Documento de Alberto Santillán y Mara Kosteki al inicio del juicio

Por Comision Independiente
Indymedia, 17/05/05

El siguiente es el texto que Alberto Santillán –padre de Darío– y Mara Kosteki –hermana de Maximiliano– leyeron ante los Tribunales de Lomas de Zamora, momentos antes del inicio del juicio oral y público por la causa de la Masacre de Avellaneda, en la movilización por la exigencia de juicio y castigo a todos los asesinos del 26 de junio de 2002 convocada por la Comisión y distintas organizaciones sociales, culturales, de derechos humanos y políticas:

El 26 de junio, hace casi tres años, miles de compañeros desocupados de los barrios más humildes del Conurbano, agrupados en distintas organizaciones, decidieron realizar una serie de cortes para luchar contra la política de hambre, miseria, exclusión y represión que nos ofrecía el gobierno de Eduardo Duhalde, un presidente elegido entre cuatro paredes por los representantes de la misma clase política que meses antes había sido ferozmente repudiada por un torrente incontenible de furia popular tras la convicción del “que se vayan todos”. Bajo ese lema se reunirían durante muchos meses trabajadores ocupados y desocupados, asambleas populares, fábricas recuperadas, estudiantes y distintos sectores sociales.

Ese día, 26 de junio de 2002, Duhalde había decidido cumplir con el papel que le habían asignado los sectores dominantes, el de restaurar el régimen golpeado por esa marea ascendente de movilizaciones populares. Así se lo habían exigido públicamente el FMI; Crotto, de la Sociedad Rural; Escasany, de los grupos financieros, con el apoyo de los grupos económicos más favorecidos por la devaluación como Pérez Companc y Techint; varios gobernadores –Romero, De la Sota, Marín, entre otros–, y también los voceros del poder, los grandes medios de comunicación. Con este objetivo, planificó junto a su plana mayor de funcionarios un preciso diagrama represivo, en el que intervinieron todas las fuerzas de seguridad: policía federal, policía bonaerense, gendarmería, prefectura, secretaría de Inteligencia del Estado.

Primero, el diseño represivo condujo a los compañeros a una provocación, montando cordones policiales entre las distintas columnas para impedir su confluencia. Después, la represión se extendió a más de 20 cuadras del Puente Pueyrredón. Hacia el sur, la cacería llegó hasta la estación de Gerli, a más de dos kilómetros del puente. Hacia el este, abarcó 11 cuadras por la avenida Mitre y paralelas. Horas después, y a más de 15 cuadras del lugar, los policías seguían disparando con munición de guerra. También se sumó el ataque al local de Izquierda Unida. Al menos dos grupos de agentes se conformaron como “grupos de tareas” para dar muerte a los manifestantes, a través del uso de munición de guerra expresamente prohibida para este tipo de operativos.

La estación de trenes de Avellaneda fue el lugar elegido por el “grupo de tareas” que comandó el comisario Alfredo Fanchiotti para coronar el objetivo criminal: de allí debían sacar muertos que pudieran atribuir a los piqueteros. Entraron primero y produjeron los disparos que después dijeron haber escuchado desde afuera. Allí fusilaron por la espalda a Darío, quien estaba asistiendo a Maxi, herido de muerte en la avenida Pavón por el mismo grupo policial. Después de disparar, los efectivos borraron cada detalle del accionar criminal. Pero la torpeza de fusilar a Darío en un lugar lleno de fotógrafos dio pie al inicio del fracaso de toda la operación. Todo el operativo produjo, además, al menos 33 compañeros heridos con balas de plomo. El gobierno pretendió instalar la versión de que los asesinatos habían sido el resultado de un “enfrentamiento entre piqueteros”, e intentó mostrar a los desocupados como delincuentes, procesando también a un manifestante, Hernán Gurián, quien terminó como imputado en una causa por defender a sus compañeros reprimidos y detenidos en el hospital Fiorito. El gobierno también inició una causa contra los compañeros detenidos ese día, bajo la acusación de “atentado contra la democracia”, causa que sigue abierta. Pero en las horas posteriores, con la aparición de las fotos y videos, se conoció la verdad. Duhalde, entonces, quiso culpar a los policías que dispararon y desligarse de su responsabilidad. Pero ya era tarde: miles ganábamos las calles de todo el país repudiando la brutal represión, exigiendo el esclarecimiento de la masacre y la inmediata renuncia de Duhalde. Esto obligó al entonces presidente a acortar su mandato y adelantar las elecciones presidenciales en medio de una profunda crisis política nacional.

Dentro de pocos minutos comienza un juicio en el que todavía nos quieren hacer creer que esa jornada fue sólo el fruto de un exceso policial y del repentino ataque de locura de un comisario. Esa es la única línea de investigación que siguió la Justicia. Por eso hoy estamos ante el inicio de un juicio en el que sólo hay 6 policías imputados: Fanchiotti, Acosta, Quevedo, Colman, Sierra y De la Fuente, y un ex policía, Robledo. Pero sólo 3 de ellos cumplen prisión preventiva. Por eso, la causa fue seccionada en partes; por eso se encubre que hubo un plan represivo único por parte del Estado; por eso cuando, ante la insistencia de los abogados de familiares y víctimas, la justicia ordena abrir los archivos secretos ligados a la jornada del 26, el gobierno se niega a hacerlo. Esta misma Justicia de Lomas –el feudo político de Duhalde–, a pesar de la gran cantidad de pruebas y evidencias, nunca aceptó avanzar sobre las responsabilidades de quienes planificaron, complementaron la represión con directivas desde sus despachos y encubrieron y justificaron los crímenes de la Masacre de Avellaneda. Es por todo esto que ninguno de los autores intelectuales y responsables políticos estará sentado en el banquillo de los acusados. Estamos hablando de: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Aníbal Fernández, Alfredo Atanasof, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Carlos Soria, Oscar Rodríguez y Luis Genoud, entre otros.

Este manto de impunidad no sólo está garantizado por la Justicia; también tiene como garante al actual presidente Néstor Kirchner, surgido de un acuerdo político con Duhalde. Cuando asumió, Kirchner había prometido investigar la masacre hasta las últimas consecuencias, a través de una comisión investigadora mixta. Pero esa promesa exigía una condición: “si quieren la comisión se bajan del puente, o a lo sumo se corta medio carril”. Ni los familiares ni las organizaciones aceptamos ese condicionamiento, y la comisión nunca existió. Otra de las promesas de Kirchner fue la de abrir los archivos de la SIDE. No sólo no cumplió con su palabra, sino que ahora dice que esos archivos no existen, cuando está acreditado que agentes de la SIDE participaron de la represión en la Masacre. Kirchner prometió justicia y garantizó impunidad.

Es que el poder encubre sus propios crímenes, y protegiendo a sus ejecutores se protege a sí mismo. Por eso, la impunidad respecto de esta masacre, como de tantas otras en la historia de nuestro país, es el correlato necesario para seguir aplicando, más allá de quien gobierne, las políticas de hambre, miseria y exclusión que también matan todos los días de manera silenciosa. Nosotros, nuestros hijos, nuestros ancianos, quedamos al margen del sistema de salud, de educación, de vivienda, de trabajo y de toda contención social y a merced del gatillo fácil, de la sobreexplotación laboral, entre tantas otras injusticias que como pueblo sufrimos diariamente. Para quienes luchamos contra estas injusticias, el Estado, también este Estado gerenciado por Kirchner, sólo responde a través de la persecución, los procesamientos, la cárcel y la judicialización de la protesta. Hoy hay más de 5 mil luchadores procesados, y varias decenas de ellos son los presos políticos de la “democracia”.

La contraparte de esta impunidad, lejos de la resignación o el escepticismo, seguirá siendo la memoria, la denuncia y la lucha popular. El juicio y castigo para todos los responsables de la Masacre de Avellaneda no saldrá de la voluntad de ningún juez apegado al poder político de turno, ni del mismo Estado responsable de la masacre y de tantas otras. Sólo a partir de la movilización popular y de un reclamo nacional y masivo conseguiremos la justicia para Darío y Maxi y todos los compañeros reprimidos aquel 26 de junio. Desde este estado de movilización, advertimos que no estamos dispuestos a aceptar que, además de la impunidad para los autores intelectuales y responsables políticos, en este juicio se llegue a una condena apenas simbólica para los que apretaron el gatillo.

Maxi y Darío están hoy aquí, para luchar codo a codo con nosotros contra la impunidad. Pero sabemos que no sólo contra eso; también siguen estando en nuestra lucha contra el hambre, la entrega y la represión. Porque nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, pero también por los 30 mil desaparecidos durante la dictadura; por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales, y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.