Argentina

 

La burocracia sindical peronista y la represión en la década del 70

José Rodríguez: para muestra basta un “botón”

Por Oscar Alba
Socialismo o Barbarie, periódico, 22/02/07

La reapertura de la causa por los crímenes de la Triple A, en la cual el MAS es querellante y la proximidad de un nuevo aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976 hacen necesario remarcar, mas que nunca, el hilo de continuidad entre el gobierno de Perón y la dictadura, en lo que se refiere a la represión a la vanguardia obrera y estudiantil que surgió y luchó desde el Cordobazo hasta que fue prácticamente aniquilada por Videla y cia.

Hay que decir la verdad: la represión brutal y facistoide comenzó antes de 24 de marzo del 76 y los sectores dominantes del peronismo –y en primer lugar Perón– y todo un sector de la burocracia sindical estuvieron implicadas antes y durante el golpe en perseguir, entregar y hasta directamente matar a esa vanguardia que cuestionaba, se enfrentaba, desbordaba y derrotaba en varios casos a la burocracia sindical.

Se van a cumplir 31 años del golpe genocida este 24 de marzo, pero 34 desde que los grupos facistoides empezaron a asolar a la clase obrera y la juventud.

Por esto, con la causa de la Triple A reabierta, hay mejores condiciones para romper el pacto de hecho entre radicales y peronistas que del golpe para atrás buscaba imponer un manto de silencio dando a entender que no habrían existido bajo Perón e Isabel, violaciones a los derechos humanos, represión, torturas y hechos aberrantes. Porque la lucha contra la impunidad debe llegar también a los represores que actuaron antes del 24 de marzo y a sus mentores ideológicos y políticos. Y en esto la historia no perdona ni a Perón ni a Balbín.

Pero esta pelea apunta también a muchos de los actores políticos y sociales que siguen actuando cotidianamente. En este sentido, la burocracia sindical peronista fue uno de los pilares fundamentales en que se apoyó el régimen capitalista para su política de extermino de la vanguardia obrera y estudiantil. José Rodríguez, secretario general del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) fue uno de los principales burócratas que colaboraron con la represión a los trabajadores de su gremio. De muestra basta un botón... y el “botón” [1] Rodríguez es más que ejemplificador.

En primer lugar, el accionar de la Triple A, creada por los gobiernos de Juan D. Perón e Isabel Perón respectivamente, buscaron, mediante el asesinato, frenar el ascenso de luchas y el avance de una vanguardia que se extendía en todos los sectores obreros.

Ante el auge de la movilización, el gobierno peronista de Isabel se mostró incapaz de estabilizar la situación política nacional. La patronal y el imperialismo recurrieron entonces al golpe del 24 de marzo para imponer un verdadero genocidio de quienes luchaban cotidianamente contra la patronal y el régimen. Con los militares en el gobierno, la represión en todo el país pega un salto cualitativo, tanto en número como en los métodos. La desaparición y la tortura de militantes políticos y sindicales, que en el período peronista ya estaban presentes, se perfeccionan y se multiplican con la llegada de la dictadura.

La burocracia sindical, a su vez, fue consciente desde un primer momento que su enemigo principal era el ascenso obrero y el surgimiento y la extensión de una vanguardia que le disputaba, en vastos sectores fabriles, la dirección de las comisiones internas, cuerpos de delegados y hasta seccionales de los gremios. En importantes fábricas de Capital y Gran Buenos Aires la oposición antiburocrática, relacionada con las organizaciones de la izquierda combativa, había logrado ganar un espacio importante. Esto se vio en el surgimiento de las Coordinadoras Fabriles que, por fuera de los nefastos “cuerpos orgánicos” de la burocracia peronista, se constituyeron en la punta de lanza de lucha contra los planes económicos de los ministros peronistas Rodrigo y Mondelli respectivamente.

En el SMATA, en las grandes fábricas automotrices, existía una fuerte oposición a José Rodríguez y su banda de burócratas, ya atornillados hace tres décadas. En 1974, la seccional Córdoba, una de las más importantes del gremio automotriz, había quedado en manos de la Lista Marrón, con René Salamanca, militante de izquierda, como secretario general. En el Gran Buenos Aires, en Ford y Mercedes Benz habían surgido direcciones que se oponía a Rodríguez. En Chrysler también se extendía la oposición, así como en otras fábricas autopartistas.

José Rodríguez no dudó, frente a la creciente movilización, en alinearse con la patronal y los represores de la Triple A primero, y luego, servir a los militares genocidas.

Mercedes Benz y Ford: dos ejemplos de colaboración con la represión

En Mercedes Benz, en su planta de González Catán, los trabajadores conformaron, a mediados de 1974, una Comisión Interna y un Cuerpo de Delegados combativos. La burocracia y la patronal se pusieron de acuerdo para desconocerlos y la dirección del SMATA nombró un “interventor”, Rubén Aguiar, el cual, para que se vea el grado de complicidad entre la empresa y Rodríguez, tenía su oficina en el edificio central de la empresa. Los obreros no bajaron los brazos y el 8 de octubre de 1975, una masiva asamblea resolvió desconocer al interventor, declaró un paro general de actividades y eligió a una nueva Comisión de Reclamos. Esta comisión fue conocida como “la Comisión de los 9”. Como lo hiciera anteriormente, la burocracia desconoce a la Comisión de los 9. El ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, declara ilegal el paro y ordena que la policía rodee la planta fabril. La patronal, entonces, despide a 117 trabajadores. Los trabajadores continúan la pelea y apelan a la solidaridad de las fábricas de la zona y a la propia población. El conflicto se generaliza cuando el Centro Comercial se adhiere con un paro general [1]. Finalmente, luego de 22 días de paro, la empresa accede a reconocer a la Comisión de los 9 y los reclamos laborales presentados.

La burocracia mecánica, con Rodríguez a la cabeza, hasta entonces no había abierto la boca. Cuando los obreros triunfan, saca una solicitada en los diarios en la cual, entre otras cosas, involucra a los dirigentes con la guerrilla [2] y tergiversa los hechos.

En la solicitada, los burócratas dicen sobre el conflicto: “Una huelga sin objetivos (...) acción provocativa arteramente amañada por agitadores profesionales (...) destinada a descalificar la estructura gremial y a promover el caos y la anarquía, mediante un acto típico de guerrilla industrial”.[3]

Recientemente, en el Juicio por la Verdad en la ciudad de La Plata, la periodista alemana Gabriela Weber presentó una serie de documentos entre los cuales había un informe de la filial argentina Mercedes Benz de mayo de 1976, que especificaba que los despidos de octubre de 1975 eran “un pedido urgente del entonces ministro de Trabajo (Carlos Ruckauf) y de la dirección del SMATA, que ha pedido más despidos todavía”.[4]

Cuando llega el golpe militar, el SMATA es intervenido y la represión cae sobre los trabajadores de Mercedes Benz; catorce compañeros serán secuestrados por el Ejército. Entre ellos se encontraban dirigentes de la huelga de octubre de 1975, como Aníbal Arenas, y el 5 de agosto de 1977 también es secuestrado Charles Grossi.[5]

En el Juicio por la Verdad, José Rodríguez declara, con total cinismo, que él se entera de que había trabajadores de Mercedes Benz desaparecidos recién en la década del 80, con la llegada de la democracia.

En la fábrica Ford, el papel de Rodríguez no fue distinto. En la planta automotriz de General Pacheco, a comienzos de 1975 y con las paritarias por delante, los trabajadores formaron un Comité de Reclamos para presionar a la Comisión Interna, que respondía a la Lista Verde de Rodríguez. La pelea por los convenios en junio/julio de 1975 ubica a los obreros de Ford como vanguardia indiscutible en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Desarrollan la Coordinadora fabril de la zona, y el 16 de junio se movilizan 5.000 trabajadores de la empresa, junto a otros trabajadores de las fábricas aledañas. La policía reprime esta marcha a la entrada de la Capital Federal. Los obreros de Ford continúan la lucha y el 9 de julio, en una asamblea reemplazan a la Comisión Interna por un Comité de Lucha, que levanta, entre otras reivindicaciones, un aumento del 100%, el pago de los salarios caídos y el no cumplimiento del descuento de un día que había dispuesto, en ese momento, la CGT para aportar “para la reactivación de la economía del país”, y van al paro.

“La respuesta del frente gobierno-burocracia-empresa no se hace esperar: en una reunión a la que concurren el presidente de Ford, Juan M. Courad, el comisario Héctor García Rey (conocido como el Chacal y denunciado como organizador de la Triple A por uno de sus integrantes), en su condición de subsecretario de Seguridad, y José Rodríguez, se acuerda declarar ilegal la huelga, despedir a más de 300 trabajadores (entre los que se destacan los miembros más activos de la oposición antiburocrática) e instaurar un régimen de control policial al ingreso y en el interior de la planta. Esto es parte del ensayo general de la ocupación por tropas del ejército de la fábrica, a partir del 24 de marzo de 1976”.[6] Este testimonio exime de cualquier comentario acerca de la veracidad de la colaboración de José Rodríguez con la represión.

A partir del golpe, tal cual indica el testimonio antes citado, se crea un centro de detención dentro de la propia fábrica, ubicado en el quincho y el campo de deportes. Desde allí se llevó adelante el secuestro y la tortura de 25 delegados gremiales entre 1976 y 1978.

¿Qué dijo sobre esto el “Gordo” Rodríguez? Cuando fue interrogado por el camarista Leopoldo Shiffrin acerca de “eliminar subversivos”, declaró: “Ha pasado tanto tiempo... hay detalles que no recuerdo...” [7]

A José Rodríguez y sus pares de la burocracia permanentemente les falla la memoria, sobre todo si se trata de ocultar sus entregadas y sus crímenes. Pero además, tratan de que los trabajadores no se ocupen de la propia historia que distintas generaciones de obreros han ido construyendo. Tergiversan las palabras y falsifican los hechos. Pero no han podido detener la lucha de clases, en la cual sirven de felpudos y alcahuetes de la patronal y sus gobiernos. Para nosotros, tener presentes estas experiencias no puede convertirse en un simple ejercicio de memoria. Identificar a los Rodríguez, los West Ocampo, los Moyano y tantos otros burócratas, debe servir en la actualidad, a partir de la democracia directa y la movilización permanente, para elevar, en cada día, en cada conflicto, en cada reclamo, la lucha por terminar con esta lacra política y social que es la burocracia sindical peronista.


Notas:

[1].- En Argentina, la palabra “botón” tiene popularmente el significado de delator y/o colaborador con la represión policial o patronal. (Nota de Sob internacional).

1. El Aromo, diciembre de 2004

2. Durante el conflicto es secuestrado por la guerrilla peronista el gerente de Producción de la empresa, Franz Metz. La burocracia aprovecha este hecho para tratar de subversivos a los huelguistas.

3. El término “guerrilla industrial” fue creado por Ricardo Balbín, por entonces presidente de la UCR (Unión Cívica Radical), partido burgués supuestamente “democrático” y opositor al peronismo. Los radicales, con experiencia en reprimir y asesinar obreros así como en golpear la puerta de los cuarteles para incitar a golpes de estado, identificaban a la vanguardia obrera como “guerrilla industrial” alentando la represión en las fábricas.

4. Página 12, septiembre de 2002.

5. Charles Grossi era militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Fue detenido en su lugar de trabajo y está desaparecido.

6. Testimonio del delegado Pedro Troiani, citado en El Aromo, diciembre 2004.

7. Citado por Héctor Eduardo Löbe en El Aromo, octubre del 2002.