Todos con los
petroleros
Fuera la Gendarmería
de Santa Cruz
Inmediata satisfacción
de los reclamos obreros
No a la persecución
judicial
Editorial de
Socialismo o Barbarie, periódico, 10/02/06
El país
entero está conmocionado por los hechos del martes 7 en la localidad
de Las Heras (norte de Santa Cruz). En una rebelión popular contra la
comisaría de esa localidad, se produjeron enfrentamientos que
derivaron en la muerte de un policía. Tanto Sergio Acevedo
(gobernador provincial) como Aníbal Fernández y el propio Néstor
Kirchner, salieron a condenar a los “asesinos” y a plantear que
“por primera vez” la policía habría sido la “víctima”. Se
trata de la primera “víctima” en acontecimientos de protesta
social bajo Kirchner, de ahí la magnitud de los hechos.
Provocación
kirchnerista
Esta
versión de los hechos es una farsa completa: fue la propia
policía (producto de la orden de la justicia patronal y con la obvia
anuencia del gobernador) la que ordenó la detención –a la salida
de una radio– de Mario Navarro, dirigente de base de los
trabajadores petroleros de la localidad. Fue esta provocación
(detener impunemente al dirigente de la protesta) y no otra cosa, la
que dio lugar a la lógica respuesta de los compañeros
trabajadores, que de inmediato, a altas horas de la noche, se
movilizaron a la comisaría exigiendo la inmediata libertad de su
dirigente.
En
esas circunstancias, la policía largó una durísima represión sobre
los manifestantes. Según declaraciones de una concejal del propio
Frente para la Victoria (Roxana Totino, presente en los
acontecimientos) “el comisario nos encañonó y nos dijo que se había
terminado el diálogo. Allí comenzó la represión con balas de goma
y gases lacrimógenos”. La represión no se detuvo siquiera ante la
presencia de niños: uno de ellos habría perdido un ojo, pero de estos
heridos los medios no hablan. Esta represión fue justa y contundentemente
respondida por los trabajadores, que como producto de su acción y
determinación lograron la libertad de Navarro.
Hay
que poner las cosas en su lugar: no se trató del “asesinato” de
un policía, sino de la respuesta de los trabajadores ante una
flagrante provocación montada por el gobierno provincial y que dio
lugar a la categórica respuesta obrera.
El
gobierno provincial y nacional son los responsables de lo sucedido.
Más aún teniendo en cuenta que hace semanas que los compañeros
petroleros vienen en conflicto contra el confiscatorio impuesto a las
ganancias, entre otros reclamos.
Las demandas obreras
Los
medios de comunicación y la campaña de calumnias del gobierno
pretenden tapar, o como mínimo soslayar, la base del conflicto.
Se trata de una lucha en contra del mecanismo del impuesto a las
ganancias que está afectando a una ancha franja de los
trabajadores.
El
gobierno de Kirchner está llenando sus arcas con un superávit que
aumenta de año a año y lo usa, por ejemplo, para pagarle íntegramente
la fraudulenta deuda al FMI, a la vez que, como es sabido, el 99%
de los capitalistas evade impuestos.
Kirchner
no hace otra cosa que gobernar para proteger los beneficios de los
capitalistas al cobrarles impuesto a las ganancias a los trabajadores
con sueldos mayores a $ 1800 al mes, y cuando no se trata de ninguna
“ganancia”, sino simplemente de la retribución de parte del
esfuerzo de su trabajo. En el sur del país, este problema se agrava
porque la vida es mucho más cara que en Buenos Aires o las demás
provincias.
A
este reclamo se le suma la exigencia del encuadramiento sindical
de una franja de trabajadores petroleros pero que revisten en el
gremio de la construcción, razón por la cual ganan un tercio del
salario de sus compañeros. No hay que ir muy lejos para saber que
incluso en la reaccionaria Constitución Nacional está consagrado
–formalmente– el derecho a igual salario por igual tarea.
Cruzada contra el
salario
El
conflicto del Sur tiene una dimensión mayor aún, de orden nacional.
No se trata sólo de que el reclamo por el impuesto a las
“ganancias” (?) está
sumando a porciones enteras de trabajadores en todo el país. Se
trata, además, del uso reaccionario y antiobrero de los famosos
“acuerdos de precios” que está impulsando el gobierno. Éstos
sirven poco y nada para frenar los aumentos de los precios, pero
tienen como cláusula gatillo el compromiso de impedir aumentos
salariales. Ahí es donde mueren las palabras y la demagogia del
gobierno K.
Es un hecho que de la
mano de la CGT y la CTA están buscando poner en pie un pacto
social por intermedio del cual –mediante la maniobra tramposa de
los acuerdos de precios–, se busca mantener prácticamente
congelados los salarios, situación que llega a extremos en
el caso de los empleados estatales y docentes.
De
ahí que a pesar de las semanas que llevaba el conflicto en Santa Cruz
y de los reiterados conflictos en esa provincia, el gobierno viniera
haciendo oídos sordos, porque está embarcado en una verdadera
cruzada en contra de la recuperación del salario obrero, para no
hablar de la miseria que ganan los desocupados y jubilados.
D’Elía y la
burocracia sindical
En
varios medios de comunicación y por boca del propio gobernador
Acevedo se están imputando los hechos a la izquierda. El
inefable alcahuete del gobierno Luis D’Elía ha salido a acusar a
“los grupos de izquierda seudo trotskistas que atacan con las armas
en la mano a gobiernos que tienen un altísimo consenso y legitimidad
popular”.
Se
trata de un nuevo caso de ataque macartista a la izquierda que
no se arrodilló ante el gobierno K. Para esa gente no existe el
ataque al salario que significa el impuesto a las ganancias, o el
hecho de que compañeros que realizan iguales tareas que los
petroleros estén encuadrados laboralmente en el gremio de la
construcción para pagarle un tercio del salario.
La causa de los
conflictos sería, para el gobierno y sus secuaces, la burda y
remanida teoría de los “infiltrados”, los “grupúsculos” que
se entrometen para generar “caos”. Pero la realidad es que los
compañeros –con toda justicia y correctamente– respondieron con
contundencia ante la provocación y represión policial.
Parte
de estos ataques provienen de la burocracia petrolera de la
región, amiga íntima y socia de Kirchner. Les preocupa que una y
otra vez conflictos obreros muy importantes sean dirigidos por
“disidentes”. Es decir, sectores independientes de las burocracias
de los sindicatos, muchas veces vinculadas a la izquierda partidaria o
de tradición de izquierda y clasista aunque sin vínculos orgánicos
con los actuales partidos.
El
gobierno y la CGT tienen la preocupación permanente ante el
desarrollo de un fenómeno que, aunque aún es incipiente, amenaza con
el monopolio de la burocracia sobre el núcleo central de la clase
obrera. Por esta misma razón es que refuerzan los ataques e
intentan desprestigiar todos los casos donde, contra viento y marea,
los trabajadores se ponen firmes. Pero, precisamente, actuar con
decisión y de manera independiente ha sido la condición del éxito
en la lucha. A esto se suma haber apelado de manera incondicional al método
de la asamblea y el libre debate y decisión entre todos los compañeros.
Estos elementos han sido la base de la serie de conflictos de
trabajadores que han terminado en triunfos a lo largo del último año.
¡Fuera la gendarmería!
¡Inmediata satisfacción del reclamo petrolero!
El gobierno ha
respondido a la lucha obrera con la campaña de calumnias y el envío
de la Gendarmería. Por lo tanto, los primeros reclamos de la hora
deben ser:
–
Fuera la Gendarmería de Las Heras
–
Inmediata satisfacción al reclamo de los trabajadores
–
Hacemos responsable de los hechos al gobierno provincial y nacional
– No a la persecución
judicial y policial a los trabajadores en lucha
–
Basta de campaña macartista contra la izquierda.
Con
estas banderas democráticas y elementales debemos profundizar las
movilizaciones que ya hemos puesto en marcha entre las principales
corrientes de la izquierda, activistas obreros y movimientos de
desocupados. Debemos llevar adelante una amplia campaña de unidad de
acción hasta lograr el triunfo de esta lucha que ayude al desarrollo
de la actual oleada de peleas salariales, así como para que le sirva
de advertencia a K contra su política de criminalizar las luchas
obreras.
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