Filipinas:
los campos de la muerte de Asia
Por
James Petras y Robin Eastman–Abaya
La
Haine, 29/03/06
Traducido
para La Haine por L.B
Desde
que la presidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo se unió a la
“Guerra contra el Terrorismo” global usamericana, Filipinas se ha
convertido en escenario de una guerra no declarada que está siendo
librada actualmente contra agricultores y sindicalistas, disidentes
políticos progresistas, activistas, líderes femeninos y un amplio
espectro de periodistas de medios impresos y audiovisuales
Introducción
Debido
a los vínculos existentes entre el ejército, el régimen y los
escuadrones de la muerte, los asesinatos políticos se producen en
medio de una atmósfera de completa impunidad. La gran mayoría de los
ataques tienen lugar en el campo y en ciudades de las provincias. El
reino del terror en Filipinas es comparable en amplitud y dimensiones
al de Colombia. No obstante, a diferencia de Colombia, el rampante
terrorismo de Estado en Filipinas no ha atraído suficiente atención
por parte de la opinión pública internacional.
Entre
los años 2001 y 2006 cientos de asesinatos, desapariciones, amenazas
de muerte y casos de tortura han sido documentados por el centro
independiente de derechos humanos KARAPATAN y por el Ecumenical
Intitute for Labour Education and Research, vinculado a la Iglesia.
Desde que Macapagal Arroyo accediera al poder en el 2001 se han
producido en Filipinas 400 asesinatos extrajudiciales documentados. En
el 2004 murieron 63 personas y en el 2005 fueron asesinadas 179 y
desaparecieron, también presuntamente asesinadas, 46 personas más.
En los primeros dos meses y medio del 2006 se han producido 26
asesinatos políticos documentados.
Un
análisis de la clase y el espectro social al que pertenecen las víctimas
de este sistemático terrorismo de Estado referido al año 2005
demuestra que la mayor parte de ellas –cerca de 70 personas– eran
campesinos y líderes campesinos implicados en disputas por la tierra
y por las condiciones de trabajo en el medio rural. Los militares han
acusado invariablemente a los campesinos asesinados y desaparecidos de
mantener relaciones con las guerrillas comunistas o con los
independentistas musulmanes. Entre las víctimas se incluyen miembros
de la asociación nacional de agricultores, Kilusang Magbubukid ng
Pilipinas (KMP), así como líderes campesinos pertenecientes a las
minorías indígenas Igorot, Agta y Moro que luchan por la defensa de
sus tierras.
Una
masacre nefanda tuvo lugar a finales de noviembre del 2005 cuando 47
campesinos y sus representantes legales celebraban una reunión
abierta y pública con motivo de un conflicto de tierras en Palo,
Leite, en las Visayas. Un nutrido contingente de soldados rodeó y
atacó a los reunidos matando a 9 campesinos y arrestando a más de
una docena. Otros 18 campesinos “desaparecieron” y se sospecha que
están muertos. Al principio, el ejército presentó la “Masacre de
Palo” de los miembros de la Cooperativa de Beneficiarios Campesinos
de San Agustín y de la Asociación de Pequeños Agricultores
Alang–Alang como un enfrentamiento militar con el Nuevo Ejército
del Pueblo (New Peoples Army – NPA), para lo cual colocaron algunas
armas de fabricación casera junto a los cadáveres de los campesinos.
En esta caso, como en todos los demás, ningún ejecutor ha recibido
castigo y no se ha iniciado ninguna investigación oficial.
Trabajadores
y líderes sindicales integran el siguiente grupo mayoritario de víctimas
de asesinato (al menos 18), excluyendo a desaparecidos y a presuntos
asesinados. En el año 2005 fueron asesinados miembros de una federación
nacional de sindicatos, Kilusan Mayo Uno (Movimiento Primero de Mayo),
Nestle’s Worker’s Union, Central Azucarera de Tarlac, Negros
Federation of Sugar Workers, un líder de la Asociación de Empleados
del Departamento de Reforma Agraria, líderes sindicales de empleados
de institutos regionales y varios militantes de los sindicatos de la
compañía eléctrica y de la compañía de autobuses.
Con
anterioridad a eso, en el año 2005 26 musulmanes desarmados que
permanecían detenidos en una prisión militar de Manila fueron
asesinados cuando protestaban en contra de su detención prolongada y
de su arbitraria detención, contra la falta de fecha para su
procesamiento y contra las horrorosas condiciones del presidio. Estas
personas eran en su mayoría vendedores, campesinos y pescadores
desplazados que vivían con sus familias en Manila. Fueron acusados
–nunca condenados– de pertenecer a la banda de secuestradores
‘Abuy Sayaf’.
Siete
escritores y periodistas de prensa y radio fueron asesinados en el
2005, así como siete abogados y jueces relacionados con actividades
de defensa de los derechos humanos y con disputas laborales y de
tierras. En la comunidad religiosa se produjeron tres asesinatos
selectivos de curas y 7 de trabajadores religiosos, personas todas
ellas comprometidas en actividades de defensa de pobres, campesinos,
trabajadores y minorías nacionales.
La
lista de los asesinatos producidos en el 2005 no incluye los intentos
de asesinato, las detenciones ilegales, las torturas ni las
desapariciones no reportadas. Las víctimas fueron asesinadas por
escuadrones de la muerte controlados por los militares para proteger
el poder de grandes terratenientes y acaparadores de tierras, de
barones de la madera y la minería y de dueños de empresas
compinchados con el régimen.
Otro
importante grupo de víctimas, que se solapa con el de los campesinos
y de las asociaciones de obreros, está formado por los 38 líderes y
miembros del popular partido político de izquierdas Bayan Muna (El
Pueblo Primero) y su lista de afiliados. La mayoría fueron asesinados
sistemáticamente en las provincias fuera de Metro Manila entre los años
2001 y 2005 (sólo en el 2005 mataron a 67). Líderes y coordinadores
de coaliciones de partidos tales como el partido de mujeres Gabriela y
el partido urbano de gentes humildes Anakpawis (Toiling Mases / Masas
Trabajadoras) han sido asesinados, heridos o desaparecidos. Cargos
electos del Bayan Muna tales como un concejal de Tarlac City llamado
Abelardo Ladera fueron asesinados a tiros a plena luz del día, lo que
desencadenó marchas fúnebres desafiantes en toda la provincia. Su
asesinato se produjo después de la notoria masacre de miembros de
sindicatos de trabajadores de haciendas que se produjo en Tarlac en el
2004 y tras la sistemática eliminación de testigos que siguió a
ella.
Un
desglose de los 66 asesinatos cometidos por los escuadrones de la
muerte de miembros y simpatizantes de partidos políticos progresistas
en el 2005 incluye a 33 miembros del partido de pobres urbanos
militantes Anakpawis y a 30 miembros del Bayan Muna. En el 2005 han
“desaparecido” cinco miembros del Anakpawis y 3 del Bayan Muna, a
los que se da por muertos. Hasta la fecha, tres cargos del Bayan Muna
han sido asesinados en las primeras 10 semanas del 2006.
Desde
el 2003 Filipinas se convirtió en el segundo país más peligroso
para los periodistas después de Irak, debido al estremecedor número
de reporteros asesinados y desaparecidos por los escuadrones de la
muerte. Más recientemente, un periodista radiofónico que estaba
sacando a la luz los abusos que se producían en una mina local fue
secuestrado por escuadrones de la muerte al servicio de los dueños de
la mina a finales de febrero del 2006. Se sospecha que está muerto.
El
terror patrocinado hoy por el Estado recuerda los peores días de la
ley marcial durante el mandato del dictador Ferdinand Marcos
(1972–1986). Al igual que en tiempos de Marcos, todo el campo se
encuentra virtualmente sometido a un control militar que limita
estrictamente el papel de los administradores civiles. Un manual
publicado por el régimen de Macapagal titulado “Conocer al
Enemigo” es utilizado por las fuerzas armadas a lo largo y ancho del
país para etiquetar como aliados del “terrorismo” a
organizaciones legales de masas y a grupos de derechos civiles tales
como la Asociación Filipina de Abogados Protestantes.
La
campaña combinada de ejército/escuadrones de la muerte presenta
todos los rasgos característicos de la guerra “de baja
intensidad” contra la población civil auspiciada por USA. El ejército
“proscribe” o etiqueta a individuos y a grupos como terroristas
basándose en supuesta “inteligencia secreta” que le permite
criminalizar el derecho de las personas a resistir la opresión y a
luchar por su autodeterminación, justificando su eliminación. La
creación de estas “listas” queda fuera del proceso de escrutinio
judicial y limita la protección legal de las víctimas o de sus
supervivientes. Utilizando la propaganda negra propia de una operación
de guerra psicológica, las víctimas y sus asociaciones son descritas
invariablemente como “terroristas”.
Contexto
Una
alianza civil–militar de facto ha estado gobernando Filipinas desde
la declaración de la Ley Marcial por Marcos en 1972. En los años 60
la mayoría de los economistas consideraban a Filipinas como el país
económicamente más progresista de todo el sudeste asiático. Con la
llegada de la liberalización de la economía, Filipinas se ha
convertido y sigue siendo uno de los países más pobres y socialmente
más polarizados de todo Asia, con un PNB per cápita de 950 $/año,
aproximadamente la mitad del de Tailandia.
Con
más del 50% de los activos privados controlados por 15 familias
extensas archimillonarias, Filipinas es una de las sociedades más
desiguales del mundo. En marcado contraste con el resto de Asia, en
Filipinas no se ha producido ningún progreso económico en las últimas
dos décadas. Filipinas, con una población de más de 85 millones de
personas, soporta uno de los índices de desempleo más elevados
(20%), a lo que hay que sumar un 30% de personas subempleadas en el
sector informal de la economía. Más del 40% de las familias no
tienen garantizada ni su vivienda ni su alimentación: son los
indigentes pobres. La antaño prestigiosa red pública de educación y
sanidad ha sufrido un deterioro dramático a causa de recortes
presupuestarios masivos en gastos sociales y por efecto de la
privatización.
El
país, cuyas instituciones de investigación fueron capaces de
producir el ‘arroz milagroso’ de alto rendimiento, es hoy
importador neto de arroz y de otros alimentos de primera necesidad.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la desnutrición
es general. Más de ocho millones de filipinos, incapaces de encontrar
un trabajo decente en su país, trabajan actualmente en el extranjero
para mantener a sus familias. ‘Es mejor morir trabajando en Irak que
quedarse en casa y ver a tu familia morirse de hambre” era el
desdichado pero habitual eslogan que coreaban los trabajadores
filipinos al reclamar visas de salida para desempeñar trabajos de
baja categoría para el ejército de ocupación usamericano en Irak.
Se cree que actualmente hay 4.000 trabajadores filipinos en Irak.
En
los años siguientes al derrocamiento de la dictadura de Marcos (26 de
febrero de 1986) como consecuencia de una revuelta apoyada por el ejército
y la Iglesia, los presidentes elegidos posteriormente no han logrado
detener el deterioro progresivo del país. Los nuevos dirigentes como
Corazón Aquino (1986–1992) y el antiguo general Fidel Ramos
(1992–1998) simplemente favorecieron a un nuevo grupo de oligarcas y
sentaron las bases para el ascenso al poder de un populista corrupto,
Joseph Estrada. Su retórica “antioligarquista” lo llevó hasta el
palacio presidencial en 1998 con el apoyo generalizado de los pobres.
Estrada se convirtió en un incordio para Washington y para la
oligarquía tradicional al recibir al presidente venezolano Hugo Chávez
en 1999, así como por sus políticas sociales populistas, tales como
entregar miles de títulos de propiedad sobre la tierra a ocupantes de
fincas urbanos.
Una
serie de manifestaciones callejeras diseñadas por USA, apoyadas por
las clases pudientes y respaldadas por sectores de la élite militar,
culminaron con el derrocamiento de Estrada en enero del 2001. Las
mismas fuerzas alzaron a la presidencia a su vicepresidenta, Gloria
Macapagal Arroyo. Macapagal es una economista neoliberal educada en
USA y una favorita de la embajada usamericana.
Este
putsch trajo consigo un aumento de los derechos del ejército
usamericano sobre bases en Filipinas y un nuevo acuerdo militar que
fue rápidamente suscrito por Macapagal tras haber permanecido
arrumbado dos años durante la presidencia de Estrada. Con el ascenso
de Macapagal Arroyo Washington dispone de un cliente de confianza.
Del
populismo al terror neoliberal
La
recién “instalada” Macapagal Arroyo puso en marcha rápidamente
un programa neoliberal de privatizaciones, drásticos recortes en la
educación pública y en los hospitales públicos y onerosos impuestos
sobre el valor añadido que repercutieron directamente sobre las
clases pobres y medias–bajas. Para el año 2005 el total de la deuda
externa e interna de Filipinas creció exponencialmente hasta superar
los 100.000 millones de dólares, mientras que los intereses anuales
de su deuda excedían el 30% de su presupuesto. Los 12,5 mil millones
de dólares que enviaban a casa los 8 millones de trabajadores
emigrantes filipinos que trabajaban en el extranjero (incluida una
significativa porción de profesionales con estudios) no bastaban
siquiera para comenzar a pagar los intereses de la deuda. Filipinas
ostenta la dudosa distinción de ser el único país de Asia cuyo PNB
ha caído durante y desde los vertiginosos años del boom del ‘Tigre
Asiático’.
Los
familiares y compinches de Macapagal han estado implicados en los
mismos niveles de corrupción que se reprochaban al depuesto
presidente Estrada. Mike Arroyo, el marido de la presidenta, continúa
en un autoimpuesto exilio en USA para evitar tener que afrontar los
cargos de apropiación y fraude. Macapagal Arroyo sigue contando con
el apoyo de los militares gracias al expediente de conceder jugosas
concesiones a generales favoritos y a funcionarios claves del ejército,
lo cual ha provocado un profundo malestar en los escalafones más
bajos del ejército, obligados a subsistir con sueldos bajos. A
resultas de ello se han producido varios motines protagonizados por jóvenes
oficiales, siendo el más grande el que tuvo lugar cuando 300 soldados
de las fuerzas especiales tomaron un complejo de tiendas y
apartamentos de lujo de Manila en julio del 2003. El último caso ha
sido la sublevación de los marines de enero de este año.
La
inteligencia militar ha estado implicada en una campaña de bombas en
Manila y en la isla meridional de Mindanao dirigida contra mercados,
autobuses, trenes de cercanías, aeropuertos y mezquitas. El régimen
de Macapagal culpó de los atentados a un grupo musulmán de
secuestradores, el grupo de Abu Sayaf, y utilizó los bombazos como
pretexto para incrementar la militarización del país. El peculiar
cronograma de los atentados –por ejemplo, la bomba que estalló en
diciembre del 2004 en un centro comercial de Manila provocando 15
muertos vino inmediatamente después de un devastador corrimiento de
tierras que enterró a cerca de 1.000 personas en una provincia próxima
a Manila– dejaba en evidencia la incompetencia del régimen en
materia de asistencia civil.
Periodistas
locales con acceso a fuentes de información dentro del ejército
opinan que la campaña de bombas ha sido ejecutada por el propio régimen
para justificar demandas de más “ayuda” militar usamericana.
La
conexión USA
En
diciembre del 2002 los USA anunciaron un significativo aumento de los
ejercicios militares conjuntos usamericano–filipinos. El primer
contingente de tropas usamericanas desembarcado en la isla meridional
de Mindanao llevó a cabo operaciones sobre el terreno contra los
independentistas musulmanes. A principios del 2003 el entonces
Asistente del Secretario Usamericano de Defensa, Paul Wolfowitz, llamó
a Filipinas el “Segundo Frente en la Guerra contra el Terror”.
Desde entonces, decenas de miles de aldeanos musulmanes han sido
desplazados por la fuerza y centenares han sido torturados, asesinados
o desaparecidos. El resultado ha sido el incremento de la actividad de
la guerrilla musulmana.
En
octubre del 2003, durante una visita a Filipinas, Bush citó a
Filipinas como modelo para la reconstrucción de Irak. Omitiendo
mencionar la invasión usamericana de Filipinas de 1898 y la
subsiguiente campaña de pacificación que duró 13 años y durante la
que murieron más de un millón de filipinos, Bush describió a
Filipinas como “modelo de democracia” –una genuina democracia de
escuadrones de la muerte.
El
apoyo de la Administración Bush al régimen de Macapagal Arroyo ha
sido recíproco: un contingente de tropas filipinas fue enviado a Irak
desoyendo las protestas de cientos de miles de filipinos. Estas tropas
fueron retiradas solamente cuando los combatientes de la resistencia
irakí amenazaron con ejecutar a trabajadores filipinos capturados en
Irak: la economía filipina depende más de las remesas que envían
sus ciudadanos que trabajan en Oriente Medio que de la ayuda
usamericana. Los lucrativos contratos de reconstrucción que la élite
filipina confiaba en obtener a cambio de sus servicios a la
Administración Bush nunca se materializaron. Está previsto que
durante el año 2006 otro contingente de 5.500 soldados usamericanos
llegue a Mindanao y se ha doblado el número de ejercicios militares
conjuntos.
Las
tropas usamericanas no están confinadas en el bastión
independentista del extremo sur del país. Cada vez se desarrollan más
“operaciones conjuntas” en las islas centrales y en Luzón, donde
durante los últimos 40 años el Nuevo Ejército Popular (NEP), de
filiación comunista, ha venido desarrollando una campaña
antigubernamental por cuestiones relacionadas con la reforma agraria y
contra el control oligárquico–imperialista de la economía. Con un
contingente estimado de 10.000 combatientes, el NEP está considerado
como una clara amenaza para los intereses tanto de USA como de la
clase dirigente local.
Protesta
Popular Urbana y Decretos de Emergencia
En
el 2004 Macapagal Arroyo derrotó por un escaso margen a su rival en
las elecciones presidenciales tras una campaña marcada por la
violencia y el fraude. En un vídeo que se hizo público en la
primavera del 2005 se podía ver a la Presidente discutiendo con un
alto funcionario electoral sobre la forma de manipular los resultados
electorales. En medio de dimisiones de miembros de su gabinete y de
llamamientos por parte del público exigiendo su renuncia, Macapagal
Arroyo se escapó por los pelos de una votación para solicitar su
impeachement en noviembre del 2005.
Las
desastrosa políticas económicas neoliberales de Macapagal Arroyo, el
creciente deterioro social y económico del país, los frenéticos
intentos por parte de los profesionales para escapar mediante la
emigración, los movimientos por parte de inquietos funcionarios de
nivel medio y las manifestaciones llevadas a cabo por movimientos
sociales populares de masas volvieron a atraer sobre Filipinas la
atención de los medios de comunicación internacionales. A principios
de febrero del 2006 un corrimiento de tierras aún más devastador
provocado por las lluvias y por la deforestación enterró a cerca de
2.000 personas en la isla de Leite. La incapacidad del régimen para
proporcionar a las víctimas la ayuda más básica desató la furia en
todo el país.
El
23 de febrero del 2006, víspera del vigésimo aniversario del
derrocamiento de la dictadura de Marcos, Macapagal Arroyo instauró el
estado de emergencia, prohibió todas las concentraciones y cerró los
medios de comunicación de la oposición. Dictó orden de detención
contra 59 personas, entre las que se contaban miembros del Congreso,
oficiales militares y críticos sociales, acusándolos de rebelión
contra su régimen. Fueron convocadas manifestaciones para conmemorar
el fin de la dictadura de Marcos y para protestar contra el fraude
electoral, la corrupción, la incompetencia económica y las
violaciones de derechos humanos del régimen de Macapagal Arroyo.
Algunas manifestaciones desafiaron el decreto de la Presidente, se
echaron a la calle y fueron reprimidas violentamente.
Entre
las personas acusadas de rebelión se contaban 6 miembros del Congreso
pertenecientes a partidos políticos de izquierda, un abogado
especializado en la defensa de los derechos humanos, oficiales
militares tanto retirados como en activo y activistas sociales. La
mayoría de los cargos presentados carecen de sustancia y son
totalmente arbitrarios. Por ejemplo, el congresista de Anakpawis
(Masas Trabajadoras) Crispin Beltran, de 73 años, veterano líder
sindical y activista contra Marcos, fue arrestado poco tiempo después
de la declaración del estado de emergencia, inicialmente en base a
una acusación de 25 años de antigüedad que databa de la dictadura
de Marcos. Cuando se demostró que estos cargos habían prescrito hacía
décadas, sustituyeron la acusación inicial por otra de rebelión.
Este
es el último de una serie de ataques por parte del régimen de
Macapagal Arroyo diseñados específicamente para destruir a los
partidos políticos de clase y la actividad sindical, incluido el
Bayan Muna y sus socios de coalición. La campaña de asesinatos y
desapariciones de 80 miembros de esta alianza de partidos entre en el
período 2001–2005, incluyendo a alcaldes y representantes electos
provinciales ha alcanzado finalmente a altos cargos electos del
Congreso de Filipinas. En el 2006, la represión se reorientó del
campo a la capital, de los líderes campesinos a miembros del congreso
radicados en Manila, y a líderes de los medios de comunicación, de
la clase trabajadora y de partidos de izquierda. De los 26 asesinatos
políticos ocurridos en las primeras 10 semanas del año 2006 3 han
tenido como objetivos a funcionarios del Bayan Muna.
Las
detenciones arbitrarias de miembros del Congreso envían una señal a
la izquierda legal en el sentido de que el régimen no piensa tolerar
disidencias o desafíos a sus políticas ni siquiera desde dentro del
Congreso.
¿Quiénes
son los ejecutores?
Según
el KARAPATAN, la organización de derechos humanos independiente
dedicada a documentar y proporcionar apoyo legal a las víctimas de
abusos de derechos humanos, las desapariciones y asesinatos son
perpetrados por escuadrones de la muerte en algunas de las áreas más
militarizadas de Filipinas. Los escuadrones de la muerte serían
incapaces de actuar con impunidad si no contaran con la complicidad
del ejército. Han desaparecido incluso testigos de asesinatos y el
sistema judicial filipino ha sido incapaz de procesar a los autores
intelectuales y a los ejecutores. Tampoco el ejército ha realizado
ningún esfuerzo para investigar y arrestar a líderes identificados
de los escuadrones de la muerte.
Evidencias
aportadas por grupos de derechos humanos demuestran que los
escuadrones de la muerte operan bajo el paraguas protector de las
comandancias militares regionales, especialmente de las Fuerzas
Especiales entrenadas por USA. El hecho de que Macapagal haya
promocionado al infame coronel Jovito Palparan (‘El carnicero de
Mindoro’) al rango de general, a pesar de la abundante documentación
y de los testimonios que prueban su implicación en gravísimos casos
de abusos de derechos humanos, evidencia el apoyo que presta la
Presidente al terrorismo de Estado respaldado por el ejército.
Cuando
Palparan fue asignado a Luzón Central en septiembre del 2005, el número
de asesinatos políticos sólo en esa región aumentó a 52 en cuatro
meses. Antes de su promoción, las regiones que registraban el mayor número
de ejecuciones sumarias, como Visayas Oriental o Luzón Central, eran
precisamente las que se encontraban bajo el mando del entonces coronel
Palparan.
El
estado de la Resistencia
Ante
la desintegración económica y social y ante el uso que hace el régimen
de la fuerza para mantenerse en el poder, ante su descomunal
incompetencia frente a desastres naturales y ecológicos, la
resistencia popular se ha extendido desde el campo hasta las ciudades.
Las organizaciones populares de masas, integradas por campesinos y
agricultores de minorías indígenas, trabajadores industriales,
maestros, periodistas, funcionarios públicos, estudiantes, mujeres,
artistas, trabajadores pro derechos humanos, abogados y religiosos ha
crecido a pesar de la campaña de terrorismo de Estado.
Durante
el vigésimo aniversario del derrocamiento en 1986 del dictador
Marcos, decenas de millares de personas desafiaron el estado de
emergencia y desfilaron en Manila y en ciudades a lo largo y ancho del
país. Más de 10.000 mujeres desafiaron la prohibición impuesta por
la policía para marchar en el Día Internacional de la Mujer.
Estudiantes
y profesores organizan campañas en las facultades de todo el país.
Antiguos Presidentes, ejecutivos y religiosos están demandando la
dimisión de Macapagal Arroyo y una ‘suave transición’ en el seno
de la élite, mientras que los movimientos populares de masas y sus
acosados representantes políticos exigen justicia para las víctimas
del terrorismo de Estado, el fin de la presencia militar usamericana,
la eliminación de los impuestos sobre el valor añadido, el aumento
del salario mínimo, reforma agraria, moratoria del pago de la deuda,
renacionalización de sectores claves de la economía y negociaciones
de paz efectivas entre el Estado y el NPA y los independentistas
musulmanes.
Según
algunos funcionarios, es probable que Macapagal Arroyo acabe siendo
obligada a renunciar. La cuestión estriba en saber cuándo y cómo.
|