Hay dos justicias en Bolivia:
Una para ricos, la otra es de los
pobres
Redacción de
Econoticiasbolivia,
La Paz, 17/06/04
Aún conmocionada por el
ajusticiamiento del alcalde de Ayo Ayo, Bolivia volvió a constatar
hoy que dos clases de justicia se aplican en su territorio: una, la
oficial, casi siempre favorable a los ricos y poderosos, y otra
impuesta desde abajo por los más pobres.
Tres sucesos distintos mostraron
esta realidad. En La Paz, el ex ministro de Gobierno del régimen del
genocida Gonzalo Sánchez de Lozada, Yerko Kukoc, co-responsable de la
matanza de más de 80 bolivianos durante el levantamiento popular de
octubre del 2003 y autor confeso del robo y malversación de más de
un cuarto de millón de dólares, se libró este jueves de ir a la cárcel
al acogerse a los beneficios del perdón judicial que establece la
legislación boliviana. Estupor e ira en las organizaciones sociales y
populares que constataron que se aplica estrictamente lo que manda la
ley, pero se viola los más elementales conceptos de la justicia.
El segundo suceso se registró
también hoy en el extremo norte del país, en la localidad de
Magdalena en el Beni, donde varios miles de ciudadanos, hombres,
mujeres y niños en edad escolar tomaron por asalto la cárcel pública,
redujeron a los guardias y flagelaron en la plaza pública durante 20
minutos a un hombre acusado de violar a una niña de 10 años y a una
mujer de 30. La Policía, apoyada por el Ejército, reestableció el
orden, gasificando a la población civil y golpeando a mujeres y niños
que reclamaban que se haga justicia. Tras los enfrentamientos, el
fiscal Juan Pedro Ortuño se comprometió a realizar de inmediato un
juicio oral en Magdalena y emitir la sanción que corresponda.
El tercer suceso se dio también
este jueves en la población altiplánica de Ayo Ayo, donde un cabildo
abierto de vecinos, comunarios y campesinos justificó el
ajusticiamiento del ex alcalde Benjamín Altamirano Calle, que había
sido secuestrado, asesinado y quemado la madrugada de este martes bajo
la acusación de haber desfalcado los recursos del municipio, uno de
los más pobres de la región (ver "Ayo Ayo o la justicia
comunitaria aymara). "Se ha hecho justicia", dijeron al
explicar que el ex alcalde utilizaba a fiscales y juzgados de la
ciudad de El Alto y a policías para perseguir a sus opositores y
detractores.
El cabildo amenazó con bloquear
los caminos del Altiplano y hacer volar las torres de alta tensión
ubicadas en la zona, si los poderes del Estado (gobierno y justicia
ordinaria) no descongelaban las cuentas del municipio o tomaban
prisioneros a los pobladores que actuaron en el linchamiento. La
población de Ayo Ayo exige, también, que la familia del ex alcalde
devuelva los dineros que habrían sido retirados de la Alcaldía y que
se libere al concejal Saturnino Apaza, acusado por las autoridades de
participar en la aplicación de la justicia comunitaria.
Estos tres sucesos muestran de
cuerpo entero lo que se entiende en Bolivia por justicia. En las próximas
horas el ex ministro de Sánchez de Lozada será sometido a un proceso
abreviado de justicia y sería formalmente condenado a dos años de cárcel,
pena leve y que sería suspendida de inmediato, tras la devolución de
los dineros hurtados al erario nacional. Según adelantaron las
propias autoridades judiciales, el ex ministro Kukoc no llegará a la
cárcel por haber robado, según su propia confesión, un monto que es
casi veinte veces más de lo habría desfalcado el ex alcalde de Ayo
Ayo.
"Kukoc es un ladrón más que
debería ir a la cárcel", "Los políticos se están
protegiendo", "Todas estas personas debían estar en la cárcel",
"Tiene que haber un castigo severo", "Kukoc es un
asesino y un ladrón, pero igual lo dejan libre", "Es una
injusticia", "Debía ir a Chonchocoro (cárcel de máxima
seguridad)", dijeron, a través de las radioemisoras locales,
indignados ciudadanos al conocer sobre la situación de Kukoc.
El comentarista de televisión, Víctor
Hugo Rosales, reseñó esta paradoja: "No puede ser que un
alcalde en el municipio de Ayo Ayo sea sentenciado a muerte por su
comunidad por algunos miles de dólares que habría sustraído y un ex
ministro siga en las calles con dos millones de bolivianos. Hay tanta
gente que está en cárcel por delitos menores, pero esta gente
lamentablemente no tiene dinero para acceder a un proceso de esta
naturaleza. Esto provoca indignación en la ciudadanía y es
justificado".
La acción de los comunarios de Ayo
Ayo de La Paz ha sido severamente cuestionada por las instituciones
oficiales, aunque en otros distritos es vista como un ejemplo. Así,
en Potosí, dirigentes campesinos de varios municipios advirtieron que
podrían recurrir a la justicia comunitaria si las autoridades no
atendían de inmediato las denuncias que hay contra algunos alcaldes
por corrupción.
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