Los efectos de pagarle al Fondo
Por Claudio Katz[1]
Enviado
por el autor, 19/12/05
El gobierno argentino
presentó la cancelación anticipada de la deuda con el FMI como un
acto soberano de alcance histórico. Kirchner afirmó que el país
recupera autonomía y se desembaraza de las inspecciones del Fondo.
Pero en los hechos bendice a un acreedor privilegiado. Primero eximió
al FMI de la quita aplicada con el canje al resto de los bonistas y
ahora le asegura el cobro total y adelantado de la deuda. Kirchner
implementa un postulado de la derecha -cumplir con el Fondo-
redoblando el discurso progresista. ¿Su iniciativa incrementará la
independencia económica del país? ¿Comienza la etapa de la
redistribución?
Soberanía
y autonomía.
En
los últimos tres años y medio el FMI cobró 45.000 millones de dólares
de sus grandes deudores. Rusia saldó sus compromisos, Turquía pagó
el 40%, México transfirió grandes sumas y Brasil resolvió cancelar
todos sus pasivos. Argentina no adopta, por lo tanto, una decisión
exclusiva ni sorprendente.
Kirchner
insinúa que su acción fue coordinada con Lula, pero no puede
explicar la coincidencia de ímpetus soberanos de tantos países y
gobiernos diferentes. Esta simultaneidad obedece a la presión
ejercida por el FMI para reducir su elevada exposición financiera.
Las últimas crisis lo indujeron a sustituir la promoción del
endeudamiento por medidas de protección de su capital. Por eso Bush
le negó a Kirchner una mediación para establecer negociaciones con
el organismo y retomó la tradicional dureza hacia el defaulteador
argentino.
Quiénes
presentan la cancelación con el FMI como una jugada original de
Kirchner olvidan que un alto funcionario de ese organismo (A. Singh)
propuso el año pasado un plan para instrumentar la misma decisión.
La decisión adoptada es por eso coincidente con los propósitos explícitos
del Fondo.
No
era necesario pagarle a los banqueros para liberar la política económica
de sus controles. Las supervisiones del FMI estaban suspendidas desde
que hace dos años el organismo comenzó a cobrar los vencimientos. La
simple continuidad de estos pagos garantizaba la misma autonomía que
se logra adelantado las cuotas. Pero los funcionarios argumentan que
ahora existe mayor grado de libertad en tres terrenos: el manejo de
las cuentas públicas, la estrategia macroeconómica y la redistribución
del ingreso.
Solvencia
fiscal y ajuste.
Para sostener el pago anticipado de 9.810 millones de dólares
el estado argentino deberá aumentar su solvencia fiscal. Nadie ha
puesto en duda esta necesidad, pero los oficialistas ocultan su relación
con la operación de cancelación. Sugieren que el ahorro público
forzoso que rige en el país es un dato natural de la economía o un
remedio para curar la indisciplina de los argentinos.
El sobrante fiscal se engrosará con los nuevos aportes del
fondo anticíclico que gestó el conservador Lavagna y consolida la
progresista Micelli. Este superávit servirá para compensar la
disminución de reservas utilizadas para pagarle al Fondo. Los efectos
monetarios inmediatos de la reducción del respaldo en divisas que
tiene la moneda nacional son inciertos. Pero es evidente que se buscará
un mayor sostén fiscal para contrarrestar la menor cobertura en dólares
de los pesos en circulación.
Seguramente el Banco Central recibirá un nuevo título público
a cambio de las reservas aportadas para concretar el mega-pago. Cuándo
ese papel sea volcado al mercado le brindará a los banqueros locales
otra oportunidad de beneficios especulativos. Sus negocios con títulos
pesificados alientan el aumento de la tasa de interés y fueron la
inversión financiera más rentable del año 2005.
Los pasivos que se cancelan con el FMI representan apenas el
9% de la deuda total y excluyen compromisos semejantes con el BID y el
BM. La hipoteca que el país afronta luego de la nueva operación
supera los 116.000 millones de dólares (o 139.000 millones de acuerdo
al cálculo). Estas obligaciones imponen la continuidad del ahogo
fiscal, con o sin auditoria del FMI.
El ahorro que realiza el estado sobre las espaldas de la
población se mantendrá también para recomponer las reservas con la
adquisición de las divisas que genera el excedente comercial. El
mismo ajuste será necesario para brindar respaldo a los créditos
externos que se negocian con Venezuela, España u otros prestamistas
internacionales. Habrá que ver si el costo de estos compromisos es
inferior a los créditos que se le abonaba al Fondo. Por lo pronto, el
ahorro de 1000 millones de dólares que publicita el gobierno como
resultado de la operación, es muy dudoso. Algunas estimaciones
reducen ese monto a 300 millones y otras lo cuestionan por completo.
Capitalistas ganadores y perdedores.
La decisión del gobierno beneficia a un sector capitalista
contra otro. La precancelación de la deuda con el FMI favorece a los
exportadores, industriales y banqueros locales en su conflicto con los
acreedores externos y las empresas privatizadas. El Fondo actuaba como lobbista del segundo grupo contra el
primero.
El choque entre ambas fracciones ha dominado el escenario
económico desde la devaluación. El FMI exigía reducir el tipo de
cambio para aumentar el excedente en divisas girado al exterior, en
contraposición a los exportadores que prefieren mantener alta la
cotización del dólar, para recibir más pesos por los bienes que
venden fuera del país. El Fondo también operaba como vocero de las
empresas privatizadas extranjeras, que reclaman incrementos de tarifas
inmediatos, en oposición a los grupos industriales que han lucrado
con el abaratamiento relativo de los servicios públicos. El FMI exigía,
además, negociar y pagarle a los acreedores foráneos que no
ingresaron al canje (holdouts), contra las conveniencias de los bancos
locales que acaparan los grandes pagos del Tesoro.
Kirchner resolvió bloquear las presiones revaluacionistas
que canalizaba el FMI porque defiende los intereses de la burguesía
local. Pero su decisión no elimina el horizonte de aumentos
tarifarios, ni tampoco cierra las tratativas futuras con los holdouts.
Apuesta con fuerza al sostén del tipo de cambio alto, olvidando las
presiones inflacionarias que genera ese pilar del modelo exportador.
En el conflicto que opone a los capitalistas favorecidos con
los afectados por la cotización del dólar no está en juego ningún
interés popular. El discurso oficial identifica “autonomía
nacional” con las conveniencias de los banqueros, industriales y
agroexportadores, como si el grueso de la sociedad perteneciera a ese
grupo. Al quedar eliminadas las supervisiones periódicas del FMI este
sector tendrá más poder para ajustar las decisiones del Ministerio
de Economía a sus necesidades. ¿Pero en algún terreno aumentará la
influencia de los trabajadores, la clase media o los desempleados?
El bloqueo a la redistribución
El pago al FMI no inicia una etapa redistributiva. Los
propios centroizquierdistas siempre afirmaron que ese rumbo contradecía
la mejora del ingreso popular (“se cumple con el Fondo o con el
pueblo”, “se paga la deuda externa o la interna”). Además, no
existe un solo indicio de mejoras para el grueso de la población.
El momento de iniciar la redistribución es cuándo existen
fondos disponibles. Estos recursos abundan en la actualidad como
resultado de la reactivación y los altos precios internacionales de
las exportaciones argentinas. Si las sumas generadas en este marco son
utilizadas para cancelar pasivos con el Fondo, no queda dinero para
los oprimidos. Hasta ahora el gobierno retaceaba los gastos sociales,
argumentado que necesitaba reservas para confrontar con el FMI. Pero
ha utilizado esos recursos para pagarle al Fondo.
Con esta medida inaugura de hecho su gestión la ministra
Micelli. Ese curso confirma que a pesar de sus diferencias de estilo y
pasado que la separan de Lavanga profundiza la gestión de su
antecesor. Ese camino impide la redistribución porque exige reforzar
la solvencia fiscal, que en Argentina es sinónimo de ajuste. Felisa
ha eliminado ese término de su vocabulario, pero no de su acción práctica.
La continuidad del ajuste se verifica en el congelamiento de
los salarios. Han desaparecido las mejoras, que a cuentagotas se
disponían por medio de los decretos oficiales. En pleno rebrote
inflacionario, no hay tampoco incrementos para el 63% de los jubilados
que cobran haberes de indigencia, ni aguinaldo para los desempleados
que perciben 150 pesos. Esta convalidación de la miseria fue
justificada en las últimas semanas como una acción tendiente a
frenar la escalada de los precios, como si el ingreso popular fuera el
causante de la inflación. Ningún funcionario reconoce públicamente
que los pagos al Fondo consolidan la miseria. Todos ocultan ese nexo y
difunden la impresión que será gratuito cancelar ese pasivo.
Los 9.810 millones de dólares que el gobierno destina al FMI
son sustraídos de los salarios, la educación, la salud y la obra pública.
Este importe fue precedida por tres años de pagos al organismo, que
superaron ampliamente lo desembolsado durante los gobiernos de Duhalde,
De la Rúa, Menen y Alfonsín. Si se suma lo abonado al BID y al Banco
Mundial, Kirchner terminará girando a esas entidades unos 25.000
millones de dólares. ¿Cuántas mejoras populares, gastos sociales y
emprendimientos de inversión pública se podrían haber concretado
con esa monumental cifra?
El pago al FMI repite la norma inequitativa que prevaleció
durante el canje. Se relega a los pequeños acreedores (bonistas,
jubilados, ahorristas) a favor de los grandes banqueros. Como esta
elección es insostenible con argumentos progresistas, el oficialismo
ha comenzado a resucitar los viejos planteos neoliberales. Varios
ministros hablan de
“mostrar al mundo que Argentina es un país creíble” y
“respetuoso de sus contratos”. El mismo mensaje que aturdió a la
población durante los 90 (“recuperar la confianza externa”)
reaparece subrepticiamente, junto a nueva versión de la teoría
del derrame (“con inversiones llegará el empleo y la mejoras del
salario”). Todos parecen olvidar que cumpliendo con los banqueros no
hay redistribución.
Legitimidad, solidaridad y maniobras
El gobierno siempre consideró perniciosa la deuda que ahora
le paga el FMI. La legitimidad de ese pasivo fue abrumadoramente
cuestionada porque una parte de los préstamos sostuvieron el blindaje
y el megacanje que negoció Cavallo. Es sabido que con ese dinero se
financió la fuga de capitales que precipitó el derrumbe del 2001y
que otros créditos del organismo encubrieron las bicicletas de los
financistas locales.
En lugar de borrar las huellas de estos delitos cancelando un
pasivo tan dudoso, el gobierno debería investigar cómo fueron
gestados y distribuidos esos préstamos. Kirchner afirma que el FMI es
coresponsable del modelo regresivo de los 90, pero premia al acusado.
Su actitud es complemente esquizofrénica. Denuncia y beneficia al
principal artífice del desastre financiero que padeció el país.
Lo que permite sostener esa hipocresía es la duplicidad de
los políticos justicialistas, que aplaudieron el default y ahora
ensalzan la precancelación. Pero más relevante es la cobertura que
brindan muchos progresistas a las maniobras del presidente. Antes
objetaban la actitud de los gobiernos que prometían “pagar la deuda
con dignidad”, pero luego se convirtieron en abogados del
“desendeudamiento con dignidad”. Ahora explicarán que la
cancelación los pasivos del FMI es un acto supremo de patriotismo.
La decisión de Kirchner recibió los esperados elogios de
Lula que está embarcado en la misma operación. También Chávez ha
proclamado su apoyo y prometió adquirir más títulos públicos de
Argentina. Ya absorbió 1000 millones de dólares y podría suscribir
otros 3000 millones. La compra de estos bonos no es un acto de
solidaridad con el pueblo argentino, porque contribuye a la acción de
un gobierno que utiliza esos recursos para compensar el dinero girado
al FMI. Venezuela participa de hecho en una triangulación que recicla
el endeudamiento general del país.
El FMI solía prestar con garantías de ajuste fiscal
antipopular que Venezuela no exige, pero tampoco objeta. El valor de
mercado de los bonos que compra implícitamente depende de la
continuidad del superávit. Estos préstamos no facilitan ninguna
medida de redistribución en Argentina y abren serios interrogantes
para Venezuela. ¿Son acaso la inversión más acertada y prioritaria?
¿Favorecen las transformaciones sociales que requiere la profundización
del proceso bolivariano?
La triangulación financiera en marcha no guarda ninguna
coincidencia con el proyecto de conformar un frente de deudores contra
el FMI. Chávez igualmente considera que se avanza hacia la formación
de un banco regional (Bansur) que aglutinaría todas las reservas de
Sudamérica. Propone por ese camino disputarle al FMI el rol de
prestamista estratégico en la zona. Pero estos propósitos
contradicen un pago que legitima el mayor fraude del Fondo.
La decisión de adelantar los pagos al FMI tiene más
significado político que económico. Apunta a fortalecer la autoridad
de Kirchner y a reforzar su estilo de gestión ejecutivo y
prescindente del Congreso. La medida se implementará a través de una
sesión de emergencia en ambas cámaras, que recuerda los ultimátum
de fin de año que presentaba Cavallo.
Los legisladores que acaban de aprobar el presupuesto ahora
deberán modificarlo. Además, votarán entre gallos y medianoche
varios cambios muy delicados en las atribuciones del Banco Central.
Estas modificaciones reinstauran los aspectos normativos de la
convertibilidad que se requieren para concretar el pago al FMI. Una
decisión trascendente para el país se materializa sin realizar
ninguna popular.
La derecha local ha quedado desconcertada frente a un
gobierno centroizquierdista que le sustrae su bandera de cumplir con
los acreedores. Por eso trata de disfrazar con críticas superficiales
su aprobación de la medida. En cambio los progresistas -que siempre
cuestionaron las transferencias de fondos al FMI- enfrentan la
disyuntiva de preservar sus convicciones o sumarse a la maniobra
oficial. Ya se vislumbra una división entre ambas actitudes, aunque
muchos evitan tomar partido y sugieren que “ahora se verá si hay
redistribución”.
Los prescindentes omiten que el pago al Fondo no es tan
neutral, ni indefinible. Existen elementos suficientes para
caracterizar si la medida facilita o bloquea el camino redistributivo.
Kirchner tomó distancia de la política económica promovida por el
FMI para sostener el proyecto de la burguesía local. Y este sector
capitalista se opone a cualquier mejora social favorable a los
trabajadores, los desocupados y la clase media.
No hay que disimular las conclusiones. Los efectos de pagarle
al Fondo son negativos para la mayoría popular. Y el gobierno cuenta
con expectativas favorables hay que decir la verdad, sin eludir
pronunciamientos, ni atemperar el tono de los cuestionamientos. Con
temores y complicidades no se construye la igualdad social y el
bienestar popular.
[1]Economista,
profesor de la UBA, investigador del Conicet. Miembro del EDI
(Economistas de Izquierda). Su página Web es: www.netforsys.com/claudiokatz
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