Miles de procesados
por protestas sociales
Hay 24 presos políticos
Por Isidoro Gilbert
La República,
Montevideo, 14/12/04
¿Hay presos políticos
bajo el gobierno de Néstor Kirchner? Organizaciones de defensa de los
derechos humanos, partidos de izquierda y un amplio espacio del
universo piquetero, sostienen que sí.
La semana pasada
Kirchner emitió muy fuertes señales en contra la impunidad de los
tiempos del terror e incluso al recibir un informe sobre la situación
de los derechos humanos en el país elaborado por el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) reconoció que aún hay asignaturas
pendientes.
Hay en la actual
administración dos tiempos bastante definidos. Por un largo período
la policía fue advertida que no debía intervenir para disuadir
ninguna manifestación ni cortes de calles.
Pero a mediados de
julio cuando ocurrieron violentos disturbios frente a la Legislatura
porteña, la mano cambio. La presencia policial es ostensible y cortar
rutas o calles, tomar un ministerio, ocupar un local comercial,
participar de un cacerolazo en el hall de un banco o liberar las
barreras de los peajes son actos que actualmente en general no son
tolerados por las autoridades. Colofón: por la protesta social hay 24
detenidos.
Lo de la Legislatura
derivó en la dimisión del ministro de Justicia Gustavo Beliz y hubo
detenidos: 15 de ellos aún permanecen arrestados.
Se dispuso entonces
sacar de la órbita de Justicia el control de las calles y puso al
frente al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que instrumentó
operativos preventivos de saturación policial.
Desde agosto, las
protestas son vigiladas por una mayor cantidad de policías y se
impuso como objetivo impedir el corte total de los puentes de acceso a
la Capital.
Un momento bisagra
Otra bisagra en este
proceso ocurrió el 31 de agosto, en una manifestación contra el FMI
del grupo Quebracho, en la Plaza de Mayo, que terminó con represión
y 108 detenidos. Los últimos fueron liberados el 1° pasado.
Un caso testigo ha
sido el referente del Movimiento de Jubilados y Desocupados, Raúl
Castells, que fue apresado el 25 de agosto por haber tomado un casino
en el Chaco. Allí permaneció detenido durante 57 días.
Ahora ha regresado al
escenario porteño: ayer encabezó nuevas peregrinaciones por el
centro de la ciudad demandando comida para los necesitados,
particularmente por las fiestas. Días pasados ocupó, el dice que
solo estuvo en el local, la casa de comidas rápidas Mc Donald's. Dijo
que recibió promesas de que le donarían 50 mil viandas para las
Navidades, pero el gerente de la firma norteamericana denunció a
Castells ante la justicia.
El dato de que son 24
los detenidos se completa con seis arrestados luego de la toma de una
terminal marítima y por un piquete frente al Municipio de Caleta
Olivia, en Santa Cruz, y con otros tres manifestantes detenidos en La
Matanza, La Plata y San Luis.
Así lo dice la
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
7.000 bajo la mira
judicial
En todo el país hay
más de 5000 personas procesadas por presuntas violaciones a la ley
durante algún tipo de protesta social. Pese a que de esos procesados
sólo 24 están detenidos en la actualidad, el resto puede enfrentar
una condena en el futuro y hasta terminar en la cárcel.
Si se sumaran todas
las personas con causas abiertas, ese número treparía a siete mil.
No son sólo piqueteros o militantes de grupos de izquierda. La
estimación contempla también a ahorristas, jubilados, comerciantes,
productores agropecuarios, dirigentes gremiales, integrantes de
comunidades indígenas, muchos de ellos, sin militancia política.
¿Los delitos?: desde
entorpecimiento del servicio del transporte y uso indebido de
pirotecnia en la vía pública hasta otros más graves como usurpación,
privación ilegítima de la libertad, coacción agravada y extorsión.
La cifra de
procesados es estimativa, pero la Central de los Trabajadores
Argentinos (CTA), la Correpi y la Asociación de Profesionales en
Lucha (APL) y diputados nacionales coinciden la aproximación.
El reclamo de
desprocesamiento de esas 5.000 personas es una bandera común de las
agrupaciones piqueteras y de izquierda. El debate se mantiene vivo en
el Parlamento desde hace más de un año. En noviembre de 2003,
diputados kirchneristas presentaron un proyecto de amnistía para
procesados por participar en manifestaciones. Pero cuando hay que
tratar el asunto, no hay quórum.
¿Criminalizan la
protesta?
"Es mentira que
no se criminaliza la protesta social. Hay miles de procesos judiciales
que están muy avanzados", dijo Patricia Walsh de la Izquierda
Unida, autora de otro proyecto junto con el socialista Ariel Basteiro.
En algunos organismos
de derechos humanos coinciden con Walsh. "La figura del preso político
en un gobierno democrático se inauguró con Kirchner. Hasta ahora
ninguno tuvo una política de represión tan directa", afirmó
Nora Petrillo, abogada de APL, que defiende a cinco de los detenidos
en la Legislatura.
La afirmación, en
sectores sociales con pasado combativo, no es aceptada. De todas
maneras, el asunto crece y para las Navidades será una consigna del
espacio piquetero.
Las marchas de este
sector hay caído en masividad. De todas maneras la gran cantidad de
procesados parece no influir en la evolución de los conflictos
callejeros. En noviembre pasado se registraron 593 protestas sociales,
un 38% más que en el mes anterior.
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