¿Qué burguesía hay en la Argentina?

Por Claudio Katz[1]., enviado el 30/06/05

La convocatoria oficial a reconstruir la burguesía nacional ya encontró eco entre algunos empresarios. Ciertos capitalistas de poco renombre y otros de la elite consolidada han asumido públicamente el perfil pregonado por Kirchner. El banquero Brito, el cerealero Grobocopatel y el ejecutivo Mindlin convergen con Pagani (Arcor), Rocca (Technit) y Werthein en la auto-reivindicación del grupo social que auspicia el presidente[2].

Pero la conformación de este sector no es un acto declarativo. Hasta ahora sobran los gestos y faltan indicios reales de resurgimiento de ese empresariado nacional. Algunos periodistas consideran que el primer paso sería poner distancia con el grupo patronal hegemónico durante los 90 (Perez Companc, Fortabat, Macri, Bemberg, Bulgheroni, Soldati)[3]. Pero los principales interrogantes continúan sin respuesta. ¿Qué significa actualmente una burguesía nacional? ¿Cómo sería reconstituida? ¿Cuáles serían los mecanismos y costos de esa rehabilitación? ¿Es factible concretarla? ¿ Es deseable implementarla?

Nacionales y locales

En su acepción corriente el término burguesía nacional es utilizado para indicar el comportamiento y los proyectos de la clase dominante. Es un concepto político que no describe solamente la presencia de industriales o banqueros argentinos. Se refiere a los propietarios de los medios de producción que reúnen ciertos atributos para impulsar un modelo de crecimiento hacia adentro semejante al que prevaleció desde los años 40 hasta los 70. Estos rasgos incluyen jerarquizar el mercado interno, apuntalar la acumulación endógena y desenvolver políticas económicas autónomas. Estas características están ausentes en la actualidad y por eso se habla de reconstruir al actor de ese modelo capitalista.

Lo que sí existe en estos momentos en el país es una burguesía local, que desarrolla negocios y conductas muy diferentes a su contraparte nacional[4]. En la cúpula industrial ya no predominan los personajes e instituciones del pasado (Gelbard, CGE), sino diversos sectores estrechamente asociados al capital extranjero. Entre ellos juegan un rol protagónico las empresas transnacionalizadas que han buscado contrarrestar la declinación del mercado argentino con operaciones en el exterior.

Techint es el prototipo de este tipo de compañías. Se ha convertido en una pequeña corporación global especializada en rubros de la siderurgia (tubos petroleros), con plantas en varios países (Venezuela, Brasil, Rumania, Canadá) y financiación privilegiada de los bancos italianos. Cómo su orden de prioridades es claramente transnacional desembolsó recientemente una cifra menor para adquirir fábricas en el país (Acindar por 83 millones de dólares), mientras gastaba un monto muy elevado en México (Hylsamex por 2200 millones) para intentar el ingreso al mercado estadounidense. Otros empresas de escala inferior pero del mismo tipo son Arcor (ocho plantas en Latinoamérica y presencia en un centenar de países), Bagó (cuyos ingresos provienen en un 40% del exterior). También  Impsa o Molinos podrían ser encasilladas dentro de este sector.

El proyecto de recreación burgués que promueve el gobierno pretende inducir la reconversión nacional de estos grupos locales. Pero una condición previa para ensayar este programa es la reversión de la fulminante extranjerización que registró la economía durante la última década.

Los cambios de propiedad

Las firmas extranjeras controlan actualmente el 69% de la producción y el 84% de las ganancias de las 500 empresas líderes. Su presencia saltó del 32 % (1993) al 73 % (2000) en el ranking de las 200 principales compañías. Si a comienzos de los 90 todavía subsistían siete locales entre las diez mayores, al final del decenio solo quedaban dos.

Pero, además, las filiales argentinas tienen una incidencia irrelevante en las decisiones que adoptan sus casas matrices, porque salvo excepciones (Repsol y Telefónica) ninguna aporta más del 4% de la facturación total de esas corporaciones[5]. Esta pérdida de gravitación impulsa al gobierno a promover la recreación de una burguesía nacional. El colapso del 2001 le indicó cuán importante es contar con interlocutores directos y próximos al Ministerio de Economía en los momentos de crisis aguda.

Algunos analistas estiman que la extranjerización ya comenzó a frenarse desde la devaluación. Destacan que el desmoronamiento de la convertibilidad condujo a varias firmas extranjeras a traspasar sus activos a las compañías argentinas que diversificaron sus negocios y compensaron pérdidas con el auxilio oficial. Estas empresas lograron licuar sus deudas con la pesificación, mientras los pasivos dolarizados de numerosas empresas foráneas se encarecían.

Pero la argentinización en curso de ciertos negocios es coyuntural. Repite la ocurrido durante la primera mitad de los 90, cuándo los capitalistas locales adquirieron primero y vendieron luego su participación en varias empresas privatizadas. Este tipo de transferencias no alteran el peso dominante alcanzado por el capital foráneo. La secuencia actual de recompras nacionales en algunos sectores (bancos, servicios públicos) coexiste, además, con la tendencia opuesta en otras ramas (petróleo, cemento, alimentos). Por ejemplo, varias compañías de envergadura (Quilmes, Perez Companc, Loma Negra, Grafa) han ratificado recientemente su venta a corporaciones foráneas.

El monto de las recompras argentinas es por el momento muy limitado. Pero el principal problema radica en otro plano: la temeraria gravitación que tienen los fondos de inversión en los traspasos en curso. Esas entidades (Dolphin, DLJ, Cresud, Latin America Energy) lideran la transferencia de paquetes accionarios en varios sectores (bodegas, químicos, campos, shoppings, gasoductos, electricidad) y han reactivado el mercado de fusiones en el ámbito bursátil. Pero actúan como buitres en la adquisición y reventa de empresas siguiendo las huellas del Fondo Exxel, que desde 1992 compró y se desprendió de 74 firmas.

Su nuevo nicho son algunas empresas privatizadas que varios grupos extranjeros desean abandonar. Los fondos buscan combinar el manejo especulativo de la propiedad con mayor influencia política dentro del gabinete, para asegurarse los aumentos tarifas que el gobierno dispondrá después de octubre. La argentinización de los directorios les garantiza un trato fluido con los ministros de turno. Pero este protagonismo introduce un elemento de volatilidad, que luego del festival de los 90 conspira contra la ansiada estabilidad de las empresas. La pretensión oficial de reemplazar una economía de especulación por otra de producción choca con esta incidencia de intermediarios financieros. Su gravitación es poco compatible con el propósito de recrear una burguesía nacional.

Modelo regresivo

El gobierno espera que los grupos locales amplíen sus negocios dentro del país sin abandonar sus actividades externas. Incluso aprueba las estrategias de transnacionalización que promueven estas compañías[6]. La competencia global ha obligado a estas firmas a intentar formas de supervivencia en la arena internacional con resultados frecuentemente adversos[7].

Pero apuntalando a las empresas internacionalizadas no se gesta un nuevo sector capitalista, sino que se ramifica otro ya existente cuyo perfil es opuesto a la buscada burguesía nacional. En lugar de promover el mercado interno y la reindustrialización abarcativa, estas compañías otorgan primacía a la exportación, la actividad primaria y los bajos salarios. Paradójicamente el gobierno asume este mismo modelo sin registrar su manifiesta contradicción con el proyecto nacional burgués.

La base de este esquema es el sostén del tipo de cambio alto, que los funcionarios han convertido en un principio tan sagrado como el superávit fiscal. Lavagna mantiene a cualquier precio la cotización del dólar y por eso restringe el ingreso de capitales golondrina, emite pesos y tolera el ascenso de las tasas de interés. Todo vale con tal de asegurarle buenos rendimientos a los exportadores. Pero como el comercio exterior se encuentra bajo el control foráneo (diez compañías extranjeras manejan el 70% de las ventas a otros países) el reforzamiento de este ámbito no facilita la reconstitución de la burguesía nacional.

Tampoco la preeminencia de la actividad cerealera apuntala ese proyecto. La expansión del volumen cosechado (de 67 millones de toneladas en 2001 a 83,5 millones en el 2005) contribuye  a reactivar ciertos sectores fabriles (maquinaria agrícola), pero carece de impacto multiplicador sobre el empleo. Además, la especialización en la soja expulsa mano de obra en el propio agro, deteriora la autosuficiencia alimenticia, acentúa la dependencia de agroquímicos importados y podría afectar seriamente la fertilidad del suelo.

Pero el mayor contraste actual con un proyecto burgués nacional radica en la postura antiobrera de los capitalistas locales. La competencia de los directivos de la UIA en actitudes hostiles hacia cualquier mejora del salario conspira contra la recreación del “circulo virtuoso” keynesiano de aumentos conjuntos (aunque invariablemente dispares) de la producción y los salarios. En el rechazo a la recuperación de los sueldos hacen causa común los exportadores (Pescarmona) y los abastecedores del mercado interno (Coto)[8]. Lavagna y sus allegados tampoco pierden la oportunidad de arremeter contra la redistribución y el “populismo setentista”[9].  Pero con bajos salarios, reprimarización y transnacionalización: ¿cómo emergerá el capitalismo nacional inclusivo que promete el gobierno?

Subvenciones y prebendas

Kirchner alienta la formación de una burguesía nacional competitiva y distanciada del capitalismo prebendario que tradicionalmente prevaleció en el país. La dilapidación del dinero aportado por la tesorería constituye una vieja costumbre del empresariado local. Basta recordar, por ejemplo, como las grandes firmas (Massuh, Alpargatas, Celulosa, Siderca, Perez Comapanc) quebraron al Banco Nacional de Desarrollo tomando créditos que nunca pagaron. Este tipo de derroches obedece tanto a comportamientos rentistas como a la pérdida objetiva de posiciones en el mercado mundial.

Pero en la práctica el gobierno repite todos los vicios que cuestiona, cuándo por ejemplo alienta el reingreso de los grupos locales a los servicios públicos, a cambio de mayores tarifas e inversiones públicas. Aunque el compromiso de superávit fiscal acota la dimensión de los subsidios, la canilla oficial no se ha cerrado para los capitalistas más privilegiados. Solo este año el fisco transferirá 3200 millones de pesos a las grandes compañías, a través de un variado menú de cupos fiscales y devoluciones anticipadas del IVA.

Muchos analistas igualmente consideran que la “falta de apoyo estatal“ bloquea la reconstitución del empresariado nacional. Especialmente los directivos de la UIA subrayan esta falencia y presentan a Brasil como un paraíso de financiación pública a la burguesía. Pero los industriales brasileños no comparten esta caracterización. Contraponen el inflexible monetarismo de Lula con la plasticidad económica de Kirchner y exhortan a seguir la norma argentina de tipo de cambio alto y menores tasas de interés. El reciente agravamiento de la crisis del Mercosur ha potenciado estas demandas cruzadas de los industriales argentinos y brasileños a sus respectivos gobiernos[10].

La escala de las subvenciones al capital es indudablemente mayor en Brasil que en Argentina. Pero este tipo de desnivel solo expresa el peso relativo de ambas burguesías. Si la comparación se hiciera con Chile, Uruguay o Paraguay el resultado favorecería a los empresarios locales.

Los voceros de la UIA evitan este registro y no toman en cuenta la subvención indirecta que actualmente representa el sostén del tipo de cambio. Tampoco mencionan la continuidad de un sistema impositivo regresivo que penaliza fuertemente el consumo y desgrava las ganancias. El capital local se acostumbró a pagar bajos impuestos y el gobierno reafirma que esta exención perdurará para cualquier burguesía del futuro.

Obstáculos y opciones

El proyecto oficial de nuevo capitalismo nacional debería sortear dos obstáculos de gran peso: la baja inversión y la alta expatriación que caracteriza al capital local.

Para sostener una tasa de crecimiento del 5-6% anual (ya inferior al rebote de 8-9% de los últimos años) el promedio de inversión local debería aumentar significativamente. No hay que olvidar que la retracción de los aportes externos persiste y que el contexto internacional favorable puede revertirse si repuntan de las tasas interés, caen los precios de las materias primas exportadas o se agravan las dificultades con Brasil.

El elevado ahorro externo de la clases dominantes constituye un segundo impedimento para el proyecto oficial, porque reconstruir una burguesía nacional con sus recursos en el exterior es un contrasentido. Los depósitos fuera del país aumentaron de 58.000 millones dólares (1994) a 107.000 millones (2005) y si bien últimamente la fuga se frenó -por la mejora de los rendimientos financieros locales- la expatriación del capital no se ha revertido.

La reticencia inversora y la localización externa del capital no son problemas de corto plazo, ni derivados de inconvenientes de la coyuntura (impacto del default, incertidumbre energética, amenazas de inflación). Expresan las desventajas estructurales que pesan sobre un mercado empobrecido y de estrechas dimensiones. También reflejan la problemática lejanía de los centros mundiales de consumo y las escasas posibilidades de fabricación competitiva en gran escala.

Para contrarrestar estas adversidades algunos analistas convocan a impulsar el surgimiento del nuevo empresariado con medidas de regulación estatal. Pero para implementar esta alternativa el sector público debería recuperar un espacio gravitante. El superávit fiscal destinando al pago de deuda debería canalizarse hacia la inversión pública y se requeriría un rol preeminente de la actividad estatal en las servicios públicos, las finanzas o el comercio exterior. Pero ningún funcionario contempla siquiera la posibilidad de este curso de acción . Todos asumen que con ese modelo no se podría recrear una burguesía nacional en capitalismo mundializado del siglo XXI.

La apuesta oficial tampoco apunta al resurgimiento burgués desde abajo al cabo de una paulatina expansión de la pequeña empresa. Es evidente que la elevada concentración actual de la propiedad imposibilita este camino. La preeminencia de las grandes corporaciones ha reducido drásticamente la gravitación de las pymes en todo el mundo. Solo en algunas economías de altísimo crecimiento o gran liderazgo innovador, la declinación de las pequeñas compañías coexiste con el surgimiento de otras. Pero no es el caso de la Argentina, que en la década de 70 contaba con 100.000 pymes y actualmente solo conserva unas 40.000.

Adversas continuidades

Cavallo sepultó los últimos vestigios de la burguesía nacional, pero Lavagna no se apresta a resucitarla. Su modelo presenta más semejanzas que diferencias con el esquema de su antecesor.

La continuidad no es absoluta, porque el actual ministro ha introducido modificaciones en varios terrenos. Reemplazó la convertibilidad por el superávit fiscal como instrumento rector de la política económica. Consumó una transferencia de privilegios de los bancos, los importadores y las empresas privatizadas a los exportadores, la industria local y ciertos acreedores privilegiados. También sustituyó la descarada retórica privatista por un doble discurso tendiente a desactivar las secuelas del 20 de diciembre. Su estilo de arbitraje recurre más a la diplomacia aristocratizante que a la verborragia incoherente de su precursor.

Pero ninguno de estos cambios debilita el hilo conductor que une a Lavagna con Cavallo en la defensa de los intereses de las clases dominantes. Repitiendo lo ocurrido a principio de los 90, el actual ministro aprovecha una coyuntura económica nacional e internacional favorable para potenciar la recomposición de las ganancias empresarias a costa de los trabajadores.

Lavagna combina ortodoxia fiscal y atropellos neoliberales con medidas heterodoxas destinadas a reconstituir la acumulación luego de una descomunal depresión. La magnitud de ese desplome lo indujo a reducir los beneficios a los bancos en comparación, por ejemplo, al puro continuismo económico que implementa en Brasil su colega Palocci. Pero la heterodoxia del ministro consolida la miseria popular y los negocios de los grupos capitalistas ganadores sin favorecer la recreación de una burguesía nacional[11].

Connotaciones ideológicas

La gestación del nuevo empresariado es un proyecto altamente improbable. Algunos analistas acertadamente reconocen este hecho y desconfían de la aparición futura de la esperada burguesía nacional[12]. Pero otros han optado por dirimir alternativas imaginarias. Discuten la conveniencia de contar con otra burguesía, seleccionando posibilidades a discreción y omitiendo que los ciudadanos nunca eligen la estructura social de sus países.

En ese tipo de elucubraciones también se olvida que el conjunto de las naciones periféricas comparten la misma insatisfacción con sus clases dominantes. Todas hubieran preferido ocupar el lugar de Suecia o Estados Unidos. Pero deshojando la margarita para definir cuál es la burguesía óptima para cada nación se ignora que la polarización capitalista mundial impide reproducir empresarios prósperos en cualquier punto del planeta.

Quiénes más buscan la cuadratura del círculo actualmente aconsejan que la Argentina reproduzca el crecimiento de Chile y la industrialización de Brasil. Pero también sugieren evitar el sesgo primario-exportador del primer país y las grandes desigualdades sociales del segundo[13]. Omiten que la acumulación capitalista es un proceso necesariamente combinado, que no permite calcar lo agradable y excluir lo ingrato. La economía chilena creció por la rentabilidad de sus materias primas y la inversión en Brasil se apoya en la explotación de los trabajadores.

El mismo tipo de ensoñación predomina entre quiénes atribuyen el desarrollo capitalista a la existencia de “un clima amigable para los negocios”. Consideran que bastaría con un cambio de actitud de los argentinos para que florezcan las inversiones[14]. ¿Pero cuáles son las pruebas de esa hostilidad ? ¿Qué indicios de esa invariable conducta se puede registrar en el cambiante marco político de los últimos treinta años ? Lo que retrajo las inversiones no ha sido el temperamento de los argentinos, sino el estallido de inéditas crisis económicas (hiperinflación de 1989, depresión del 2001-02) que irrumpieron como consecuencia del propio funcionamiento capitalista. Lo que ahuyentó a los empresarios fue la caída de la tasa de ganancia que provocaron estas debacles.

A falta de una burguesía nacional lo que más prospera en el país son los mitos sobre la forma de gestarla. Los mensajes a favor de esa erección se han convertido en una ideología que presenta múltiples formas de transmisión. A veces irrumpe el autoengaño que minimiza las dificultades para recrear ese tipo de empresariado. En otros momentos se habla de la burguesía nacional del futuro para encubrir el desinterés por la soberanía que caracteriza a los grandes grupos económicos actuales. También se realza un objetivo nebuloso para justificar medidas de subvención estatal a favor de esos sectores.

Pero la principal finalidad ideológica del proyecto burgués es convertir un propósito de los capitalistas en una meta del conjunto de la sociedad. Los intereses de los sectores dominantes son transformados por esa vía en un “sentido común” de toda la población. Con la difusión de esas creencias se naturaliza el orden existente como el único posible y los trabajadores son inducidos a adoptar un objetivo que no les pertenece. Este es el principal problema que rodea a cualquier discusión sobre la burguesía nacional.

Cambiar la agenda

El proyecto burgués del gobierno no incluye promesas claras de retribución a los trabajadores. Se presagia mayor autonomía económica y soberanía política, pero no mejores condiciones de empleo y salario. Solo se supone que los futuros capitalistas argentinos derramarán más beneficios que sus colegas actuales. Pero nadie asegura esa benevolencia.

La constatación de este hecho debería alcanzar para postular el rechazo contundente de cualquier proyecto de reconstrucción burgués, porque en este campo existe una nítida contraposición de intereses entre los capitalistas y los trabajadores. Para apuntalar la creación del nuevo segmento burgués habría que favorecer su rentabilidad y postergar la recuperación del salario. Es evidente que los recursos del estado utilizados para financiar la resurrección de ese sector absorberían el dinero necesario para el gasto social, la salud o la educación (“si el dinero se destina para ellos, no queda nada para nosotros”).

Lo que dificulta la comprensión popular de esta realidad es el dominio político que ejerce la clase dominante a través sus partidos, funcionarios, instituciones y medios de comunicación. Esta hegemonía impone la agenda de temas que aborda el movimiento popular y explica porqué se discute el porvenir del país en términos de futuro burgués. Cómo se presupone la inexorabilidad del sistema actual, solo queda espacio para discernir cuál de los modelos capitalistas resultaría más conveniente. Los cuestionamientos previos son eliminados y nadie pregunta porqué los trabajadores deberían esforzarse para solventar las ganancias de sus actuales o próximos patrones.

Pero existe un rumbo alternativo que requiere concebir la necesidad de otra sociedad, porque el capitalismo perpetúa la explotación en cualquiera de sus variantes. En todas las modalidades de burguesía (local, nacional, regional o global) el beneficio patronal siempre se nutre de la opresión de los trabajadores. Por eso en lugar de discutir como se remodela un régimen de sufrimientos conviene debatir cuales son los caminos hacia una sociedad de igualdad, justicia y bienestar. Es más productivo reflexionar sobre el socialismo que dilucidar si alguna vez reaparecerá la burguesía nacional.