Argentina

 

Campaña contra los Códigos de Faltas y de Convivencia

La Estadística y la Caja de los derechos humanos kirchneristas

Por Manuel, de la Agrupación Carne Clasista
Socialismo o Barbarie, periódico, 03/06/08

El sábado 15 de julio se realizó el primer Encuentro regional sobre Códigos de Faltas y políticas antidiscriminatorias, con la presencia de organizaciones de derechos humanos (la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Buenos Aires y Entre Ríos, CORREPI, APeL), medios de comunicación alternativos y principalmente organizaciones de minorías sexuales: el Área de Estudios Queer, La Fulana, ATTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina), ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual), Vox (de Rosario), AMyT (Asociación de Mujeres y Travestis, de Santa Fe), MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, de La Matanza), Carne Clasista y Disidentes Seropositivos, entre otras. También participó la Dirección Provincial de Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Buenos Aires.[1] Como el nombre del Encuentro lo indica, tiene entre sus propósitos tomar el tema de los Códigos de Faltas [2] y la lucha contra ellos.

La Estadística y la Caja

Como explicó en el Encuentro Guillermo Etcheverry, abogado de la CORREPI, los Códigos de Faltas son los textos jurídicos donde se estipulan los alcances de “el poder de policía local” para cada provincia. Aparte del Código Penal (de alcance nacional), cada provincia puede crear tipos legales para “hacer cumplir la ley”, y hoy en día estos códigos son la versión “democrática” de los edictos policiales de la dictadura. Estos códigos forman parte de una red más amplia de leyes (como la nefasta Ley de Averiguación de Antedecentes, que permite detener arbitrariamente a personas), códigos (Código Penal, Códigos Procesales) y prácticas (detención arbitraria, maltrato, tortura, “gatillo fácil”), un verdadero arsenal de leyes y prácticas represivas, otorgado por el Congreso y la Justicia patronal.[3]

Los Códigos de Faltas no están al servicio de la “convivencia entre vecinos”, ni de “la moralidad pública y las buenas costumbres”, de la misma forma que la Policía –o los partidos patronales bajo cuyas órdenes está– no están “al servicio de la comunidad” ni para defender al vecino de los asaltos y violaciones. Los Códigos tienen dos propósitos: por un lado, dar un marco “legal”, “formal”, a la represión que este sistema social requiere, y por el otro lado, financiar a la propia Policía y a los partidos patronales.

La mafia policial no aplica los Códigos contra los “hijos de vecino” y “padres de familia”, ni incluso al conjunto del pueblo. Los Códigos son para los jóvenes, los pobres, los “negritos”, las travestis y mujeres prostituyéndose, las minorías sexuales, los vendedores ambulantes, los “que protestan”, o sea, cualquier persona que pueda llegar a ser sospechosa de realizar o que realice un acto contra el orden social imperante, este sistema capitalista patriarcal, racista y heterosexista. Es mentira que el Código de Faltas, así como el Código Penal, tiene como objetivo regular las pautas normales generales de funcionamiento de la sociedad. De eso se encargan muy bien los intereses de los grandes patrones, la Iglesia y el Estado. Como parte del conjunto jurídico-policial, estos Códigos están para reglamentar la represión de los explotados y los oprimidos cuando rompen, de forma voluntaria o involuntaria, los planes, proyectos de la tríada de los patrones-Estado-Iglesia.

La Policía actúa sobre un sector de la población y no sobre su conjunto, y lo hace manera ejemplificadora, metódica y políticamente. Es lo que se esconde bajo la categoría policial “Estadística”, la cuota pautada, planificada de personas que tienen que pasar por las cárceles, las palizas, las violaciones de cada Comisaría. Cuota ejemplar, constante, que da la pauta de la represión cotidiana necesaria en los barrios y ciudades del país.[4]

También los Códigos de Faltas, y especialmente éstos dentro de la red jurídico-represiva, son una forma de financiar a la propia Policía y a los partidos patronales. La lista de tareas que desarrolla y supervisa pueden llegar a dar cuenta de los miles de millones de pesos que “recaudan”: el tráfico de drogas y el lavado de dinero, el contrabando, la prostitución y la extorsión a las personas que viven de ella, la trata de personas y el tráfico de órganos, la extorsión a boliches y negociosos y a los vendedores ambulantes. Toda esa masa de dinero es la que en parte o en su totalidad, dependiendo el caso, conforma la “Caja” de la mafia policial, que no es ninguna Caja “chica”, sino de miles de millones de pesos que se destinan al financiamiento de las actividades de los partidos patronales y al lujo personal de los políticos patronales y de las altas jerarquías de cada policía provincial.

No es grave: es mortal

No se trata de un par de personas por mes pasando un “mal rato” en la Comisaría del barrio, sino de cientos de muertes, miles de presos, violaciones y torturas.

En los casos de represión a los militancias sociales y políticos, se “arman” y fabrican causas totalmente falsas para impedir que continúen con su militancia, o el encarcelamiento con este mismo fin. Están también los casos de razzias, de detenciones arbitrarias y “gatillo fácil” a los jóvenes y pobres, cuyo desenlace va desde una coima de $20 ó $30 o con la muerte en una comisaría por la cantidad de golpes recibidos, de la tortura aplicada sin piedad. Walter Bulacio, Ezequiel Demonty, Diego Lucena, Andrea Viera y Hugo Krince son varios de los tristemente conocidos casos de asesinatos de la mafia policial, con la protección de los partidos y justicia patronales.

Es el caso también de la persecución a los vendedores ambulantes, a quienes les confiscan las mercaderías si no están amparados por arreglos extorsivos con la mafia policial. O la persecución a los cartoneros, que sufren detenciones y razzias por parte de la Gendarmería en las estaciones de tren.

En cuanto a las minorías sexuales, por ejemplo, la mafia provincial bonaerense persigue, detiene y golpea a chicos gays en las estaciones de tren. Para las travestis, la situación es realmente escalofriante. Siendo que más del 80% vive de la prostitución, ello las expone tremendamente al accionar de la mafia policial. Ésta les exige regularmente dinero, “favores sexuales” y cumplir regularmente con la Estadística. Pero esto no les alcanza: son diarios los maltratos, detenciones, golpizas, torturas y violaciones. En los últimos años, más de 500 travestis murieron debido a los golpes y torturas recibidos a manos de la Policía. El ensañamiento es especial con las compañeras militantes: la violación de Claudia Baudracco y el asesinato de Vanesa Ledesma son testimonios de esto. Similar a ésta es la situación de las mujeres que viven de la prostitución.

Los Derechos Humanos del FMI

Este entramado jurídico-represivo responde a una necesidad social y política de mantener el orden en este sistema de explotación capitalista.

Todas las expresiones populares, de los explotados y oprimidos, son disciplinadas. No es la intención del sistema jurídico-represivo someter cotidianamente a todo el pueblo, lo que equivaldría a una terrible matanza (algo parecido fue el “terrorismo de Estado”, de la última dictadura militar, y el fascismo). La burguesía, mediante sus partidos y sus mafias policiales, reprime mediante castigos ejemplares, metódicos y políticos a individuos, o incluso grupos sociales, para mantener controlado al conjunto de la población. Desde este punto de vista, por ejemplo, la represión que sufren las travestis es un ataque a este grupo particular que busca disciplinar, aquietar a todo el conjunto de las minorías sexuales, de los pobres y de las personas que viven de la prostitución.

Los reclamos que imponen con su mera presencia los jóvenes, los pobres, las minorías sexuales, los explotados y oprimidos, la burguesía y sus partidos intentarán primero desactivarlos por la vía de las “instituciones”, los discursos bonitos y los “acuerdos” y “promesas” gratas. Pero a sabiendas de y haciendo siempre presente que el aparato jurídico-represivo está listo para actuar, y que no dudarán en dispersar a palos y encarcelar a quien no acate sus mandatos. Es una necesidad del capitalismo reprimir a las diferentes expresiones del hambre, la miseria y la explotación que surgen y cuestionan, voluntaria o involuntariamente, su orden sangriento.

Las dos décadas de democracia de ricos que los argentinos vivimos son el mejor ejemplo de que los partidos patronales no sólo no son una salida de fondo a los problemas que tenemos sino que una de sus principales políticas “de Estado” es la represión de los explotados y oprimidos. Por eso, ni peronistas ni radicales, ni progresistas ni neoliberales, ningún partido burgués tuvo ni tiene una política antirrepresiva consecuente, que dé cuenta de las raíces del problema de la represión y plantee una solución.

Hoy en día, Kirchner, Solá y Telerman dicen ser los paladines de los Derechos Humanos; vender esta imagen es una de sus prioridades. Y han invertido mucho dinero para hacerlo: plazas, monumentos, secretarías. Incluso, Kirchner dice que quiere reformar el Código Penal y Solá saca un proyecto de ley para modificar algunos artículos del Código de Faltas bonaerense que van contra las minorías sexuales. Tienen un máximo en interés en esconder su política de derecha, de continuidad con las políticas de hambre, de desocupación y sometimiento a los mandatos del imperialismo.

El gobierno tiene que salir a decir que son la generación montonera, la JP y hacerse los setentistas, para cubrir que superó a Menem, a Alfonsín y a De la Rúa en el número de presos políticos. El gobierno tuvo que ganarse o comprar a la gran mayoría de los organismos de derechos humanos para que digan que es un gobierno del pueblo, cuando pacta un salario de miseria con la patronal y la burocracia, combate políticamente a la vanguardia y reprime los luchan contra su política, como los compañeros de la Legislatura o los trabajadores de Las Heras.[5] Porque este gobierno no defiende los derechos humanos de los explotados y oprimidos, sino que defiende los “derechos humanos” del FMI, de la Iglesia, de los grandes capitalistas locales y extranjeros. El progresismo kirchnerista, mayoría automática en la Justicia y el Congreso, da discursos y palos a los trabajadores y al pueblo, y 10.000 millones de dólares al FMI; habla de los derechos humanos y su mafia policial asesina por año a cientos de personas mediante el gatillo fácil, la tortura y la prisión.[6]

La campaña contra los Códigos

Las agrupaciones de minorías sexuales encabezamos nuevamente el lanzamiento de una campaña contra los Códigos de Falta y Contravencional principalmente.[7] Entendemos que la represión policial no sólo cae sobre nosotras; por eso nos unimos a organismos de derechos humanos y planteamos la necesidad de ampliar el trabajo hacia otras organizaciones populares. Tenemos claro que no podemos esperar nada de este gobierno: su política es la represión y el engaño mediante discursos y cambios superficiales en los textos jurídicos. No nos van a comprar con un artículo menos: acá estamos luchando contra una política de este Estado represor y queremos terminar con ella.

Desde Carne Clasista vamos a poner nuestra humilde fuerza militante para desarrollar esta campaña, en un diálogo abierto y franco con las agrupaciones del movimiento de minorías sexuales y las organizaciones populares, con el objetivo de infligir una derrota a la política represiva del gobierno y los partidos patronales.


Notas:

carneclasista@yahoo.com.ar

1. De la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El 20 y 21 de septiembre se realizará el Encuentro Regional del NOA en la ciudad de Tucumán.

2. Lo que en la Ciudad de Buenos Aires el progresismo hizo denominar Código “de Convivencia”.

3. Ver “Segunda Parte: la dicotomía normativa y el control social” http://www.correpi.lahaine.org

4. Pero no todo lo que hace la mafia policial está “estadísticamente” calculado: la impunidad que los patrones y sus partidos le otorgan son el aval político de la práctica sistemática del “gatillos fácil”. Ver el “Informe 2003 sobre la situación de los derechos humanos en Argentina – Rol de las fuerzas de seguridad” http://www.correpi.lahaine.org

5. Ver SoB 83,  “No muy ‘derechos’ y nada ‘humanos’”, Entrevista a María del Carmen Verdú, de la CORREPI.

6. Bajo Kirchner ya son más de 500 los casos de gatillo fácil. Ver entrevista a M. Verdú en SoB 83.

7. Esto lo haremos impulsando desde abajo diferentes acciones, como talleres, marchas, petitorios, y no, como hace el sector de derecha del “movimiento” de minorías sexuales, negociando políticamente con Aníbal Fernández, Solá y otros responsables políticos de las mafias policiales.