El giro de la economía argentina  (Segunda parte)

Las contradicciones del esquema actual [1]

Por Claudio Katz [2]
Enviado por el autor, 03/02/07

Resumen: El modelo neo-desarrollista enfrenta múltiples contradicciones. Los funcionarios intentan controlar la inflación para mantener el techo salarial, pero el margen de esta intervención es muy limitado. La carestía es motorizada por la primacía exportadora, el peso de los oligopolios y la baja la inversión. Frente a la amenaza de un freno energético se otorgan concesiones impositivas a las empresas. El esquema actual comienza a enfrentar las duras reglas de la normalidad capitalista, con un nivel de endeudamiento que afecta la competitividad. La recomposición bancaria reaviva la concentración financiera y las exportaciones primarizadas aumentan junto a importaciones de mayor valor agregado.

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Muchos economistas proclaman su confianza planea en el modelo. Estiman que la vieja crisis externa y fiscal que bloqueó otros ciclos del ascenso ha sido superada y consideran que la prosperidad está garantizada por un largo período[3]. Acostumbrados a evaluar el grado de estancamiento de la economía nacional han quedado desconcertados por la intensidad de la recuperación. Del pesimismo inercial han girado a un entusiasmo sin críticas que desconoce los límites del auge actual. Las frecuentes analogías con China constituyen un indicio de esta actitud.

En general se pierde de vista el enorme trecho que faltaría recorrer para recuperar décadas de regresión. Si el PBI continuara creciendo al 8% durante un decenio se alcanzaría en el 2011 un ingreso per capita de 11.000 dólares, un promedio todavía inferior al vigente en Eslovenia, Portugal o Grecia, la mitad de la media de Australia y un tercio del nivel prevaleciente en Dinamarca[4].

Es cierto que el esquema en curso contiene desequilibrios diferentes a los modelos precedentes. Pero la intensidad de estas contradicciones es muy significativa en seis terrenos.

Los motores de la inflación

Un punto particularmente crítico del modelo es la carestía. Luego del impacto inflacionario provocado por la devaluación de 2001, la economía se desenvolvió con incrementos moderados de los precios. Estos aumentos alcanzaron el 8,8% en el 2003  y el 6,1% en el 2004, pero al año siguiente se registró un saltó al 12,3%. En el 2006 el gobierno no pudo evitar una suba del 9,9%, es decir un porcentaje muy elevado en términos internacionales.

El impacto social de la carestía tiende a ser temporalmente variable. Hasta abril del año pasado la canasta básica de indigencia subió por encima de los precios minoristas y golpeó a los sectores más empobrecidos. En la segunda mitad del año esta incidencia fue mayor sobre los consumos de la clase media (servicios, colegios privados, expensas, alquileres). También se ha registrado una aguda divergencia entre los precios mayoristas –que desde la devaluación hasta fin del año pasado subieron 195%- y los minoristas, que en el mismo lapso treparon 91%. Esta divergencia anticipa nuevos ajustes en los precios de mostrador.

El efecto real de la inflación está disimulado por un obsoleto cómputo oficial de una canasta de productos que subvalora ciertos rubros (alimentación) y sobrevalora otros (como turismo)[5]. Como todos los antecesores Miccelli se irrita con las cifras que le disgustan e intenta forzar cambios en la forma de cálculo para disimular la carestía. Pero esta pretensión coyuntural choca con la necesidad de preservar estadísticas internacionalmente confiables, que permitan a los capitalistas decidir inversiones. Esta contradicción suscita permanentes tensiones.

El trasfondo del problema es la tendencia de la inflación a desbocarse como consecuencia de tres procesos combinados: la devaluación, el oligopolio y la baja inversión. Cuándo uno de los tres motores se atenúa, los restantes operan con mayor intensidad. El impacto de la devaluación persiste por la continuada apreciación internacional de las materias primas, mientras los oligopolios acentúan la brecha entre precios mayoristas y minoristas y la insuficiencia de la inversión empuja los costos hacia arriba[6].

El gobierno intenta atenuar esta presión inflacionaria con mecanismos de regulación. Logró cerrar el índice del 2006 por debajo del 10% negociando las cotizaciones de ciertos productos de la canasta (el 20% de estos consumos solo aumentaron 2,5%). Esta intervención es exhibida por algunos oficialistas como un logro contundente, pero se olvida los conocidos antecedentes de estas regulaciones. La experiencia indica que los ministros cuentan con un margen limitado para actuar en este campo. Pueden condicionar muchos precios, pero no afectar la rentabilidad del grueso de los capitalistas durante un período prolongado.

Micelli reproduce el sueño de todos los keynesianos. Aspira a manejar los precios durante la etapa necesaria para corregir los desacoples que generó la reactivación entre el ascenso de la demanda y el retraso de la oferta. Pero en algún momento enfrentará  los límites de esta acción. Bajo el capitalismo los controles de precios están necesariamente acotados por la competencia, que impone cierto equilibrio de ganancias entre todos los concurrentes. Como el sistema funciona sin reglas de planificación, no puede operar en el mediano plazo con digitaciones estatales de los precios. Estas variables deben ser fijadas por los capitalistas, en función de sus costos y sus expectativas de ganancia.

El principal objetivo de los controles actuales es garantizar un techo salarial. Miccelli ha buscado situar el índice por debajo del 10% anual para facilitar la acción de la burocracia sindical en las negociaciones paritarias ya que todo el edificio neo-desarrollista se asienta en disuadir la lucha social. El segundo propósito estratégico del control es preservar un tipo de cambio alto para las exportaciones, que está amenazado por el sistemático repunte de los precios internos.

Un bache de largo plazo

Nadie sabe cuál es la tasa necesaria para sostener el crecimiento en curso, pero todos los analistas sitúan este nivel en torno al 25-26%. Aunque el porcentaje actual (21-23% del PBI) es superior a las reactivaciones anteriores, no alcanza para mantener el ritmo de la recuperación.

Basta recordar que China invierte el 42% del PBI para crecer al 9% y Corea del Sur el 30% para sostener un ascenso del 6%, para notar cuán insuficiente es la tasa actual si se quiere preservar el repunte post-crisis del 7-8-%. La renovación sustancial de la dotación del capital es indispensable para evitar que esa tasa caiga al 4-5%[7].

El problema no es solo en el monto de la inversión, sino también en su perfil. Esta variable se encuentra muy concentrada en la oferta exportable y en la construcción. Este último sector absorbe el grueso de los fondos en desmedro de los bienes durables. También la reducida inversión extranjera se dirige a los segmentos de exportación que generan poco valor agregado.

La ortodoxia derechista resalta esta limitación y convoca a incrementar las concesiones a los poderosos para incitarlos a invertir (“seducirlos”, “garantizar la seguridad jurídica”, “estabilizar las reglas de juego”). El gobierno evita este discurso, pero trabaja en la misma dirección. Necesita hacer buena letra con el establishment porque el esquema neo-desarrollista depende de los aportes capitalistas. A medida que el modelo confronte con la competencia global, su consistencia dependerá de la disposición de los empresarios locales para radicar dentro del país, los fondos tradicionalmente giraron al exterior.

El nubarrón energético

Otra amenaza que afronta la reactivación es un freno impuesto por las carencias energéticas. La demanda de electricidad ha subido al compás del repunte productivo, agotando las fuentes de aprovisionamiento. Ya se verifican apagones e interrupciones en el transporte de energía, porque la falta de inversión ha estrechado el abastecimiento. El cronograma de mejoras avanza lentamente y la amenaza de un parate energético se prolongaría hasta el 2011.

En el terreno de la electricidad se ha producido una típica desproporcionalidad. La generación se mantiene estancada frente a un aumento del 36% del consumo en solo cinco años. Las redes de transporte y distribución están saturadas y el cuello de botella es muy agudo en las zonas metropolitanas[8].

Edenor y Edesur invierten poco a la espera de mayores tarifas. El gobierno elude el problema y mantiene intacto el esquema irracional de provisión segmentada que impuso la privatización. Niega la crisis y negocia los ajustes que reclaman las empresas, pero elude tarifazos masivos que encarecerían los costos industriales. Busca introducir formas indirectas de aumento (cargos específicos), que obliguen paulatinamente a los usuarios a solventar las inversiones omitidas por las empresas.

En el sector del petróleo y el gas la situación es más grave. Aquí la falta de inversión ha conducido a una nueva baja de las reservas (8,2 años de consumo frente a los 13 años vigentes a principios de los 90 en el primer caso y 8,6 años frente a 35 años en el segundo). Kirchner improvisa medidas de emergencia. En lugar de recurrir a la nacionalización que se instrumentó en el Altiplano firmó un acuerdo de provisión de gas con Bolivia. Por otra parte, impulsó una escandalosa ley que otorga exenciones impositivas a compañías que no exploran, mientras obliga a tributar a los trabajadores petroleros.

El gobierno aliado a Repsol ni considera la opción de la nacionalización, a pesar del gran sustento latinoamericano que tendría esta medida. Algunos funcionarios argumentan que esta alternativa no es viable, porque desde la privatización la propiedad del subsuelo pertenece a las provincias. Pero incontables leyes se han cambiado para favorecer a los capitalistas y resulta inadmisible que el patrimonio de la nación sea manejado por funcionarios locales asociados con las empresas.

La derecha propone afrontar la crisis energética aceptando todos los pedidos de las compañías y culpa a la clase media por los padecimientos de los humildes. Denuncia las encarecidas garrafas que pagan los pobres y propone penalizar el consumo de gas natural en las áreas urbanas. Pero no se le ocurre que lo equitativo es anular los subsidios a las compañías del sector, que operan con bajos costos de producción por garrafa (7 pesos) y altas ganancias de venta (25-32 pesos).

Los costos de la deuda

La deuda ya no ocupa la tapa de los diarios pero continúa afectando seriamente a la mayoría de la población. Es el principal destino del superávit fiscal e impone una gran acumulación de reservas improductivas como garantía de pago. El grueso del excedente logrado por la Tesorería fue derivado en los últimos años a cumplir con los acreedores. Este sobrante bordeó en el 2004 los 3.000 millones de pesos, alcanzó al año siguiente 9300 millones y promedió en el 2006 cerca de 8.800 millones. La deuda sigue pesando duramente sobre el gasto público, como lo prueban los compromisos asumidos por el presupuesto 2007. Se han comprometido con ese destino erogaciones por 13.800 millones de pesos, es decir tres veces más del total asignado a la universidad y 3,5 veces más de lo otorgado a los planes sociales que financia la Nación[9].

También persiste el lucrativo negocio de los banqueros, que en diez meses de especulación con títulos argentinos logran ganancias equivalentes a lo obtenido con la administración de bonos estadounidenses durante 7 u 8 años. La deuda es el cimiento de una nueva relación de Argentina con Venezuela que asegura altos rendimientos a los intermediarios financieros.

Pero el mayor problema se plantea en el mediano plazo. El gobierno apuesta a reducir la gravitación del pasivo mediante una sucesión de cancelaciones, que faciliten la gestión estatal de esta carga al servicio de la clase dominante. Algunos promotores de esta estrategia ya cantan victoria y estiman que la deuda está decreciendo, porque habría decaído del 73% del PBI (2004) al 70% (2005) y luego al 66% (2006)[10].

Pero no es sencillo continuar por este camino, especialmente a medida que algunos balances del canje indican que el recorte del pasivo ha sido más reducido que lo esperado y se mantienen pendientes de resolución montos muy elevados de pasivos[11].

Ciertas evaluaciones de mediano plazo ilustran las dificultades del des-endeudamiento. Si la tasa de interés externa no sube por encima del 5%, se requería un incremento perdurable del 4% anual del PBI -junto a un persistente superávit fiscal del 3%- para reducir significativamente la gravitación del pasivo hasta el 2030. La convergencia favorable de estas tres condiciones durante tantas décadas es poco imaginable[12]. En cualquier escenario el condicionante de la deuda seguiría pesando sobre la economía.

Los bancos y el crédito

La recuperación de los últimos cuatro años se concretó en un marco de estrechez crediticia, como consecuencia del caos legado por la confiscación de los depósitos. Pero una tasa de crecimiento del 8% anual no puede sostenerse sin préstamos. El volumen del crédito que alcanzó el 24% del PBI en la década pasada se ha reducido en la actualidad al 11 %[13]. La evolución futura de esta restricción es materia de controversia.

Durante el año pasado se registró una notable recuperación del sector financiero. Los bancos duplicaron las ganancias del 2005 y embolsaron 4100 millones de pesos de utilidades. Este sector logró el segundo lugar entre las actividades de mejor comportamiento del período y se espera que una evolución semejante durante el año en curso[14].

El gobierno ha contribuido activamente a este repunte, a través de su impulso al fallo de la Corte que convalidó la pesificación de los depósitos. Por esta vía se legitimó la expropiación de los pequeños ahorristas y quedó legalmente consagrado el socorro fiscal a los bancos. Pero lo que más redujo la convalecencia financiera fue el inesperado crecimiento de PBI. La intensa reactivación achicó radicalmente el plazo habitual de cicatrización de un colapso bancario de la magnitud que presentó en Argentina.

Este continuado crecimiento explica también porque los préstamos se están incrementando a un ritmo del 35-40% anual, en un contexto de bajas tasas y ampliación de los plazos. Como el volumen del crédito es aún pequeño, la recomposición integral del sistema financiero es todavía incierta, en un país con bajo nivel de bancarización de la población[15].

Pero lo más problemático no es la herencia de la crisis, sino la forma en que se reconstruyen las finanzas. Ya se observa una nueva concentración de la estructura bancaria en torno a 11 entidades que absorben el 72% de los préstamos y 90 % de los depósitos. Este nivel de monopolización refuerza una tendencia originada en los 90, cuándo 20 grandes bancos terminaron manejando el 82% de los depósitos. Actualmente menos de una decena de entidades controlan casi todo el sistema, reavivando la concentración que detonó el estallido del 2001.

Las flaquezas del comercio exterior

El gobierno exhibe el aumento de las exportaciones como su gran logro productivo, disimulando que este avance ha sido solventado por la mega-devaluación que padeció la población. Se ha pasado de 27.000 millones de dólares de ventas externas (2002) a 46.500 millones (2006), pero la canasta de bienes comercializados continúa mayoritariamente integrada por productos o manufacturas de origen agropecuario (68% del total).

La mejora de las exportaciones no compensa todavía la escasa la participación del país en el comercio mundial. Esta incidencia alcanza al 0,39%, es decir la mitad de la tajada prevaleciente hace cuarenta años y la séptima parte del porcentaje predominante durante la primera mitad del siglo pasado[16].

Las limitaciones del sector externo se verifican también en el aumento de las importaciones que ya bordean los 26.600 millones y crecen más rápido que las ventas externas, con una composición más desfavorable. Mientras que el 70% de las exportaciones son bienes primarios, el 85% de las importaciones están conformadas por productos de alto valor agregado. Con este esquema exportador no se emula el modelo de los países avanzados y tampoco el patrón industrial asiático. Solo se ratifica el bajo nivel de competitividad de la industria argentina.

Por cada tonelada exportada el país recibe 460 dólares, pero paga 1500 dólares por su equivalente importado[17]. Esta desventaja es muy notoria en la relación comercial con Brasil. A pesar del menor crecimiento y el tipo de cambio apreciado que predomina en el principal socio de Argentina, el nivel de importaciones provenientes desde ese país aumentó de 25 % (antes de la crisis) a 34% (en la actualidad)[18].

Argentina ha quedado situada en una compleja situación intermedia en la competitividad global. Cuenta con un mercado interno estrecho y de bajos ingresos promedio, no puede rivalizar con las grandes potencias y tampoco se encuentra en condiciones de disputar terrenos con los países que detentan un gran reservorio de mano de obra barata. Esta limitación obstaculiza la implementación de una estrategia “neo-desarrollista hacia fuera” (exportador industrial), y “neo-desarrollista hacia adentro” (industrializar apuntalando el consumo doméstico). La gran ventaja comparativa del país continúa localizada en el vulnerable potencial de su producción primaria.

En este cuadro Kirchner busca mantener el tipo de cambio, como si bastara contraponerse a la convertibilidad para evitar sus efectos. Pero ni siquiera es sencillo preservar la cotización del dólar. El gobierno hace lo imposible para contrarrestar la revalorización del peso comprando divisas e incrementando las reservas, pero el tipo de cambio real sigue cayendo por el reingreso de capitales externos, que constituye otro impacto imprevisto de la recuperación. Este flujo afecta también la paridad cambiaria, confirmando que no se puede contrarrestar la reducida inversión y la frágil competitividad con maniobras monetarias.

El ensayo neo-desarrollista está socavado por seis contradicciones: rebrote de la inflación, estrechez de la inversión, vulnerabilidad energética, gravitación del endeudamiento, restricción crediticia y primarización del comercio exterior. ¿Pero cómo debe analizarse conceptualmente el modelo? Abordamos este problema en la tercera y última parte de este trabajo.