Argentina

 

Crisis política en el gobierno K

En "un país en serio"... reina la impunidad

Editorial de Socialismo o Barbarie, periódico, 19/05/05

“Las peores opiniones populares sobre el sentido de justicia imperante en el sistema judicial nacional quedaron confirmadas en un par de días. El miércoles fue liberada María Julia Alsogaray, la única detenida por las variadas imputaciones de corrupción de los años ’90, y el viernes también volvió a la calle Omar Chabán (...). Sólo para comparar: a los dieciséis detenidos acusados de agredir la sede de la Legislatura porteña se les negó la excarcelación. Este semana prescribió sin condena la causa contra Monzer Al Kassar (...) y hace dos semanas, tras el pago de una fianza de 20.000 pesos, salió de prisión el último miembro de la banda de Los Horneros implicada en el secuestro y brutal asesinato de José Luis Cabezas. La lista no se agota ahí, pero son suficientes menciones como referencia. Los juristas podrán acudir a bibliotecas a favor y en contra de estos fallos, pero en el sentido común de cualquier ciudadano sólo queda una única impresión: aquí el que tiene plata y/o influencias, así sean mal habidas, siempre zafa” (Página 12, 14-5-05).

Efectivamente. Es que en los últimos días se sucedieron hechos gravísimos que conmovieron a la opinión pública. María Julia quedó libre, mientras que la excarcelación de Chabán fue frenada sólo por la pronta respuesta de los familiares y el repudio popular.

Inmediatamente Kirchner salió a despegarse calificando la libertad de Chabán como “un cachetazo vergonzante para las 193 víctimas, sus familiares y toda la sociedad argentina”. Y en los últimos días, sus declaraciones han terminado abriendo una crisis entre el ejecutivo y el poder judicial [1] que amenaza en estas horas con transformarse en crisis política.

Para colmo, ahora se intenta montar en el asunto el inefable J.C. Blumberg, siempre presuroso para tratar de llevar el péndulo de las cosas hacia la derecha.

Dichos y hechos

En sus dos años de mandato hubo distintas circunstancias en que el gobierno amenazó con ser rozado por acontecimientos de impunidad o corrupción. Hasta el momento, el doble discurso de Kirchner y un especial cuidado mediático le han permitido mantenerse a salvo de los humores sociales. Pero en los últimos días esto podría empezar a cambiar: se han venido sumando una serie de hechos que pueden comenzar a horadar la credibilidad del gobierno: el caso Southern Winds y sus “valijas voladoras”, que por el momento ha quedado en el limbo; el de los sobresueldos, donde está claro que Martín Redrado, Alberto Fernández y otros tantos altísimos funcionarios están implicados, y ahora la liberación de María Julia y el caso Chabán.[2] Hasta los pocos milicos que están presos, amparándose en la liberación de María Julia, están desatando una catarata de pedidos de excarcelación.

El gobierno intenta evitar que la ira popular se le venga encima, aún al costo de desatar una crisis política. Sin embargo, más allá de sus dichos, hay una cuestión que debería estar clara: el propio gobierno es el responsable político de la libertad de María Julia y la posible de Chabán. Es Kirchner el que ha señalado una y otra vez que su objetivo es hacer de la Argentina “un país normal”. Esto es, un país en el que todos confiemos en las instituciones de la “democracia”, olvidándonos del reclamo de “que se vayan todos” de diciembre del 2001. En síntesis: un país “normal” –normal para ellos, donde los ricos y poderosos no vean amenazados sus privilegios– sería uno que debería evitar soluciones “de hecho” por la vía de la acción directa y desde abajo, y deje todo en manos de los “representantes del pueblo”.

Como parte de este objetivo de “lavado de cara” de la democracia se hizo el montaje de los cambios en la Corte Suprema de Justicia, como forma de relegitimación de todo el sistema judicial. Pero incluso en el limitado terreno institucional se pueden señalar los límites de esta acción del gobierno: “tampoco el Estado, en sus tres poderes, ha mostrado la voluntad y la fuerza indispensables para curar sus propias heridas, depurar los organismos y rehabilitarse de sus vicios. Los reemplazos en la Corte Suprema (...) sin seguir la marcha transformadora son equivalentes al aliento inicial de una maratón que todavía espera la orden de largada” (Página 12, 14-05).

Precisamente. El gobierno no avanzó consecuentemente ni en el propio terreno burgués de la “depuración” y “reforma” de las instituciones, porque está unido por mil hilos de dependencia y subordinación a la maraña de intereses y al carácter patronal del propio régimen político.

Es que en realidad, no hay ninguna vía reformista de “depuración” de las instituciones, ni siquiera en la versión “radicalizada” que expresa Carrió con su “contrato moral”. La única vía que tienen los sectores populares para imponer sus reivindicaciones democráticas, es precisamente la de la acción directa desde abajo, no dejando en manos de la “justicia” la solución de los problemas. De lo contrario, el resultado será el que estamos viendo.

¿Qué clase de justicia?

La excarcelación de María Julia y el intento aún en curso de lo mismo con Chabán, son ilustrativos del carácter de la “justicia” que reina en el país. En la provincia de Buenos Aires campea el hacinamiento carcelario. Sobre 30.414 detenidos, el 75% son “encausados”, es decir, no tienen condena. Está claro que esta situación viola el supuesto precepto constitucional de que “toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario”. Es en este argumento “garantista” [3] que se basaron los jueces para dejar en libertad a Maria Julia e intentar hacer lo mismo con Chabán.

Sin embargo, ese “garantismo” no se aplica a ese 75% de detenidos en la provincia que no tienen condena. ¿Por qué? Sencillamente, porque la justicia es patronal: es decir, se maneja con sentido de clase. Quedar en libertad hasta el juicio oral implica tener que pagar una fianza de miles o decenas de miles de pesos que la mayoría de los detenidos pobres no están en condiciones de afrontar. Al mismo tiempo, hay que demostrar títulos de propiedad que supuestamente “atan al imputado al país”. Pero la mayoría de los presos provenientes de sectores populares difícilmente sean propietarios. Todos estos argumentos supuestamente servirían para demostrar que el acusado “no se va a fugar” del país o “eludir la justicia”. Pero, en realidad, sólo sirve para mostrar la doble vara con la que se mueve el sistema judicial: si usted es “rico y famoso”, tiene cárcel VIP y puede quedar en libertad. Si es pobre, va a parar al último rincón y, aunque sea inocente, se come años de prisión.

Esto no implica desconocer que entre los jueces existen tendencias de opinión distintas, que hay sectores con un abordaje más “social” de la criminalidad y otros tienen un enfoque abiertamente reaccionario y represivo, como es el ya señalado caso de Blumberg. Estos “enfoques” se van alternando según la situación política del país y/o de juzgado en juzgado. Pero lo que ningún enfoque puede superar (garantista o no), es el carácter de clase de conjunto de la justicia patronal. Carácter que hace que ocurran situaciones aberrantes como la que estamos viendo: un enfoque supuestamente más “garantista” sirve a la impunidad de ricos y famosos, mientras que los “ladrones de gallinas” siguen hacinándose y exponiéndose a situaciones como la masacre de meses atrás en la cárcel de Coronda y otras tantas. [4]

Enésimo cachetazo a Ibarra

Los acontecimientos de los últimos días volvieron a hacer sobrevolar el hecho de que Ibarra, aunque busque hacerse el “oso”, es un muerto político. Debido a la maniobra de imponer a los familiares la vía “legal”, desarmando la movilización, así como el fracaso de la campaña para imponer un tramposo plebiscito sobre su gestión, Aníbal Ibarra ha tenido una sobrevida. Sin embargo, como le espetó la madre de una joven muerta en Cromagnon en la Legislatura, “es un muerto político” al que hay que terminar de echar y enterrar.

En los últimos días, la crisis en el gobierno de la Ciudad volvió a hacerse aguda: “La excarcelación de Omar Chabán fue el enésimo golpe consecutivo para el gobierno porteño, que hasta el último viernes 14 entendía que tras los procesamientos de funcionarios y policías, el caso Cromagnon había entrado en una recta descendente casi irreversible (...). La sucesión de casos negativos con fuerte repercusión social incluyó el procesamiento de cinco funcionarios, la intervención en el Normal 1, las exigencias judiciales por el deterioro del Moyano, el piquete estudiantil por el mal estado del Normal 9 (...). Demasiado para un gobierno débil que no encuentra el resquicio para relanzarse o, al menos, para inhibir la coincidencia de tantos cuestionamientos” (La Nación, 17/05).

Hay que terminar de matar a Ibarra y deshacernos de este cadáver político, sostenido hasta ahora por el gobierno nacional. Hay que echar a Ibarra ya con la unidad y movilización de los familiares, los sectores populares y los trabajadores de la ciudad, que vienen en una escalada de sus luchas que tuvo picos como las peleas del Subte y el Garraham.

K no es lo que parece

Esta situación tiene una inmensa importancia en relación a las próximas elecciones. Kirchner ha dicho claramente que busca en ellas “plebiscitar” su gestión: es decir, quiere un cheque en blanco para profundizar su actual política de dichos por un lado y hechos por el otro. Incluso con la probabilidad de intentar ir a medidas más duras que se han venido postergando: por ejemplo, el aumento generalizado de las tarifas, mantener contra viento y marea la depreciación de los salarios, el creciente pago de la deuda externa, etc.

Sin embargo, hechos como los de los últimos días podrían amenazar esta estrategia. Está la posibilidad de que sectores de la población trabajadora comiencen a desconfiar o a hartarse del doble discurso permanente de Kirchner. Esto se podría unir con el actual ascenso de importantes luchas salariales, que da toda la impresión que van a cruzar toda la campaña electoral y a las que es tarea número uno apoyar. La suma de estos elementos podría introducir algún elemento de cambio en el estado de ánimo popular, que hasta ahora viene favorable a un triunfo electoral de Kirchner en las urnas.

En todo caso, ayudar a desenmascarar el verdadero carácter del gobierno es una de las grandes tareas en los próximos meses. Para esto, es imprescindible acabar con las dilaciones y dar pasos en la conformación de un acuerdo electoral de la izquierda obrera y socialista, para lo cual volvemos a llamar a los compañeros del PO y el PTS. Y junto con esto, seguir jugados con todo al apoyo a las luchas que están dando los trabajadores en la perspectiva que sean cada vez más independientes de la burocracia, así como al desarrollo de luchas democráticas como la de Cromagnon.


Notas:

1. Los dos jueces que dictaron la excarcelación de Chabán: Garrigós de Rébori y Bruzzone, buscan lavarse las manos y ser apartados de la causa. Esto no les ha impedido salir abiertamente a criticar a Kirchner, calificándolo de “imprudente” y desatando una crisis entre poderes, profundizada por la acusación de Eugenio Zaffaroni de que el único objetivo del gobierno es “buscar votos” y una declaración pública de camaristas y jueces que “deplora” la actitud del presidente.

2. De quedar excarcelado, podría quedar libre hasta por lo menos el año 2009, que es lo que tardaría la realización del juicio oral, más las distintas apelaciones que se podrían interponer.

3. En el ambiente judicial, se considera “garantistas” a aquellos jueces que tendrían más en cuenta los derechos a la libertad e integridad de las personas. Blumberg levanta un demagógico programa reaccionario que va justamente en contra de las elementales garantías individuales y apunta a redoblar la criminalización de la pobreza.

4. Eugenio Zaffaroni, miembro “progresista” de la Corte, justifica esto señalando que: “No es que hay impunidad, sino que es la selectividad característica del sistema penal. Creer que vamos a eliminar la selectividad del sistema penal es una fábula. Podemos disminuirla, pero nunca eliminarla. Lamentablemente, es una característica estructural del sistema” (La Nación, 18-05).

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