Rechazar la tributación del trabajo asalariado

Impuestos y confiscación del salario (*)

Por Eduardo Lucita (**)
Enviado por el autor el 02/03/06

La muerte del oficial Sayago, que los trabajadores no buscaron y que deberá ser investigada hasta el final, así como la represión desatada a continuación, no pueden ocultar el doble contenido del conflicto petrolero.

Por un lado es una lucha contra el encuadramiento sindical y las despóticas condiciones laborales que se derivan de la política de terciarizar tareas. Esta es una practica de las grandes compañías que por lo general crean sus propias empresas subsidirias lo que les facilita la categorización de los trabajadores de esas empresas en actividades y sindicatos con escalas salariales menores y altísimos niveles de precariedad.

La lucha por revertir esta condición de superexplotación –que implica el reencuadramiento sindical en función de la rama efectiva en la cual trabajan; incorporación a convenios colectivos con mejores escalas salariales y mejores condiciones de trabajo– está recorriendo todas las zonas petroleras del país, pero no es exclusiva de esta actividad.

También los concesionarios ferroviarios o las telefónicas o Metrovías en subterráneos, convocan a empresas –que muchas veces son creadas a tal efecto– para terciarizar tareas. Con el tiempo en todas ellas se desarrollan conflictos por el reencuadramiento y contra la precarización, que no sin esfuerzo se vienen resolviendo a favor de los trabajadores.

La combinación de baja estructura salarial, extensas jornadas y condiciones de trabajo cercanas a las de principios de siglo, que caracteriza el régimen laboral de estas empresas, constituye una contribución nada desdeñable a las fabulosas ganancias que año a año contabilizan las grandes compañías.

Por otro lado la lucha de los petroleros de Las Heras está orientada a subir el piso del “mínimo no imponible” a partir del cual los trabajadores tributan impuesto a las ganancias.

Con el actual nivel paga este impuesto casi el 6% del total de la fuerza de trabajo y alrededor del 17% de los que están en relación de dependencia.

Esta situación tiene su origen en la modificación del gobierno de De La Rúa que rebajó los mínimos no imponibles como mecanismo para recaudar dinero rápido para las arcas estatales que estaban exhaustas, y que tanto el gobierno de Duhalde como el actual del Presidente Kirchner mantienen sin actualizar. En estas condiciones cada aumento conseguido, aunque no supere la inflación, hace que cada vez más trabajadores paguen este impuesto. (1)

Incluso se da el caso de trabajadores que luego de fuertes luchas lograron aumentos importantes pero, por el pago del impuesto, el salario de bolsillo es menor que el que percibían antes del aumento. Lo que constituye una verdadera confiscación del salario. (2)

Para los petroleros la situación se ve agravada porque por zona desfavorable perciben salarios mas elevados que la media, pero lo que el bendito mínimo no imponible no mide es que en esas zonas el costo de vida es muy superior al promedio del país y que en la desolación de la estepa patagónica son mucho más desfavorables las condiciones en que viven y reproducen su existencia las familias obreras.

Sin embargo es necesario señalar que la actual política tributaria esconde una cuestión ideológica de fondo, que es el criterio que impone la tributación del trabajo asalariado. Criterio que equipara el excedente del salario que supera cierto nivel –1835 pesos en la actualidad– a la ganancia empresaria, aunque las alícuotas de tributación resulten diferentes.

Claro está que la concepción que preside esta política no es otra que la de maximizar el superávit fiscal –ya sea por incrementar ingresos de recaudación sencilla o reducir gastos, sea por congelamiento de salarios estatales o por reducción –en moneda constante– del gasto social.

El superávit extraordinario así conseguido se orienta casi con exclusividad al pago de la deuda, a incrementar las reservas o a constituir un llamado Fondo Anticíclico, y es muy poco lo que se deriva a paliar la situación social.

Las organizaciones obreras deben rechazar de plano esta concepción que naturaliza la tributación del trabajo asalariado. De hecho los petroleros de Las Heras plantean “Elevación del mínimo no imponible o eliminación directa para los trabajadores del impuesto a las ganancias”. (3)

Incluso extremando el análisis, la reivindicación de elevar el mínimo no imponible, o establecer excenciones al pago del impuesto, siguiendo un razonamiento de corte progresista que propugna que si el capital tiene excenciones porqué no también el trabajo, es caer en la trampa ideológica de equiparar la ganancia del capital con la retribución por la explotación del trabajo asalariado.

Claro está que este es un debate ideológico que en nada busca empañar o desplazar la actual lucha de los trabajadores por elevar el mínimo no imponible o conseguir excenciones. Incluso debiera plantearse también la elevación del mínimo no imponible en el caso del impuesto a los Bienes Personales, porque con el límite actual – 103.000 pesos, también congelado desde 1999– todo trabajador propietario de una pequeña vivienda debiera pagarlo.

Estas son reivindicaciones inmediatas pero es necesario que las organizaciones obreras tengan en claro el sentido último del cuestionamiento al momento de debatir una nueva y progresiva política tributaria para el país.

Visto desde esta perspectiva el conflicto petrolero tiene una dimensión que supera las reivindicaciones que le dieran origen, porque tiene el valor de que ha puesto en debate el carácter regresivo de la política impositiva del país y ha instalado la necesidad de una reforma tributaria profunda.

Al calor de esta confrontación se han conocido estudios que muestran que los trabajadores aportan, por distintos mecanismos contributivos nacionales, provinciales y comunales, el 50% de la recaudación impositiva del país. Este dato adquiere mayor significación si se tiene en cuenta que período a período se baten records de recaudación y que la presión tributaria es la más elevada en muchos años, alcanzando casi un 27% del PBI. La contrapartida es que la participación de los trabajadores en la renta nacional es de apenas un 25%. (4)

Una reforma tributaria progresiva debe dar vuelta como una media la actual orientación de la carga fiscal, haciendo que tributen efectivamente los que más tienen. Desgravando al trabajo asalariado (5), reduciendo el IVA a los artículos de primera necesidad, incrementando las alícuotas del impuesto a las ganancias extraordinarias, gravando a las transacciones financieras hoy exentas, revisando las excenciones que disfrutan las grandes empresas y sobre todo gravando a la riqueza, elevando las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales.

Porque de lo que se trata es de terminar con esta política tributaria regresiva piedra angular de un modelo económico que promueve el crecimiento de la economía pero acentúa la desigualdad social, la concentración de la riqueza y la expansión de la pobreza.

Notas:

(*) Agradezco los comentarios que sobre la versión original me hiciera el colega Guillermo Gigliani, aunque es solo mía la responsabilidad del texto final.

(**) Integrante de EDI–Economistas de Izquierda.

1) Hasta hace un año atrás el impuesto a las ganancias era pagado por 300.000 trabajadores, pero ahora con los aumentos salariales de este año son 600.000 los que se ven afectados.

2) El periodista Ismael Bermúdez en el diario Clarín del 16.02.06 hace un análisis comparativo de un salario de 1999 ajustado por inflación al 2006. Los resultados muestran que el trabajador casado con dos hijos no tributaba en 1999, en tanto que en 2006, con igual salario real, el impacto del tributo era de 5.62% del salario. Para el trabajador soltero el impacto era de 0.74% en 1999 y del 7.43% en 2006.

3) Puede argumentarse que en el Estado del Bienestar, especialmente en los países donde más se ha desarrollado, norte de Europa, Canadá, los impuestos son muy altos, incluso los asalariados tributan tasas muy altas. Pero en esos países el salario neto se compone del salario disponible (salario percibido menos impuestos) más las prestaciones sociales que ofrece el gobierno. En muchos países el salario social (educación, seguridad social, jubilación y otras prestaciones) es también muy elevado y puede verse como una contrapartida del impuesto al salario. Pero esta no es ni remotamente la situación en el país, y no parece que pueda serlo en muchos años.

4) ver Diario Clarín, ediciones del 7 y 16/02/06.

5) Aquí hay que establecer un límite porque en caso contrario quedarían también desgravados los elevados montos que perciben los funcionarios y ejecutivos, que debiera determinarse hasta que nivel se considera salario y que son participación en las ganancias u otros conceptos de ingresos personales. Y debiera discutirse si deben tributar por 4ta. Categoría o con gravámenes más ligados a la ganancia del capital.