fueron dados de baja y uno fue declarado en libertad por el juez.

Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo

La recomendación 38 trata de hechos ocurridos en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán, los días primero, 2 y 3 de mayo de este año en los ranchos Las Guacamayas y San Jerónimo.

La queja radicada en la CNDH fue por detenciones arbitrarias, tortura, ejercicio indebido de la función pública, allanamientos y otros. Y también se investigan por parte de la procuraduría estatal los delitos de violación sexual, abusos deshonestos y los que resulten.

El primero de mayo, en Carácuaro, elementos militares fueron emboscados por presuntos grupos armados, hechos donde cinco uniformados resultaron muertos. Ante ello se desplazó un operativo de cientos de soldados. La CNDH señala que cuatro mujeres menores de edad denunciaron violaciones sexuales cometidas por personal castrense, por lo cual se dio cuenta al Ministerio Público, que investiga violación, abusos deshonestos y los que resulten. En tanto, el órgano nacional de defensa de los derechos humanos acreditó “detención, retención arbitraria, tratos crueles, inhumanos y degradantes y lesiones”.

Recomendación 39

Un caso más se refiere a lo ocurrido en Apatzingán, Michoacán, donde el 7 de mayo de este año cuatro presuntos narcotraficantes perdieron la vida al enfrentarse con el Ejército. Ahí fueron detenidas ocho personas –entre ellas un menor–, quienes fueron trasladados a la 43 Zona Militar, en donde se les retuvo por más de 15 horas, se les interrogó bajo tratos crueles inhumanos y degradantes, además de que militares se introdujeron sin orden judicial en varios domicilios donde causaron daños materiales y robaron teléfonos celulares, cámaras fotográficas, alhajas y dinero.

Último requerimiento

Por lo que se refiere a la recomendación 40/2007, se trata de los hechos ocurridos en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, donde elementos del Ejército dispararon contra una camioneta en la cual viajaban tres adultos y cinco menores. En ese lugar fallecieron una niña y una mujer adulta; seis personas más resultaron heridas, tres de las cuales murieron más tarde.

Ciudadanos que viajaban en otro vehículo trasladaban a los heridos y fueron interceptados por militares en Badiraguato, acusados de “trasladar cadáveres”. La CNDH denuncia que en el lugar se encontraron 15 casquillos percutidos, y señala que las personas detenidas “no opusieron resistencia alguna ni propinaron ningún tipo de ataque a los elementos militares; tampoco portaban arma alguna”.

De 19 soldados a los que se les practicó examen toxicológico siete dieron positivo en el consumo de cannabis y uno también en cocaína. Asimismo, de 20 militares involucrados en estos hechos, en 17 los estudios químicos revelaron presencia de plomo y/o bario, a consecuencia de disparo de arma de fuego, en región palmar, dorsal e interdigital de la mano derecha.

La CNDH acreditó que los elementos del Ejército intentaron desvirtuar los hechos y colocaron en la camioneta un costal con mariguana en descomposición. El juez adscrito a la tercera Región Militar resolvió auto de formal prisión en contra de 19 soldados por violencia contra las personas, homicidio y lesiones calificadas. La Sedena formalizó convenio por indemnización a las víctimas.