El giro de la economía argentina
(Primera parte)
El curso neo-desarrollista
Por Claudio Katz
Enviado por el autor, 03/02/07
Resumen: La coyuntura
internacional favorable, el abaratamiento de activos y el viraje de la
política económica inducen la gestación de un modelo
neo-desarrollista. El esquema actual recoge la centralidad agraria del
régimen agro-exportador, la prioridad industrial de la sustitución
de importaciones y la regresividad social del curso neoliberal. El
gobierno transfiere subsidios a los empresarios porque privilegia la
revitalización de la industria. Con el canje de la deuda y el pago
anticipado al FMI ha buscado reducir el veto de los acreedores a estas
subvenciones y a su corolario cambiario. También se regulan los
servicios privatizados para reducir los costos industriales e
incrementar el resguardo fiscal frente a futuras crisis. Al propiciar
el agro-capitalismo concentrado se eleva una renta que los ruralistas
no quieren compartir. El aumento de los beneficios y la productividad
no se difunden a los salarios. El esquema actual convalida la
informalidad, estimula altas tasas de explotación y traslada a los
precarizados la pobreza que inicialmente golpeó a los desocupados.
También afianza la desigualdad y posterga a los jubilados. A pesar
del incremento de la recaudación no se modifica el sistema tributario
regresivo.
*****
Al cabo de cuatro años de
intenso crecimiento comienza a perfilarse un nuevo modelo de sesgo
neo-desarrollista. Este patrón de acumulación combina el énfasis
industrialista que tuvo la sustitución de importaciones (1930-75),
con la estrecha asociación con el capital extranjero que presentó el
breve experimento desarrollista (1958-62).
Pero el esquema en gestación presenta, además, puntos de
contacto con el régimen agro-exportador (1930-75) en la centralidad
de la actividad agraria y un parentesco con el curso neoliberal
financiero (1975-2001) en la regresividad social.
El término modelo tiene una
acepción de largo plazo si se lo utiliza para aludir a esos
antecedentes. En cambio tiene un significado más acotado si se alude
a ensayos cambiarios, aduaneros o fiscales (tablita de Martínez de
Hoz, convertibilidad y apertura de Cavallo). En el primer sentido, es
decir como un curso estructural de varias décadas, la nueva
configuración constituye solo una tendencia.
El neo-desarrollismo es un
proyecto actualmente compartido por todas las clases dominantes. Pero
su comando recae sobre las grandes empresas argentinas que han
internacionalizado su actividad. Estas compañías se han entrelazado
con capitales foráneos, adoptaron un perfil exportador y tienen
muchos negocios en el exterior. No priorizan el mercado interno, la
acumulación endógena, ni la redistribución de ingresos. Propician
un rumbo industrialista que es aceptado por los sectores más
poderosos del agro-negocio y también alentado por las empresas
extranjeras, que afianzaron su liderazgo en numerosas rubros.
Kirchner estimula esta orientación
en un marco de nítida recuperación económica. El PBI ya supera el
nivel de actividad que precedió a la crisis y el auge continuaría
durante el 2007. Este avance tiene varios motores, pero ha sido
especialmente estimulado por el viento de cola aportado por el
encarecimiento de los productos básicos que exporta el país. El
repunte productivo obedece, además, a la magnitud de la depresión
previa, que desvalorizó masivamente el capital y la fuerza de
trabajo, creando condiciones óptimas para un rebote de la producción.
El curso de la economía
argentina sintoniza con el sendero adoptado por muchos gobiernos
latinoamericanos. En toda la región, la apertura comercial, la
privatización de los servicios públicos y la desregulación
financiera de la década pasada afectaron severamente la
competitividad de los capitalistas. Este impacto induce a un
generalizado viraje. ¿Pero cuáles son las características del nuevo
esquema? ¿Qué intereses beneficia y cuáles penaliza?
Neo-desarrollismo industrial
El esquema en curso comparte con
la sustitución de importaciones un origen semejante, ya que ambos
brotaron de una crisis de envergadura histórica (1930 y 2001). En los
dos casos la clase dominante comandó un giro hacia la industrialización
que derivó en fases de alto crecimiento.
Pero el viraje manufacturero
actual ya no cubre las simples carencias industriales que predominaban
en los años 30. Irrumpe luego de un dramático proceso de regresión
fabril que desarticuló la estructura productiva.
La reversión de esta demolición
ha comenzado con una la recuperación industrial, luego del mayor
dinamismo que tuvieron los servicios durante los 90. Este
resurgimiento manufacturero es un resultado directo de la devaluación,
el abaratamiento de la fuerza de trabajo y la capacidad ociosa
precedente y no conduce a reconstruir el viejo tejido industrial
centrado en el mercado interno.
El efecto más visible del giro
industrialista es la modificación del ciclo económico. Si la
recuperación en curso no se detiene, la periodicidad de una crisis
cada 6 o 7 años (1975-76, 1982, 1989-90, 1995, 2001-02) quedaría
sustituida por otra secuencia de la acumulación.
La revitalización industrial es
auspiciada por el gobierno a través de subsidios a los industriales.
Para financiar promociones, desgravaciones y rebajas de cargas
patronales, el fisco autorizará este año exenciones por 14.892
millones de pesos, es decir el 10% de la recaudación. Esta subvención
incrementa en un 12% el auxilio ya concedido en el presupuesto
anterior.
El sostén a los industriales es
una prioridad para los recursos obtenidos por el Ejecutivo por encima
del superávit fiscal. Como resultado de a los superpoderes que delegó
el Congreso, varios ministros disponen de 20 fondos fiduciarios para
solventar los negocios empresarios.
Algunos partidarios del gobierno
argumentan que el engrosamiento del superávit fiscal y la acumulación
de reservas permiten al gobierno confrontar con el establishment. Señalan
que la solidez de la caja es indispensable para neutralizar el poder
de fuego de los grupos dominantes, que precipitaron la hiperinflación
de los 80 y la corrida bancaria en los 90.
Pero si el presidente estuviera
enfrentado con los grandes grupos no les giraría auxilios tan
millonarios. Estas empresas son los destinatarias del incremento de la
inversión pública, que ya se ubica un 50% por encima del inicio de
la crisis en 1998. Es cierto que el estado atesora más fondos que en
pasado, pero la finalidad es afrontar eventuales tormentas
financieras. Este mismo resguardo adoptan todas las economías
capitalistas para socorrer al sistema en las grandes crisis. El propósito
de esta protección es salvaguardar al régimen y no confrontar con
sus beneficiarios.
El
manejo de la deuda
La finalidad neo-desarrollista ha
guiado también el canje de la deuda y el pago anticipado al FMI.
Ambas medidas incrementaron la autonomía de clase dominante frente a
acreedores, para permitir a los capitalistas locales manejar la política
cambiaria sin presiones externas. Por esta vía se redujo, además, el
control que ejercían los financistas sobre los subsidios estatales a
los empresarios del país.
Esta finalidad patronal es
omitida por los autores que presentan ambas iniciativas como actos de
independencia nacional. Evitan aclarar que los beneficiarios de estas
medidas han sido los grandes grupos concentrados y no el grueso de la
población. Qué estas acciones hayan permitido “crecer sin
financiación, deuda u ahorro externo” no es tampoco una
peculiaridad argentina, ya que la misma tendencia se verifica en numerosos países. El
des-endeudamiento con el FMI es tan generalizado que este organismo se
ha quedado sin clientes y busca prestar dinero por cualquier medio.
Los oficialistas justifican esta
operación con argumentos de ocasión. A veces recuerdan el carácter
fraudulento de la deuda y en otros momentos consideran que este
desfalco pasó a segundo plano con el canje. En todos los casos siguen
la conducta oportunista de la justicia, que ahora investiga el escándalo
del megacanje (2001) sin indagar las irregularidades más recientes.
Los magistrados solo destapan las ollas que no salpican a capitalistas
locales. Hay vía libre para despotricar contra el FMI, pero están
bloqueadas todas las denuncias a los grupos nacionales que lucraron
con la estafa de la deuda.
La regulación de las
privatizaciones
La estrategia neo-desarrollista
oficial alienta la regulación de los servicios privatizados, que es
reivindicada por muchos analistas como un gran mérito del gobierno.
Kirchner optó en este campo por un curso igualmente alejado del
servilismo menemista y de la re-estatización. Ha evitado la
reimplantación de la propiedad pública porque aspira a transferir
una porción de este negocio a los capitalistas industriales.
La desprivatización del Correo y del espectro radioeléctrico
fueron excepciones prolongadas con el desenlace de la crisis de Aguas
Argentinas. El gobierno solo transfirió la gestión de esta empresa a
funcionarios amigos y burócratas sindicales, cuándo se cayó la
concesión y fallaron todas las tratativas para encontrar nuevos
socios. Aquí radica una diferencia importante de Kirchner con Perón.
La política de servicios públicos
sigue un lineamiento empírico basado en renegociar los contratos,
para abaratar los costos de los industriales sin deteriorar la
rentabilidad de las compañías privatizadas. Esta orientación exige
discutir caso por caso y recurrir tanto al socorro como a la
penalización de los concesionarios.
Este zigzagueo explica porque el
proyecto inicial de establecer un marco regulatorio único fue
sustituido por negociaciones puntuales, que dejan abiertas todas las
opciones. Se ha preservado la división neoliberal del trabajo -que
asegura negocios al sector privado y transfiere pérdidas al estado-
pero se ajustó este principio a la prioridad de subsidiar la
acumulación industrial. Esta política incluye muchos favoritismos en
el otorgamiento de licencias monopólicas (teléfonos), salvatajes de
concesiones (Aeropuertos), rescates de balances turbios (Aerolíneas)
y autorizaciones de mayores tarifas sin contrapartidas de inversión
(peajes).
Pero todas las acciones apuntan a
reducir costos empresarios y abaratar gastos salariales. Con este último
objetivo se subsidia el transporte ferroviario. Las empresas ganan
fortunas, pero los fondos son aportados más por el estado que por los
usuarios.
La meta neo-desarrollista es sostener las ganancias del conjunto de
los industriales, sin crear un bache fiscal y limitando la renta
extraordinaria que percibían los concesionarios.
La dinámica regresiva
La política social regresiva
constituye el punto de mayor continuidad entre el rumbo económico
actual y su precedente neoliberal-financiero. El PBI ya se ubica en un
nivel superior al comienzo de la crisis (1998), pero ningún indicador
social ha recuperado ese plafond. Los defensores del gobierno
reconocen “esta deuda social”, pero elogian el gradualismo de
Kirchner. Afirman que primero ha favorecido la recomposición de los
salarios frente al desmoronamiento padecido durante la depresión.
Pero comparan dos situaciones radicalmente opuestas, olvidando
que los salarios del auge y la recesión siempre divergen. Lo que
corresponde contrastar son períodos similares de reactivación y
computar, además, tanto los avances de la productividad como el
repunte de los beneficios. Si se mira este último parámetro salta a
la vista el abismo que separa el incremento de los salarios con el récord
de rentabilidad que tuvieron las empresas. En el 2005 el 77% de las
compañías que cotizan en Bolsa declararon incrementos muy
significativos y los beneficios de las 500 principales empresas del país
duplicaron los obtenidos dos años antes.
Las cifras de la productividad
son más contundentes y se ubican en un tope de los últimos 15 años.
Actualmente se fabrican más productos con menos trabajadores, porque
los costos han caído entre un 16% y 30% por debajo del 2001.
El modelo bloquea la transferencia de estas mejoras a los salarios,
que en promedio se ubican un 20% por debajo del nivel prevaleciente
antes del inicio de la crisis.
La política económica
obstaculiza la recuperación de los sueldos a través de distintos
techos a esta recomposición. Mejora a cuentagotas los salarios
estatales y pacta con la burocracia de la CGT estrictos límites en
las negociaciones colectivas. El año pasado logró acotar los
incrementos en estas tratativas al 19% y encapsuló el salario mínimo
cerca de canasta básica (857 pesos). Este piso se ubica a una
distancia kilométrica del monto requerido para solventar la canasta básica
familiar (2205 pesos). Para asegurar la continuidad de este
compromiso, Kirchner rescató recientemente a Moyano del escándalo
mafioso de San Vicente.
El gobierno trata de impedir que la rentabilidad sea amenazada
por las demandas de los trabajadores, en un período de reingreso a la
normalidad capitalista. El desahogo creado por la devaluación ha
quedado atrás y los empresarios afrontan la clásica puja competitiva
por la reducción de los costos. Para esta labor cuentan con el
respaldo de una política neo-desarrollista.
Informalidad, explotación y
desempleo
El esquema regresivo de los
salarios afecta más duramente a los trabajadores informales. Existe
un terrible abismo entre el ingreso medio de los precarizados (391
pesos) y los formalizados (1072 pesos). En el primer segmento se ubica
el 44% de la fuerza laboral, el 60% de los ocupados que no cubre la
canasta de pobreza y el 30 % que padece la indigencia.
El empleo en negro no es una
actividad marginal. Se encuentra ampliamente difundida en ramas de
alta rentabilidad (como el agro y la construcción) e incluye al
propio sector público, que mantiene a un 11,7% de sus empleados sin
formalizar.
La preservación de esta
dualización del mercado de trabajo es una tendencia del capitalismo
contemporáneo que alienta el nuevo modelo, porque esta segmentación
disuade el aumento de los salarios. La reactivación no ha reducido la
gran polarización que se gestó durante la década pasada. Mientras
que en 1992 el ingreso de los precarizados rondaba el 72% de los
formales, en la actualidad solo cubre 37% de esa suma.
Los voceros de Micelli argumentan
que esta fractura se atenuará a medida que aumente el salario mínimo.
Pero este avance se concreta a paso de tortuga y no arrastra a los
informales. Con un
ingreso universal significativo podría remediarse inmediatamente este
flagelo, pero el gobierno prioriza los beneficios patronales.
Los precarizados son las
principales víctimas actuales de la pobreza. Este tormento se ha
reducido estadísticamente como consecuencia de la reactivación. Ha
decaído del 40,2% (2005) al 31%, pero sin llegar luego de cuatro años
de alto crecimiento al 24 % que promedió en la década del 90. La
pobreza -que fue sinónimo de desempleo durante la depresión de
1998-2002- se ha convertido ahora en un mal de los asalariados
informales, que podría perdurar durante el largo tiempo.
Esta gravitación obedece también
a la magnitud del desempleo, que presiona a trabajar a cambio de
ingresos de subsistencia. Los defensores del modelo afirman que la
desocupación bajó desde un pico de 17,8% (2003) al 10,4% actual.
Pero considerando los planes que disfrazan el paro la reducción fue
del 23 % al 12,8%. Estas caídas siguen el patrón habitual de las
fases ascendentes del ciclo, aunque en la actualidad se registra un
nivel más elevado de la subocupación (11,9%).
Existe una evidente dificultad
para perforar el núcleo duro del desempleo. La baja inicial fue rápida
porque se concretó absorbiendo la capacidad ociosa de la industria
con poca inversión. Pero actualmente la elasticidad-producto (aumento
de la ocupación por cada punto de crecimiento de la economía) no
reacciona tan favorablemente. La normalización capitalista impone
aumentos de la productividad que conspiran contra la expansión del
empleo.
Estas tendencias incrementan a su
vez la tasa de explotación. De 14 millones de asalariados hay 5,3
millones sobreocupados, que trabajan más de 45 horas semanales y
triplican el número de los desempleados. El grueso de los
convenios colectivos firmados durante el año pasado convalida este
padecimiento, ya que incluyen numerosas normas de flexibilización
laboral. El gobierno coquetea con la reversión de contra-reforma
laboral de los 90 pero también limita esta iniciativa, porque sus
socios de la UIA exigen polifuncionalidad, períodos de prueba, pasantías
y subsistencia de la oprobiosa la ley de riesgos de trabajo.
En el caso extremo de la
indumentaria la explotación alcanza ribetes de servidumbre. Se pagan
centavos a los trabajadores extranjeros para fabricar las prendas que
se venden en los shoppings. Los burócratas sindicales miran para otro
lado o avalan los atropellos con discursos de empleo a cualquier
precio.
Estrujar a la fuerza de trabajo es una necesidad competitiva del
capitalismo neo-desarrollista.
El cimiento de la desigualdad
Los ricos incrementan su
apropiación del ingreso a medida que el aumento del PBI también amplía
la brecha que separa al 10 % más acaudalado del 10% más empobrecido
de la población. Existe una compleja discusión técnica sobre la
evolución de esta fractura. Algunas estimaciones destacan que en el
primer trimestre del 2006 esta distancia se ubicó en 29,2 veces,
luego de alcanzar 26,4 (2005) y 24 veces (2003). Otro coeficiente que
mide esta evolución (Gini) indica una mejora, que reflejaría cierto
alivio de la alta clase media en un marco general de polarización.
Pero incluso en la medición más
favorable el 10% de la población se queda con la tercera parte de la
torta, especialmente luego de una devaluación que succionó 10 puntos
de la participación de los salarios a favor de los beneficios..
La polarización social es un rasgo de un modelo neo-desarrollista,
hostil al retorno a los menores desniveles de 1974 (10 veces de
diferencia entre los ingresos del decil más rico y más pobre) o al
distribucionismo de los años 50 (mitad la participación de ingreso
en manos de los asalariados).
El esquema en curso moderniza la
miseria. Permite acceder al celular pero no a las cloacas,
especialmente en el norte del país dónde un tercio de la población
carece de inodoro o desague. Es cierto que el consumo ha resucitado y
se ha convertido en un motor de la reactivación, pero se desenvuelve
en forma segmentada y favorece a los sectores de mayores ingresos en
desmedro de los necesitados.
Los jubilados encabezan el
ranking de los afectados por esta polarización social. El gobierno
otorgó moratorias para asegurar una pensión a 8 de cada 10 adultos
mayores, pero encubre con asistencialismo la degradación de las
jubilaciones. El 65 % de los retirados cobran un haber mínimo
equivalente al 42,5 % del salario medio, un porcentaje muy alejado del
82% móvil que corresponde a los pensionados.
Todos los incrementos se
sancionan en función del calendario electoral, ignorando
retroactividades, acentuando el achatamiento de las escalas y evitando
introducir una fórmula de ajuste futuro. Hasta ahora se han ignorado
varias propuestas legislativas para regular las subas en función de
la evolución del salario y los recursos de la previsión social.
Mientras que el ANSES rebosa de excedentes, el gasto de seguridad
social cayó del 7% del PBI (2001) al 5,4% actual.
El gobierno se limita a socorrer
a los desprotegidos para evitar el colapso potencial que ha legado la
privatización de las jubilaciones. Kirchner
mantiene el sistema de las AFJP, aunque abrió el corralito que
impedía los traspasos del sector privado al estatal (y viceversa). En
los hechos publicita una libertad de elección que es ficticia, porque
nadie puede decidir que sucederá durante décadas con su ahorro en
uno u otro régimen.
El esquema privado es una
comprobada estafa de comisiones y malversaciones que el gobierno acotó
por varias razones. En primer lugar, el sistema deja en la vía a los
afiliados que no aportan lo suficiente, obligando al estado a una
sustitución asistencial. En segundo término, el régimen conspira
contra las cuentas fiscales, al sostenerse en una rebaja de aportes
patronales que ya le costó al erario público 80.000 millones de
pesos. En tercer lugar, el modelo neo-desarrollista exige una gran
corriente de subsidios estatales a la industria, que el gobierno
apuesta a respaldar manejando una porción creciente del ahorro de los
trabajadores.
El gobierno mantiene el régimen
de capitalización para evitar un conflicto con un poderoso lobby
financiero que tiene maneja un cuantioso volumen de títulos públicos,
pero trata de ejercer cierto control sobre sus inversiones.
Esta herencia se mantiene en pie
también en el área de la salud. La mitad de la población carece de
cobertura médica y se atiende hospitales públicos colapsados,
mientras cuatro grandes empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus y
Omint) controlan el mecanismo de las prepagas y se han quedado con la
crema del sistema (pacientes jóvenes y de altos ingresos). Como este
negocio incluye a muchos funcionarios y burócratas sindicales, nadie
apura los cambios.
Impuestos regresivos
Como ha ocurrido siempre con los
proyectos de reforma impositiva, los planteos progresistas que se
formulan desde el llano quedan licuados con el ejercicio del gobierno.
Ya ningún funcionario habla de cambios significativos y solo evalúan
tímidas propuestas. El ensayo neo-desarrollista favorece a los
capitalistas y es incompatible con la equidad impositiva.
Como resultado de la reactivación
y los gravámenes introducidos durante la crisis (impuesto al cheque y
retenciones) la recaudación ya alcanzó un máximo histórico. Los
ingresos se ubican todavía muy lejos del 30-45% del PBI predominante
en los países avanzados, pero aumentaron del 16,1% (2002) al 23,2%
(2006). No está claro aún si en este resultado incluye también una
disminución de la evasión. Los técnicos de la AFIP y los
especialistas privados divergen en esta evaluación.
Pero nadie habla de repartir esta mejora en un país dónde
los asalariados aportan el 50% de la recaudación y reciben el 25% de
la riqueza. Las escandalosas exenciones impositivas a la actividad
financiera (rendimientos de títulos públicos, intereses de los depósitos,
compra-venta de acciones) no se han modificado y le restarán 5.500
millones de pesos al presupuesto 2007. Esta cifra alcanzaría para
financiar un aumento inmediato del 20% a los jubilados. Bajo el
sistema actual un rentista no paga impuestos por sus ingresos
financieros, pero un trabajador que gana 3500 pesos mensuales debe
tributar. Tampoco los jueces y las fundaciones afrontan obligaciones
impositivas, pero la clase media está penalizada por un gravamen a
los bienes personales que mantiene el bajísimo piso anterior a la
crisis.
El año pasado se registró una
intensa lucha social contra el reducido tope al impuesto a las
ganancias que afecta a 500 mil asalariados. Un trabajador que a fines
de los años 90 ganaba 11 veces y medio el salario mínimo estaba
exento de esa tasa, pero en la actualidad el mismo gravamen es pagado
todos los asalariados que perciben tres veces y medio ese básico. Se
han negociado ciertos alivios, pero hasta ahora el presupuesto 2007 no
contiene ningún cambio del mínimo no imponible.
Agro-capitalismo para pocos
El esquema neo-desarrollista
apuntala a los capitalistas industriales a costa de la mayoría
popular. Este modelo incluye además un estratégico cimiento en el
sector agrario que rememora el esquema agro-exportador. Pero existe
una diferencia sustancial con ese período: la época dorada de
Argentina en el comercio mundial ha concluido y las ventajas naturales
de la Pampa Húmeda ya no le otorgan al país un lugar privilegiado en
la división internacional del trabajo. Por eso el agro persiste como
un pilar básico de la economía, pero sin las glorias del pasado.
A diferencia de la industria, el PBI de esta área ha crecido
en forma ininterrumpida en los últimos quince años a una elevada
tasa del 5,7%, sin afrontar ningún freno significativo. La devaluación
del 2001 incentivó este avance al generar un nivel de rentabilidad
que ya bordea los máximos históricos y supera los promedios de la
convertibilidad.
Pero este impulso consolida un
esquema basado en la preeminencia de la soja, la destrucción de los
cultivos regionales, el desplazamiento de los campesinos y la
concentración de la tierra. Profundiza la modernización capitalista
que generó un gran salto de producción, con ganancias para pocos y
tecnologías que amenazan la fertilidad de la tierra.
Esta modalidad del agro-negocio
estimula el mono-cultivo y alienta la expulsión de mano de obra del
campo, que ha decaído del 24% de población activa (1970) al 8%
(2001). Ha impuesto, además, la destrucción de las estructuras
agroindustriales del interior (azucareras, vitivinícolas, yerbateras)
e impulsa la expropiación de los pequeños productores.
También quedó afectada la ganadería que mantiene el mismo plantel
de animales de hace 50 años, con bajos niveles de rendimiento por
hectárea. Este estancamiento provoca el brusco encarecimiento de la
carne cuándo repunta la demanda local o extranjera.
El gobierno apuntala específicamente a los grandes grupos del
sector (agrupados en la SRA, CONINAGRO y CRA), en desmedro de los
pequeños productores (FA). Regula precios para favorecer a los pulpos
frigoríficos o cerealeros y descarta todas las iniciativas
progresistas de reforma impositiva o refinanciación de deudas. Esta
actitud empuja a los desfavorecidos al alineamiento con las elites del
campo. A pesar de los elevados lucros del sector, el ruralismo ha
retomado su periódica beligerancia contra el gobierno de turno porque
se considera propietario de toda la renta agrícola. No está
dispuesto a compartirla con el resto de la sociedad, especialmente en
los períodos florecientes. Durante todo el siglo XX ha resistido el
pago de las retenciones, que identifica con una inadmisible la
interferencia impositiva del estado a sus beneficios.
El conflicto actual se
acrecienta, además, por la regulación oficial de ciertos precios.
Como en Argentina se come lo que se exporta, solo la intervención
estatal puede neutralizar el impacto inflacionario que provoca el
encarecimiento internacional de los alimentos exportados.
Este control ha recreado la vieja
pulseada que mantuvieron los ruralistas con todos los ministros de
economía. Micelli ha restringido las exportaciones y aumentado
selectivamente las retenciones. No afectó seriamente las ganancias
del campo y tampoco morigeró las quejas de este sector. Estas
tensiones persistirán, en la medida que el ensayo neo-desarrollista
apuntale tanto la re-industrialización como cierto freno de la carestía.
Pero los conflictos que genera el modelo son múltiples y requieren un
análisis específico que abordamos en la segunda parte de este texto.
Una
versión reducida de este texto aparecerá próximamente en el
tercer anuario del EDI
Economista,
Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de
Izquierda). Su pagina web es: www.lahaine.org/katz
Entre 1949-1975 PBI creció 127% y PBI industrial 232%. Rapaport
Mario. “Etapas y crisis en la historia económica argentina
(1880-2005)”. Oikos, n 21, julio 2006, Santiago de Chile.
Varios estudios destacan este cambio de perfil. Por ejemplo: “El
nuevo patrón de crecimiento y su impacto sobre el empleo”.
CENDA, septiembre 2006.
El presupuesto del 2007 fue nuevamente diseñado con números
ficticios que subvalúan el crecimiento, impiden la discriminación
de partidas y garantizan esta delegación de facultades. Página 12, 30-12-06, 25-10-06.
Barrios Alejandro “¿Todo es igual? ¿Nada es mejor?” Revista
de Ciencias Sociales. UBA. 2006.
Los defensores de esta operación afirman, por un lado, que se
logró reducir el ahogo de la deuda con menores tasas y plazos más
prolongados, pero por otra parte destacan la ausencia de otra opción
de refinanciación. ¿Pero la transacción fue ventajosa o un mal
menor? No puede reunir ambas cualidades. O fue conveniente o fue
una concesión obligada a los banqueros. Si se defiende el primer
argumento hay que silenciar el segundo. Esta contradicción se
evidencia en: Del Pont Mercedes, Vanoli Alejandro. “Debate:
cancelación anticipada con el FMI”. Página 12, 31-12-05.
Es
el caso de: Rudnik Isaac. “El final de una etapa”. Página 12,
15-1-06.
Por ejemplo: Wainfeld Mario. “La política del paso a paso”. Página
12,18-6-06.
Quiénes
trazan una analogía entre la nacionalización de los
ferrocarriles y el canje de la deuda desconocen esta divergencia. Ambas operaciones comparten el malgasto del erario público (equipos
amortizados en el primer caso y pasivos fraudulentos en el
segundo). Pero la nacionalización formaba parte de un proyecto
nacionalista y redistributivo, que no está presente en la gestión
actual. Esta diferencia es omitida por: Auzmendi Eduardo. “La
cancelación de la deuda” Questión, enero 2006.
Las
compañías embolsan 43 pesos para afrontar un costo de 18 pesos
por kilómetro-tren y obtendrán este año incrementos del 30-38%
de los subsidios oficiales. Página 12, 30-12-06.
Página 12, 15-1-06 y 27-1-07.
El resultado varía según se comparen los precios con los
salarios de cada sector industrial o los incrementos de la
productividad física. Clarín, 28-6-06 y 12-4-06.
Se estima que en junio del 2009 habría 10 millones de pobres y 4
millones de indigentes sobre 40 millones de habitantes. Los
trabajadores pobres que cobran por debajo de la línea de pobreza
aglutinarían a la mitad de la fuerza laboral, un porcentaje dramáticamente
superior al 5% que predomina en Estados Unidos. Página 12,
20-9-06 y 19-09-06.
“Lo mejor que nos puede pasar a los trabajadores es tener un
patrón”, afirmó Juan Carlos Schmid del Sindicato de Dragados.
Página 12, 20-10-06.
“Menos pobres, más desigualdad”.Página 12, 10-2-06. “Volvió
a crecer la brecha entre ricos y pobres”. Página 12, 4-7-06.
“La engañosa distribución”. Página 12, 7-7-06.
Este recorte medido en términos de la distribución funcional del
ingreso ha sido apenas compensado con la reactivación posterior.
Se requerían transferencias de 50.000 millones de dólares extras
al año a favor de los empobrecidos para contrarrestar esa exacción,
que el modelo de ninguna manera contempla. Clarín 29-10-06. Página
12, 22-10-06.
No hay que olvidar, además, que la decreciente participación de
la Nación en el superávit fiscal (del 90% en el 2002 al 67%
actual) es compensada con mayores aportes de la previsión social
(del 2% al 26%). Estos fondos generan una fuente de financiamiento
barato al estado, que permite contrarrestar la caída del
excedente fiscal en las provincias (del 1,4% en 2004 al 0,3-0,4%
actual), Clarín, 7-1-07.
Un ejemplo de estos titubeos son las iniciativas de Gaggero Jorge.
“Un tema tabú”. Página 12, 15 10-06.
Las
ganancias se ubican un 33,6% por encima los niveles de la década
pasada. Rodríguez Javier. “Rentabilidad extraordinaria”. Página
12, 23-7-06.
La cosecha de cereales y oleaginosas pasó en quince años de 35 a
casi 80 millones de toneladas con las nuevas formas de cultivo. Se
ha generalizado la “siembra directa” (que elimina la preparación
del suelo antes de la siembra), la “agricultura de precisión”
(riego asistido y fertilización diferenciada) y el uso de semilla
transgénica (en la mitad de producción de granos y el 90% de la
soja). Estos procedimientos adoptan formas semejantes a los métodos
extractivo-mineros. Díaz Susana. “Agricultura minera”. Página
12, 30-7-06.
Giarraca
Norma “Avance del agro-negocio”. Página12, 30-7-06.
El total de las tierras fiscales se redujo por ejemplo en el
Chaco de 3,9 millones a 660 mil hectáreas (1995-2006), barriendo
a las comunidades indígenas que habitaban esa zona. López Benigno. “Buscamos una política de soberanía
alimentaria”. Página 12. Página 12. 26-12-06.
La raíz de esta beligerancia es la matriz terratenientes que signó
el desarrollo agrario. Barsky Osvaldo.”Miseria de un país ganadero”. Clarín-Ñ, 30-12-06.
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