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Este trabajo analiza el actual proceso de renegociación de la deuda pública argentina para salir del default. A pesar de una retórica de “no aceptar la condicionalidad”, el gobierno argentino se adaptó a las políticas de ajuste del FMI. La secuela de pobreza de estas políticas y la restricción al crecimiento no tienen como contrapartida un desahogo financiero. Aún cuando en las tratativas resulte un recorte del valor nominal muy grande, en 2005, el gobierno argentino tendrá que salir a buscar fondos para pagar la deuda “reestructurada”, a pesar del ahorro fiscal que está obligado a hacer.

El default de la deuda pública argentina de diciembre de 2001 fue el más grande en la historia de las finanzas. A casi tres años de aquel hecho, el gobierno todavía continúa en tratativas con los prestamistas del exterior para salir de la cesación de pagos. Los términos en que se plantea esta negociación, por un monto que ronda los 100.000 millones de dólares, tampoco tienen precedentes entre los grandes países deudores, por la magnitud de la quita y por los plazos propuestos, que se estiran hasta los 42 años.

Resulta importante precisar que las discusiones tienen por objetivo central reestructurar el monto y estirar los plazos, de forma tal que la Argentina pague la deuda en moneda contante y sonante. Por otra parte, esto es lo que viene haciendo desde 2002 con el segmento “regular” de sus pasivos.

En el arduo camino emprendido para salir de la cesación de pagos, el país se ha visto sometido a continuas presiones del FMI y de los países imperialistas, que le pusieron como condición la obtención de un superávit fiscal equivalente al 3% del PBI de aquí hacia un futuro indefinido. Sin embargo, las metas fiscales siempre resultan insuficientes para el Fondo y a fines de 2004, el director ejecutivo Rodrigo de Rato intensificó sus exigencias para que el gobierno ahorre una magnitud más alta.

Aún cuando la quita que se discute en estos días en Nueva York resulte según la hipótesis más favorable para la Argentina, la deuda externa continuará siendo una carga extraordinaria sobre la economía nacional. En términos de stock, el nuevo pasivo total estará (sin contar los vencimientos de intereses de 2004 que todavía el gobierno no calculó) entre el 86.1% y el 89.4% del PBI, esto es, un valor superior al de cualquier año de la década del noventa. En términos de flujo, los vencimientos de capital e intereses que resultarán en 2005 habrán de superar largamente el superávit fiscal del 3.0% del PBI o del 4.0%, como pretende el Fondo [2]. Esto significa que el gobierno deberá salir a buscar financiamiento adicional en los mercados de capitales tan pronto como haya concluido el acuerdo.

En este trabajo analizaremos los términos en que se discute hoy la deuda pública, pero antes de encarar este tema, cabe hacer una referencia a los pasivos privados con el exterior. Este endeudamiento, que no habremos de considerar, es menor al público –57.700 millones de dólares a fines de 2003- y también sufrió los embates del default, pero fue refinanciado por los propios deudores privados, sin la intervención del gobierno.

Repasemos brevemente las cifras de la deuda pública. Cuando Carlos Menem tomó el gobierno, en 1989, ascendía a 66.313 millones de dólares. Hacia aquella época, ese monto sufrió una reducción de 17.768 millones por dos razones. En primer lugar, por la privatización de empresas estatales contra entrega de títulos de la deuda argentina de parte de los acreedores internacionales, por 15.398 millones de dólares. En segundo lugar, por el recorte del valor nominal en virtud del Plan Brady, por 2.370 millones.

Aún tomando en cuenta estas reducciones, la deuda pública prácticamente se duplicó en los noventa ya que totalizaba 123.666 millones de dólares en 1999, cuando terminó el mandato de Menem. Tal incremento obedeció básicamente al régimen de convertibilidad, cuyo funcionamiento requería un ingreso incesante de capitales del exterior para cubrir el déficit externo crónico. Estos recursos, lejos de ser utilizados para el desarrollo productivo del país, financiaron una enorme fuga de capitales del sector privado local y, entre otras cosas, facilitaron la creciente remisión de utilidades de las empresas multinacionales.

En diciembre de 2001, cuando renunció de la Rúa y concluyó la convertibilidad, los pasivos estatales totalizaban 144.266 millones. Este aumento de más de 20.000 millones en dos años se originó en operaciones de renegociación –el megacanje y el blindaje- encaradas por el gobierno con el fin de trasladar los vencimientos financieros al futuro, en un contexto internacional cada vez más adverso. Un tercio de la deuda actual con el FMI se originó en el blindaje con el que se quiso preservar la convertibilidad. Por otra parte, el cambio operado en la política del FMI por la gran exposición que le significó la asistencia a la Argentina, determinó que ese organismo cortara los préstamos de emergencia en noviembre de 2001 y precipitara el default.

La explosión de la convertibilidad, en diciembre de 2001 provocó trastornos económicos y sociales sin precedentes. El PBI sufrió una caída extraordinaria, el salario real se vio pulverizado y el gobierno declaró la moratoria unilateral de los pagos. El sistema bancario prácticamente dejó de funcionar por semanas –por la aplicación del llamado “corralito”- y los depósitos en dólares fueron convertidos a pesos con pérdidas para los ahorristas.

La dinámica de la crisis empujó al gobierno de Eduardo Duhalde a aplicar, ya en febrero de 2002, una quita compulsiva de la deuda pública argentina en dólares. El procedimiento consistió en convertir títulos que estaban en moneda extranjera a pesos, al tipo de cambio de 1.40 pesos por dólar. Esto determinó que el valor de esos bonos, que sumaban 42.258 millones de dólares se contrajera a la mitad (la disminución fue de 22.086 millones de dólares [3]). En su mayor parte, aquellos títulos estaban en manos de las administradoras de pensiones (AFJP), bancos y empresas de seguro. Esto significa que la quita que se está discutiendo en la actualidad tiene este antecedente que ocurrió a las pocas semanas del default.

Pero, paralelamente a esta reducción, el gobierno incrementó su deuda en divisas entre fines de 2001 y fines de 2003, y ello determinó un aumento de 34.367 millones de dólares, a pesar de aquel recorte de grandes proporciones.

Los principales factores de ese incremento de los pasivos estatales en 2002 y en 2003 fueron: 1) compensaciones a los bancos comerciales y a los ahorristas debido a la crisis del “corralito”, por 14.390 millones de dólares, 2) absorción de deuda externa de los estados provinciales, por 9.679 millones y, 3) acumulación de atrasos de intereses, por 13.943 millones. A su vez, hubo reducciones en los pasivos, como por ejemplo, los pagos netos al FMI. Estos son los principales movimientos que explican el mencionado incremento neto de la deuda pública en 34.367 millones.

Como resultado de este nuevo endeudamiento, a fines de 2003, el stock de deuda pública había ascendido a 178.820 millones de dólares, que equivale al 140% del PBI. No existen datos del valor de la deuda actualizados a la primera mitad de 2004.

En la actualidad, la deuda pública total debe ser clasificada en dos partes: 1) deuda regularizada –o en cumplimiento o “performing- y, 2) deuda en default.

A fines de 2003, la deuda regularizada ascendía a 78.092 millones de dólares y representaba algo menos de la mitad (44%) del total. Los principales acreedores de este segmento son los siguientes: 1) el FMI y otros organismos internacionales, por 32.118 millones, 2) los acreedores (AFJP, bancos, seguros) que sufrieron la referida quita por la conversión a pesos –esta parte de la deuda se denomina “préstamos garantizados”- por 14.100 millones [4], 3) acreedores internacionales de la deuda provincial asumida por el gobierno nacional, por 9.679 millones, 4) tenedores de la nueva deuda Boden, por 19.668 millones [5] y, 5) deuda del gobierno por préstamos otorgados por el banco central por el equivalente a 2.526 millones de dólares.

La deuda en default –que equivale al 56% de los pasivos del gobierno- totaliza, computando los atrasos a fines de 2003, 100.730 millones de dólares. En su mayor parte –94.992 millones- está instrumentada en títulos al portador, distribuidos en un gran número de acreedores. De acuerdo a estimaciones oficiales, alrededor de la mitad del valor de esos títulos estaría en manos de cientos de miles de bonistas individuales [6].

Al examinar la composición de los acreedores “externos” por su nacionalidad de la deuda en default, se comprueba que el 36% son residentes nacionales (argentinos), 16% son de Italia, 10% de Suiza, 8% de los Estados Unidos, 5% de Alemania, 3% del Japón y un 15% está sin identificar [7]. Estos datos confirman el hecho de que, a diferencia del modelo clásico de deuda externa en cualquier país del mundo, la deuda argentina es, en gran parte, un pasivo con acreedores argentinos.

A pocos días del default, el ministro de economía Jorge Remes Lenicov entabló tratativas con el FMI. Este curso negociador fue mantenido por su sucesor Roberto Lavagna, a partir de mayo 2002. A lo largo de ese año, el país experimentó la injerencia continua de funcionarios del FMI para que se aplicaran medidas excepcionales. A semejanza de Turquía y de Brasil, la Argentina debía obtener un superávit fiscal anual para poder servir la deuda con recursos “genuinos”.

A pesar de su retórica anti-FMI, el presidente electo Néstor Kirchner siguió los pasos de Duhalde –en primer lugar, confirmando a Lavagna como ministro de economía- y concretó un acuerdo con ese organismo a mediados de 2003. En los meses más álgidos de la crisis, las asambleas populares y el movimiento de desocupados habían exigido en las calles el no pago de la deuda. Pero, este reclamo pudo ser alejado por los partidos políticos del sistema que bregaron por reanudar las negociaciones con los acreedores y por contar con el visto bueno del FMI y del gobierno estadounidense.

El acuerdo que se firmó con el FMI de 2003 trajo consigo la exigencia de que el gobierno le reconociera el status de acreedor “privilegiado”. La Argentina tuvo que cancelar deuda con los organismos internacionales desde los primeros momentos del default. El flujo neto a esas entidades fue de 3.875 millones de dólares en 2002, de 2.408 millones en 2003 y de 1.198 millones en la primera mitad de 2004. Es la primera vez en más de diez años que el país hacía pagos netos al FMI.

Además del ajuste presupuestario, las exigencias del Fondo giraron en torno al achicamiento del gasto de las provincias y al aumento de las tarifas públicas de las empresas privatizadas.

Otro requerimiento del organismo fue que la negociación con los acreedores internacionales se hiciera en Nueva York y no en la Argentina.

El costo directo para el sector público es el pago efectivo de la deuda por un monto que hasta hace pocas semanas era equivalente al 3% del PBI mediante el superávit fiscal que debe obtener por un término indefinido. La meta del 3.0% acordada para 2004 es la suma del superávit del gobierno nacional (2.4%) y de los estados provinciales (0.6%).

Pero en setiembre de 2004, el gobierno dio un paso más ya que elevó el superávit proyectado para 2005 del 3.0% al 3.9% del PBI. El presidente Kirchner siempre se refirió a la rigidez de la meta del 3%. No obstante, el proyecto de ley de presupuesto de 2005 subió esta meta al 3.6% y, a los pocos días, hubo una corrección llevándola al 3.9%.

En la serie histórica de los cuarenta años anteriores al default (1961-2001), el gobierno nacional obtuvo un saldo fiscal positivo sólo en seis años y en sólo tres de ellos, se superó el 1% (el mayor fue del 1.7% en 1993). Estos datos dan una idea del carácter excepcional de la meta que se le exige al país. Digamos que en 2004, la meta fiscal fue sobrepasada y alcanza el 4.5% del PBI.

La necesidad de que el país pague con recursos genuinos –y no de cualquier manera- es fundamental desde el punto de vista del acreedor, porque de esta forma no se corre el riesgo de que las crisis fiscales e inflacionarias provocadas por los pagos puedan comprometer una transferencia “ordenada” del excedente argentino al exterior.

La imposición de este ajuste a la sociedad fue posible dadas las circunstancias de crisis y zozobra que se atravesó en 2002, que llevó la desocupación a niveles nunca vistos. El salario público promedio tuvo una recuperación insignificante a pesar de que la inflación acumuló más del 60% desde la salida de la convertibilidad. También el valor real de las jubilaciones resultó fuertemente licuado. El gasto en salud y educación sufrió duros recortes en valores constantes.

El gasto financiero anual exigido por el FMI para pagar la deuda duplica la inversión pública y supera en varias veces los exiguos montos de subsidio al desempleo. El costo en términos sociales es enorme, ya que la desocupación llega al 20.3% (mayo de 2004) cuando a la cifra oficial, del 14.7%, se le suman los beneficiarios de los subsidios de 50 dólares por mes que el gobierno hace figurar como planes de “trabajo”. A mediados de 2004, la pobreza alcanzaba al 44.3% de la población argentina.

La perspectiva de una pobreza duradera para una franja enorme de la población se proyecta hacia el futuro por varios años. De acuerdo al IDEP –organismo de la CTA- el desempleo habrá de situarse en los niveles actuales hasta el final de la década. Otras proyecciones más optimistas sostienen, sin embargo, que en 2010 la desocupación todavía estará en los dos dígitos (se encuentra en ese rango desde 1993).

Esta situación de ajuste económico tiene lugar en un país cuyo presidente despliega una constante retórica “anti-FMI” y “anti-acreedores” y proclama que no se va a pagar la deuda externa “con el hambre del pueblo”. Sin embargo, nunca antes la Argentina había podido adaptarse a las exigencias de los organismos financieros como en la actualidad y nunca se plantearon cronogramas de pago por un horizonte tan lejano en el tiempo.

Muchas veces, la prensa internacional contrasta esta posición de firmeza verbal del presidente Kirchner con la actitud supuestamente más dócil de otros gobiernos, por ejemplo, la del presidente Lula del Brasil. No obstante, fuera de las palabras, no existen indicadores que puedan confirmar que estamos ante dos cursos distintos.

En primer lugar, conviene señalar que el esfuerzo fiscal de un país no puede ser medido en relación al PBI sino tomando en cuenta el monto de los ingresos públicos que tiene el gobierno. Así, en 2003, la recaudación impositiva de la Argentina ascendió al 20% del PBI y la del Brasil, al 38%. Ello significa que un superávit fiscal del 3% del PBI equivale al 15.0% de los ingresos fiscales en la Argentina y que el excedente del 4.5% del PBI en Brasil representa el 13.4% de sus ingresos. Esto revela que el esfuerzo fiscal es mayor en la Argentina [8].

Por otra parte, el esfuerzo del deudor en la Argentina tiene la característica de no contar con los fondos provenientes de las empresas estatales ni de los ingresos por seguridad social ya que en un porcentaje están privatizados mientras que el sector público debe hacerse cargo, hasta el momento, de la casi totalidad del gasto en jubilaciones y pensiones.

Cuando sobrevino la moratoria a fines de 2001, para todo el mundo estuvo claro que la Argentina no saldría de semejante caos sin una quita del valor nominal de la deuda que reordenara esos pasivos para que los pagos pudieran reanudarse. Incluso durante 2001, antes que se estableciera el “corralito” y que el FMI desahuciara a la Argentina, varios expertos financieros del exterior, como Nouriel Roubini y Ricardo Hausmann, daban por descontado que cualquier “poda” sobre la deuda debía ser muy drástica.

La primer propuesta argentina para salir del default fue efectuada en Dubai en setiembre de 2003 y la segunda de ellas se hizo en Buenos Aires en junio de 2004. En Dubai fue presentado un programa de canje de la deuda vieja por bonos y el gobierno dio a entender que se impondría una quita del 75% sobre el valor nominal de la deuda en default. En Buenos Aires, hubo una mejora sustancial que consistió en tasas de interés más elevadas para los nuevos títulos y, sobre todo, en el reconocimiento explícito de los intereses atrasados entre 2001 y 2003.

La propuesta formulada en Buenos Aires, que está siendo discutida actualmente en Nueva York, consiste en instrumentar la deuda con un sustancial recorte y su conversión en títulos, cuyo monto total a emitirse dependerá del grado de aceptación que tenga el canje entre los acreedores. Si la adhesión fuera inferior al 70% del valor adeudado, el monto de deuda a emitir será de 38.500 millones de dólares. Si esa aceptación superara el 70%, esa cifra subirá a 43.200 millones.

El gobierno ofrece entregar tres tipos de bonos, cuyos montos respectivos están fijos y cada uno de ellos sería asignado a cierta clase particular de acreedor. Así, los bonos cuasi-pares estarían destinados a las administradoras de fondos de pensión (AFJP).

Las tres clases de títulos tienen diferencias entre sí en cuanto a plazos, moneda de emisión, monto de la quita y tasa de interés. No obstante, tomando la tasa de descuento empleada por el gobierno (10% anual) son equivalentes, desde un punto de vista financiero.

Estos títulos son: 1) bonos pares en dólares (o en pesos) con vencimiento a 35 años y pagos semestrales a partir del año veinticinco. Su tasa de interés tiene un perfil creciente y va del 1.35% en los primeros cinco años a 5.25% en los diez últimos. Estos bonos no están afectados por una quita de capital. 2) bonos con descuento, con vencimiento a 30 años y pagos semestrales a partir del año veinte. La tasa de interés arranca con el 3.97% y termina en el 8.32% (durante los últimos veinte años). 3) bonos cuasi-pares en pesos ajustados por el índice de inflación denominado CER, con vencimiento a 42 años y pagos semestrales a partir del año treinta y dos.

Como se mencionó, en los tres casos, los títulos se benefician con tasas de interés más elevadas cuando la aceptación de los bonistas supere el 70% de la deuda[9].

Junto con el nuevo título de deuda se emitirá una unidad separable vinculada a la evolución del PBI, que otorgará a sus titulares derecho a pagos anuales supeditados a que Argentina logre niveles del producto superiores a ciertos niveles preestablecidos. Cuando el país crezca por encima del 3% (tomándose como base el valor del PBI de 2004), los acreedores se verán beneficiados por un plus. Este plus consiste en el 5% del excedente entre el PBI real y el que surge de la proyección del 3% anual. Aunque todavía restan precisiones, la propuesta del gobierno consistiría en repartir ese porcentaje entre los bonistas o bien en destinarlo a la compra de títulos en el mercado (reduciendo así la deuda externa).

La negociación está a cargo de un comité de bancos designados por el gobierno, entre los cuales, figura Merrill Lynch, Barclays Capital y UBS Limited y que cobraran comisiones millonarias por su gestión.

Para cuantificar cómo va a quedar la deuda pública después de la reprogramación, debemos definir, en primer término, el monto de la deuda externa sujeta a refinanciación. Tal pasivo era, a fines de 2001, de 81.549 millones de dólares. A este monto se le deben sumar los intereses corridos hasta fines de 2003, que ascienden a 13.443 millones.

La suma de estos dos conceptos arroja un total de 94.992 millones, que es la deuda “elegible” para ser reestructurada en la presente ronda. Además de este monto, todavía hay 5.737 millones de dólares en default, en su mayoría con el Club de París (clasificada como organismos oficiales) pero que no están sujetos a quita.

Frente a estos pasivos de 94.992 millones de dólares, que es la cifra que figura en las estimaciones oficiales, el gobierno ofrece instrumentarla en 38.500 o 43.200 millones de dólares, de acuerdo a cuál sea el grado de aceptación del canje por parte de los bonistas.

En consecuencia, se estará frente a una quita del 59.5% o del 54.6%, en uno u otro caso. En otros términos, la propuesta oficial consiste en instrumentar la nueva deuda reconociendo a los bonistas el 40.5% o el 45.4%, respectivamente, del valor nominal [10].

En la presentación de Dubai, el gobierno anunció que aplicaría una quita del 75% sobre el monto de la deuda en default. Puesto que, como se ha visto, se manejaba un monto de 81.549 millones (fines de 2001) esa reducción implicaba el reconocimiento de un valor de deuda de sólo 20.365 millones de dólares. Según se expresó reiteradamente en aquellos momentos, la propuesta del gobierno no sufriría alteraciones.

Sin embargo, a pesar de ello, siempre quedó la idea de que los intereses corridos entre 2001 y 2003 podrían ser incorporados como una mejora. Esto fue efectivizado en la segunda oferta, que se hizo en Buenos Aires, en junio de 2004.

Ello deja ver que la reducción de la deuda que efectivamente se aplicará está lejos del porcentaje anunciado en Dubai. Comparando la cifra que resulta del anuncio de Dubai, de 20.365 millones, con los valores que se manejan actualmente, de entre 38.500 y 43.200 millones, se comprueba que la deuda a ser reconocida aumentó al doble. Esta es otra muestra de la distancia que existe entre la retórica oficial y los hechos.

Por otra parte, si se toma el valor presente de los títulos ofrecidos, también surgen diferencias. El valor presente de los bonos a emitirse depende, dados los plazos y las quitas anunciados, de la tasa de interés que se emplee para ese cálculo. El gobierno argentino emplea una tasa de descuento del 10% y ello arroja un valor presente de los títulos del 30%. En las últimas semanas, el descenso del riesgo país de muchas naciones “emergentes”, como Brasil, posibilitó que la tasa de descuento que aplican los mercados descendiera aproximadamente a aquel valor y ello hace que la cotización que reflejan los títulos en default en los mercados de capitales, se aproxima al 30%.

Hasta hace muy poco, los bancos internacionales utilizaban una tasa de descuento del 15%, que arrojaba un valor presente menor de los títulos que el calculado por el gobierno en base a su tasa del 10%. Pero, en las condiciones actuales en que la tasa de riesgo país de los emergentes está en baja, la oferta de Buenos Aires aproxima el valor presente de los bonos a las cotizaciones del mercado.

Digamos, por último, que en términos del valor presente la diferencia entre la propuesta de Dubai y la de Buenos Aires es muy grande. En el primer caso, surgía un valor de 8 dólares por bono frente a un valor de 30 dólares en la actualidad. Ello significa que, de acuerdo a este criterio, el cambio en las condiciones fue sustancial.

¿Cuál será la situación de pagos del gobierno argentino si la propuesta fuera aceptada en los próximos meses?.

Como hemos visto, la nueva deuda que surgirá de la reestructuración no registrará vencimientos de capital por un término de veinte años. Por lo tanto, los únicos pagos a realizarse corresponderán a los intereses, cuyo perfil va de 1.137 millones en 2005 y llega a 1.575 millones en 2010.

Naturalmente, estas cifras son mucho menores que las previstas en la deuda original (que cayó en moratoria) ya que la estrategia del megacanje y del blindaje llevada adelante en 2000 y 2001 había concentrado entre 2005 y 2009 vencimientos sólo por intereses que promediaban los 4.000 millones de dólares anuales. La única diferencia es que mientras aquella estrategia del gobierno durante los años noventa era de pagar intereses con nueva deuda, en la reprogramación actual, esos intereses deben ser cancelados con superávit fiscal.

Para simplificar, dividamos la deuda actualmente regularizada en dos tipos de acreedores: con organismos internacionales y con el resto (préstamos garantizados, nueva deuda y otras).

En el primer caso, los vencimientos de intereses van de 820 millones en 2005 a 207 millones en 2010. No obstante, los vencimientos de capital son muy elevados entre 2005 y 2007 ya que se ubican entre 5.545 y 4.261 millones de dólares. Estos pagos de capital representan, por sí solos, 3% del PBI. El acuerdo con el FMI implica la refinanciación de estos últimos, pero ello valdrá en tanto el organismo juzgue que el gobierno está cumpliendo con las metas del programa de ajuste en curso. En setiembre de 2004 ya hubo dificultades con algunos puntos del acuerdo y el ministro Lavagna se vio en la necesidad de pedir una suspensión transitoria del mismo. Naturalmente, este tipo de episodios podría modificar la perspectiva futura de una refinanciación “ordenada” de los montos adeudados con el FMI.

Con relación al resto de la deuda “performing” (“préstamos garantizados”, nueva deuda y otros), los vencimientos de intereses en 2005 son de 929 millones y descienden a 479 millones en 2010. Por su parte, los compromisos de capital van, en esos años, de 4.802 a 4.190 millones. Parte de esos vencimientos son con el sector financiero local.

Cuadro 2. Vencimientos de la deuda “Performing”. En millones de dólares

Los vencimientos totales de la deuda pública argentina: una carga extraordinaria para el crecimiento y el presupuesto.

Si sumamos ambos tipos de compromisos, se observa que los intereses totales a pagar por el gobierno argentino en 2005, una vez concluida la renegociación, ascenderán a 2.886 millones y observan un perfil descendente hasta representar 2.261 millones en 2010. En términos del PBI esto implica una carga que va del 1.8% al 1.0%.

No obstante, los vencimientos de capital totalizan 10.346 millones en 2005 y 5.347 millones en 2010, esto es, equivalen al 6.4% y al 2.5% del PBI, en esos años. Esto significa que el gobierno va a estar sujeto a la necesidad de buscar fondos para afrontar sus compromisos anuales desde el primer momento ya que en 2005 esos montos representarán el 8.2% del PBI (descienden al 3.5% en 2010). Tal búsqueda de fondos deberá ser efectuada en un mercado de capitales interno con bancos, empresas de seguro y administradoras de pensión con una cartera activa muy vulnerable (el grado de la vulnerabilidad es función directa de la participación de deuda gubernamental en esa cartera) y con un flujo previsto de fondos, sobre todo en las administradoras no vinculadas al Banco Nación, muy exiguo.

Digamos también que estas proyecciones de intereses y capital están efectuadas en base al “escenario rosa” planteado por el gobierno con un PBI creciendo al 3% anual (una tasa cuatro veces superior a la tasa histórica promedio), baja inflación, gradual apreciación del tipo de cambio real (que abarata el costo de los pagos al exterior) y superávit fiscal.

La supuesta estrategia de “confrontación” del gobierno de Kirchner con los acreedores internacionales aparece cuestionada en dos aspectos. Por un lado, a medida que transcurre el tiempo sus propuestas ofrecen mejoras a los acreedores. Esas condiciones más favorables se expresaron, entre Dubai y Buenos Aires, no sólo en tasas de interés más elevadas sobre los bonos sino también en el reconocimiento de intereses atrasados.

Tales antecedentes plantean la posibilidad de que en estas semanas decisivas de la negociación, el gobierno argentino pueda agregar nuevas condiciones para satisfacer a los acreedores tales como menores plazos o incrementos en el plus atado a la evolución del PBI.

El otro frente en el cual la supuesta “dureza” de las autoridades choca con los hechos es en la relación con el FMI. Frente al incumplimiento de varias cláusulas a las que se había comprometido, Kirchner pidió un paréntesis en el acuerdo firmado con el organismo y en su transcurso se comprometió a desembolsarle 1.800 millones de dólares sin asistencia financiera.

Como hemos visto, la estrategia adoptada por el conjunto de los partidos del sistema a partir del reflujo de las luchas populares del 2002 fue allanarse a un plan de ajuste impuesto por el imperialismo para retomar el pago de la deuda. Tal programa significa un bloqueo para el crecimiento de largo plazo por cuanto el país debe transferir a los acreedores internacionales un ahorro anual de 4.000 millones de dólares. Pero, asimismo, tal política implica mantener las condiciones de miseria, de desocupación masiva y de vulnerabilidad del sector externo. Nada de ello habrá de cambiar sin un giro que establezca una ruptura con el Fondo, la suspensión de los pagos externos y la asignación de esos recursos a un programa de reconstrucción popular.

Mario Brodersohn, Entre el Discurso Oficial y las Decisiones Concretas de Política: ¿A Quién Creer?, Econométrica, setiembre de 2004.

Claudio Katz, La deuda externa, Buenos Aires, www.netforsys.com/claudiokatz, junio de 2004.

Andrés Méndez y Luis Becerra, La larga, larga crisis de la economía argentina, Herramienta. Revista de debate y crítica marxista, No. 17, primavera de 2001.

Jorge Schvarzer y Hernán Finkelstein, Renegociación de la deuda: un panorama confuso de montos, quitas, pagos y sustentabilidad futura, CESPA, Buenos Aires, agosto de 2004.

[1] Trabajo presentado en noviembre pasado al IV coloquio de economistas politicos de America Latina en San Pablo, organizado conjuntamente por la SEP (Sociedad de Ecomistas Políticos de Brasil) y el EDI (Economistas de Izquierda de Argentina)

[2] A fines de setiembre de 2004, la determinación del “verdadero” superávit fiscal se ha convertido en un tema de polémica entre Rodrigo de Rato y el gobierno argentino sin que sea posible determinar si esa cifras es del 3.0%, del 3.6% o del 3.9%. Ver, Clarín, 28 de setiembre de 2004.

[3] Esta reducción está calculada al tipo de cambio de fines de 2002.

[4] La diferencia entre el monto de “préstamos garantizados” a comienzos de 2002 y el monto a fines de 2003 obedece a diversos canjes que se efectuaron.

[5] Los títulos emitidos para los bancos y los ahorristas se acrecentó con otras emisiones para el rescate de cuasimonedas (2.429 millones), la restitución del 13% a los empleados públicos (873 millones) y bonos de consolidación de deudas (1.155 millones), entre otros.

[6] Sólo en Italia, la cantidad de acreedores ronda los 400.000 tenedores.

[7] Se presume que una parte elevada de la deuda con Suiza y con los Estados Unidos constituye, en realidad, una deuda con tenedores argentinos que hicieron sus operaciones constituyendo domicilio en esos países.

[8] El Cronista, 13 de febrero de 2004.

[9] Las cifras presentadas en el párrafo anterior se refieren al caso de una aceptación de los acreedores inferior al 70% del valor de la deuda.

[10] Obsérvese que las cifras disponibles permiten el cálculo de la deuda “elegible” a fines de 2003. A este monto, en algún momento se le deberá sumar los intereses corridos a lo largo de 2004.