La investigación sobre la Triple A

Una nueva megacausa

Por Irina Hauser
Página 12, 04/03/07

Al reabrir el expediente, el juez Norberto Oyarbide tenía seis casos emblemáticos y ninguna víctima o familiar que impulsara la pesquisa. Ahora, el fiscal Eduardo Taiano prepara un dictamen en el que aceptará extender la causa a, al menos, 600 casos. Y no paran de tocar la puerta del juez personas que quieren contar su historia.

Apenas tres meses atrás, la causa sobre los crímenes de la Triple A no tenía quién la impulsara. Por temor, resignación o por suponer que nunca lograrían nada, nadie se presentaba. Ahora está por convertirse en una megacausa. Por lo pronto, admitió ocho querellantes y podrían sumarse otros veinte. Víctimas, familiares y partidos políticos pidieron ser reconocidos como parte. El fiscal Eduardo Taiano ya prepara un dictamen en el que aceptará que la investigación se extienda por lo menos a 600 casos, que también podrían llegar a ser 1000, o incluso más. El juez Norberto Oyarbide apoyaría el criterio.

El descubrimiento en España del ex subcomisario Eduardo Almirón, uno de los jefes de la Triple A, abrió un mundo. Primero, le dio pie a Oyarbide para declarar los secuestros y asesinatos de esa organización como “delitos de lesa humanidad”. Al resolver, se apoyó en los mismos seis casos emblemáticos por los que José López Rega había sido detenido en 1986, como el homicidio del diputado Rodolfo Ortega Peña y el de Julio Troxler, ex subjefe de la policía bonaerense. Pero esta vez venían con un dato novedoso, inesperado para muchos, que decía que los crímenes previos al golpe de 1976 no prescribieron y todavía se pueden esclarecer.

El efecto fue contundente: no paran de presentarse testigos, damnificados y organismos de derechos humanos. Reflejan cientos de historias, de vidas marcadas y familias que nunca antes habían sacado el tema fuera del ámbito de su intimidad.

Valentina Banylis tenía cinco años cuando, el 10 de junio de 1975, una banda de hombres encapuchados con medias de nylon mató a su papá en el jardín de su propia casa, en Ituzaingó. “Llegaron en cinco Ford Falcon, cerca de la medianoche, y lo sacaron de la cama. En pocos segundos, lo llevaron contra la medianera y lo ametrallaron. A mi mamá y a mis hermanos los mantuvieron encañonados. Yo dormía, quizá como forma de protegerme. La policía encontró sesenta vainas. Parece que usaron armas muy sofisticadas, con efecto de sonido amortiguado, que había mandado a comprar López Rega”, relata Valentina, una estudiante de Letras con dos hijos. Su papá, Carlos Alberto Banylis, trabajaba en una empresa de transportes, era militante del Partido Comunista y delegado gremial de la Unión Tranviaria.

El juez que intervino cerró el expediente como “muerte por hemorragias internas” y le recomendó a la familia “que no averiguara más nada”. En 2002, Valentina, sus dos hermanos y su mamá esparcieron las cenizas en Plaza de Mayo. El año pasado hicieron un pequeño homenaje al que asistió gente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fue la primera vez que hablaron de exigir que se investigue. La detención de Almirón les dio el impulso que faltaba. “Quiero saber por qué me crié sin padre. Que paguen los que lo mataron, o al menos los responsables políticos”, dice.

Por lo menos catorce personas (familiares y víctimas directas de la Triple A) ya pidieron, a título individual, ser aceptados como parte para impulsar la causa. También se presentaron el Partido Obrero (PO), el Partido de la Liberación (PL), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Movimiento al Socialismo (MAS) y apoderados del ex Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Cada uno llevó las historias de sus militantes asesinados por la banda de ultraderecha que manejaba y financiaba López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social. Unos y otros casos convergen, casi todos, en una reconstrucción que le entregó a Oyarbide la agrupación Justicia Ya! (que nuclea a varios organismos de derechos humanos) con un listado de 600 homicidios.

Ahora el fiscal y el juez tienen que resolver si aceptan incluir todos los asesinatos en la pesquisa. Taiano ya prepara un dictamen y, según pudo saber Página/12, es probable que aliente una megainvestigación. Oyarbide, dicen sus colaboradores, estaría dispuesto a aceptarlo.

Laberinto histórico

El listado de víctimas podría extenderse todavía más. Desde que asesinaron a su padre el 14 de octubre de 1973, Carlos Razzetti, un comerciante rosarino de 53 años, se dedica a reconstruir la trama de la Triple A. El jueves último testificó en el juzgado de Oyarbide y se comprometió a entregar una nómina en la que el número de víctimas de la banda terrorista llega a 1600.

Constantino Razzeti fue “un líder de la Resistencia Peronista y en 1973 era vicepresidente del Banco Municipal de Rosario”, lo retrata su hijo. “Dos días después de la asunción de Perón, lo invitan a una cena, lo esperan en la puerta de la casa y lo matan. Le dieron cinco balazos a sólo 30 centímetros de distancia. Estaba involucrado el sindicato de la carne. Pero el juez de entonces dijo que era un fierro caliente y que no se iba a jugar. Archivó todo y me advirtió que me podían matar”, relata. “En el ’76 terminé como huésped en el centro clandestino El Pozo”, cuenta Carlos.

En 2005 intentó la reapertura de la causa como un crimen de lesa humanidad, pero el juez Germán Sutter Schneider le dijo que el caso sólo se podía abordar “como una especie de juicio por la verdad histórica”, sin que se pueda condenar a nadie. Así, con sus enormes archivos y unas cuantas cosas para decir, Razzetti se presentó ante Oyarbide y dijo que está convencido de que las raíces de la organización pueden rastrearse en “1966 a partir del Plan Cóndor”. “Pero la Triple A comenzó su manifestación pública con la masacre de Ezeiza, donde estuve con mi padre”, agregó. Ese punto despertó interés de los investigadores, que días atrás pidieron el viejo expediente sobre aquella marcha organizada para recibir a Perón que terminó en una matanza desatada por la derecha peronista. “A nosotros –le aseguró Razzeti al juez– nos dispararon desde un Peugeot 404, pude ver que tenían brazaletes con las siglas MBS, del Ministerio de Bienestar Social.”

Jorge Watts, otra víctima de las Tres A, ya contó su experiencia en el Juicio a las Juntas. Esta vez pidió hacerlo como querellante. En 1973 era el encargado de liquidar los haberes de tres millones de jubilados. Como los datos se procesaban en Bienestar Social, iba con cierta frecuencia al edificio donde mandaba López Rega. Allí vio cómo el coronel Jorge Osinde planificaba la masacre de Ezeiza. “Estaba con unos tipos que, con un rotafolio, trazaban un esquema de cómo tirar desde el palco hacia la gente y cómo controlar el lugar”, describe.

“Mi primer encontronazo con la Triple A fue en 1975. Por mi trabajo, yo sabía que cada vez que había un aumento a los jubilados, nunca daban lo que habían anunciado. Un día me citan al despacho de López Rega y me encuentro con Norma Kennedy, Juan Carlos Rousselot (ex intendente de Morón en los noventa) y creo que Almirón. Estaban armados y me dicen que tenía que renunciar y dejar de ser dirigente sindical en ATE, si no iba a aparecer en Lugano con un tiro en la cabeza. Llamé a una asamblea, conté todo, me compré un revólver y decidí quedarme. En otra visita al ministerio, estacionamos en el tercer subsuelo. Allí habían montado una cárcel, con barrotes de color naranja. El chofer me dijo, textual, que era para los enemigos de López Rega”, detalla Watts. Durante la dictadura estuvo secuestrado en El Vesubio que, explica, “había empezado a funcionar durante el gobierno de Isabel Perón, en agosto de 1975, como centro de la Triple A”.

Todas las caras

Desde fines de noviembre, por los crímenes de la Triple A fueron detenidos tres custodios del gobierno de la viuda de Perón, acusados de asociación ilícita y homicidio: Almirón (en España), Juan Ramón Morales y Miguel Angel Rovira. La propia ex presidenta ahora enfrenta en Madrid, pero en libertad, un proceso de extradición para ser juzgada en la Argentina. Felipe Romeo, que dirigía la revista El Caudillo, el órgano de difusión de la banda terrorista, está prófugo. Como intento de defensa, Morales y Rovira plantearon la prescripción de las acusaciones. La discusión, que está ahora en la Cámara Federal, será decisiva para la continuidad de la investigación.

“Esperamos que el juez ordene nuevas indagatorias y detenciones”, le dijo a Página/12 Carlos Petroni, víctima de tres atentados de la Triple A. Militaba en el PST en los setenta y la denuncia que llevó a tribunales deja a la vista las múltiples aristas del tema al revelar la presunta relación del secretario de la CGT, Hugo Moyano, con la Concertación Universitaria Nacional (CNU), otro grupo de ultraderecha que actuó a comienzos de los setenta y se integró a la estructura parapolicial. Petroni repasa los atentados de la CNU en Mar del Plata, donde él vivía, y “donde Moyano fue elegido en 1972 secretario general del gremio de camioneros y desde el ’76 fue secretario de la CGT local”, destaca. Moyano se presentó en la causa a través del abogado Daniel Llermanos y entregó un escrito donde dice que las afirmaciones de Petroni “son enormes falsedades que serán materia de inmediata respuesta”.

“Muchas veces intenté generar interés para que se investigara todo esto, pero no había voluntad política. Era evidente el pacto entre Raúl Alfonsín e Isabel Perón no volver sobre esa etapa. Ahora muchos podemos contribuir con las pruebas que tenemos”, señala Petroni. Héctor Corres, a quien identifica como uno de sus varios atacantes en 1974 y uno de los ejecutores de la masacre de Ezeiza, fue denunciado la semana pasada por la Federación Universitaria Patagónica y será expulsado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Don Bosco, donde es profesor. Corres integró la CNU y estuvo preso por el asesinato de la estudiante Silvia Filler en una asamblea en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata.

Esta vez

–Esta vez sí, esta vez voy a honrar la memoria de Juan Carlos.

María Luisa Aubone de Dávalos, de 84 años, colgó el teléfono totalmente conmocionada. Mientras desayunaba había leído en el diario que “un juez decía que los asesinatos de la Triple A son delitos de lesa humanidad”. Enseguida llamó a un gran amigo de hijo, asesinado en 1974, y le pidió ayuda. Quería ir corriendo a tribunales. “Antes nadie quería averiguar lo que había sucedido previo a 1976, todo el mundo sabía que era así, era inútil intentarlo”, le asegura a Página/12.

María Luisa quiere hablar de Juan Carlos. “Era buen mozo, inteligente, escribía poemas, dibujaba. Se fue a pie hasta Caracas y de ahí a Estados Unidos vendiendo dibujos. No tenía militancia. Se estaba por recibir de sociólogo cuando lo mataron.” Hace un silencio y pide disculpas. “Me pongo muy triste, perder un hijo, asesinado, gratuitamente, es algo terrible. Ahora pienso –-recupera fuerzas– que si alguien se atreve a investigar, mi desgaste emocional servirá para algo, ya no lo puedo dejar pasar, sería traicionar a mi hijo.”