Ni desgracia ni accidente
CORREPI,
06/01/2005
Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional
Lo de República de Cromañón no fue una
desgracia ni un accidente, sino la consecuencia directa de la política
que rige los destinos de nuestro país. El nombramiento de Juan José
Alvarez en la secretaría de seguridad de la Ciudad, impulsado por
Kirchner y avalado por Solá, señala la decisión del partido de
gobierno de sostener a Aníbal Ibarra frente al clamor popular que
pide su renuncia.
Ante la convocatoria a la movilización por la masacre del boliche Cromañón,
CORREPI ratifica su solidaridad con la víctimas y sus familias. Los
acompañaremos en la movilización del Jueves 6 de Enero, como lo
hicimos desde el primer momento y lo seguiremos haciendo hasta que los
culpables sean castigados.
La hipocresía de los funcionarios que lloran lágrimas de cocodrilo
viene de la mano con la represión y la detención de ocho jóvenes al
término de la última marcha, cazados por la PFA con tal
arbitrariedad que uno de ellos resultó ser un menor de edad
discapacitado, otros ajenos a la movilización y todos lesionados.
El techo inflamable, las puertas trabadas, la falta de habilitación, la
guardería en el baño, la sobreventa de entradas, la coimas para
tener habilitado un local así, son todos elementos comunes a la lógica
empresarial, de la que Omar Chabán no es más que un exponente. Es la
lógica de una sociedad donde los jóvenes ya no son ni siquiera mano
de obra barata, sino apenas un sobrante para sacarle el jugo y
eliminar lo antes posible. No es casual que la enorme mayoría de las
víctimas pertenezca a la misma franja de edad que concentra más del
60 % de los asesinatos por gatillo fácil y torturas.
Las responsabilidad política del gobierno de la ciudad no es simplemente
permitir que funcionen boliches como República de Cromañón. El
gobierno de Ibarra viene de imponer –en acuerdo con el Macrismo- un
código contravencional que se inscribe dentro de esa misma lógica de
criminalizar a la pobreza y a la juventud. Alguno dirá que el Código
Contravencional (aún en su versión todavía vigente) también
sanciona algunas conductas dañosas realizadas por empresarios, como
la sobreventa de entradas a espectáculos artísticos. Sin embargo,
una norma no es sólo su letra sino también su aplicación. El
esfuerzo del Gobierno ibarrista y la PFA siempre estuvo puesto en la
persecución de vendedores ambulantes, prostitutas, manifestantes y
otros "contraventores" de similar poder y peligrosidad. Si
en lugar de perseguir a los pobres hubieran controlado a los
empresarios importantes, esto no hubiera pasado (obviamente, sería
impensable en esta sociedad destinar de ese modo los recursos).
Tampoco puede obviarse la responsabilidad del gobierno nacional, del
que depende el cuerpo de bomberos de la PFA, que aprobó las
instalaciones de lo que era una trampa mortal.
Mientras tanto, en
reemplazo del fusible ibarrista Juan Carlos López, se ha designado al
ex intendente de Hurlingham Juan José Alvarez, que ya ocupara la
cartera del área en los gobiernos provincial y nacional sucesivamente
de la mano de Ruckauf, Duhalde, Rodríguez Saa y Solá. El
nombramiento estuvo precedido por reuniones de Kirchner con el nuevo
secretario y con Ibarra, y cuenta con la bendición del PJ bonaerense.
El partido de gobierno ha cerrado filas para sostener a Ibarra frente
al clamor popular por su renuncia, reforzando su gabinete con uno de
sus hombres fuertes, de fluidos vínculos en la ciudad con Macri y
experto en "resolución de crisis".
"Policía moviéndose rápido, mucho vehículo
y sorpresa". Así definió Alvarez (Diario Clarín, 28 de
septiembre de 2003), su objetivo como ministro de seguridad
bonaerense.
Seguramente Kirchner e
Ibarra piensan que el ideólogo de operaciones políticas y represivas
de envergadura contra el campo popular en el marco de los hechos del
20 y 29 de diciembre de 2001, y uno de los máximos responsables de la
masacre del 26 de junio de 2002, es la persona apta para traer
"seguridad" a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vamos a
tener, con seguridad, es más represión.
CORREPI, Buenos Aires, 5
de enero de 2005.
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