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Estado
y economía
La
biotecnología transgénica en la Argentina y sus efectos sociales
Por
Alberto
Jorge Lapolla (*)
Enviado
por el autor, 29/06/05
El modelo de producción agropecuaria como parte del
modelo económico nacional
El
análisis del desarrollo de la producción agropecuaria hacia el
modelo de monocultivo de soja transgénica forrajera en que ha
devenido la producción agraria argentina, debe enmarcarse en la
evolución –más apropiadamente involución– del modelo económico
nacional, desde uno de capitalismo industrial autosuficiente, con
escaso o nulo endeudamiento externo, soberano, centrado en el mercado
interno, con alta movilidad social, con alto nivel de distribución
del ingreso, pleno empleo, satisfacción casi plena de las demandas de
la población y de alta inclusión social, vigente entre 1945 a 1975
–y que de alguna manera perdurara hasta 1989– y su reemplazo por
un retorno al modelo colonial de exportación de commodities
–anteriormente llamado modelo agroexportador: “Argentina Granero
del mundo”– vigente con otras formas entre 1862 y 1943,
constituido a partir de la sumisión de la nación argentina en la
globalización británica luego de las derrotas nacionales de Caseros
y Pavón en la segunda mitad del siglo XIX.
A
diferencia de entonces que exportábamos granos y carne, hoy
exportamos granos –principalmente forrajeros–, petróleo crudo,
gas natural, energía eléctrica y caramelos. Para poder exportar petróleo
y gas, la Argentina que a través de décadas de trabajo serio de YPF
y Gas del Estado había logrado el autoabastecimiento energético,
pero no era un país superavitario en energía, debió detener primero
y destruir luego su desarrollo industrial, siderúrgico, ferroviario,
militar y naval, mediante la política de devastación nacional
llevada adelante en dos etapas: primero en la época de la dictadura
militar a través de su ministro de Economía, José A. Martínez de
Hoz y luego por el gobierno de Menem entre 1989 a 1999.
Esta
transformación macroeconómica, que ya ha costado enormes daños a la
nación y que la devolviera a su estado colonial anterior a 1945,
implica la política de dejar de pensar la producción y la actividad
económica nacional desde el mercado interno, de interpretar el
desarrollo nacional a partir de las necesidades de su pueblo y del país,
para volver a generar un desarrollo desde y hacia afuera (modelo de
factoría), es decir el motor de la producción no es la satisfacción
de nuestras demandas y necesidades, sino las que reporta o necesita el
mercado mundial, las que nos fijan los dueños del mercado mundial. Es
así que dejamos de ser una nación y hemos retornado al estado de
factoría neocolonial.
De
no haber sido por la rebelión popular de diciembre de 2001, la
Argentina se encaminaba, por vía de esta política de sumisión al
capital financiero internacional, hacia la dolarización, la entrega
de territorio por deuda (en función de la vieja apetencia
norteamericana sobre la Patagonia y la Antártida Argentina) junto a
la represión militar y policial a los pobres y hambrientos, es decir
el inicio real de la disolución física de la nación. Una vez más
en nuestra historia el pueblo salvó la nación.
Es
en esta perspectiva en que el monocultivo de soja transgénica debe
ser abordado como un emergente de la transformación neocolonial de la
Argentina y no como causa de la misma. Si bien la expansión
aparentemente incontrolable del monocultivo de soja transgénica
forrajera es un grave problema que está afectando nuestra economía,
la misma podría ser reemplazada por otro commoditie que ocupara su
mismo rol, como materia de producción ‘nacional’ únicamente para
las necesidades del mercado mundial.
Retorno
al modelo de país factoría exportador de commodities
J.
A. Martínez de Hoz fue muy claro respecto de los planes que para la
nación tenía el nuevo mando capitalista por él representado, así
en 1977 señaló: “Si la Argentina va a producir acero o galletitas
lo va a decidir el mercado”. Por supuesto el “mercado”, es decir
los dueños del mercado –las 40 o 50 empresas multinacionales a
quienes se entregó la riqueza de la nación, dueñas de la
Argentina– decidieron que produjéramos y exportáramos soja
forrajera, petróleo crudo, gas natural y caramelos, haciendo realidad
la profecía del creador de la deuda externa moderna.
Esta
política fue desarrollada sin solución de continuidad por los
sucesivos gobiernos habidos desde 1976 hasta el 19 y 20 de diciembre
de 2001, con la solitaria excepción del año de 1984 cuando el
ministro de Economía Bernardo Grinspung intentó una política
diferente de retorno al modelo de desarrollo nacional, antes de ser
reemplazado por el economista neoliberal Juan Vital Sourrouille. Desde
entonces, las políticas económicas aplicadas destruirían una tras
otra las transformaciones revolucionarias de la sociedad argentina
realizadas por Juan Perón entre 1945 y 1948. De tal forma las políticas
neoliberales y neocoloniales aplicadas producirían:
–
La destrucción física de la clase trabajadora, que se había vuelto
en ingobernable entre 1945 y 1973, reduciendo su número de 6.000.000
en 1976, a menos de 1.000.000 en diciembre de 2001 generando una política
de desempleo creciente y de marginalización de la población,
produciendo que entre 1990 y la actualidad la tasa de desempleo y
subempleo alcanzara a casi un 40% de la PEA (Población Económicamente
Activa) (la mayor de la historia argentina), es decir, mucho más de
la mitad de la población total del país, como política central de
disciplinamiento social.
–
La destrucción de la industria nacional mediante varias medidas tales
como la financierización del capital, política que los argentinos
conociéramos como ‘Plata dulce’, y convertibilidad luego; la
apertura desenfrenada de la economía; la liquidación de todas las
formas de protección y estímulo para nuestra industria; encareciendo
el crédito hasta los niveles de saqueo y expropiación por el capital
financiero de la pequeña y mediana propiedad industrial y agrícola,
haciendo desaparecer ramas enteras de la economía. Las
privatizaciones de los sectores estratégicos por el gobierno de Menem
completarían el golpe final contra la posibilidad de decidir nuestro
futuro industrial independiente.
–
El endeudamiento ficticio e ilegítimo de la nación para impedir una
política estatal soberana, atando nuestro desarrollo a los dictados
de los poderes económicos imperiales: la deuda externa era menor a
6.000 millones de dólares en marzo de 1976, de 45.000 millones en
diciembre de 1983, de 65.000 millones en 1989, de 160.000 millones en
1999 y de 220.000 millones en 2001.
–
La devolución a la burguesía terrateniente de la parte de la renta
agraria que las reformas de 1940 en adelante –Junta Nacional de
Granos (J.N.G.), Junta Nacional de Carnes (J.N.C.), Instituto Nacional
de Vitivinicultura (I.N.V.), Instituto Nacional del Algodón, juntas
reguladoras, precios sostén, etc., habían extraído para equilibrar
la economía nacional e industrializar la nación. Está demás
aclarar que dicha devolución de Renta fue a parar a las manos de los
latifundistas, y no a la de los pequeños y medianos productores que
en número de más de 260.000 perdieron sus propiedades.
Esta
devolución de la renta produjo una recapitalización suntuaria de
dicha burguesía terrateniente y una consociación aun mayor de la
misma con el capital multinacional, en desmedro del desarrollo
industrial y soberano de la nación. La renovación anual de
maquinaria altamente sofisticada, las camionetas 4x4, la importación
descontrolada de insumos agrícolas y agrotóxicos, así como altos
gastos suntuarios, no ha repercutido en un aumento de las condiciones
de vida de la población en su conjunto, sino por el contrario en la
expansión de la pobreza, el desempleo, la concentración de la
riqueza, la indigencia y en desmedro del desarrollo industrial del país.
–
Una política de hambre y de menor consumo de alimentos de la población
tal cual anunciara J. A. Martínez de Hoz ya en 1967 en su libro ‘la
Agricultura y la Ganadería argentina en el periodo 1930–1960’
donde criticaba la forma en que el Gobierno Peronista (1945–55) había
desincentivado las exportaciones agrícolas, señalando que el
problema surgía “por el gran consumo interno de alimentos de los
Argentinos” (Martínez de Hoz, 1967). Pensamiento que da la razón a
Juan José Hernández Arregui (Op.cit.1973) cuando afirmaba: “Cuando
después de 1946 una mejor distribución de la riqueza elevó al
pueblo, esa clase infecunda y perversa vio demagogia y despilfarro
porque el pueblo comía”.
–
Una política de revanchismo social y de distribución regresiva del
ingreso: en 1955 la clase trabajadora recibía el 54% del Ingreso
nacional, en 1973 se había reducido al 38%, en 1974 había recuperado
al 48%, en 2001 había caído al 18%. Desde otras proporciones esta
política de revanchismo social –ideológicamente motorizada por los
voceros de la burguesía terrateniente– se expresa así: el 20% de
la población más rica posee el 54% de la Renta nacional, el 20% más
pobre sólo recibe el 5.2% de la RN, siendo que la transferencia de
ingreso de los sectores bajos y medios a la cúpula social fue de 27.4
mil millones de dólares por año, es decir más de 274.000 millones
de pesos–dólares entre 1990 y 2001. (1)
Esta
política aplicada con dosis de violencia y recetas económicas
inflacionistas, daría como resultado la destrucción física de dos
clases sociales argentinas; la clase obrera industrial y la burguesía
industrial independiente representada en el proyecto de la CGE
(Confederación General Económica) y Perón, así como allanaría el
camino a la entrega del patrimonio nacional que de otra manera habría
sido resistido por la mayoría de la nación argentina.
Ya
en 1971 la burguesía industrial vinculada al capital multinacional
agrupada en la Unión Industrial Argentina (UIA) era muy clara
respecto de su visión del país futuro, el presidente de la UIA,
Elvio Coelho había hablado blanco sobre negro con el sociólogo
norteamericano James Petras, por entonces de visita en la Argentina:
“A pesar de todo, no creo que ellos (los guerrilleros A.J. Lapolla)
fueran el motivo central del golpe militar que se planeaba en la
Argentina (el de 1976. AJL). Ya en 1971 me había impresionado un diálogo
que mantuve, si mal no recuerdo, con Elvio Coelho, entonces Presidente
de la Unión Industrial Argentina (UIA). Yo le preguntaba porque no se
lanzaban a la industrialización como en Brasil” “–Porque los
sindicatos son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra
civil– contestó. – Pero, ¿porqué no lo intentan? –Porque
podemos perder – dijo” (Citado por M. Seoane en 21) Juan Alemann
confirmaría, luego de producido el genocidio en 1979, la preferencia
de la gran burguesía por esta política: “Con esta política (la
represión y los 30.000 desaparecidos. AJL) buscamos debilitar el
enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país.
La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual
era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque
todo el poder lo tenían ellos. (..) Hemos debilitado el poder
sindical y esta es la base para cualquier salida política en la
Argentina..”(Citado por M. Andersen en 22) Estas terribles palabras
no fueron en vano: el 58% de los 30.000 desaparecidos eran dirigentes
sindicales de base.
Esta
política dejaría entonces como ganadores a la burguesía
terrateniente y a las empresas multinacionales con el capital
financiero asociado a ambas, con la consiguiente devastación y saqueo
nacional que las cifras y la realidad muestran. Como ejemplo de esta
nefasta consociación cabe señalar que 17.000.000 de hectáreas son
ya propiedad de empresas extranjeras y que empresarios ¡argentinos!
poseen casi 150.000 millones de dólares depositados en el exterior.
Es en este modelo de rediseño de la nación que los vencedores del
largo conflicto 1955–1976 realizaron, que se enmarca la aparición
del monocultivo de soja transgénica forrajera.
Ausencia del Estado: una política de Estado
Hay
quienes señalan que esta situación se produjo por responsabilidad de
la ausencia de Estado hacia la política agropecuaria, nosotros
creemos que ese es el efecto de una política buscada, en realidad de
una política de Estado hacia el agro y la economía en general. Es
decir devolver la conducción del proceso económico a la burguesía
terrateniente y al capital multinacional con el sector financiero
asociado. De allí que la Argentina haya dejado de producir alimentos
para su población y materias primas para su industria exportando el
excedente, para dedicarse a hacer aquello que el “mercado mundial
demanda” y que favorece a la burguesía terrateniente, hoy como ayer
palanca de dominación imperial en la Argentina.
Desde
1967, fecha en que el dictador Onganía promulgara la “Ley” Raggio
modificando el sistema de arrendamientos rurales y que expulsara a
decenas de miles de productores pequeños y medianos de las tierras
que habían trabajado honestamente desde que en 1945, Perón
prefiriera una ley de congelamiento de arriendos en lugar de una
Reforma Agraria como propiciara al comienzo de su gobierno, la política
del poder económico ha sido expulsar a los chacareros y concentrar la
propiedad de la tierra.
Fue
el Ing. Ingaramo, miembro del equipo de D. Cavallo, quien señalara en
1990: “en la Argentina deben desaparecer 200.000 productores
agropecuarios por ineficientes” (Clarín, 1991). Casi lo logra:
entre 1990 y 2001 desaparecieron 160.000 productores, el 35% de ellos
en la pradera pampeana, peor aún: desde la antedicha Ley Raggio en
1967 hasta el 2001 se perdieron 260.000 productores. Mientras tanto el
sector terrateniente recuperó y amplió sus tierras: el 49.6% de la
tierra del país pertenece a 6900 propietarios (Censo Nacional
Agropecuario, 2002. Si pensáramos en términos de una familia tipo,
cosa no del todo cierta ya que “nuestros” terratenientes suelen
ser muy prolíficos, hablaríamos de menos de 28.000 personas dueñas
de la mitad de las tierras cultivables de la nación. Ni Rivadavia con
su Enfiteusis pudo hacerlo mejor.
Ha
sido una política de Estado, disolver la JNG, la JNC, el INV,
entregar al capital multinacional el comercio exterior argentino, los
puertos de embarque de nuestra producción, destruir los silos y
plantas de almacenamiento de la JNG, destruir y privatizar los
ferrocarriles – único país en el mundo que destruyó su red
ferroviaria, la mayor de América Latina– , privatizar las rutas
construidas por la nación y las provincias, privatizando –y
encareciendo– el transporte de nuestra producción.
Fue
el Estado quien eliminó los precios sostén y compensatorios que
permitían estimular determinadas producciones necesarias para el país,
corregir distorsiones y proteger al pequeño y mediano productor de la
voracidad del “mercado” –los terratenientes y la banca
privada–, fue una política deliberada destruir el INTA, vaciarlo de
contenido y rol, entregando el germoplasma nacional y sus estudios
agroecológicos argentinos –una riqueza de carácter estratégico y
geopolítico– a las multinacionales granarias y agroquímicas,
poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y el control
independiente de la producción agropecuaria nacional.
Fue
el Estado nacional a través de una resolución del entonces
Secretario de Agricultura Ing. Felipe Solá, el que autorizó en 1996
– sin estudios previos que los avalaran– los cultivos transgénicos,
transformado a nuestro país en el mayor productor de los mismos en el
mundo, contaminando de manera irreversible nuestro ecosistema y
produciendo afectaciones desconocidas al futuro del mismo y a la salud
del pueblo argentino.
Fue
el Estado quien privatizó el petróleo nacional –único país sobre
la tierra que entregó su petróleo a otro sin haber sido invadido
militarmente– dejando de producir combustible barato para el agro y
la industria: Repsol (de España) prefiere importar gas oil y exportar
petróleo crudo, quedándose con la diferencia. De tal forma ningún
cultivo que necesite más de una labor –la mayoría– incluidos
algunos estratégicos como el maíz, el algodón, el arroz o el
girasol, pueden competir con la soja RR que legitimara el citado
funcionario.
Es
el Estado quien no aplica ninguna política de modificación
diferencial de las retenciones para permitir el cultivo de otras
producciones, y permite que el glifosato cueste un tercio de lo que
vale en los EE.UU., difundiendo masivamente su uso, mientras que los
EE.UU., mediante una política de precios sobre los agroquímicos y
las semillas transgénicas, sólo produce un 40% de soja transgénica
del total de la soja producida. Nosotros que parecemos más
norteamericanos que ellos producimos el 99% de soja RR.
Es
el Estado quien no practica una política de defensa de los pequeños
y medianos productores que no pueden acceder al paquete de alta y cara
tecnología que implica el paquete de Siembra Directa, control de
malezas con Glifosato y cultivo de soja RR, modelo que arrasa las
poblaciones rurales, destruye el empleo rural, pauperiza, precariza a
los trabajadores y expulsa a los pequeños productores. Según cifras
del Censo Nacional Agropecuario 2002, la explotación media de la región
pampeana pasó de 257 hectáreas (en los ’80 a 538 hectáreas en los
’90. Para quienes desean que seamos como los norteamericanos allí
la propiedad media actual es menor a 250 hectáreas y en la Unión
Europea la misma orilla las 10 hectáreas (Censo Nacional
Agropecuario, 2002), es decir, nuestra política agraria –pese a lo
que sostiene el lobby sojero–monsantiano– va a contramano de la
política agraria de los principales países del mundo. No de lo que
ellos nos dicen que hagamos por cierto, sino de lo que realmente hacen
en sus países que es lo realmente importante.
Ha
sido la política del Estado de beneficiar la expansión del
monocultivo de soja en detrimento de otras producciones la que ha
permitido que se haya reducido más del 44,1 % de la superficie
cultivada de arroz, más del 26,2 % de maíz, más de 34.2 % de
girasol, más del 3.5 % de trigo, 10 veces la superficie de algodón
(de 700.000 hectáreas a menos de 70.000), que hayan cerrado el 27.3%
de los tambos (Censo Nacional Agropecuario, 2002; Pengue, 2003), que
zonas como San Pedro en la provincia de Buenos Aires hayan perdido el
50% de los montes frutales y plantaciones de vivero para ser
reemplazadas por cultivos de soja RR, con la aparición del hambre y
el desempleo desconocido hasta entonces (Boy, ). De la misma manera sólo
entre 1998 y 2002 el área forestal se redujo en más de 510.000 hectáreas
(Pengue, 2005), aun cuando un informe reciente señala una reducción
sólo para Santiago del Estero de 2.768.000 hectáreas hasta el 2004 (Mariot,
2004). Por las mismas razones, cultivos directamente vinculados a la
alimentación popular como la papa, la batata, la lenteja, la arveja,
distintos tipos de maíz y de hortalizas han visto reducidas
enormemente su producción y área de cultivo.
Ha
sido esta política de Estado la que ha permitido que la Argentina
dejara de producir la “mejor carne del mundo” criada a campo y con
pastoreo a cielo abierto y que en lugar de prepararnos para abastecer
y ganar posiciones en el gigantesco mercado asiático emergente y en
expansión, que alberga más de la mitad de la población mundial, nos
transformáramos en proveedores de forraje barato para quienes se
preparan a abastecer dichos mercados con ganado criado con
‘commodities’ producidos en nuestras pampas. Hoy los EE.UU., China
y la Unión Europea exportan carne a dichos mercados mientras nosotros
producimos soja transgénica forrajera para alimentarles el ganado. No
sólo eso: cuando la enfermedad de la “vaca loca” arrasara la
producción bovina europea, nuestros funcionarios, movidos por la
misma mentalidad colonial que nos gobierna desde 1976, corrieron
presurosos a auxiliar a nuestros competidores con semen y
reproductores de nuestros mejores planteles ganaderos. ¿Viveza
criolla?
En
síntesis lo que queremos señalar es que no es que el Estado ha
estado ausente sino que el mismo estuvo presente con una política que
produjo estos resultados. Se requiere cambiar la política del Estado
hacia el campo por otra política activa, nacional, que reoriente la
producción agropecuaria en función de las necesidades del país y no
de las empresas multinacionales que hoy gobiernan nuestra producción
agraria. Es decir volver a pensar en el mercado interno como eje de
nuestro desarrollo. Eso implica entre otras cuestiones, una política
de retenciones diferenciales, precios sostén y compensatorios,
protección de producciones mediante subsidios y créditos especiales,
protección del pequeño y mediano productor, entrega de tierras, una
política de recolonización agrícola, de control sobre las
propiedades extranjeras sobre nuestra tierra, la recuperación de una
política soberana de semillas y de defensa de la producción de las
mismas por el productor, devolviendo al INTA el papel histórico
jugado en el desarrollo de una tecnología nacional agropecuaria y el
control y secreto sobre sus investigaciones.
Consecuencias del monocultivo de soja transgénica
La
“sojización” extrema de la Argentina (en 2004: 34.5 millones de
toneladas, sobre un total de 70 millones de toneladas de granos, el
49.5%; 14 millones de has sembradas, el 54% del total del área
sembrada) amenaza en principio con dos catástrofes a la nación: una
ambiental y otra social. No puede dejar de advertirse una tercera
posible en el plano económico, si al constituirse la soja en un
monocultivo, por alguna razón los principales compradores de nuestra
producción –China y la UE– dejaran de hacerlo.
La
catástrofe social está a la vista. A lo largo de su historia el
pueblo argentino casi no conoció el hambre masivo. Pese a que las políticas
regresivas implementadas luego de 1955, produjeran importantes
bolsones de pobreza regionales, es posible señalar sin embargo, que
en el largo período histórico de 1945 a 1990 el pueblo argentino
desconocía el hambre generalizado.
Hoy
la situación es irreconocible: la Argentina el otrora “granero del
mundo”, el país de la “mejor carne del mundo”, posee una
población mal alimentada y con altos índices de indigencia. Entre 18
y 20.000.000 de personas (el 50% de una población de 38.000.000) se
encuentran bajo el nivel de pobreza; de 4.500.000 a 6.000.000 son
indigentes (es decir que pasan hambre extremo) y cerca de 4.5000.000
están desempleados.
La
Argentina produce la mayor tasa de alimentos por habitante del mundo
con sus más de 70 millones de toneladas de granos, sus 46 millones de
cabezas de ganado bovino, una cifra similar de ovinos, otra mayor de
porcinos, una importante producción láctea, que arrojan 3500 Kg de
alimentos por habitante por año. Sin embargo tal masa de productos
alimenticios es testigo del mayor hambre y genocidio social de nuestra
historia: hoy, y en forma ininterrumpida desde 1990, en la Argentina
se asiste a un verdadero genocidio social: 55 niños, 35 adultos y 15
personas mayores mueren diariamente por razones o enfermedades
vinculadas al hambre (IDEP, 2003). Lo que arroja la escalofriante
cifra de 450.000 personas muertas de hambre entre 1990 y 2003. Un
verdadero genocidio social que empalidece el realizado por el
terrorismo de Estado realizado por la dictadura militar con sus 30.000
detenidos–desparecidos.
Al
mismo tiempo la degradación de las condiciones del trabajo y del
empleo a que hicimos referencia, ha producido una pérdida marcada de
los derechos laborales y sociales conquistados por los trabajadores en
más de un siglo de luchas: el salario promedio de abril de 2004 es de
552$ mensuales, mientras que la línea de pobreza se encuentra en
789$, es decir que el grueso de los trabajadores ocupados cobran
salarios un 30% por debajo de la línea de pobreza. O lo que es lo
mismo el trabajo no impide sortear el hambre. Agravando la situación
según cifras del ministerio de Trabajo el 47% del empleo en el país
es informal.
Es
de destacar que las cifras de pobreza e indigencia se multiplicaron y
estabilizaron en tamaña magnitud de catástrofe social, en el mismo
período en que la soja transgénica RR se instalara como cultivo
principal de la Argentina. Este hecho incontrastable desmiente los
argumentos de las multinacionales del sector y demás corporaciones
dueñas de la producción de semillas transgénicas en el mundo, en el
sentido de propaganda sostenido por ellos, que los cultivos transgénicos
servirán para resolver el hambre en el mundo. El ejemplo de la
Argentina tan rica, llena de transgénicos y con su escasa población
para tan inmenso territorio, hambreada y empobrecida demuestra la
falacia sostenida por los vendedores de semillas genéticamente
modificadas.
La
desaparición de fuentes tradicionales de alimentos baratos para la
población tales como la batata, la papa, la lenteja, la arveja, el
haba, varios frutales, la carne de cordero, la miel; la desaparición
de gran cantidad de horticultores corridos por las fumigaciones de
glifosato que destruyen sus cultivos lindantes con los de soja
–entre el 14 al 78% del glifosato fumigado sale fuera del sitio de
aplicación y se ha observado una deriva de hasta 800 m, registrándose
una perdurabilidad en el suelo de 1 a 3 años (Botta y Selis, 2003).
También son corridos por la alta rentabilidad de la soja RR que
desplaza a las pequeñas producciones intensivas, aumentando los
precios de los alimentos.
La
propagación de los híper y supermercados –los cuales sólo en el
conurbano bonaerense entre 1990 a 2000, produjeron el cierre de más
de 400.000 comercios familiares, es decir alrededor de 1.600.000
puestos de trabajo perdidos (Neffa, 2000) y las redes de minimercados
vinculados a los anteriores, impiden el libre acceso de la población
a los alimentos. A esta situación debe sumarse que el grueso de los
pobres son urbanos, en general desempleados industriales o sus hijos
–en algunos regiones y asentamientos ya hay dos generaciones de
desempleados– sin acceso a la posibilidad de cultivar sus alimentos,
debido a la pérdida de conocimientos rurales de una población que es
mayoritariamente urbana y a la ausencia de tierra propia para sembrar.
Estos factores coligados impiden la otrora saludable autonomía
alimentaria de los argentinos. La no eliminación o sensible reducción
del IVA a los productos de la canasta familiar juega en el mismo
sentido.
Esta
situación será aun más grave si se legaliza producción de maíz RR
(también transgénico y resistente a glifosato) que produce la
empresa Monsanto, que no sólo duplicará –por lo menos– los mas
de 150 millones de litros anuales de herbicida glifosato que se usan
en el sistema bajo análisis, sino que además por ser el maíz una
planta de polinización cruzada, no existirá para el productor la
posibilidad de eludir la compra anual de semilla a la empresa, compra
que hoy de alguna manera se elude en la soja RR mediante la llamada
“bolsa blanca” situación que de alguna manera evita el control
monopólico sobre la simiente y permite cierta tolerancia del sistema
para los productores sobrevivientes de medianos recursos. En el caso
del maíz –y es esta la razón de la presión de Monsanto sobre el
gobierno al anunciar su retiro del negocio de la soja RR– la
“bolsa blanca” no será posible y toda autonomía del productor
respecto de la simiente desaparecerá.
Es
en la magnitud de la dimensión social que estamos analizando, que
debe entenderse la trágica decisión que implica que la Argentina
haya dejado de producir alimentos para su población como objetivo
principal de su producción agrícola y que en cambio se dedique a la
producción de commodities y materias primas requeridas por el
“mercado mundial”. En una visión estrictamente macroeconómica,
aparece como si el poder económico mundial destinara a nuestro país
a producir soja RR en su exclusivo beneficio, alterando
significativamente las líneas de desarrollo nacional. En última
instancia producimos soja RR para obtener divisas para pagar deuda
externa. Ilegítima por cierto.
La siembra directa: “la segunda revolución de las
pampas”
El
monocultivo de soja RR se realiza bajo un paquete tecnológico
compuesto por la semilla transgénica RR patentada por Monsanto,
resistente al herbicida glifosato. Lo cual permite su uso abundante
para combatir las malezas de la soja unido al sistema de siembra sin
labranza y sin labores conocido como Siembra Directa o de barbecho químico.
Nos referiremos aparte y en particular a las implicancias que la misma
tiene sobre la ecología del suelo, por lo que queremos referirnos aquí
a sus implicancias sociales.
Todos
los críticos del monocultivo de soja RR coincidimos en general que,
sin dejar de ser grave el tema de la contaminación genética
irreversible que presenta la propagación de la soja RR, es en el
paquete tecnológico que la acompaña donde se encuentra el mayor
peligro.
Preocupación
que parece estar empezando a llegar al INTA, luego de un largo
silencio: “Estamos experimentando algunos problemas de resistencia
de malezas, pero no están todavía en una escala tan grande como para
afectar los rendimientos seriamente o para poner en peligro el futuro
del cultivo de soja”, dice Carlos Senigalesi director de proyectos
de investigación del INTA. Él cree que es la tendencia de los
productores a cultivar nada más que soja, más que la prevalescencia
de los cultivos genéticamente modificados (GM) lo que se encuentra en
la raíz del problema. “La monocultura no es buena para los suelos o
para la biodiversidad y el gobierno debería empujar a los chacareros
a retornar a la rotación de cultivos”, dice Senigalesi. “Pero aquí
todo fue dejado al mercado. Los productores no tienen una apropiada
orientación por parte de las autoridades. No hay subsidios, ni
precios sostén. Pienso que debemos ser el único país del mundo,
donde las autoridades no tienen un plan apropiado para la agricultura,
sino que lo dejan todo a las fuerzas del mercado” (11). (Carlos
Senigalesi citado por Sue Brandford, 2004)
También
con retraso la dirección del INTA expresó en diciembre de 2003 su
preocupación por la situación creada, al señalar “el desordenado
proceso de desarrollo de la agricultura”, y que “dado que no hay
señales de mercado asociadas con las dimensiones social y
medioambiental, estas son generalmente ignoradas en el proceso
decisorio, generándose distintos desequilibrios. El restablecimiento
de los mismos requiere la incorporación de estos costos adicionales
de manera de garantizar la sustentabiliadad tanto de recursos
naturales como la del tejido social que integra los sistemas de
producción”. Advirtiendo que “si nada se hace, la declinación de
la producción sería inevitable y que el stock de recursos naturales
del país sufriría una degradación –posiblemente irreversible–
tanto en cantidad como en calidad”. Reclamó cambios en las prácticas
agrícolas en la pradera pampeana, señalando que “la combinación
de siembra directa con el monocultivo de soja no era compatible con la
sustentabilidad de la agricultura” (Clarín Rural, 2003).
Entre
los costos ambientales que señala el INTA, habría que ubicar en
primer lugar –por su gran costo en vidas– a las inundaciones de
Santa Fe de 2003, consecuencia casi directa de la expansión del
sistema SD–Soja RR–Glifosato por el Norte de Santa Fe, el Sur de
Santiago del Estero y el Norte de Córdoba, que implicó el desmonte
sin control de la vegetación arbustiva existente, vegetación que
retenía gran cantidad de agua y a la propagación del sistema de
Siembra Directa –no labranza– que si bien disminuye la erosión hídrica
–hecho incontrastable y su mayor mérito– aumenta de gran forma el
escurrimiento superficial de agua. Esto unido al corrimiento de las
isohietas de 600 hasta 750 mm hacia Santiago del Estero –en un ciclo
húmedo de incierta duración– que aumentaron enormemente el caudal
de agua arrastrado por la Cuenca del Río Salado, todo sumado a la
absoluta inacción del gobierno de Santa fe y la destrucción de los
entes de regulación y control de aguas que la política de destrucción
del Estado antedicha ocasionara.
Otro
de los costos no incluidos en la ecuación es el correspondiente a la
reposición de los nutrientes extraídos por la soja y exportados en
sus granos y no calculados en la sustentabilidad del ecosistema: 900
millones de dólares anuales según un informe de W. Pengue(2003).
Pese
a los argumentos desaforados de los que hablan de la “segunda
revolución de las Pampas” –a pesar que nunca conocimos de la
existencia de una primera– los resultados sociales de la expansión
del paquete soja RR–Glifosato–Siembra Directa está produciendo
hechos que más bien hablan de una contrarrevolución de las Pampas o
de una segunda etapa de desarrollo del capitalismo agrario argentino,
tanto o más expulsivo y concentrador de la riqueza y la tierra que
aquél que se produjera entre 1862 y 1880 y que diera por resultado
los tres genocidios constituitivos de la República
liberal–conservadora, que nos atara a la globalización Británica
de la segunda mitad del siglo XIX, contra la cual habían luchado
nuestros patriotas fundantes desde 1806.
Primero
fue el genocidio de los federales realizado por Mitre y Sarmiento, en
su “disciplinamiento” a sangre y fuego del interior (entre 8.000 y
11.000 paisanos pasados a degüello por Sández, Irarzábal y Paunero,
equivalentes a más de 200.000 argentinos de 1976), seguido por el de
los paraguayos, negros y criollos de ambos lados masacrados en la
Guerra de la Triple Alianza (750.000 varones paraguayos asesinados o
remitidos como esclavos a Brasil, sumados a varios miles de argentinos
muertos en la guerra) y el genocidio Mapuche realizado en la mal
llamada “Conquista del Desierto” (en realidad robo de las tierras
Mapuches y Pampas) por el genocida Julio Roca.
Estos
genocidios constituitivos de la hegemonía económica y política de
la burguesía terrateniente, que privarían a las masas populares –y
luego a los inmigrantes– del libre acceso a la tierra en forma
opuesta a lo que ocurriera en la revolución Francesa, en los EE.UU.,
o en la revolución Rusa de 1917, serían coincidentes con similares
hechos ocurridos sobre la población originaria en el mismo período
en los EE.UU., Canadá, Sudáfrica, Australia, China, India, otras
regiones de África y de la América del Sur. Matanzas de millones de
pobladores originarios producidas en la segunda mitad del siglo XIX
por las potencias de Europa Occidental y que permitirían la
localización de la población sobrante europea que arrojaba al hambre
y el desempleo la Segunda Revolución Industrial producida por la máquina
de vapor. Dicha política estratégica de las Grandes potencias
europeas (primero Inglaterra y Francia, luego con Alemania y los EE.UU)
permitiría liberar amplias zonas de territorio mundial para ubicar
dicha población sobrante –más de 50 millones de personas entre
1850 y 1900 (Argumedo, 1996) impidiendo o retrasando de esa manera la
revolución social en Europa, situación que Karl Marx describiría
como que “América impide la revolución en Europa”. O más
claramente “la Marcha al Oeste en los EE.UU., diluye continuamente
la lucha de clases y actúa como factor de aplastamiento
revolucionario en los EE.UU., y en Europa”(14).
Un
reciente trabajo de los Dres., G. Botta y D. Selis de la Universidad
Nacional de La Plata muestra de alguna manera las conexiones
existentes entre la primera contrarrevolución de las Pampas y esta
segunda (Botta y Selis, 2003). Según los autores el paquete tecnológico
de referencia vinculado al cultivo de soja RR, está produciendo: una
fuerte disminución del trabajo agrícola permanente y por ende del número
de trabajadores rurales; un aumento de los trabajadores agrícolas
temporarios; una fuerte concentración de la tierra; una disminución
del número de explotaciones agrícolas; un marcado aumento de la
pobreza; la marginalidad; la precarización laboral y el hecho
novedoso consecuencia de los dos primeros factores, cual es la expulsión
del proletariado rural de los campos y su localización como población
marginal y miserable, no sólo en las grandes ciudades sino ya en las
propias aldeas o poblados rurales, no pudiendo ser absorbido por una
industria devastada, constituyendo así un nuevo núcleo de
desplazados y hambrientos en la masa de desocupados que pueblan la
Argentina y que se observan en la mayoría de las ciudades y pueblos
del país y en particular en la distribución de los planes Jefes y
Jefas de Hogar.
Los
autores señalan un hecho estructural de la técnica de la Siembra
Directa como causante de esta tragedia social (que algunos llaman
progreso –o más cínicamente como “costos del progreso” y que
los técnicos del BM, del FMI o de la Escuela de Chicago denominan
“tasa de sufrimiento del ajuste estructural”.
La
desaparición de labores y preparación del suelo durante todo el año
que la nueva técnica trae aparejada se observa en que el Tiempo
Operativo de la Labranza Tradicional erade 3 horas–hombre por hectárea,
en la Siembra directa es de: 40 minutos–hombre por hectárea. Esta
reducción implica la pérdida de 4 de cada 5 puestos de trabajo en la
agricultura bajo el régimen de Soja RR–SD–Glifosato (Botta y
Selis, 2003).
De
alguna manera la siembra directa repite la misma tasa de desempleo que
ocurriera con la aparición de la robotización y la automatización a
partir de los ‘80, también allí la tasa de desempleo era de 4 cada
5 puestos de trabajo, lo cual generó la grave crisis social que aún
aqueja a 2/3 partes de la humanidad provocando cifras de hambre,
desnutrición y mortandad que habían sido superados luego de la
Segunda Guerra Mundial.
Esta
situación ha sido reconocida por el subsecretario de política
Agropecuaria de la nación, Claudio Sabsay quien aceptó en un
reportaje que “por cada 500 has que se incorporan a la superficie
sembrada con soja se agrega sólo un empleado” (De La torre, 2004).
En
un sentido este salto tecnológico puede compararse al enorme
desarrollo producido por la ciencia y la técnica entre 1945 y 1975.
Período donde la revolución científico–técnica actual comenzó
su expansión. Sin embargo este período, “los 30 dorados”, tiene
los índices sociales más altos y benéficos de la historia conocida
de la humanidad, ya que la los índices del hambre, de empleo, de
mortandad, de desarrollo social, de distribución del ingreso, de
longevidad, de salud, de educación de desaparición de enfermedades
endémicas, etc., son los mejores de la historia.
Es
decir que en este caso el enorme salto tecnológico producido entre el
mencionado período, no produjo desempleo sino todo lo contrario, es
decir pleno empleo. ¿Por qué?
Porque
es en ese período cuando la jornada de trabajo soporta la mayor
reducción de la historia: en 1939 cuando comienza la II Guerra
Mundial la jornada de trabajo legal era cercana a las 12 horas
diarias; a partir de 1945 cuando el nazismo fue derrotado y la bandera
del Ejército Rojo flameó sobre el Reichstag, la jornada laboral
legal disminuyó a 8 horas diarias, produciendo la mayor tasa de
empleo y bienestar social de la historia conocida del capitalismo,
dando origen a la etapa conocida como Estado de Bienestar. Es decir
que la historia muestra que el avance técnico –en el sentido que la
Siembra directa pueda serlo– no tiene porqué generar desempleo si
se incluye el aumento del bienestar de la población como la primera
condición económica a cumplir. Esto implica considerar en el
planeamiento económico la introducción de mejoras en el proceso
productivo, la distribución de los beneficios que la mejora introduce
en el proceso del trabajo, incluyendo por supuesto la distribución
del trabajo generado entre la población, a través de la reducción
de la jornada de trabajo o la distribución de la tierra.
Coincidentes
con las cifras precedentes, los autores Botta y Selis señalan que los
principales sectores sociales perjudicados por este proceso son el
proletariado rural y los pequeños y medianos productores que tienden
a desaparecer cediendo su tierra a los pools de siembra o a
propietarios mayores.
Advierten
a su vez que la situación es de tal gravedad que el INTA Marcos Juárez
–el mayor difusor de la Siembra directa– ha advertido
recientemente que no son viables las producciones rurales menores a
190 hectáreas (Botta y Selis, 2003). En Pergamino, Martínez y
Dougnac, trabajando con los datos de los Censos Nacionales
Agropecuarios de 1988 y 1999 muestran que la situación de concentración
de la tierra que produce el sistema de Siembra directa–sojaRR–glifosato
es de tal magnitud que la expulsión o disminución de productores sólo
cesa cuando la extensión de los predios llega a las 500 has (Botta y
Selis, 2003). Esta situación nos remite a la grave concentración de
la tierra a que hiciéramos referencia al principio y resumiremos en
que 6900 propietarios son dueños del 49.6% de la superficie
cultivable de la nación y si hasta los ‘80 la superficie promedio
pampeana orillaba las 252 Has (el promedio nacional subía a 421 Has),
en la actualidad la misma ha crecido a las 538 Has. Aspecto que
ilustra desde el panorama agropecuario a la política de revanchismo
social y distribución regresiva de la Renta Nacional a la que hiciéramos
referencia.
Algunos efectos del monocultivo de soja RR sobre la salud
de la población
Si
bien tiene también relación con los aspectos ecológicos, no podemos
dejar de ubicar entre los efectos sociales de la expansión del
monocultivo de soja RR la grave contaminación que está produciendo
el excesivo uso de plaguicidas en dicho sistema y los efectos sobre la
salud de la población que se manifiestan en alergias, cáncer y
enfermedades autoinmunes, como ya se han reportado en Barrio Ituzaingó
Anexo en Córdoba donde se han hallado restos de plaguicidas
vinculados al monocultivo de soja RR –Endosulfán, Paraquat, Diquat–
en tanques de agua y en las calles de tierra, habiéndose registrado
ya más de 130 casos de cáncer y enfermedades similares en la población
lindera a las fumigaciones. Casos similares se han reportado en Loma
Sené, en Formosa, Pueblo Italiano, Río Ceballos, Saldán, Alto
Alberdi, Jesús María y Colonia Caroya todos en Córdoba.
En
el mismo sentido es necesario señalar los efectos nocivos que puede
arrojar el consumo de soja forrajera transgénica para la alimentación
de la población carenciada, cuestión señalada como deseable por los
grandes productores de soja, quienes en un gesto demagógico e
irresponsable, ofrecieron regalar soja RR a los comedores populares,
para mitigar el hambre de los millones de pobres que el propio
monocultivo de soja está expandiendo por la nación.
En
su momento luego de felicitarlos el gobierno de Duhalde debió emitir
un comunicado a través de la Secretaría de Salud de la Nación
prohibiendo el uso de soja en la alimentación de niños menores de
cinco años y para mujeres embarazadas, advirtiendo sobre los peligros
de su uso masivo en la alimentación, ya que la soja forrajera transgénica
no es apta para consumo humano. Por supuesto dicha comunicación fue
apenas difundida cubriendo las espaldas del gobierno de entonces, que
no quería malquistarse con el pool sojero el cual según señalan
algunos “aporta 2700 millones de dólares para los planes
sociales”. Planes sociales que –justo es decirlo– son necesarios
por el hambre y la desocupación que el propio modelo de exportación
de commodities genera.
Sin
embargo dicho comunicado reconoció lo que va siendo un secreto a
voces y es que la soja tanto transgénica como la común, no es apta
para consumo humano en forma directa, pues puede afectar la salud en
casos de ingestas abundantes y frecuentes como la pretendida para los
comedores de los pobres: dos raciones diarias de soja como único
alimento.
En
las poblaciones de Oriente de donde la soja es originaria, la misma no
es consumida en forma directa, ni en forma frecuente como grano –sí
como brotes de soja– sino que es fermentada y transformada en
subproductos, siendo consumida pocas veces al año, ya que el
principal destino del grano de soja en Oriente es la cría de cerdos,
destino al cual sirve también el grueso de nuestra producción de
soja.
Entre
otros aspectos de riesgo la soja posee un alto contenido de fitoestrógenos
(isoflavonas), que si bien pueden ser beneficiosas para las mujeres de
edad avanzada, pues disminuyen las posibilidades de cáncer y atenúan
los efectos de la menopausia, no lo es para las mujeres jóvenes o
para las niñas, ya que sus efectos son equivalentes al consumo de dos
pastillas anticonceptivas diarias, lo que produce serias alteraciones
en el desarrollo de la sexualidad de los jóvenes alimentados con
‘soja solidaria’ adelantando el inicio de la menstruación y la
diferenciación sexual en las niñas y alentando rasgos feminoides
secundarios en algunos varones. Arriesgando la capacidad reproductiva
de la población en el futuro.
Algunos
informes señalan que la soja afecta los metabolismos del Calcio y de
la vitamina D, produciendo raquitismo en niños alimentados por ella,
caída de dientes y pérdida de esmalte dental, así como osteoporosis
en adultos. También produce deficiencia de Zinc (Boy, 2003).
Investigadores de la Facultad de Odontología de la UBA informaron
efectos producidos sobre niños con altos consumos de los jugos
realizados en base a la llamada “leche de soja” que producían pérdida
de piezas dentales, de esmalte y disminución de densidad dental
vinculado a efectos sobre el metabolismo del Calcio (Sánchez y Fernández,
2002).
Está
claro que estos efectos de la soja como alimentos se ven agravados por
el carácter transgénico de la soja producida en Argentina. Dado que
al introducir material genético extraño a una especie no sólo se
está modificando una característica deseada, como es en este caso la
resistencia al herbicida glifosato, sino que se está alterando otro
tipo de rasgos aún desconocidos que requieren largos ciclos de
investigación y análisis, tiempos no coincidentes con el rápido
deseo de ganancia o beneficio de las empresas privadas
multinacionales, que producen y son dueñas de estas variedades transgénicas.
Sí puede señalarse que la transgenia afectará de alguna manera la síntesis
y química de las proteínas de los materiales GM y por ende afectará
la salud de los consumidores en el presente o en el futuro.
Principalmente en los aspectos vinculados con las afecciones
producidas alrededor de la química de las proteínas: cáncer,
alergias, enfermedades autoinmunes y algunos otros efectos que aun
desconocemos. El Profesor de la UNAM Gian Carlo Delgado Ramos (2003)
ha reportado numerosos casos de alergias y afecciones diversas al
sistema inmunológico; informó que una soja RR de Pioneer provocó 27
muertes y afectó de diversas maneras a 1500 personas en los EE.UU.,
debiendo ser retirada de la venta. Hay experiencias con papa GM que
altera el sistema inmunológico en ratones y les retarda el
crecimiento. También reportó que las toxinas Bt en sus formas
Israelensis y kunstaky producen toxicidad en células humanas y citó
un trabajo de Tabayali y Selis que encontraron que dichas toxinas
producen irritación de piel, infecciones y debilitamiento del sistema
inmunológico en humanos, en función de la cantidad consumida.
La
transgenia en sí es todo un problema, tal vez el mayor a largo plazo
dado que la contaminación genética sobre el ecosistema es
irreversible produciendo alteraciones endémicas. Al respecto ya se
descubrió en México –centro de origen del maíz– contaminación
genética endémica irreversible de los maíces originales, denunciado
en un estudio de la UNAM, el Instituto Politécnico y la Universidad
de Berkeley, quienes descubrieron como contaminantes a las toxinas del
maíz BT procedente de varias de las empresas que lo producen: De
Aventis, Monsanto y Novartis, así como la proteína CP4–EPSPS
resistente a Roud–up de Monsanto (Delgado Ramos, 2003).
Si
bien nos referiremos en particular, es de destacar para concluir que
el investigador de la Agencia de Colaboración Técnica de Japón
(JICA). K. Kobayashi, reportó que zonas de China sometidas al
monocultivo de soja han resultado afectadas por una desertificación
casi irrecuperable: “Hace cuatro años, visité los campos de
cultivo de soja en el noreste de China. Recuerdo haberme horrorizado
de las extensas tierras áridas, donde se veía claramente la
desertización, como resultado del deterioro del suelo a causa del
monocultivo. Esta situación obligó a China a tratar el tema a nivel
nacional, y desarrollar un programa para frenar la expansión de los
daños causados por el monocultivo de la soja” (Kobayashi, 2003).
Si
uniéramos algunos de estos problemas señalados –la desertificación
del suelo, los efectos sobre la salud reproductiva y sobre la salud en
general– podríamos preguntarnos qué política de largo plazo
persiguen los promotores del modelo soja RR respecto de la población
de nuestro país y otros pueblos del Tercer Mundo.
En
resúmen queremos señalar que las consecuencias sociales vinculadas a
la expansión del monocultivo de soja RR con su sistema tecnológico
asociado, está produciendo: una fuerte concentración de la tierra,
una gran disminución del número de producciones agrarias, un aumento
desmedido del desempleo rural, una mayor precarización laboral entre
los trabajadores, un gran aumento de la miseria y la marginalidad
social aun en las pequeñas ciudades rurales del interior. Una marcada
expulsión de trabajadores rurales y de pequeños y medianos
productores, el desarrollo de una agricultura sin agricultores, la
apropiación por las compañías multinacionales de semillas y agroquímicos
de la propiedad de la simiente, quitando un derecho ancestral al
agricultor como lo es ser el dueño de la simiente que produce y
siembra y graves amenazas para la salud de la población. En conclusión
la propagación del monocultivo de soja transgénica forrajera, está
expandiendo el hambre generalizado en la población y la pérdida de
la soberanía alimentaria de la misma.
Por
último quiero advertir de la gravedad del problema que enfrentamos
con la expansión descontrolada del modelo soja RR–Siembra
Directa–Glifosato, que no sólo propaga un modelo agrario sin
agricultores sino también una agricultura sin suelo vivo, por lo cual
hacemos nuestras las palabras del economista agrario norteamericano
Charles Benbrook, quien nos advierte: “la historia enseña que una
excesiva insistencia en una única estrategia de control de malezas o
de insectos fracasará en el largo plazo, en el aspecto de las
respuestas ecológica y genética.(..) La Argentina enfrenta graves
problemas agronómicos para los cuales no tiene ni los recursos ni los
expertos para resolverlos. El país ha adoptado la tecnología de los
OGM más rápidamente y más radicalmente que ningún otro país en el
mundo. No tomó las debidas precauciones de manejo de la resistencia y
de protección de la fertilidad de sus suelos. Basada en el extendido
uso de la tecnología RR no creo que su agricultura sea sustentable
por más que un par de años”(11) (Charles Benbrook citado por Sue
Brandford, 2004)
(*) Ingeniero Agrónomo –Genetista– Ex docente de la
UBA.
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producidos por Transgénicos. Enfoques Alternativos 12–03
21.–
María Seoane– Todo o Nada– Ediciones Planeta– 1997
22.–
Martin Andersen – Dossier Secreto– Planeta 2000
23.–
Clarín, 8–1991
SD:
Siembra Directa
GM:
material genéticamente modificado
OGM:
Organismo genéticamente modificado
JNG:
Junta Nacional de Granos
JNC:
Junta Nacional de Carnes
INV:
Instituto Nacional de Vitivinicultura
INA:
Instituto Nacional del Algodón
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