China: En veinte años, funcionarios y promotores se quedaron con el 90% de las indemnizaciones debidas a más de 30 millones de campesinos

El robo del siglo

Por Rafael Poch
Corresponsal en Pekín
La Vanguardia, 22/02/06

Un estudio oficial chino ha dado los números del enorme expolio sufrido, en los últimos veinte años, por el campesinado de este país, el más poblado del mundo, en nombre del cual se hizo una revolución hace ahora casi seis décadas. Desde el principio de la reforma china (1979) hasta el año 2003, el estado incautó 6,6 millones de hectáreas de superficie agraria (100 millones de mu, en la medida china) para dedicarlas a proyectos de infraestructuras y construcción. Para hacerse una idea, en ese periodo de tiempo, China construyó 35.000 kilómetros de autopistas, la segunda red mundial. En total, entre 30 y 40 millones de campesinos chinos sufrieron esas expropiaciones, según el cálculo de la Academia de Ciencias Sociales de China.

En China la tierra es propiedad colectiva de los agricultores, y el precio que se pagó por esa enorme expropiación continuada a los largo de dos décadas, fue de unos 500.000 millones de euros, medio billón. Sin embargo, los campesinos solo recibieron 50.000 millones de euros, diez veces menos. ¿Qué pasó con el resto?

El resto de ese dinero, “le cayó del cielo como beneficio, a toda una serie de administraciones de todos los niveles del gobierno, promotores inmobiliarios y constructores”, explica, en un libro editado en Cantón, Zhou Tianyong, vicedirector de investigaciones de la Escuela Superior del Partido adjunta al Comité Central, uno de los principales “think tank” del país. Es decir, los “cuadros” locales y los empresarios se quedaron el 90% de un dinero que era de los agricultores. “Los campesinos”, dice Zhou, “aportaron la tierra en una gran acumulación de capital para promover la urbanización, pero no se beneficiaron de la urbanización y la industrialización”.

Estos datos, están siendo utilizados en el gran debate promovido en China por el Presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao, para corregir los actuales desequilibrios entre campo y ciudad. Es una campaña complicada, que acaba de dar lugar a todo un programa de modernización rural extendido del 2006 al 2010, centrado en una mayor inversión rural, subsidios agrícolas y prestación de servicios sociales, y que choca con significativas resistencias de los sectores neoliberales que dominaron el panorama chino con el anterior presidente, Jiang Zemin.

Esos sectores, autores de la errática teoría de las “tres representaciones” que no parece mucho más que un intento de integrar en el Partido Comunista Chino a los nuevos ricos y magnates capitalistas, piden más de lo mismo, seguir centrándose en el “crecimiento”, mientras que Hu y Wen, apoyados por toda una corriente académica, piden más atención social y sostenibilidad, en aras de la estabilidad social y de un desarrollo que estimule el consumo rural.

Zhou Tianyong, el autor del mencionado libro, titulado, “Abriéndose paso entre los obstáculos al desarrollo”, dice que cada año siguen expropiándose 200.000 hectáreas de superficie agraria, valoradas, a precios actuales, en 300.000 millones de euros. Su argumento da mucha fuerza al propósito de una gran ofensiva de inversiones del estado en el campo. Al fin y al cabo, no se trata más que de restituir parte de un expolio. “Los beneficios de las ventas de las tierras deben utilizarse en pensiones y seguridad social de los campesinos”, escribe, este autor.

Si se piensa que gran parte de los 87.000 “incidentes de masas” del año pasado, un 6,6% más que el año anterior, tuvieron que ver con resistencias de comunidades rurales estafadas en expropiaciones, de las que la crónica de la actualidad china ha sido, y es, muy rica, el anunciado programa de inversiones para el campo, la llamada “creación de un nuevo campo socialista”, tiene un profundo sentido de orden público.

Desde otro punto de vista, más allá de la coyuntura política china, este “gran robo del siglo”, tiene también otra lectura. Significa que la privatización rusa, que pasará a los libros de economía como uno de los mayores desfalcos organizados por los funcionarios de un estado absolutista en la historia, tiene en China algunas analogías. Con dos importantes salvedades. Aquí la iniciativa del atraco no viene de lo más alto, de la cúpula del gobierno y de sus ministerios, sino que es algo más de base, y no fue planificado por ellos. En segundo lugar, hay un propósito de enmienda, de lucha contra la corrupción y de paliar los desequilibrios, en el marco de la búsqueda general de la estabilidad y gobernabilidad, que en Rusia no se ha visto.

Entre 1992 y 1997, en Rusia pasaron a manos privadas más de la mitad de las empresas del estado, que era propietario de todas ellas antes de esa fecha. Los beneficiarios fueron los funcionarios y cuadros económicos del estado (los llamados “directores rojos”) y los elementos seudocriminales, todo ellos en estrecha alianza. La privatización profundizó una gran crisis económica en Rusia, empobreció a la gran mayoría de su población y disparó la desigualdad. Un informe oficial del Tribunal de Cuentas de la Federación Rusa, recordaba, el año pasado, que en 1998 el PIB de Rusia había caído casi la mitad (42,5%) con respecto al nivel de 1990 y que en el 2003, tras cinco años de recuperación, seguía siendo un 20,6% inferior al de la época soviética. Hoy, los expertos estiman que los gastos de la nueva casta oligárquica rusa sumados a los vinculados a la criminalidad y la corrupción (lo que designan como “Producto Corrupto–Criminal Neto –VKKP en sus siglas rusas), se come una tercera parte del PNB.

En China, el “golpe de los 500.000 millones” ha sido compatible con un crecimiento sostenido de casi el 10% durante veinte años.