La deuda después del default

Por Claudio Katz ([i]), 25/06/04

La Argentina arrastra una larga historia de cesación de pagos. Por eso algunos economistas encasillan al país entre los “defaultadores seriales”, es decir el grupo de naciones que periódicamente enfrentan la imposibilidad de afrontar los vencimientos de la deuda pública[ii]. Este pasivo estuvo sujeto a reestructuraciones permanentes durante lapsos prolongados y en tres oportunidades de las últimas décadas se impusieron moratorias forzosas.

A pesar de estos antecedentes la negociación actual despierta gran interés por tres razones. Primero: el último default del 2001 precipitó una catástrofe económico-social sin precedentes. Segundo: las tratativas en curso representan un caso testigo internacional, que marcaría la pauta de otras tratativas en países de la periferia. Tercero: el gobierno centroizquierdista de Kirchner ha prometido “negociar con dignidad” e impedir que “la deuda se pague con el hambre del pueblo”. Este último planteo induce a indagar qué ha cambiado y qué permanece igual en el manejo de la hipoteca.

Los acreedores más privilegiados

La renegociación en curso comenzó con la asunción de Lavagna en abril del 2002 y ha sido impulsada directamente por Kirchner en el último año. Durante este lapso ha prevalecido un discurso de confrontación con los acreedores y una práctica de aceptación de las exigencias de este grupo. La declamada “firmeza” estuvo ausente desde el inicio, ya que se reconoció la totalidad de una deuda comprobadamente fraudulenta. Solamente la investigación de Olmos -que el Parlamento mantiene cajoneada desde hace 18 años- comprobó la existencia de 477 irregularidades en el pasivo contraído durante los años 70 y el 80. El gobierno legitima esta estafa y su doloso incremento durante el menemismo. Quiénes tanto despotrican contra la corrupción de los 90 convalidan el principal negociado de ese período.

Del total de esa deuda aceptada (178.000 millones de dólares) una significativa porción (79.000 millones) nunca se dejó de pagar. A pesar de la tragedia social que ha sufrido la Argentina un grupo de acreedores siempre ha cobrado. Los más privilegiados han sido los organismos multilaterales (FMI, BID y BM), que en los últimos dos años recibieron 7000 millones de dólares. Esta transferencia no registra precedentes desde 1982 y contrasta con los flujos positivos de dinero hacia el país que prevalecieron entre 1993-2001.

Lejos de “plantarse frente al FMI” el gobierno premió al principal responsable de la crisis. Los pagos del país socorrieron al Fondo y evitaron la delicada situación que hubiera creado la extensión del default hacia ese organismo. Cómo la Argentina -junto a Brasil y Turquía- reúnen el 70% de la cartera de préstamos directos de esa institución, una moratoria de nuestro país habría obligado a los gobiernos de Estados Unidos, Europa o Japón a utilizar sus propios recursos para recapitalizar al FMI. Lo más paradójico es que la Argentina no obtuvo ninguna retribución a cambio del trato preferencial que le otorgó al Fondo. Al contrario, las presiones de ese organismo han aumentado y apuntan a que los pagos se generalicen a todos los acreedores.

El gobierno enfrentó estas exigencias con discursos fuertes, poses infrecuentes y algunos desplantes. Kirchner incluso dramatizó cada transferencia al FMI con amenazas de cerrar la canilla. Pero los tironeos invariablemente terminaron en nuevas concesiones. Después de la última desavenencia de marzo pasado Lavagna renunció a dirimir en los tribunales nacionales las controversias con los acreedores. También aceptó que los funcionarios del FMI controlen todas las negociaciones con los bonistas y colocó al frente de estas tratativas a Merry Lynch, un banco que arrastra escandalosos prontuarios de fraudes. Esta entidad protagonizó el megancanje de Cavallo y ha sido penalizada en Estados Unidos por su participación en turbulentas operaciones bursátiles.

El gobierno sugiere -que con excepción de estas concesiones- siempre ha privilegiado “el interés de los argentinos”. Pero los únicos compatriotas favorecidos en las negociaciones han sido los banqueros y empresarios que acapararon la deuda pública gestada luego del default. Este nuevo pasivo totaliza desde el 2001 unos 60.000 millones de dólares y ha sido principalmente destinado a socorrer a los industriales afectados por la devaluación y a los bancos golpeados por la fuga de depósitos[iii].

Lavagna se ha preocupado por asegurar el pago puntual de esta deuda reciente, afirmando que el país debe evitar un “default sobre otro default”. Pero nunca aclara porqué razón se debe cumplir primero con los últimos acreedores y posteriormente con los anteriores. La explicación es en realidad muy sencilla: los capitalistas beneficiados mantienen vínculos más estrechos con el gobierno que los grupos en default.

El mayor logro de Kirchner ha sido presentar como “un éxito de toda la nación” este favoritismo hacia el FMI y los empresarios locales. Para difundir esta creencia ha contado con el sostén de la prensa adicta, que siempre explica cómo se obtuvo más de lo esperado a cambio de concesiones menores. Pero este mismo libreto -que ya expusieron Machinea y Cavallo- nunca sirvió para disimular por mucho tiempo la dura realidad de la deuda.

Los nuevos favorecidos

Para enmascarar el pago puntual de la mitad de la deuda el gobierno presenta la renegociación del pasivo en default como “una causa nacional”. Desde que en septiembre pasado propuso en Dubai aplicarle una quita del 75% a esa carga, este porcentaje ha sido convertido en el símbolo de una resistencia patriótica contra los banqueros.

Pero al momento de publicitar esa punición del 75% ningún título defaulteado se cotizaba en el mercado por debajo de ese nivel. El ofrecimiento de intercambiar todos los bonos desvalorizados por tres emisiones nuevas, sólo convalida la pérdida que ya han sufrido esos papeles. A los acreedores se les ha planteado, además, la posibilidad de optar por otros títulos sustitutos sin descuento, aunque de vencimiento más prolongado y tasas de interés inferiores. Pero en este caso las desventajas quedarían compensadas por la vinculación del rendimiento de los nuevos títulos con el ritmo de crecimiento del PBI argentino. En síntesis: la propuesta inicial de quita del 75% dejó siempre abierto un amplio abanico de negocios para algunos tenedores de títulos. Basta recordar como operaciones de este tipo generaron en el pasado enormes ganancias para los banqueros. Por ejemplo, entre 1989 y 1992, un relanzamiento de títulos colocó a los bonos argentinos en el tope mundial de lucros en las transacciones con papeles del estado.

Pero el gobierno ni siquiera se ha mantenido fiel a su oferta inicial. En las últimas semanas introdujo nuevas concesiones a los acreedores. Se incluyeron los intereses vencidos en el total de la deuda a negociar y este incremento del pasivo (de 82.000 a 105.000 millones de dólares) duplicó el total de la deuda a reconocer luego de aplicada la quita (de 20.500 a 43.200 millones). Además, se elevaron las tasas de interés propuestas para los nuevos bonos y el cálculo de los beneficios asociados con la tasa de crecimiento. También se añadiría un pago adicional al contado (entre 1.000 y 2000 millones) para inducir a los tenedores de viejos bonos a aceptar el canje de sus títulos por las nuevas emisiones.

El efecto de estas modificaciones ha sido reducir drásticamente la quita efectiva de las acreencias en default. En lugar del publicitado 75% la poda alcanzaría a un 40 o 50% del valor original de esos bonos. Este porcentaje de reducción ha prevalecido en las últimas renegociaciones internacionales de países afectados por la cesación de pagos (Ecuador y Rusia). Pero la diferencia con Kirchner radica en que ninguno de esos gobiernos pretendió encubrir su resignada aceptación de las exigencias del FMI.

Del grupo de acreedores nacionales en default, el sector más favorecido por la nueva propuesta han sido los administradores del sistema de jubilación privada (AFJP). Este grupo -que detenta el 17 % de los viejos títulos -recibirá un bono en pesos y sin descuento que podría ser contabilizado al 100% en los balances de esas entidades. Por esa vía quedarían disfrazadas las pérdidas que sufrieron esas instituciones con la devaluación y cuyos efectos se verificarán en el recorte de las jubilaciones futuras. El gobierno les otorgaría a las AFJP el paraguas legal que necesitan para invalidar cualquier demanda de los afectados por esta confiscación. Pero lo más importante es la consagración definitiva de estas entidades como grandes prestamistas del estado. Al convertirse en acreedoras de los nuevos bonos públicos condicionarán cualquier intento de reformar el perverso sistema privado de pensión. Cómo resultado de esta operación, los cuatro grupos bancarios que provocaron el desfinaciamiento del régimen previsional emergen con más poder que en los 90.

El proyecto de renovación de títulos no contempla, en cambio, ninguna consideración hacia los pequeños acreedores nacionales (unos 500.000 individuos que detentan el 20 % de la deuda en default). Estos ahorristas no podrán contabilizar los títulos a su valor original, sino que deberán venderlos en el mercado en función de las urgencias por recuperar el dinero. Cómo muy pocos individuos pueden esperar los 40 años de maduración de los bonos se repetirá lo ocurrido durante la confiscación de los depósitos. Quiénes cuenten con menos recursos deberán vender en el peor momento favoreciendo a los financistas, que acapararán los nuevos papeles a una baja cotización. Para evitar esta maniobra, algunos bonistas han propuesto establecer diferencias en el tratamiento de la deuda, en función del patrimonio de cada acreedor. Pero esta “inequidad” le resulta inadmisible a un ministro acostumbrado a descargar siempre el peso de las crisis sobre los más débiles.

El favoritismo hacia los poderosos predomina también en el campo de los acreedores extranjeros (que tienen en sus manos el 62% de la deuda en default). Los pequeños bonistas -que aconsejados por los bancos compraron títulos a 100%- ahora recibirán la mitad de su inversión original. En cambio los especuladores que adquirieron bonos en el piso de la desvalorización (10-20% de su precio nominal) realizarán el gran negocio, al intercambiarlos por cualquiera de las tres versiones de los nuevos títulos. Lavagna no cesa de hostigar a los “fondos buitres”, presagiando que serán los perdedores de este canje. Pero todo lo indica que sucederá lo contrario. Ese grupo de adiestrados financistas no solo aprovechará la oportunidad para especular con la compra-venta de bonos, sino que también contará con la oportunidad de litigar en los tribunales internacionales por un cobro mayor de los viejos bonos, que adquirieron por moneditas.

El superávit perpetuo

 Lo más gravitante de la renegociación actual no es el porcentaje de la quita, ni el tipo de bono que elegirán los acreedores, sino cuál será el flujo de los pagos y la magnitud de los compromisos que deberá afrontar el país. Y en este plano radica la principal novedad que ha introducido Lavagna: la creación de un excedente fiscal permanente destinado a saldar la hipoteca durante generaciones.

Mientras el ministro afirma que “solo se paga lo indispensable” ha suscripto un compromiso de ahorro del 3% del PBI que será utilizado para abonar los intereses de la deuda. Esta cifra representa una carga descomunal para la mayoría popular. Triplica, por ejemplo, el monto asignado este año para la educación y sextuplica los fondos destinados a la salud.

El ajuste fiscal que afronta la Argentina es similar al que padecen los países elogiados por el FMI (Ecuador, Uruguay) y se asemeja al ahogo que soporta Brasil (por la forma de cómputo el 4,5% del superávit de ese país equivale al 3% de Argentina). Ninguna economía desarrollada está sometida a semejantes exigencias de excedente superávit fiscal. Al contrario, sólo difieren por la magnitud del déficit. El porcentaje del sobrante comprometido contrasta, además, con el resultado fiscal de los últimos 40 años, que en la Argentina estuvo signado por un faltante del 3,1%  del PBI.

Es puro cinismo afirmar que los sufrimientos del pueblo son ajenos al ajuste en curso. Si en la Argentina la mitad de la población ha quedado expulsada hacia el submundo de la pobreza es porque el gobierno ha priorizado el uso de los fondos públicos para el pago de la deuda. Por esta razón la desnutrición afecta al 35 % de la población, aumenta la mortalidad infantil y no baja la deserción escolar. Los banqueros continúan recibiendo el dinero que debería destinarse a la recomponer el ingreso popular y a resolver mediante la inversión pública el flagelo del desempleo.

El gobierno proclama que “se terminó el ajuste”, pero ha recortado el gasto público total del 19,7% del PBI (2001) al 15,7% del PBI (2004), contrajo el gasto social consolidado en un 6 % respecto al 2003 y se maneja con el presupuesto más estrecho de los últimos 20 años. Cómo el superávit es la nueva religión de los funcionarios, algunos festejan como un logro el sobrante de 8.000 millones de pesos que se obtendría este año, por encima del excedente planificado. En lugar de notar, que este sobrecumplimiento implica forzar la adaptación del ingreso popular a la pauta de sacrificios exigida por el FMI, reivindican esta asfixia como un éxito colectivo. Para el gobierno es un acto de progresismo “mantenerse firme en el 3%” frente a las presiones de los acreedores para elevar la meta de ese superávit. Pero afirmando que “el ajuste podría ser peor” presentan una política de atropello como une ejemplo de sensibilidad hacia el pueblo.

La propuesta oficial de salir del default con una renovación de bonos se basa en la perpetuación de un superávit agobiante. Este excedente ya no apuntará a cumplir con pagos puntuales, sino que deberá garantizar un flujo de transferencias constantes. Cómo mínimo se planea situar el excedente fiscal en un piso del 3,3% del PBI (distribuido entre un 2,7% que pagará la nación y un 0,6% que afrontarán las provincias) hasta el año 2010. Pero esta cifra no incluye erogaciones adicionales. Por ejemplo, una parte significativa del sobreexcedente logrado en el 2004 será utilizado para precancelar bonos públicos. Algunos investigadores han demostrado, además, que Lavagna maquilla la contabilidad oficial para ocultar un sobrante mayor, que mantiene en custodia para realizar el pago al contado a los bonistas en default.

El superávit no es un esfuerzo coyuntural para seducir a los acreedores, sino una carga permanente de las próximas décadas. Una vez emitidos los nuevos títulos habrá que sostener su cotización en el mercado con interminables ajustes, destinados a preservar un nivel de ahorro fiscal. La “confianza de los inversores” para refinanciar constantemente el vencimiento de las obligaciones dependerá por completo de la virulencia de este ahogo de las cuentas públicas. El gobierno deberá rendir examen todo el tiempo de su capacidad para mantener los salarios congelados y el gasto social contraído. Pero este extenuante ajuste resultará, además, completamente inútil.

Tensiones e inviabilidad

El modelo de pago de la deuda con superávit fiscal y renovación de títulos nuevos es inviable, en primer lugar, por la magnitud del endeudamiento que deja en pie. Si se mantiene el volumen del pasivo que se está abonando (80.000 millones de dólares) y se reducen las obligaciones en default a la mitad (44.000 millones), el total de los compromisos iniciales (124.000 millones) será equivalente al 80 % del PBI actual (150.000 millones). Semejante carga es muy superior al nivel predominante antes de la cesación de pagos (57% del PBI en el año 2001) y supera ampliamente el techo del 40%, que los especialistas consideran sustentable para los países periféricos.

En segundo lugar, la renegociación en curso conduce a un incremento ulterior del endeudamiento que augura otro default. Cualquiera sea el cronograma de pagos que prevalezca en los próximos años habrá que recurrir al mercado interno o internacional para refinanciar gran parte de los vencimientos. Esta exigencia ser verificará muy pronto con los papeles emitidos luego del default. Por ejemplo, los compromisos totales para el año que viene totalizan 7.500 millones de dólares y con el superávit se podría cubrir apenas 4.700 millones. La diferencia habrá que financiarla con nuevos créditos, que a su vez engrosarán la bola incontrolable de la hipoteca financiera.

En tercer lugar, es muy improbable que pueda sostenerse en el futuro el actual nivel de excedentes fiscales. Lavagna rechaza este pronóstico, argumentando que este año se logró exceder ampliamente la meta programada del superávit. Pero oculta que esta continuidad implicaría consolidar el sufrimiento popular durante varias generaciones y requeriría, además, contar con la repetición de la coyuntura internacional favorable que prevaleció durante el 2004.

Conviene tener presente que desde hace cincuenta años no se registraba una situación tan propicia. Este año hubo viento a favor en el terreno comercial (aumentos de los precios de los bienes exportables) y en el plano financiero (tasas de interés internacionales muy bajas), en el marco de la reactivación interna que sucedió a la depresión previa. Significativamente, el gobierno abandonó la propuesta de Dubai cuándo esta coyuntura comenzó a tornarse más adversa en los últimos meses.

La recaudación que sostiene el superávit se resentirá en el futuro, si el precio de las materias primeras decae. Si, además, las tasas de interés repuntan el esfuerzo fiscal para sostener la cotización de los nuevos bonos de la deuda será mayor. Pero estas dificultades se potenciarían cualitativamente por el efecto de contagio comercial y financiero que podría provocar una cesación de pagos de Brasil. Un terremoto de ese tipo podría demoler en pocos días el sacrificio fiscal que el gobierno le ha impuesto a la población.

La política de superávit también puede naufragar por las tensiones que impone la generación del excedente. Preservar la pauta del 3% -manteniendo el clima económico predominante durante el 2003-2004- exigiría crecer al 8 o 9 % anual, lo que a su vez requeriría duplicar el ritmo actual de inversiones. Pero por otra parte, la propia restricción fiscal reduce el margen para implementar las políticas económicas necesarias para alcanzar esa meta. Una pauta fiscal tan estricta impide actuar sobre el ciclo con estímulos a la reactivación, cuándo se frena el nivel de actividad. Cómo Lavagna es conciente de esta limitación augura que la tasa de crecimiento tenderá a decaer a un 3% anual. Pero incluso si ese porcentaje es superado, el problema no desaparece porque cada punto de incremento del PBI multiplica la presión de los acreedores para cobrar más. Cómo el gobierno no sabe cual de las dos situaciones le resulta más conveniente, a veces Lavagna emite mensajes de gran despegue y en otros momentos augura un crecimiento moderado.

El mismo tipo de contradicciones despunta en el plano cambiario. Para pagar la deuda hay que engrosar el superávit comercial, que nutre las divisas adquiridas por el estado con el superávit fiscal. Una cotización alta del dólar favorece este proceso en el mediano plazo. Pero para pagar en lo inmediato más vencimientos resulta conveniente una cotización baja del dólar, porque con los mismos pesos del excedente fiscal se pueden comprar más divisas. Cómo el gobierno pretende satisfacer a todos los acreedores busca inducir una cotización del dólar que permita conciliar ambos objetivos.

En este terreno el gobierno aplica la política que le imponen los distintos grupos capitalistas que conforman el bloque dominante. Los acreedores, los bancos y las privatizadas exigen más superávit y un dólar bajo, mientras que los exportadores y los industriales prefieren dólar alto y más crecimiento en desmedro del excedente fiscal. Cómo en este choque de intereses se juegan millones de dólares, Lavagna pretende mantener un equilibrio que le asegure una cuota de buenos negocios a todos los concurrentes.

Pero cada presión de los acreedores por aumentar los pagos hace tambalear este escenario. Un ejemplo de estas tensiones es la crisis provocada por las exigencias del FMI para que las provincias resignen los impuestos que la nación acapara para solventar la deuda. Si en 1988 la gobierno central se apropiaba del 44% de los gravámenes totales, ahora se embolsa del 62%. El FMI pretende consolidar este desbalance a través de las nuevas leyes de coparticipación federal y responsabilidad fiscal. Cómo la nación es la intermediaria forzosa de los compromisos financieros de las provincias, el Fondo le exige que apriete el torniquete sobre sus deudores. El objetivo es aumentar la masa de dinero disponible para cumplir con los acreedores. El trasfondo de la disputa política que enfrenta actualmente el gobierno con varios gobernadores es la sangría que impone el pago de esa hipoteca.

Nueva convertibilidad, nuevo megacanje

En dos años de gestión Lavagna ha perpetrado un sofocante aumento de la deuda pública. La hipoteca que Cavallo dejó en 145.000 millones de dólares (diciembre de 2001) quedó reducida por el efecto de la devaluación a 114.000 millones (abril de 2002) al concluir la gestión de Remes Lenicov. A partir de allí el ministro multiplicó la emisión de títulos destinados a subsidiar a los capitalistas afectados por salida de la convertibilidad y elevó el pasivo al nivel actual de 178.000 millones. Si Lavagna logra reducir ahora el pasivo a 124.000 millones habrá consumado una doble operación: socorro inicial de los grandes empresas y distribución posterior de las pérdidas y ganancias entre estos sectores.

 Si bien el ministro privilegió los pagos al FMI para asegurarse el sostén internacional de su gestión, su manejo de la deuda siempre apuntó a favorecer prioritariamente a los principales grupos del capitalismo argentino. En vez de gestar una “nueva burguesía nacional”, el gobierno ha sostenido a los mismos actores que controlan el poder desde hace varias décadas. Por esta razón Lavagna y Kirchner han recibido el entusiasta apoyo de todas las entidades que agrupan a esos capitalistas (AEA, ADEBA, UIA, Bolsa de Comercio, SRA)[iv].

Estos empresarios –que son mayoritariamente acreedores del estado y cobran del superávit que solventa el pueblo- han lucrado con la gestación de la deuda a través de un mecanismo particularmente perverso: la financiación pública de la fuga de capitales. Por esta vía resguardaron en el exterior su patrimonio y realizaron inversiones más lucrativas en otros países. La deuda creció desde 1992 a un ritmo paralelo a esta expatriación de capitales y  actualmente el monto total de esos fondos (123.000 millones de dólares) resulta casi equivalente al volumen del pasivo que emergerá de la renegociación en curso[v]. Lavagna legitima este saqueo realizado por la “burguesía nacional realmente existente”.

La política del ministro consagra una nueva etapa del endeudamiento contemporáneo de la Argentina, que inicialmente generó la dictadura militar comprometiendo el patrimonio de las empresas públicas (especialmente YPF) entre 1976 y 1980. Posteriormente el primer Cavallo (1982) comenzó la estatización en gran escala de la deuda privada, a través del otorgamiento de seguros de cambio que se extendieron hasta buena parte del gobierno de Alfonsin (1986). Luego el segundo Cavallo concretó con el plan Brady (1992) una renovación de títulos, que obligaron al estado a adquirir al 100% papeles que en el mercado se cotizaban a 18%. Estos títulos se utilizaron, además, para financiar el desguace de las privatizaciones. Finalmente, el tercer Cavallo consumó una nueva ola de renovación de bonos (especialmente el megacanje del 2001) que precipitó el default y la caída de De La Rúa.

Lavagna está cumpliendo un papel semejante al que jugó Cavallo en sus distintas gestiones. Cómo su antecesor elevó el endeudamiento total para auxiliar los capitalistas en crisis, a través de un procedimiento comparable con la estatización de 1982. Concluida esta labor comanda un intercambio de títulos viejos por nuevos, siguiendo los parámetros establecidos por las renovaciones de los 90.

El parentesco con Cavallo se extiende también al esquema en curso de superávit fiscal con la convertibilidad. Ambas orientaciones apuntan a forzar la adaptación del proceso económico a una variable preestablecida, que opera como garantía de cobro para los acreedores. En este rol, el ahorro fiscal en curso se asemeja al tipo de cambio fijo. El uno a uno y el excedente del 3% de las cuentas publicas enchalecan la actividad productiva e imponen un disciplinamiento social tendiente a consolidar el modelo de empobrecimiento popular, consumo segmentado y flexibilización laboral.

Mientras el superávit coexista con altas ganancias, ningún vocero de las grandes corporaciones alertará contra los nocivos efectos de esta nueva convertibilidad del 3%. Tal como ocurrió durante los 90, muy pocos economistas destacan el carácter excepcional y artificial de esa norma fiscal. La anestesia se ha impuesto nuevamente entre la mayoría de los analistas y nadie se preocupa por imaginar “cómo se sale” del nuevo chaleco de fuerza que ha impuesto el FMI. Algunos incluso sueñan con eternizar el excedente fiscal y calculan su magnitud para el año 2017, con la misma seguridad que Cavallo aseguraba la vigencia de la convertibilidad.

Justificaciones e incoherencias

Mientras que la ortodoxia aplaude la política del gobierno frente a la deuda, algunos integrantes del Plan Fenix sólo justifican este curso afirmando que “no hay margen para otra cosa”[vi]. Interpretan que las concesiones otorgadas a los acreedores son acomodamientos lógicos de cualquier negociación (“era natural flexibilizar la propuesta”). Pero si la “oferta de Dubai no era definitiva”: ¿Por qué fue presentada como una decisión nacional inamovible?

Los analistas del Fénix ponderan las tratativas actuales afirmando que en otras “reestructuraciones recientes no hubo quitas tan significativas”. Pero omiten que la reducción final de los bonos argentinos será comparable a esos casos de cesación de pagos, con el agravante que ningún default contemporáneo alcanzó la dimensión de Argentina.

Por otra parte, los mismos economistas presentan como un acierto el incremento futuro de “la deuda en moneda nacional”. Pero no aclaran que este cambio en la nominación del pasivo (de divisas a pesos) implica atar gran parte del financiamiento futuro de la deuda pública a las AFJP. Al detentar una significativa porción de estas acreencias, los responsables directos del 53% del quebranto fiscal registrado entre 1995 y 2001 se convertirán en los principales prestamistas del estado.

Los economistas del Fénix igualmente reconocen que el curso actual presagia un futuro complicado (“la deuda seguirá siendo alta y los pagos de intereses serán elevados por muchos años”). Destacan que “no es esperable una avalancha de inversiones de capitales del exterior” y también dudan del cumplimiento de los nuevos compromisos (“el G7 ha privilegiado la aceptabilidad de los acreedores sobre la sustentabilidad”). Pero en ningún momento explican porqué se debe convalidar una negociación tan perniciosa. Sólo sugieren que frente a los “imperativos de la realidad” no hay que otra alternativa.

Pero esta misma tesis fatalista repitieron los neoliberales durante una década para justificar las privatizaciones, la apertura comercial y la flexibilización laboral. En todo caso, si el gobierno y sus consejeros carecen de opciones: ¿Por qué no consultan a la población, en vez de negociar en secreto con los acreedores? ¿Una decisión tan estratégica no merecería un referéndum popular?

Los economistas del Fénix ni consideran esta posibilidad, porque evalúan que la ciudadanía se mantiene indiferente frente a la pulseada con los acreedores (¿ “Qué hay del otro lado (del gobierno) ”? ¿“Existe un pueblo movilizado?” “¿Existe un contrapeso interno’’?). Pero este razonamiento no solo prejuzga cual es el nivel de movilización popular, sino que oscurece lo esencial: el gobierno busca desactivar y no impulsar la movilización ciudadana. Y este conducta obedece a que representa a una clase dominante, cuyos intereses son mucho más afines al FMI que a la mayoría de los argentinos. El pueblo costea el pago de una hipoteca que también cobran los banqueros e industriales argentinos.

Otros economistas del Fénix mantienen formalmente una postura más crítica[vii]. Recuerdan las conocidas adversidades que entraña la “deuda odiosa” que soporta el país (obstaculiza la equidad, mengua la autonomía nacional, incentiva la corrupción), pero olvidan señalar que Lavagna ha convalidado y agravado esta pesada herencia. Consideran que la política de superávit fiscal es “preocupante”, cómo si tan solo representara un problema potencial del futuro y no una cotidiana agresión que sufre la mayoría popular. Quiénes plantean estas advertencias entienden, además, que “si persisten las exigencias de condicionalidad por parte del FMI... deberá abandonarse el acuerdo suscripto”. Pero exactamente el mismo llamado a “dar por finalizados los acuerdos” si ese organismo exigía “compromisos inaceptables“ se planteó antes de la nueva oferta del gobierno[viii]. Cómo es evidente que las presiones del Fondo persistirán la insoslayable pregunta es: ¿en qué momento se debería concretar la ruptura con esa institución? Si no es ahora: ¿cuándo?

Todos los economistas del Fénix coinciden, por otra parte, en proponer un “cambio de la injusta matriz distributiva”. Pero no registran que este patrón no puede modificarse si se perpetúa el superávit fiscal para pagar la deuda.¿O acaso no es este excedente el principal mecanismo de consolidación de la regresiva estructura de los ingresos ?

Algunos integrantes del mismo agrupamiento plantean modificar el esquema distributivo introduciendo reformas fiscales progresivas[ix]. Pero el efecto positivo de estas medidas quedaría neutralizado si persisten las transferencias a los acreedores. El cumplimiento de estos compromisos obligaría a derivar el aumento de la recaudación hacia los grandes tenedores de bonos del estado. Por esta razón, el FMI y el Banco Mundial no observan con disgusto muchas iniciativas que tienden a incrementar la capacidad tributaria del estado.

Esta mejora es una buena noticia para los acreedores, incluso si ellos mismos deben pagar más impuestos. Lo que abonen por una ventanilla lo cobrarán por otra y consolidarán su predominio, en la medida que un mayor número de contribuyentes sean obligados sostener el superávit. Una reforma fiscal progresiva es indispensable para recomponer el ingreso popular. Pero no servirá a este propósito si continúa el pago de la hipoteca.

Algunos proyectos más radicales postulan “penalizar a los grupos locales” para “que ellos paguen la deuda”. Se supone que esa punición podría concretarse a través de convenios fiscales con otros países que destaparían la fuga de capitales. Esta difusión pondrían en evidencia la evasión impositiva en que han incurrido los dueños de la Argentina. Pero este planteo es una ilusión en el marco de las negociaciones con el FMI. Los banqueros del exterior y los acreedores locales mantienen una estrecha asociación con los auditores del Fondo, porque todos cobran del mismo mecanismo de ajuste que paga el pueblo.

Para revertir este padecimiento hay que enfrentar esta alianza de los opresores, superando cualquier expectativa en que un grupo de acreedores le cargue la hipoteca a otro y exima a la población del pago de ese tributo. Es más útil analizar un curso de resistencia frente a este atropello, que fantasear con la expectativa de reconvertir -con el auxilio del FMI- una deuda publica que soporta la mayoría, en una carga privada que solventarían Perez Companc, Macri o Fortabat.

Tres medidas alternativas

Numerosos intelectuales rechazan el engaño del gobierno y se resisten a endulzar el ajuste. Tampoco quieren repetir el triste papel que jugó el progresismo en las últimas dos décadas como abogado de todas las políticas de “mal menor”, que desembocaron en catástrofes mayores. Partiendo de este balance: ¿cuál es alternativa?.

Algunos compañeros opinan que el precio de una confrontación con el FMI sería muy elevado. Pero hay que evaluar los costos de este desafío en comparación al futuro de pobreza y desempleo que emergerá del rumbo en curso. Una política de ruptura con el Fondo es ciertamente riesgosa, pero el superávit fiscal perpetuo de Lavagna garantiza la consolidación de la miseria, la segmentación social definitiva y la exclusión perdurable de la mitad de la población por varias generaciones. Esta perspectiva es moralmente inaceptable y racionalmente evitable si se apuesta a rumbo emancipatorio. Lo más importante es que existen condiciones económicas y políticas favorables para impulsar esta opción.

El punto de partida de este camino es suspender el pago de la deuda. Esta medida representaría un problema mucho más agudo para los acreedores que para la mayoría popular. Los más afectados por ese corte de las erogaciones serían el FMI y los capitalistas acreedores de Argentina. Cuándo se afirma que “nos cortarán el crédito” se olvida que el país se encuentra desde hace tres años fuera del mercado financiero y que en la negociación actual no se discute cuánto recibiremos, sino cuánto pagaremos. ¿ Pero que sucedería con las represalias ulteriores de los financistas y las grandes potencias ?

Hasta los economistas más próximos al gobierno reconocen que como paradójico efecto de las privatizaciones, el poder económico de presión del imperialismo sobre el estado nacional se ha reducido notablemente[x]. En el comercio exterior no operan empresas estatales, sino corporaciones transnacionales y por lo tanto, cualquier eventual bloqueo afectaría los negocios de estas compañías. En ese caso el sector público podría sustituir plenamente a los operadores privados. Por otra parte, las privatizaciones prácticamente eliminaron los activos del estado en el exterior y por eso fracasaron los intentos de embargo que se ensayaron en Estados Unidos el año pasado. Además, los intereses de las filiales extranjeras radicados en el país son infinitamente superiores a los que tienen empresas nacionales en el extranjero.

La Argentina -y sus potenciales aliados- detentan un poder de negociación muy sustancial frente a cualquier conflicto. Tomar conciencia de estas ventajas es vital para hacer frente al terrorismo ideológico que practica la derecha a través de los medios de comunicación. Su chantaje predilecto es presentar un panorama apocalíptico en cualquier escenario de recuperación efectiva de la soberanía nacional.

Pero suspender el pago de la deuda sólo resultaría favorable para la mayoría si los recursos que se destinan a los acreedores son utilizados para recomponer de inmediato el ingreso popular, con aumentos salariales y programas de inversión pública. Si por el contrario, los fondos retaceados al FMI son transformados en subsidios para los capitalistas o en subvenciones a la fuga de capital (como ocurrió durante las tres moratorias de las ultimas dos décadas), el remedio será peor que la enfermedad. Más nocivo aún puede resultar la maniobra de acumular ese dinero en un fondo destinado a renegociar la deuda (como imaginó Lavagna con su “Plan B” durante la última crisis con el FMI). La estrategia de suspender los pagos de la deuda requiere aclarar con anticipación y nitidez cuál será el uso de los fondos sustraídos a los acreedores.

La segunda medida de un proyecto popular es retomar la investigación de la deuda, a fin de aclarar que representan exactamente los 178.000 millones de dólares adeudados. Una parte de esta inspección ya ha sido realizada, pero resulta indispensable actualizarla para que todo el pueblo sepa cuántos auto-préstamos, seguros de cambio y fraudes encubiertos están reunidos en el paquete general de la deuda pública. Esta discriminación es necesaria para separar las estafas financieras de los compromisos genuinos y para eventualmente someter las nuevas controversias al veredicto de los tribunales nacionales. Esta investigación permitiría, además, negociar directamente con los pequeños bonistas nacionales y extranjeros, estafados por los mismos bancos que confiscaron los depósitos de los ahorristas argentinos. Estas tratativas deberían realizarse sin la intermediación de ningún financista.

El tercer paso de una alternativa popular es abandonar la mesa de negociaciones con el FMI, porque en ese ámbito el país quedaría sometido a un chantaje permanente. No es cierto que esta decisión nos “dejaría fuera del mundo”. El universo económico internacional no se restringe a la órbita que controlan los funcionarios del Fondo. Si la Argentina se desembaraza de esa tutela podría encarar de manera autónoma un conjunto de tratativas que el FMI actualmente bloquea.

Esta independencia permitiría al país establecer una red de alianzas con otras naciones que sufren el agobio de la deuda. Especialmente en América Latina el desprestigio del neoliberalismo ha creado condiciones propicias para encarar una batalla regional conjunta. La custodia colonial que ha impuesto el FMI sobre la política económica de cada país enfrenta crecientes resistencias. En la Argentina estas supervisiones rigen sobre las compensaciones a los bancos, los tarifazos de las empresas privatizadas, la reestructuración de los bancos públicos, el nivel de la emisión monetaria y la política salarial. Pero en naciones más pobres y más endeudadas esta ingerencia es aún mayor.

Terminar con el Virreynato del FMI constituye una meta de todos los pueblos latinoamericanos. Lo que falta es un país que comience la partida regional, declarando la ruptura con el Fondo. Esta decisión permitiría avanzar hacia un genuino frente de naciones emancipadas de la obediencia a los banqueros. En lugar de discutir el nivel de superávit (o cómo contabilizarlo) se abriría el debate sobre la deuda histórica que mantienen las potencias imperialistas hacia América Latina al cabo de varios siglos de opresión. Esta acción puede encararse, pero exige decisión, valentía y conciencia de nuestras posibilidades.

Notas: