Uzbekistán
Temor
por la seguridad de detenidos y refugiados
Declaración
de Amnistía Internacional, 20/05/05
Londres.
Amnistía Internacional teme por la seguridad de decenas de personas
que, según informes, han sido detenidas arbitrariamente por agentes
encargados de hacer cumplir la ley a causa de su presunta participación
en los sucesos que tuvieron lugar el 13 de mayo en Andijan. El acceso
a Andijan y las comunicaciones con la ciudad son todavía difíciles,
pero el fiscal general dijo el 17 de mayo en una conferencia de prensa
celebrada en Tashkent que hasta el momento habían sido detenidas 81
personas, todas las cuales eran insurgentes, y que se habían
entablado acciones penales contra ellas por los cargos de intentar
derrocar el orden constitucional, organizar disturbios masivos y
cometer asesinato. No se sabe si los detenidos han tenido acceso a un
abogado y a sus familias y recibido asistencia médica, ni si se
encuentran recluidos en régimen de incomunicación. El riesgo de
tortura es especialmente grande durante la detención en régimen de
incomunicación, y Amnistía Internacional ha recibido en los últimos
años centenares de informes sobre torturas infligidas a detenidos
durante su reclusión preventiva en régimen de incomunicación para
obligarlos a confesar su pertenencia a una organización islámica
ilegal. Las autoridades uzbekas han acusado a miembros y partidarios
del movimiento islámico local Akramia de intentar organizar un
alzamiento violento en Andijan para instaurar un régimen islámico en
Uzbekistán. También han vinculado a este movimiento con el Partido
de la Liberación (Hizb–ut–Tahrir), grupo islámico de oposición
prohibido, al que Uzbekistán califica de "terrorista".
Amnistía
Internacional considera especialmente preocupante que, según los
informes llegados de Uzbekistán, entre los detenidos en Andijan en
relación con las manifestaciones del 13 de mayo haya al menos tres
defensores de los derechos humanos, pues la organización teme que
hayan sido privados de libertad por sus actividades en favor de los
derechos humanos: los defensores locales de los derechos humanos
mantenían bajo observación los sucesos de Andiijan, incluido el uso
indiscriminado y excesivo de la fuerza hecho, según informes, por las
tropas del gobierno contra los manifestantes, en su mayoría civiles
desarmados, y habían intentado publicar sus conclusiones a pesar del
riesgo que corrían.
Las
autoridades uzbekas han negado que las tropas del gobierno hicieran
uso excesivo de la fuerza y mataran a civiles, incluidas mujeres y niños.
Según informó el ministro de Asuntos Internos el 18 de mayo, 170
personas resultaron muertas en Andijan durante enfrentamientos armados
entre las tropas y los rebeldes, entre ellas 37 agentes encargados de
hacer cumplir la ley, así como viandantes contra los que, según los
informes, dispararon los insurgentes. En la cifra oficial de muertos
se incluía a tres mujeres y a dos muchachos que, según los informes,
los insurgentes habían tomado como rehenes. Esta información oficial
contrasta acusadamente con declaraciones de testigos presenciales según
las cuales las tropas dispararon indiscriminadamente y sin previo
aviso contra los manifestantes congregados en el centro de Andijan.
Fuentes no oficiales calculan que la cifra de muertos asciende al
menos a 500. Supervivientes que huyeron de Andijan al vecino Kirguistán
han contado a algunos periodistas que los soldados continuaron
disparando indiscriminadamente contra la gente incluso cuando ésta huía
en busca de refugio. A Amnistía Internacional le preocupa que, según
informes, los soldados puedan haber ejecutado extrajudicialmente a
manifestantes. Periodistas de la ONG internacional de prensa Institute
of War and Peace Reporting (IWPR) han entrevistado a testigos
presenciales que vieron a soldados matar de un tiro en la cabeza a
manifestantes que yacían heridos en el suelo.
Asimismo,
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación los
informes según los cuales las fuerzas del gobierno dispararon contra
personas que trataban de cruzar la frontera con Kirguistán. Un hombre
entrevistado por WPR, que resultó herido al intentar pasar al país
vecino con un grupo de manifestantes que huían de Andijan, ha
afirmado que agentes encargados de hacer cumplir la ley uzbecos
dispararon contra ellos sin avisar cuando se estaban acercando a la
frontera en el pueblo de Teshiktash. Ha dicho que al menos dos mujeres
y tres hombres resultaron muertos. Amnistía Internacional insta al
gobierno de Kirguistán a hacer cuanto esté su mano para garantizar
la seguridad y la protección de quienes busquen refugio en su
territorio y a asegurar que no son devueltos a Uzbekistán, donde están
expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos.
Los
relatos de testigos presenciales como los que acabamos de exponer
hacen que cobren aún más urgencia los llamamientos hechos por Amnistía
Internacional a las autoridades uzbekas para que permitan hacer un
seguimiento público e independiente las acciones de sus agentes y
realizar con prontitud una investigación transparente, independiente
y con participación de expertos internacionales sobre estos sucesos,
para hacer públicos los resultados y poner a los responsables a
disposición judicial. Amnistía Internacional desea señalar que el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
también ha instado a que se realice una investigación independiente
sobre la causa y las circunstancias de los sucesos del este de
Uzbekistán.
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