La
Argentina camino al colapso energético
En
pocos años Argentina podría afrontar una crisis energética de
gravedad muy superior al problema de la deuda externa. El 90% del
consumo de energía se basa en el petróleo y el gas, pero sólo
existen reservas comprobadas para 11 y 15 años respectivamente. Las
compañías siguen obteniendo ganancias extraordinarias exportando sin
control y gozando de privilegios incluso ilegales, pero el Estado debe
importar combustibles en invierno, mientras los ciudadanos y la
industria los pagan a precios internacionales. Grave situación energética
mundial y despertar de conciencia sobre el tema en América Latina.
Al
borde del abismo energético
Por
Alfredo Eric Calcagno (*) y Eric Calcagno (**)
Le
Monde diplomatique, abril 2005, edición Cono Sur
En
pocos años Argentina podría afrontar una crisis energética cuya
importancia económica y proyección política sería superior al
problema de la deuda externa. Se observa que las empresas del área
ejercen una condicionalidad interna sobre las posibilidades económicas,
la obtención de beneficios y, sobre todo, se apropian de la renta
petrolera nacional y explotan los recursos naturales sin otra
consideración que maximizar ganancias en el corto plazo (1). Se
confunde el beneficio empresario ,con la renta petrolera nacional;
evidentemente distintos.
Además
de incidir en el poder real en el presente (y en los medios, a través
de la publicidad), el comportamiento predatorio de las empresas y la
ausencia de una política energética estatal pueden conducir a una
crisis energética estructural en poco más de una década. En el año
2004 el país enfrentó una situación de escasez de energía que, a
modo de ensayo general, bien puede servir para identificar actores e
intereses en las crisis energéticas.
Para
entender esto es preciso echar un vistazo a la situación mundial, que
se caracteriza por el fuerte predominio de los hidrocarburos, una
fuente no renovable destinada a agotarse un día, lejano en términos
de la vida humana e inminente en plazos de generaciones; dos o tres, a
lo sumo (2). Ello provoca, por una parte un combate sangriento por el
control de la explotación y las reservas; por otra, investigaciones
tendientes a reemplazar a los hidrocarburos.
Se
trata de una batalla por el poder mundial y por enormes cantidades de
dinero, que se expresa en guerras, golpes de Estado, aceleración o
retardo de investigaciones. Las empresas petroleras tratarán de
ampliar su dominio; los Estados se defenderán como puedan. Se trata
de una de las pugnas fundamentales del siglo XXI. Basta pensar en el
poder del Estado que controle la mayoría de los yacimientos en un
momento de escasez generalizada... los delirios imperiales no están
lejos.
La
forma en que se genera y distribuye la energía mundial determina en
gran medida la política, la economía y el bienestar de los países y
sus poblaciones. La Intemational Energy Agency (lEA) –que forma
parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,
(OCDE)– ha estimado que en 2030 las necesidades mundiales de energía
superarán a las actuales en 6O% y que los combustibles fósiles
continuarán siendo predominantes: el 85% del aumento de la demanda
primaria. Dos terceras partes del incremento de la demanda de energía
provendrán de los países subdesarrollados. Las disponibilidades
actuales alcanzan, pero a costos cada vez mayores y si se efectúan
las inversiones necesarias. Como es un recurso no renovable, se agotará,
pero no antes de 30 años.
La
actual demanda de gas natural y de electricidad se duplicará de aquí
a 2030. Sin embargo, el número de personas sin electricidad disminuirá
muy poco: de los 1.600 millones de personas en 2002 a 1.400 millones
en 2030; mientras que aquellos que utilizan métodos primitivos
(biomasa) para cocinar y calentarse, aumentarán de 2.400 a 2.600
millones en 2030.
Este
incremento de las necesidades de energía genera importantes
problemas. Ante todo, el medio ambiente se contaminará aun más por
las emisiones de dióxido de carbono, aumentando su influencia sobre
el clima. En lo económico, para mantener el abastecimiento serán
necesarias inversiones de gran magnitud, que entre ahora y 2030 se
calculan en 16 billones de dólares en total (568.000 millones por año).
Todo ello en un contexto de incertidumbre en los precios (la lEA
adopta la hipótesis de un promedio de 35 dólares el barril hasta
2030). Pero no sólo se trata de dificultades técnicas y financieras:
la seguridad energética de los países occidentales está amenazada
por graves riesgos, ya que las mayores reservas están en los países
de Oriente Medio miembros de la OPEP y en Rusia. Además, China e
India se incorporarán al consumo en gran escala. La invasión a lrak
es un anticipo de lo que puede venir.
La
situación argentina
El
primer hecho sobresaliente es que el 90% de la energía que se produce
y consume en Argentina consiste en gas natural y petróleo (Cuadro 1).
La dependencia casi total del país de los hidrocarburos pone en
evidencia la necesidad de diversificar las fuentes de energía. En el
caso particular de la energía eléctrica, el 60% está abastecido por
centrales termoeléctricas (en su mayoría por gas natural y el resto
por gasoil y fuel–oil), el 31 % por centrales hidroeléctricas y el
9% por centrales nucleoeléctricas (Embalse y Atucha I) (3).
No
sólo existe concentración en el tipo de energía, sino en las
empresas petroleras. En petróleo, cuatro empresas producen el 78%; en
gas natural, también cuatro empresas generan el 81 %. Todas actúan
sin casi ningún control. Por ejemplo, se llega a la aberración de
que los volúmenes producidos y transportados no se controlan por
medidores, sino por declaración jurada de las empresas. Es sobre esta
base que las empresas pagan sus impuestos...
El
panorama adquiere rasgos angustiantes cuando se examinan las reservas
comprobadas y probables, que son mínimas:
un
horizonte de .alrededor de 11 años para petróleo y de 15 años para
gas. Sólo un instante en la vida de un país. En 1988 las reservas
comprobadas eran de 14 años para petróleo y 34 años para gas; pero
con la privatización de YPF aumentó la producción, se comenzó a
exportar en gran escala y cayó en picada la exploración (Cuadros 2 y
3).
Las
empresas privatizadas viven todavía de las prospecciones realizadas
por la estatal YPF. Para evitar la catástrofe energética, debería
acelerarse la búsqueda de nuevas áreas petroleras y gasíferas y
realizarse una intensificación extraordinaria de las energías
hidroeléctrica y atómica.
El
agotamiento de las reservas se acelera más aun con el aumento
sustancial de las exportaciones: en 1980 se exportaban combustibles
por valor de 280 millones de dólares; en 1990 se pasó a 985
millones; en ,1995 se llegó a 2.169 millones y en 2004 a 6.171
millones; es decir, en 1990 los combustibles y la energía eran el 8%
de las exportaciones totales, y en 2004, el 18%. En un país con muy
pocas reservas comprobadas y sin problemas acuciantes de balanza de
pagos, se exporta un recurso esencial no renovable; además, se
permite que los exportadores no ingresen al país el 70% de esas
divisas. Queda claro que el principal objetivo de esas exportaciones
es el mayor lucro de las empresas: exportan el petróleo con un valor
de referencia de 54 dólares el barril, mientras que en el mercado
interno lo venden a 34 dólares.
La
renta petrolera
El
petróleo constituye una riqueza fundamental; de allí que los países
lo cuiden y que en la mayoría de los casos sea explotado por empresas
estatales o mixtas con mayoría estatal (ver más abajo "El
ejemplo de Noruega"). Para cualquier país esto soluciona el
problema fundamental de la energía; en el caso argentino, la
explotación genera una renta importante, debido a los bajos costos de
producción.
Y
aquí es preciso hacer una distinción esencial: por una parte está
el legítimo beneficio empresario, incluido en el costo del barril de
petróleo. Por otra, está la renta, que es la diferencia entre el
costo local y el precio internacional. Se trata de un regalo de la
naturaleza, que dotó al país de petróleo de extracción
relativamente barata, mientras otros países deben pagar precios mucho
mayores.
La
renta pertenece al país, no al empresario petrolero, que ya ha
obtenido su beneficio. El Estado puede captar la renta por diferentes
medios. Uno, a través de la explotación directa por una empresa
estatal, que cuando cobra en el mercado interno precios
internacionales recibe la totalidad de la renta. Si decide cobrar el
combustible de acuerdo con los costos internos, el gobierno transfiere
esa renta a los consumidores; en Venezuela, por ejemplo, el litro de
nafta cuesta el equivalente de 0,15 pesos argentinos; 11 veces menos
que la nafta común en Argentina.
En
otras situaciones, el Estado absorbe esa renta mediante impuestos a
las ganancias, regalías y retenciones a las exportaciones.
Una
estimación razonable de la renta petrolera para 2004 realizada por el
IEFE (4) la hace ascender a 7.500 millones de dólares, de los cuales
las empresas deberían haber pagado al Estado 2.400 millones de dólares
por los siguientes conceptos: impuesto a las ganancias, 1.200
millones; regalías, 700 millones; y retenciones, 500 millones.
Se
ha considerado un valor FOB del barril de petróleo de 34,50 dólares,
debido a la menor calidad del petróleo con respecto al WTI (West
Texas International); se produjeron 252 millones de barriles a un
costo de 4,50 dólares cada uno; en esa estimación se descuentan
parte de los costos de desarrollo y descubrimiento que no se
efectuaron (Cuadro 4). En síntesis, se puede estimar que las empresas
se quedan con los dos tercios de la renta que perciben. Compárese con
los casos de México y Venezuela en donde el Estado capta la totalidad
de la renta a través de las empresas estatales; y de Noruega, en
donde las empresas pagan el 78% de impuesto a las ganancias (ver
"El ejemplo...").
En
cuanto a las empresas individuales, Repsol declaró el pago de 700
millones de dólares por impuestos y regalías en Argentina durante
2003. En su Informe Anual 2003 puntualiza también que las retenciones
a las exportaciones ascendieron a 136 millones de dólares. En cuanto
a los beneficios empresarios, en 2003 Repsol YPF expresó ante la U.S.
Securities and Exchange Cornmission (Fonna 20–F, al 31–12–03),
que ese año sus ganancias operativas en Argentina fueron de 2.198
millones de dólares. Con anterioridad, en el Informe Final de la
Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Capitales en Argentina
de la Cámara de Diputados de la Nación (Comisión Di Cola) referida
al año 2001, la compañía aparece transfiriendo al exterior 1.058
millones de dólares.
El
poder de la energía
La
energía, además de electricidad y fuerza motriz, genera poder político
y económico (y financia el militar). Su propiedad y disponibilidad
constituye un requisito para la hegemonía de las potencias y la
independencia
de
los países normales y es un objetivo a obtener a toda costa. Es
evidente que los países medianos como Argentina deben procurar
mantener e1 autoabastecimiento, para no entrar en una dependencia
ruinosa e innecesaria: cuando se dispone de los recursos, la primera
obligación es no dilapidarlos.
No
corresponde aquí diseñar un programa energético sino enunciar
algunos principios generales, cuyo primer tema es el de los
hidrocarburos. En primer lugar, es imperioso aumentar las
exploraciones. Las empresas concesionarias no lo hacen porque es caro
y sólo les interesa la rentabilidad a corto plazo; el Estado debe por
lo tanto hacerse cargo de áreas para explorar y explotar. La ley
17.319 establece que ninguna empresa puede ser titular de más de 5
permisos de exploración simultáneamente (art. 25) Y de más de 5
concesiones de explotación. Repsol YPF, por. ejemplo, tiene 30
bloques de exploración y 88 bloques de explotación. Sería lógico
que se atribuyeran a Enarsa –empresa estatal–las áreas concedidas
en violación de la ley, para que ésta sea la nueva titular de la
exploración y explotación, ya que seria absurdo esperar a que se
agoten las reservas y las empresas se vayan; o que sea Enarsa la que
explore y luego ceda sus áreas. Como esas tareas demandan tiempo,
habría que comenzarlas sin demora. También es urgente disminuir las
exportaciones de petróleo y gas: Argentina no dispone de reservas
para ser un país exportador.
El
segundo asunto esencial es la diversificación de las fuentes de energía.
Frente a la escasez de reservas, es suicida que los hidrocarburos
constituyan el 90% del consumo. Ante todo, deben completarse las obras
previstas en el Plan Energético Nacional 2004–2008, que prevé la
ejecución de varios emprendimientos de importancia. En
hidroelectricidad, asigna fondos para terminar el proyecto de Yacyretá,
que elevará la potencia de 1.700 MW a 3.180MW, y la energía generada
aumentará de 11.450 a 18.500 GWh.
Además,
deberá acelerarse la iniciación de los proyectos hidroeléctricos de
Garabí (con Brasil) y Corpus Christi (con Paraguay).
También
deberá plantearse en otra escala la utilización de la energía atómica.
El Plan Nacional incluye la terminación de la central nuclear Atucha
II, con una potencia instalada de 692 MW Además, podría utilizarse
la capacidad técnica y la experiencia de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y del IDEVI para programar una serie de
usinas nucleares en diferentes puntos del país. En otro ámbito,
después de más de medio siglo de estudio y acción, la CNEA está en
condiciones de participar en las investigaciones que se realizan a
escala internacional sobre nuevas fuentes de energía.
Es
necesario tomar conciencia: si la explotación continúa con las
características actuales, en 11 años Argentina no tendrá más petróleo
y en 15 años se quedará sin gas; es decir que en el espacio de una
generación se puede producir una crisis que dejaría al país a
merced de sus proveedores energéticos y de los precios
internacionales. Es apocalíptico imaginar lo que significaría para
Argentina la necesidad de comprar el petróleo a precios
internacionales de una riqueza que se agota a escala mundial. La
ruinosa hipoteca de la deuda externa sería una bagatela comparada con
la carga energética.
Pero
aún es posible ejecutar una vigorosa política de producción de
energía, que incluso puede financiarse con la renta del petróleo y
del gas. En ese caso se habrá cumplido con una de las funciones del
Estado, que consiste en prever las crisis, resolverlas y –si no
pudieran evitarse– solucionarlas de acuerdo con el interés
nacional.
(*)
Ex funcionario de la ONU en CEPAL y UNCTAD. Autor de “El universo
neollberal” (en colaboración) y “La perversa deuda”.
(**)
Graduado en L'École Nationale d' Administration (Francia).
Notas:
1.–
"Azaroso destino de YPF", Le Monde diplomatique, edición
Cono Sur, julio de 2001.
2.–
Para la British Petroleum, con el actual ritmo de producción, las
reservas petroleras mundiales equivalen a 41 años y las de gas a 67 años
de abastecimiento. Statistical
Review of World Energy,londres, 2004.
3.–
Ricardo A. De Dicco. "La aisis energética y el problema de
Orwell en Argentina", MORENO, Buenos Aires, 2004.
4.–
Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (lEFE), La Plata,
sobre datos de la Secretaría de Energía y de balances de las
empresas presentados a la Bolsa de Valores.
El
ejemplo de Noruega
En
la mayoría de los países el Estado maneja la energía. En el caso
particular del petróleo está a cargo de empresas estatales o rnixtas
con mayoría estatal, que de modo directo o por medio de contratistas
o licenciatarios lo exploran y extraen; así fijan los precios, captan
gran parte de los beneficios y toda la renta. Un caso típico es el de
Noruega.
Al
cabo de tres décadas de fuerte crecimiento petrolero, Noruega es hoy
el tercer exportador mundial de crudo, después de Arabia Saudita y
Rusia. En la economía nacional, los hidrocarburos generan el 19% del
PBI, el 46% de las exportaciones y el 25% de los ingresos fiscales. Se
extraen alrededor de 3,4 millones de barriles de petróleo por día, y
en gas se generan 60 millones anuales de toneladas equivalentes de
petróleo (TEP). Para los próximos años se espera un estancamiento
de la producción de petróleo y un fuerte aumento de la de gas.
El
gobierno noruego maneja la explotación petrolera y gasífera por
medio del Ministerio de Petróleo y Energía. El aspecto fiscal está
a cargo del Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección Estatal
de Intereses Financieros (SDFI). En 1972 el Parlamento creó una
empresa estatal de petróleo (Statoil) para realizar por sí o en
forma participada todas las operaciones petroleras. En 2001, el
Parlamento resolvió vender el 15% de las acciones de SDFI a Statoil y
privatizar el 18,2% de Statoil. Al mismo tiempo se crearon dos
empresas estatales, Petaro AS y Gassco AS. Petaro es una empresa
estatal que maneja los intereses accionarios estatales, controla las
ventas de petróleo de Statoil y lleva las cuentas de SDFI. Gassco es
otra empresa estatal que se encarga del transporte de gas.
A
su vez, en 1990 el Parlamento estableció el Fondo Gubernamental del
Petróleo, que recibe los flujos de caja del petróleo y el retorno
por sus inversiones, y transfiere esos ingresos al Ministerio de
Finanzas, que los afecta al presupuesto; en diciembre de 2003 su
patrimonio ascendía a cerca del 54% del PBI nacional.
Existen
dos regímenes de explotación y fiscal con las empresas privadas. El
primero consiste en acuerdos de participación con las empresas
licenciatarias, por los cuales la empresa privada explora a su costa y
si encuentra petróleo comparte los beneficios; la tasa de impuestos
oscila entre el. 25 y el 50% y una participación en las ganancias. En
el segundo régimen, la empresa licenciataria corre con todos los
costos y paga 78% de impuesto a las ganancias; además, hasta 2005
paga un royalty entre 8 y 16% sobre la producción bruta. Existe además
un impuesto fijo de 75 centavos de corona noruega sobre cada metro cúbico
de gas carbónico emitido.
Noruega
es un ejemplo de gerenciamiento de una riqueza nacional por el Estado
o bajo su control, en beneficio de la población. No obstante sus
elevados costos de extracción, el petróleo y el gas generan el 25%
de los ingresos fiscales, a través del pago de impuestos y regalías,
el flujo de fondos a SDFI y los dividendos pagados por la empresa
estatal Statoil.
El
criterio de explotación fue expresado por el gobierno: "Los
recursos de petróleo y de gas de Noruega pertenecen a la comunidad
noruega y deben ser administrados para el máximo beneficio de la
presente y las futuras generaciones. Un objetivo mayor de la política
de petróleo y gas del gobierno consiste en asegurar la mayor creación
de valor para la comunidad". En 2002 el PBI por habitante de
Noruega era de 48.400 dólares anuales (en Bélgica, Holanda y los Países
Bajos era de cerca de 29.000 dólares). (A.E.e. y E.e.)
El
precio de la garrafa de gas
Por
Ricardo Andrés de Dicco (*)
De
acuerdo con datos del lNDEC, en 2004 alrededor de 13,5 millones de
ciudadanos argentinos no tenían acceso al gas natural por redes. Es
decir que más del 36% de la población carecía de ese servicio.
Cerca del 58% de la población que vive por debajo de la línea de
pobreza –algo más de 10 millones de personas– carece de provisión
de gas natural y consume otros energéticos alternativos: 80% utiliza
gas licuado de petróleo (GLP) envasado y 20% quema plásticos,
residuos vegetales o animales, cartón, papel, kerosén o leña.
Desde
la devaluación, el precio del GLP envasado en garrafas de 10 kg
aumentó más del 180%; para el total del país es en promedio de 25
pesos (en algunos lugares se 1a vende a 32 pesos). Del total de 95.000
puntos de venta, sólo 606 comercializan la garrafa con "tarifa
social", que oscila entre 18 y 19 pesos en diferentes provincias.
El
mercado argentino de GLP está muy concentrado. Repsol YPF –por sí
o por empresas controladas– tiene el 55%; el resto corresponde a TGS,
Total Austral, Esso, Shell Gas y Wintershall. En la comercialización,
tres empresas concentran alrededor del 63% del mercado: YPF Gas
participa con 34,5%, Total Gas con 20,5% y Shell Gas con 7,8%.
El
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del
Salvador (lDICSO) ha estimado en 7 pesos el costo de producción de
una garrafa de 10 kg; el precio que paga el distribuidor es de 15
pesos y el correspondiente a los puntos de venta es de 19 pesos (estas
estimaciones surgen de datos de las empresas productoras). Si el Poder
Ejecutivo Nacional fijara precios máximos y las productoras y
distribuidoras redujeran sus márgenes de ganancia, las garrafas de 10
kg podrían ser comercializadas con un precio final que no supere los
12 pesos la unidad, sobre todo cuando todavía sigue vigente la ley de
emergencia económica. .
(*)
Investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO)
de la Universidad Del Salvador y del Movimiento por la Recuperación
de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).
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