Por Isidoro Cruz Bernal
(Socialismo o Barbarie –revista–, marzo 2003)
La Argentina vive
una crisis global. No se trata de una crisis acotada a un solo
aspecto. No es una crisis económica como fue el Tequila, o política
como podía ser en el caso de los levantamientos
"carapintadas" en los 80. Tampoco es el caso de crisis más
graves, como la hiperinflación, que abarcaban aspectos políticos y
económicos pero en los que la hegemonía de la clase dominante era
mucho más fuerte y dominó la salida de la crisis sin mucho esfuerzo.
La crisis global que vive el país abarca la crisis económica, política,
social y de conducción burguesa. En este artículo se analizan las
divisiones burguesas, los supuestos bandos irreconciliables de
dolarizadores y devaluadores y los diversos proyectos económicos en
danza.
En lo económico esa
crisis es resultado de: a) los desequilibrios del modelo neoliberal
(deuda pública, apertura, crisis fiscal permanente, etc.); b) la
inserción periférica en el mercado mundial; c) el panorama
convulsivo de la economía internacional (a la que los pronósticos no
le auguran una etapa expansiva y en la que hasta Estados Unidos ha
entrado en una etapa de desaceleramiento). En el aspecto político se
puede resumir como un largo pero concreto agotamiento de las
mediaciones políticas de la democracia burguesa instaurada en 1983.
Veinte años de democracia de contenido capitalista en un país que,
desde 1976, acentuó su condición semicolonial, bastaron para
desgastar a las instituciones y a los partidos políticos que
sostuvieron las bases de este régimen.
Es decir, además de
vivir una crisis económica, estamos viendo una crisis del régimen
político que permitió a la clase dominante llevar a cabo
transformaciones económico-sociales de cuño antipopular. El proceso
abierto el 20 de diciembre de 2001 quitó una enorme porción de
legitimidad al régimen de la democracia para ricos. Este proceso se
ha dado en forma coincidente con el agotamiento del esquema de la
convertibilidad (que no era un esquema económico cualquiera sino una
de las versiones más radicales posibles de las reformas estructurales
neoliberales). El aspecto que aparece más destacado es el fin de la
convertibilidad pero, en un nivel más profundo, implica la crisis y
el cuestionamiento de las transformaciones de los años 90 (y también
las de 1976 en adelante), alcanzando a ponerle un gran signo de
interrogación al destino de la Argentina como país.
Esta incertidumbre está,
naturalmente, instalada en las clases populares que han soportado 25 años
de transformaciones reaccionarias, pero también se encuentra en el
seno de las clases dominantes argentinas. Podemos decir que si bien la
burguesía argentina sabe lo que quiere (percibir la mayor cantidad de
ganancias en el menor tiempo posible) no está para nada segura acerca
de cual pueda ser la manera de conseguirlo. No se acumula capital en
el aire. Se lo hace a través de determinados ordenamientos políticos
y dispositivos económicos. La convertibilidad fue uno, la
"tablita" de Martínez de Hoz fue otro, si nos remitimos a
los de mayor duración en el tiempo. Otros, menos exitosos en sus
fines, fueron el plan Austral o el plan BB.
La coexistencia de la
salida violenta de la convertibilidad con la profunda deslegitimación
de la democracia burguesa ha limitado gravemente la capacidad de acción
de la burguesía y sus agentes políticos para imponerle a las clases
populares una salida que éstas puedan aceptar, si no como propia, al
menos como mal menor o designio del destino. La Argentina capitalista
tiene un gobierno débil, percibido como ilegítimo, que ha lanzado
una serie de medidas económicas de emergencia impuestas por la vía
de los hechos Principalmente: la devaluación y la pesificación. Pero
su propia debilidad política le impide, especialmente en lo que se
refiere a la segunda, garantizar que el rumbo elegido no tiene
retorno. La división y la incertidumbre que hay en las clases
dominantes acerca de cuál es el camino de salida para la Argentina
capitalista se acentúan al percatarse de que casi ninguno de los
elementos en juego posee solidez. Un elemento poco considerado
habitualmente, tan importante como la crisis de sus agentes políticos
(fragmentación peronista y desaparición radical), es la desorientación
que tuvieron sus principales cuadros económicos en el inicio del
2002. Broda, Ávila, Solanet y todo ese elenco estable de gurúes
pronosticaban las peores catástrofes: hiperinflación, caos y las
siete plagas de Egipto si se abandonaban las políticas económicas
impuestas en los 90.
Nada de eso ha pasado.
Sin embargo la devaluación duhaldista sirvió para descargar el peso
de la salida de la convertibilidad sobre todos los asalariados. En ese
sentido, un primer problema para la clase dominante quedó resuelto.
Sin embargo, falta el más importante ¿cual es el eje de la acumulación
capitalista, quién se beneficia más y con qué esquema?
Una mirada
retrospectiva
Fue hacia 1975 que entró
en crisis el modo de acumulación basado en la producción para el
mercado interno, con salarios relativamente altos y economía
protegida. El capitalismo, en tanto que formación social mundial, iba
en dirección opuesta: apertura de la economía, acentuación de los
elementos rentísticos de la acumulación (que no se reducen al
mercado financiero sino que extienden esa lógica al capital
productivo), cierre de empresas no competitivas, caída de salarios.
ataque a las conquistas obreras, especialización exportadora en los
países semicoloniales, etc.
La dictadura militar de
1976 hizo una parte muy importante de ese trabajo. En primer lugar creó
un gigantesco mercado financiero que se convirtió en el modo central
de capturar el plusvalor en el capitalismo argentino. En segundo lugar
favoreció una inserción exportadora a través de la agroindustria y
las industrias extractivas que se fueron despegando del mercado
interno. En tercer lugar disminuyó el peso relativo de la industria
en la economía argentina. Los grandes establecimientos fabriles se
convirtieron en expulsores de fuerza de trabajo, lo cual redundó en
la pérdida de peso y poderío social de la clase trabajadora (los
temores militares vetaron a la conducción económica el recurso a una
desocupación de masas "a la chilena" o como la que
conocimos acá en los años 90). En cuarto lugar incrementó una
modalidad de endeudamiento externo que se volvería permanente en la
economía nacional. Más allá de que el plan Martínez de Hoz terminó
ocasionando un estado de semi-quiebra en amplios sectores de la
burguesía argentina (que debió ser rescatada por el estado
capitalista en 1982, paquete en el que también se incluyó a sectores
de las capas medias) la dictadura llevó a cabo transformaciones
sociales regresivas cuyos efectos nos acompañaron todos estos años.
La recuperación de la
lucha reivindicativa partir de 1983 puso algunos límites a los
ataques de la burguesía. Pero no la pudo frenar. La caída de los
salarios se produjo en esos años por la vía de la inflación. El régimen
de alta inflación también sirvió para dirimir las luchas
interburguesas. Las devaluaciones periódicas favorecían a los
industriales exportadores, sector del cual el alfonsinismo buscó ser
portavoz. El gobierno, sin embargo, no se atrevió a atacar a fondo
las conquistas obreras (como lo haría Menem posteriormente). Esto
ocasionó un desequilibrio que consistía en que la economía se
"achicaba" mientras que el empleo crecía un 1,5% anual. La
consecuencia lógica fue la caída de la rentabilidad, que fue
compensada por los negociados que hicieron los distintos sectores
burgueses en el mercado financiero y cambiario y con lo que, en esos años,
el hoy ministro Lavagna llamó "festival de bonos" de la
deuda pública. Ese modo de acumulación concluyó en la hiperinflación.
Ésta constituyó un momento que expresó la anarquía del modo de
producción capitalista en el que la moneda y el mercado dejan de
cumplir sus funciones. Pero también facilitó, gracias al temor que
suscitaba en las clases populares, la instalación de un instrumento
disciplinador. Roberto Alemann dijo con crudo realismo patronal que
"la hiperinflación duraría poco en el tiempo pero que su
recuerdo sería persistente en la memoria popular".
Después de varias idas
y vueltas fue Menem quien, hacia 1991, logró instrumentar un
mecanismo disciplinador, a través de la convertibilidad, que selló
la unidad de las clases dominantes por todo un período. El anclaje
del peso al dólar y la apertura económica incrementaron las
presiones de la competencia y del mercado sobre la estructura
productiva (gran parte de ella incapaz de sobrevivir respecto a los
precios internacionales). De forma simultánea a una reactivación
económica que alejó los fantasmas hiperinflacionarios y consolidó
un proceso de hegemonía burguesa en las clases populares, se fue
consolidando un proceso de reestructuración de la economía argentina.
Reestructuración que profundizaba y consolidaba las transformaciones
reaccionarias del 76: disciplinaba a la clase trabajadora con una
desocupación de masas gracias al "neutro" automatismo del
mercado de trabajo, garantizaba un importante flujo de capitales al país
gracias al cumplimiento de las reformas neoliberales (privatizaciones
y ajuste fiscal cuasi permanente), consumó una redistribución del
ingreso que redujo al salario a la mitad en veinte años, y desarticuló
una gran parte del aparato productivo.
El modelo de los años
90 configuró un nuevo mosaico en las clases dominantes formado por
los bancos, las empresas privatizadas y ciertos grupos locales con
diverso grado de asociación al capital trasnacional. Es conveniente
remarcar que la convertibilidad, si bien fue un elemento importante
como disciplinador de la clase trabajadora en primer lugar y de los
grupos burgueses menos competitivos, fue un instrumento de estos
cambios sociales regresivos. En países como México o Chile estas
transformaciones se llevaron adelante con otras políticas cambiarias
más "flexibles" (ya que lo "inflexible" fue el
mismo ajuste). La elección de un instrumento como la convertibilidad
estuvo dada en función de la historia económica del país, en la que
el tipo de cambio siempre fue un arma en la lucha de clases (burguesa,
claro está) y de la necesidad de un ataque radical contra los
trabajadores que al mismo tiempo tuviese capacidad hegemónica para
actuar sobre el resto de la sociedad.
Sin embargo, las
sucesivas crisis financieras internacionales (Rusia, Asia) acentuaron
las diversas vulnerabilidades que eran naturales a este esquema económico.
Por ejemplo: aumentos en la tasa de interés que encarecen los pagos
de la deuda, caídas de los precios de las materias primas o el
peligro de una cesación de pagos que provoca ingentes fugas de
capital. Esta fragilidad es producto de la inserción periférica en
la economía mundial. La devaluación brasileña de 1999 fue el
impacto regional que terminó de plantear la necesidad de pensar en
abandonar un esquema que se sobrevivía a sí mismo, que vivía en déficit
comercial en sus momentos expansivos y en deflación durante su
contracción. La llegada de nuevos capitales que compensaran el
creciente endeudamiento se volvió una utopía. La escisión en la
clase dominante empezaba a consolidarse, ya que mientras los bancos y
las privatizadas continuaban retirando capitales de la Argentina, la
burguesía agraria y ciertos grupos industriales tradicionales
empezaban a clamar por la devaluación.
Duhalde y las luchas
interburguesas
Fue Duhalde, gobierno
emergido como subproducto de los límites del Argentinazo, quien
finalmente resolvió la puja entre "dolarizadores" y "devaluadores".
La salida "dolarizadora", si bien convenía a bancos y a las
"privatizadas" (especialmente a las de productos no
transables), hubiese dificultado el rescate de sectores capitalistas,
cosa que sí logró la pesificación que licuó los pasivos
empresarios. De modo que la devaluación no podía dejar de estar
acompañada por el mecanismo pesificador. Entre las empresas
nacionales y extranjeras beneficiadas por este mecanismo se
encuentran: Repsol, Techint, Pérez Companc, Cargill, Aceitera General
Deheza, Dreyfuss, Fate, Macri, Telecom, Fiat, Arcor, Pescarmona, Esso,
etc. (ver "Realidad económica", febrero-marzo de 2002).
No es necesario
detallar en demasía cómo la devaluación afectó los ingresos de las
clases populares. La única forma de haber podido reducir este impacto
habría sido devaluar con una previa nacionalización de la banca que
protegiese salarios y ahorros de los trabajadores. La posición de la
mayoría de los socialistas revolucionarios en contra de la salida
devaluadora era básicamente acertada. Pero esto implicaba una política
independiente de la burguesía y no una política de acuerdo en
ciertos puntos comunes con el empresariado, como sostenían algunos
"progresistas" partidarios de una "devaluación
popular".
La devaluación
indudablemente benefició a los sectores exportadores. En la Argentina
son más de 11.000 las empresas que exportan, pero es en 80 compañías
especializadas en productos agrícolas y energéticos donde se
concentra el 70% de las ventas al exterior.
Sin embargo la
devaluación creó una situación compleja que no puede despejarse a
partir de simplificaciones del estilo que resume todo en una victoria
de los "sectores productivos" en contra de las
"privatizadas" y los bancos. Tampoco hay que verlo como un
acuerdo que reafirma la unidad de los arriba en contra de los de
abajo. La primera perspectiva convierte en absolutas, contradicciones
que han demostrado una mayor matización. La segunda visión disuelve
el problema de las luchas interburguesas en la coherencia del ataque
burgués contra la clase trabajadora. En tanto marxistas, tenemos que
entender tanto el carácter anti-obrero de las fracciones burguesas en
pugna como las diferencias reales que presenta para cada una la
realización de sus intereses.
Por ejemplo ¿todas las
privatizadas sufrieron la devaluación como un golpe? Ciertamente se
puede afirmar que sí en el caso de las empresas de servicios no
transables como las de agua, luz o gas. El gobierno de Duhalde, por su
propia debilidad, no ha podido acomodarse en esta coyuntura para ceder
en los términos que estas empresas reclaman, atrincheradas en la
fuerza de la legalidad de los contratos pero poco legítimas en la
percepción que tiene una parte mayoritaria de la sociedad respecto a
las superganancias que acumularon durante los "años de oro"
menemistas (según estimaciones de FLACSO, las indexaciones ilegales
de estas compañías sumaron 9000 millones de dólares, sin contar lo
que se llevaban legalmente ya que, como es sabido, los ajustes
tarifarios se hacían según la inflación de EEUU). Sin embargo, pese
a tener congeladas las tarifas, estas compañías no piensan todavía
en retirarse, por lo menos en el corto plazo.
Volviendo a la pregunta
que nos hacíamos al inicio del párrafo anterior, una de las
"privatizadas" que fue beneficiada por la devaluación fue
Repsol-YPF, la cual aparte de su sesgo exportador tiene la ventaja de
usar solamente un 11% de insumos importados en su producción. Aparte
ha sido beneficiada en los años de Menem, como el resto de las
petroleras, por una serie de decretos desreguladores que los eximen de
ingresar el 70% de las divisas generadas por la explotación de este
recurso (Página 12 1/12/02). Indudablemente, una empresa de este tipo
posee una fuerza social que le permite prosperar tanto si se hubiera
impuesto el esquema dolarizador como la salida devaluadora que
finalmente prevaleció.
Aun entendiendo la
devaluación y la pesificación como dos mecanismos entrelazados,
también podemos advertir que, si bien la devaluación favoreció a
los exportadores, en el mecanismo pesificador entraron sectores
capitalistas mucho más variados. El gobierno justificó la medida con
su artificial retórica pro-producción, pero la presencia en la
licuación de pasivos de empresas emblemáticas de los años de Menem
como Telecom o Macri despeja las pocas dudas que pueden quedar
respecto a la amplitud del rescate.
A todo esto hay que
sumar el salvataje del sistema financiero llevado adelante por este
gobierno durante todo el 2002 y que contrasta vivamente con la
expropiación de los ahorristas pesificados. El gobierno ya ha emitido
Boden 2012 por 9500 millones de dólares, planea resarcir a los bancos
con 5060 millones de dólares (Página 12, 9/3/03) y a cortísimo
plazo los compensará por los amparos con 2640 millones de dólares
(La Nación, 26/2/03).
Por último, el
gobierno, después de idas y vueltas durante un año, firmó el
acuerdo con el FMI. Fiel a su estilo, declamó firmeza y concluyó
firmando un acuerdo cuyas pautas repiten la misma receta recesiva que
el Fondo aplica tanto a Uruguay como a Letonia o Burkina Faso:
contracción de la base monetaria, tipo de cambio flexible combinado
con absoluta falta de control sobre ingreso y salida de capitales,
privatización de los principales bancos públicos, pago de la deuda a
como dé lugar, etc.
¿Cómo entender la lógica
de este gobierno en relación a las distintas fracciones burguesas? Es
conveniente ver que si bien comenzó su gobierno intentando arbitrar
una salida burguesa determinada (el mismo hecho de comenzar por la
devaluación es significativo de ello) su debilidad política sumada a
su estrecha base de clase le impidieron seguir adelante. Después de
todo ¿qué otra cosa ha sido el duhaldismo sino una cooperativa de créditos
cedidos a la burguesía agraria e industrial de la provincia
gestionados por un manejo discrecional del Banco Provincia? Esa es su
articulación estructural con el capitalismo local. Absolutamente
insuficiente como para manejar un país en el que el 70% de lo que se
produce pertenece al capital trasnacional. Ha quedado maniatado en una
lógica de ceder a los reclamos corporativos de cada sector de la
clase dominante y el imperialismo, sin lograr adquirir libertad para
llevar adelante una política clara en favor de unos y en contra de
otros. Frente a las fracciones burguesas no ha podido disponer de una
capacidad de arbitraje. Un hecho llamativo de esto es la protesta de
los sectores de la agroindustria, uno de los sectores beneficiados por
la política de Duhalde, planteándole al gobierno la baja de las
retenciones (que por otra parte estaban pensadas en relación a un dólar
de dos pesos).
El gobierno de Duhalde
se convierte en un campo atravesado por las contradicciones
interburguesas y que, por eso mismo, termina potenciándolas, ya que
cada fracción no pierde las expectativas de lograr sus intereses
inmediatos.
De todas formas sería
un error caracterizarlo como un mero gerente, a pesar de su escasa
capacidad de arbitraje. Porque a partir de "patear para
adelante" la resolución de los problemas y debido al artificial
"veranito" ha generado en ciertos momentos una sensación de
gobernabilidad (por ejemplo, ha logrado resolver la compleja trama
electoral), en ciertos momentos más sólida y en otros más precaria.
Hace dos meses, Lavagna parecía ser un "duro" negociador
con el FMI y la Argentina entraba en la reactivación y se encaminaba
en una vía de sustitución de importaciones El gobierno se sentía
Gardel. Hasta que llegó el fallo de la Corte declarando
inconstitucional la pesificación de los depósitos y volvió a
instalar otra instancia de negociación y "tira y afloje".
En esta ocasión Lavagna tendrá que aceptar seguir participando en
este gigantesco "festival de bonos". Porque ese va a ser el
resultado seguro del fallo de la Corte, más allá de que el fallo
contiene elementos de autopreservación por un lado y de favor a Menem
y sus políticas al aparecer "restaurando el derecho de propiedad
de los ahorristas".
¿Salida exportadora?
¿Vuelta a los 90?
Podemos decir que en términos
de qué perspectiva futura tiene la Argentina capitalista, existe una
doble apreciación. Para unos, en la economía mundial hay una
coyuntura muy compleja y poco dinámica y expansiva, y lo mejor es
apostar a una salida exportadora. Para otros hay que profundizar en
las reformas económicas iniciadas en los 90.
Javier González Fraga
representa claramente el primer punto de vista: "La economía
mundial ha bajado notablemente sus expectativas de crecimiento y la
reciente alza del petróleo no hace sino agravar esas proyecciones...
La única fuente de divisas será la colocación de los productos
industriales y agroindustriales en el exterior" (La Nación
2/3/03). La salida que se propone es la articulación de las clases
dominantes alrededor de los grupos exportadores, desplazando a los
grandes bancos y a las privatizadas.
González Fraga, hombre
decisivo en la implementación de las políticas económicas de los
90, expresa a sectores burgueses que han hecho un balance histórico
negativo respecto de la convertibilidad (con la que, sin embargo,
estuvieron largo tiempo de acuerdo). Afirma en el mismo artículo:
"...la crisis bancaria reciente nos deja una lección que es muy
obvia para los legos pero no tanto para los entendidos. No hay
suficientes normas "prudenciales" ni extranjerización de la
banca que alcance para evitar una crisis del sistema financiero cuando
la economía real colapsa... El mejor argumento para atraer
inversiones en un futuro mediato, consolidar los bancos locales o
retener entidades que están pensando en irse es plantearles que no
estamos para repetir fantasías cambiarias, sino para recrear
condiciones de prosperidad en el sector productivo".
En el mismo sentido,
Francisco González, presidente del BBVA español (dueños del Banco
Francés) dijo: "Un sistema en el que pocos ganan mucho y el
resto cada vez menos no es sostenible. Como no era sostenible la ficción
de que un peso era igual a un dólar" (La Nación, 1/3/03).
¿Qué es lo que hay
para esta salida? En el 2002 hubo superávit comercial. Pero esto se
debió a la gran contracción de las importaciones (alrededor de
55,8%), porque el flujo de las exportaciones también cayó, sólo que
lo hizo en mucha menor medida (4,7%). ¿Qué se exportó? Básicamente,
manufacturas agropecuarias, lácteos, frutas, azúcar y combustibles (éstos
últimos pegaron un salto hacia arriba de 27,5%). El perfil que
resulta del proyecto de este sector burgués es claro: una factoría
dedicada a la exportación de sus recursos naturales con el atractivo
adicional de una fuerza laboral barata. Duhalde ha buscado convertirse
en el representante de este sector, sin conseguirlo hasta ahora.
Menem consigue expresar
con mayor precisión los intereses de los grandes bancos locales, las
"privatizadas" y el capital centrado en los mercados
financieros. Aunque no es su representante exclusivo, sí tiene una
mayor gravitación que López Murphy, tanto por los "servicios
prestados" como por su mayor capacidad de articulación política
(por ejemplo, su influencia sobre la Corte). En general, este bloque
es presentado como el de los "dolarizadores". Creemos que
esta denominación no se corresponde con la realidad de esta
coyuntura. En primer lugar, porque EEUU no está interesado en un
proyecto semejante. En segundo lugar, la burguesía argentina ha
comprobado en la práctica las ventajas de tener al estado como
"prestamista de última instancia". Recurso que le faltaría
si se adoptara el dólar como moneda local. El mismo Menem ha
abandonado su papel de abanderado de la dolarización al ver que, ante
el hecho consumado de la devaluación, no despertaba la misma adhesión
que en el tramo final del 2001. Lo que sí puede afirmarse es que este
bloque adquiere su coherencia a partir de plantear que hay que ir más
a fondo en la política económica aplicada en los 90. Como muchos
neoliberales, explican las fallas de sus recetas como producto de la
inconsecuencia en la aplicación. Allí también tienen su origen las
manifestaciones de Menem en favor de una mayor represión, postulándose
ante la burguesía como un muy dispuesto enterrador del Argentinazo y
restaurador del orden.
La situación actual y
su perspectiva futura presentan muchos interrogantes. Además de estos
bloques, que tienen una política diferenciada, parece haber en las
clases dominantes una cuota importante de vacilación respecto a qué
orientación seguir.
Resulta claro que el
bloque más duramente neoliberal no representa para amplios sectores
burgueses ninguna alternativa en relación a una fase expansiva del
sistema. No vienen a repartir ganancias sino a restaurar lo que
disfrutaron en el pasado inmediato. Hasta el momento este bloque no
tiene una gran capacidad de articulación político-social. Menem
perdió una parte de su base social y después de su muy probable
derrota en estas elecciones hay que ver cómo se vuelve a parar.
Aunque no debemos correr el riesgo de subestimarlo, si el resultado
llega a ser malo va a perder parte de la influencia que goza en la
clase dominante.
La articulación
burguesa exportadora, pese al impulso que le dio el prebendarismo
duhaldista, está todavía en el aire (basta reconsiderar la
performance comercial del 2002). Por otra parte su capacidad de
articulación en lo social no va a ser muy grande ya que los sectores
de punta en que se basa (agroindustria y combustibles) se caracterizan
por un uso intensivo en medios de producción, bajo valor agregado y
muy bajo en mano de obra. La tan pregonada sustitución de
importaciones se encuentra en una fase más que incipiente. La
infraestructura es anticuada y las perspectivas de crédito e inversión
para las industrias que sí podrían impulsar un proceso de estas
características (automotrices, textiles, metalmecánicas, agroquímicos,
vidrio) no parecen servir para impulsar un proceso global. Aunque
puedan tener repuntes ocasionales. La perspectiva política a la que
parece querer juntarse este bloque de la clase dominante es a ser
representado parcialmente por el centro peronista Duhalde-Kirchner.
Las políticas de este sector, más proclives a la contención social
(por ejemplo Planes Jefe/a) que a la represión abierta, podrían
serles útiles para ganar tiempo y estructurar una salida de enclave
exportador semicolonial que por el momento es más una propuesta a
llevar adelante que una realidad tangible.
Esta situación no
parece ser de rápida resolución. A ello hay que agregar el factor de
incertidumbre que son las elecciones del 27 de abril. La variante más
probable en lo inmediato es que asistamos a una serie de marchas y
contramarchas en las pujas interburguesas sin que ninguna de estas dos
salidas que se vislumbran llegue a imponerse por completo a la otra.