Incendio
y muerte en un taller clandestino
La
precarización laboral no reconoce fronteras
Por
Oscar
Alba
Socialismo
o Barbarie, periódico, 06/04/09
A poco de destituido Ibarra por su responsabilidad en
la masacre de Cromañón, una nueva tragedia enlutó la ciudad de
Buenos Aires. Y otra vez, la corrupción de las instituciones y la
falta de control fueron cómplices de la muerte de trabajadores y niños
víctimas de la superexplotación capitalista.
El trágico incendio del taller textil de Caballito,
el 30 de marzo pasado, se llevó la vida de dos trabajadores
bolivianos y cuatro chiquitos de la misma nacionalidad que trabajaban
y vivían allí, en condiciones inhumanas.
Luego de ocurrido el
incendio, Jorge Telerman, flamante jefe de gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, anunció el lanzamiento de un plan para combatir el
trabajo ilegal, y Enrique Rodríguez, ministro de la Producción, será
interventor de la policía de trabajo de la Ciudad. Estas primeras
medidas, por supuesto, llegan muy tarde. La existencia de talleres
clandestinos viene desde hace varios años y es conocido por los
trabajadores y vecinos de los barrios de la Capital y el Gran Buenos
Aires, lo cual pone al desnudo la hipocresía de funcionarios,
empresarios y burócratas sindicales que ahora salen a culparse
mutuamente.
Al derribarse el techo de la fábrica textil por
efecto de las llamas, los dos trabajadores bolivianos y las criaturas
no pudieron escapar y murieron carbonizados. Fue el fin de un camino
de superexplotación y moderna esclavitud por el que vienen
transitando decenas de miles de inmigrantes bolivianos. Un camino que
inician en su propia tierra, empujados por la miseria, la desocupación
y la marginalidad. Es el caso, por ejemplo de Sonia Aruquipa de 41 años,
que pensó encontrar cierta salida de la pobreza en uno de los tantos
talleres del barrio de Flores. “Me la pasaba agachada, ordenando,
barriendo, cocinando. Me daban unos minutos para comer y de vuelta a
trabajar” (La Nación, 1-4-06) En ese taller Sonia debía
trabajar dieciocho horas, encerrada
y durmiendo muchas veces sobre cartones junto a su hijito al
lado de las máquinas.
El
circuito internacional de la superexplotación
Estas
víctimas de la precarización laboral capitalista son reclutadas en
Bolivia. Allí, los trabajadores son engañados mediante promesas de
buenos sueldos y un alojamiento en cuartos luminosos y aireados. El
trabajador es contratado y el tallerista se compromete a pagar el
traslado, gasto que luego el trabajador irá devolviendo. En esta ruta
de la esclavitud, empresas de micros, controles fronterizos y hasta
funcionarios de Migraciones se organizan para que el trabajador
ingrese al país indocumentado y totalmente a merced de la voracidad
patronal.
En
la terminal de La Paz, estas empresas suelen oficiar de prestamistas,
dándole al trabajador entre 500 y 600 dólares para que pueda
demostrar en la frontera que ingresa como turista. En otros casos, la
empresa de micros avisa a las autoridades fronterizas que llevan
“paquetes” para que no los revisen. Una vez en las terminales de
Liniers o Retiro, los trabajadores son llevados en remises hasta el
taller en el cual serán recluidos bajo amenazas y malos tratos. El
gobierno porteño tuvo que reconocer que en Capital Federal habría
por lo menos 1.600 talleres en estas condiciones,
empleando a casi 10.000 trabajadores.
Estos
talleres clandestinos trabajan tanto para marcas truchas como para
marcas de primera línea. “Por una campera termosellada que en un
local de Florida cuesta entre 300 y 600 pesos, al costurero le pagan
1,50 pesos” (La Nación, 1-4-06) De esta manera, las
ganancias patronales, tanto del comercio que las compra como del
tallerista, son extraordinarias. Mientras tanto, el obrero que las
confecciona ve avanzar su cansancio y su pobreza en la misma medida en
que sus expectativas de una vida mejor y la posibilidad de enviar unos
pesos a Bolivia se evaporan.
La
Cámara patronal de la industria textil salió a decir, entre otras
cosas, que esta red de talleres clandestinos constituía una
“competencia desleal”. Por otro lado, algunos voceros de esa
industria agrupados en la asociación Pro Tejer aclararon que se
“trataba de un establecimiento irregular que nada tiene que ver con
lo que nosotros entendemos por una industria textil”. A este coro
patronal también se arriman algunas voces de la burocracia sindical
que, como siempre, no han hecho nada para evitar las condiciones
infrahumanas de trabajo a la que vienen siendo sometidos los
trabajadores de esos talleres. La competencia intercapitalista no
reconoce más parámetro que el de la ganancia, y esos patrones que
hablan de “competencia desleal” de parte de coreanos o patrones
bolivianos ocultan que la superexplotación en esos talleres también
les permite a ellos mantener salarios de hambre con sus trabajadores.
Por
una solución que defienda los intereses de los trabajadores
El
lunes 3 de abril por la tarde se realizó una concentración de la
comunidad boliviana en el barrio de Flores Sur. Allí estaban aquellos
que denunciaban a los talleristas y aquellos que pedían que no se
clausuraran los talleres pues se quedaban sin trabajo y sin techo (por
ejemplo, las familias que habitaban el taller que se incendió se
encuentran alojados en un club de la calle Gregorio de Laferrere, en
Floresta). En este sentido, la lucha contra la precarización laboral
debe ser entendida como una lucha global contra las patronales
nacionales, bolivianas, coreanas o de donde sean. Y contra los Evo
Morales y los Kirchner que a uno y otro lado de la frontera se llenan
la boca de frases progresistas pero coinciden, y lo han dicho, en
hacer respetar la propiedad privada. O sea, los intereses patronales.
De
hecho, las clausuras del gobierno de Telerman –que antes hacía la
vista gorda– sólo lograrán lo que ya está sucediendo: arrojar a
los trabajadores desesperados en brazos de sus propios patrones
esclavistas. Por el contrario, una solución que contemple los
intereses de los trabajadores sería eliminar las condiciones que
permiten la explotación salvaje. Y esto pasa, en primer lugar, por legalizar
de manera inmediata y gratuita a los trabajadores y sus
familias, dándoles residencia legal, DNI y vivienda digna.
En segundo lugar, el régimen de trabajo de los talleres debe
terminar, pero eso no significa que los talleres deban cerrar
definitivamente privando a los obreros de su fuente de trabajo. Al revés:
la Ciudad puede y debe expropiar los talleres –por supuesto,
sin indemnizar a sus ex patrones, negreros, evasores y delincuentes–
y hacerlos funcionar con el régimen laboral vigente, bajo control
de los trabajadores.
Ante
la tragedia de Caballito: por una solución en favor de los
trabajadores
¡No
al trabajo esclavo! ¡Legalización ya para todos los inmigrantes!
Socialismo
o Barbarie, periódico, 06/04/09
El
mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que –coimas mediante,
como en Cromañón– “ignoraba” la existencia de estos talleres
de trabajo esclavo, ahora se ha largado a clausurarlos en masa.
Así,
como siempre, terminan pagando el pato los obreros. Antes, porque los
explotaban en condiciones inhumanas. Ahora, porque se quedan sin
trabajo, y muchos hasta sin vivienda. Como siempre bajo el
capitalismo, el remedio es peor que la enfermedad.
Esto
hasta permite que un grupo de agentes de esclavistas de la misma
comunidad boliviana pueda movilizar a un sector de trabajadores lógicamente
desesperados, con el fin de mantener abiertos esos talleres de
confección, en las mismas condiciones y bajo los mismos patrones
negreros.
Entonces,
es necesario plantear un programa que signifique una salida
en beneficio de los trabajadores, rompiendo con la falsa
disyuntiva de clausura (con la pérdida del trabajo y/o la vivienda) o
de seguir trabajando en las mismas condiciones, sudando sangre para
los mismos capitalistas. Proponemos que este programa exija:
1.
Legalización inmediata, incondicional y gratuita de todos los
trabajadores bolivianos sin documentos.
2.
Expropiación por el Gobierno de la Ciudad de todos los talleres de
trabajo esclavo, sus edificios y máquinas. Como estas patronales
vienen trabajando en negro, sin pagar impuesto ni cargas sociales, la
expropiación debe hacerse sin indemnización alguna. Votación de una
partida especial para financiar su reapertura
y ponerlos en condiciones dignas de trabajo.
3.
Organización democrática de sus trabajadores para poner en marcha
los talleres y administrarlos bajo control obrero, mejorando las
condiciones de trabajo y vivienda.
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