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Reflexiones acerca del contenido
del Referéndum de Carlos Mesa
Las
preguntas y una sola trampa
Por Javier Aramayo Caballero(*)
Equipo Nizkor, 16/07/04
El referéndum o consulta
vinculante exigido por el pueblo boliviano al ex presidente Sánchez
de Losada, fue planteado como uno de los retos que Carlos Mesa
visualizaba al momento de ser posesionado como primer mandatario, con
la fina-lidad de que sea el pueblo boliviano en edad de votar, quien
defina las políticas y estrategias estatales para el manejo de los
hidrocarburos del país, y se comprometía a garantizar su realización
en el más breve plazo.
Sin embargo, es importante recordar
que este referéndum vinculante no era exigido por el levantamiento
popular de octubre ante la ausencia de las mencionadas políticas y
estrategias hidrocarburíferas, sino porque éstas consistían básicamente
en la transferencia del control y aprovechamiento de los principales
yacimientos a las transnacionales petroleras, incluyendo obviamente la
entrega del patrimonio de YPFB consistente en todo tipo de
instalaciones en pleno funcionamiento, a cambio de supuestas
inversiones "capitalizadoras" que finalmente nunca llegaron
y si lo hicieron fue más lo que sacaron del país aquello que
supuestamente invirtieron los denominados "socios estratégicos"
o "capitalizadores".
Al tratarse de un referéndum
vinculante, es decir una consulta popular cuyos resultados tendrían
carácter de mandato constitucional para todos los poderes del Estado,
lo menos que podía esperarse era que las preguntas fuesen claras y no
dejen lugar a futuras interpretaciones.
Por un lado, y que se someta al
veredicto del pueblo temas como los que se reclamaron en el
levantamiento de octubre, como el de la rescisión de contratos con
las capitalizadoras y la restitución del patrimonio nacional.
Una lectura minuciosa de las 5
preguntas del referéndum convocado por el Gobierno de Carlos Mesa,
nos permite afirmar lo siguiente:
* 1. Son preguntas confusas y
plagadas de tecnicismos, que pueden generar confusión en las personas
que acudan a responder a la consulta popular
* 2. Al ser preguntas confusas y
plagadas de tecnicismos, sus resultados son susceptibles de manipulación
o "interpretación" por parte de quienes estarían
constitucionalmente obligados a cumplir el mandato popular emanado del
referéndum vinculante.
* 3. No consulta sobre aquellos
temas que provocaron el levantamiento popular de octubre y que concluyó
con la renuncia de Sánchez de Losada a la Presidencia de la República.
Rescisión de contratos con las capitalizadoras, restitución del
patrimonio nacional y finalmente, no a la exportación del gas
boliviano por puerto chileno.
* 4. A la vez que no consulta sobre
los temas considerados de fondo por el levantamiento popular de
octubre, combina artificiosamente dos problemáticas disímiles como
son las de los hidrocarburos y la centenaria reivindicación marítima
boliviana, para finalmente preguntar si es que estamos de acuerdo con
la exportación del gas en el marco de una supuesta política nacional
que permita cubrir su consumo en las familias bolivianas, fomente su
industrialización, cobre impuestos y/o regalías a las empresas
petroleras de hasta un 50% de valor de la producción de gas y petróleo,
y finalmente, se destinen a la inversión social los recursos de
exportación e industrialización de estos energéticos.
La lógica del gobierno de Mesa
parece ser la del chantaje encubierto, pues en palabras sencillas
estaría preguntando que si queremos mar, tenemos que darles gas a los
chilenos, y si deseamos una mayor inversión social e industrialización
de nuestros hidrocarburos, tenemos que exportar.
Desde nuestro punto de vista, no se
trata de saber a cual preguntar responder con un SI o con un NO. Se
trata de entender, que en el fondo, tal como denunció públicamente
René Blattman, que es el único boliviano que ha llegado a formar
parte de la Corte Internacional Penal, este Referéndum está
fundamentalmente dirigido a legitimar el Gobierno del presidente Mesa,
y obviamente, a darle continuidad a las políticas de Sánchez de
Losada. Primera Pregunta.
¿Está usted de acuerdo con la
abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 promulgada por Gonzalo
Sánchez de Lozada?
Abrogar es el acto de reemplazar en
su totalidad una ley con otra.
En esta pregunta el problema no
radica en que se utilice el tecnicismo "abrogación" o se
haya colocado el nombre del "autor" de la Ley de
Hidrocarburos vigente, sino en las fundadas dudas que en los más
importantes sectores de la sociedad civil ha desatado la conducta de
Carlos Mesa en el tratamiento a la problemática hidrocarburífera.
En lo que va de su gestión
gubernamental, Carlos Mesa ha demostrado público interés en
consensuar un proyecto de Ley de Hidrocarburos con las empresas
petroleras, aún antes de concertar con la sociedad civil las lí-neas
maestras de lo que debería expresarse en tan importante instrumento
legal. Con este objetivo ha sostenido infinidad de contactos con
representantes del sector hidrocarburos, para finalmente plantear al
país en su conjunto un anteproyecto que de forma poco disimulada daría
continuidad a la política hidrocarburífera impulsada por Gonzalo Sánchez
de Losada.
Otro elemento que contribuye a
convertir en certezas las dudas sobre la actuación del presidente
Mesa, es el perfil de los varios ministros de hidrocarburos que designó,
y todos terminaron renunciando por las presiones provenientes de
diferentes sectores de la sociedad, preocupados por la orientación
que estaban dando a su gestión, y por sus antecedentes personales y
profesionales.
Hasta el momento han pasado por el
Ministerio de Hidrocarburos Alvaro Ríos, Antonio Aranibar, Mauricio
Galleguillos, Xavier Nogales y Guillermo Torrez. Todos, a excepción
de Galleguillos que cumplió esas funciones interinamente por menos de
una semana, se vieron obligados a renunciar por la presión social
ejercida por importantes sectores de la ciudadanía. Todos sin excepción,
tuvieron vínculos con empresas petroleras y con Gonzalo Sánchez de
Lozada, a excepción de Alvaro Ríos, ligado al ex presidente Jorge
"Tuto" Quiroga (ADN).
Actualmente se encuentra al frente
del estratégico ministerio, Francesco Zaratti, de quien inicialmente
en los mismos sectores que exigieron y lograron la renuncia de los
anteriores ministros de hidrocarburos de Carlos Mesa, tenían una
opinión favorable, pero a medida que ha pasado el tiempo, han salido
denuncias públicas en las que se ponen en evidencia vínculos con Sánchez
de Lozada y las petroleras.
Por lo anterior, es que sin temor a
equivocarnos podemos afirmar que no se trata de simples
susceptibilidades, sino todo lo contrario, dadas las evidencias de una
línea gubernamental en la gestión de Mesa demasiado comprometida con
la orientación de Sánchez de Losada en materia de hidrocarburos.
Esto significa que en caso de
obtener el SI respaldo ciudadano mayoritario en el Referéndum, como
parece ser la tendencia en la población boliviana, el actual
presidente simplemente entregaría al Parlamento un anteproyecto de
Ley de Hidrocarburos que si bien abrogaría o sustituiría la que se
encuentra en vigencia, sus efectos prácticos serán una continuidad
de la política impuesta por Sánchez de Losada, y obviamente será
favorable para las petroleras. En el mejor de los casos, abrirá la
posibilidad de una revisión de los contratos una vez se hayan
cumplido los plazos acordados entre el Estado de Bolivia y estas
empresas, es decir luego de 40 años. Eso si, la "nueva" ley
regirá para los contratos que a futuro se realicen.
De producirse este desenlace, una
vez más el pueblo boliviano verá defraudada la confianza depositada
en sus gobernantes, y sus efectos pueden ser impredecibles. Segunda
Pregunta.
¿Está Usted de acuerdo con la
recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de
pozo para el estado boliviano?
Esta pregunta aborda otro ámbito
de la problemática hidrocarburífera que ha sido parte de las
demandas de la movilización de octubre, y que está con relación a
la recuperación del patrimonio nacional.
Sin embargo, la pregunta acude a un
tecnicismo - boca de pozo -, en busca de no plantear abiertamente lo
demandado por los sectores más importantes de la sociedad boliviana.
Boca de pozo, no es otra cosa que
un equipamiento que se coloca sobre un pozo productivo y que está
destinado a regular la salida del flujo de los hidrocarburos. Dicho
con palabras mas sencillas, es una válvula.
La movilización de octubre del
2003, reclamaba la recuperación del patrimonio nacional, es decir que
el Estado boliviano vuelva a tener control real sobre todo el proceso
de producción petrolera, para que en caso de necesidad se tengan
posibilidades de establecer negocios favorables para el conjunto de la
población boliviana, y no como sucede en la actualidad, que hemos
quedado a merced de la voluntad y caprichos de las empresas
petroleras.
De acuerdo a declaraciones públicas
de varios funcionarios del gobierno de Mesa, si la mayoría de las
personas que concurran al Referéndum responden SI, las consecuencias
inmediatas serían:
* Los contratos futuros a ser
suscritos mediante YPFB autárquico, deberán contemplar explícitamente
que la propiedad de todos los hidrocarburos medidos en boca de pozo
son del Estado, el cual podrá traspasar a la empresa privada en los términos
previstos. Estos a su vez, podrán ser de "operación" o de
"producción compartida", debiéndose, en principio,
descartar los de riesgo compartido.
* En cuanto a los contratos
vigentes, éstos podrán ser revisados, independientemente del
resultado del referéndum, recurriendo, si corresponde, a las cláusulas
de resolución, rescisión o anulación señaladas en los mismos
contratos.
* En caso de contratos que se
convirtieran de riesgo compartido a otros estipulados en la nueva ley,
éstos deberán aceptar la inclusión de la cláusula de propiedad o,
cuanto menos, eliminar el inciso 3) de los actuales contratos de
riesgo compartido.
La posición pública del gobierno
respecto a lo que implicaría un SI de la ciudadanía a la segunda
pregunta, es la evidencia de que no existe interés real de recuperar
el patrimonio nacional hidrocarburífero y continuar favoreciendo a
las transnacionales petroleras.
No se trata de simplemente de
escribir en una de las cláusulas de un contrato que los hidrocarburos
son del Estado, sino de que éste actúe en todo el proceso de
aprovechamiento sostenible de tan importante recurso natural no
renovable, como representante de sus verdaderos dueños: el pueblo
boliviano, y que por tanto, su explotación tenga impacto real en el
desarrollo nacional.
Pensar en la simple
"recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de
pozo", es solo una parte del problema. El tema de fondo es tener
la voluntad política de recuperar el patrimonio nacional, es decir,
el control absoluto del proceso de explotación hidrocarburífera, las
instalaciones que pertenecían a YPFB y fueron entregadas a las
transnacionales, y finalmente la capacidad de regular la economía
nacional desde el proceso de comercialización de combustibles y
lubricantes, factor importante para estimular la producción interna.
Sobran las razones para que aún,
sin el referéndum, existiendo voluntad política de parar el proceso
de descapitalización que se viene produciendo en Bolivia como
consecuencia de haber entregado nuestros hidrocarburos a "precio
de liquidación", se revisen y rescindan o anulen los contratos
suscritos entre el Estado boliviano y las transnacionales petroleras,
porque todo el tiempo, se tienen denuncias documentadas y públicas de
los incumplimientos a los términos de los mismos, a pesar de ser tan
desfavorables para el país.
Finalmente, con el tiempo de
vigencia que han tenido las condiciones establecidas en los contratos
petroleros en nuestro país, ya no podemos dudar de que si este
recurso natural no renovable tan importante para la industria y el
transporte en cualquier lugar del planeta, continúa siendo explotado
como si Bolivia fuera una colonia o un país militarmente ocupado, las
posibilidades de salir de nuestro atraso son en la práctica,
inexistentes, y deberemos acostumbrarnos a ver cómo diariamente se
deteriora mas nuestra calidad de vida, eligiendo gobiernos, que no
tienen la capacidad de decidir sobre ningún aspecto de relevancia
para la vida en sociedad ni para la economía, lo cual los hace
lamentablemente prescindibles. Tercera Pregunta.
¿Está usted de acuerdo con
refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la
propiedad estatal de las acciones de los bolivianos y las bolivianas
en las empresas capitalizadas, de manera tal que pueda participar en
toda la cadena productiva de los hidrocarburos?
En esta pregunta la dirección que
el gobierno del presidente Mesa pretende darle a una posible refundación
de YPFB, está muy clara: "De manera que pueda participar en toda
la cadena productiva de los hidrocarburos".
Para que nuestra economía y la
soberanía nacionales tengan en la actividad petrolera un puntal
importante, no se trata simplemente de que el "nuevo" YPFB
participe en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, sino de
que el Estado a través de la empresa estatal petrolera pueda tener un
control efectivo sobre estos procesos, no solo que cumpla el papel de
ser una mas, pretendiendo estar en las mismas condiciones que las
transnacionales, porque de ser así, no hemos ganado nada.
En los hechos se trata de tener la
posibilidad de plantearnos el desarrollo desde nuestra propia
perspectiva, entendiendo obviamente que vivimos en un mundo
globalizado, y para ello, está demostrado que el Estado, y obviamente
hablamos de un "nuevo tipo de Estado", debe tener la
capacidad de incidir directamente en la economía de su propio país,
sino estamos simplemente ante la tragedia de que lo sucedido en
Bolivia desde la implementación de los programas de ajuste
estructural o neoliberalismo, se vuelva a repetir.
Se trata en resumidas cuentas, de
pensar en nuestra propia viabilidad como país. No es un tema de meros
sentimientos nacionalistas.
Estudios realizados por
instituciones e investigadores reconocidos nacional e
internacionalmente, revelan que Bolivia dejó de percibir 3.152
millones de dólares en el periodo 1.996-2001, por la
"capitalización" de Y.P.F.B. y la reclasificación de los
campos.
Todos estos años de explotación
petrolera a cargo de las transnacionales, nos han vuelto a demostrar a
bolivianos y bolivianas, que si no somos nosotros los que aprovechamos
directamente nuestros recursos naturales, quien lo haga bajo contrato
de explotación, de concesión o cualquier otra forma, terminará
siendo el único beneficiado y nuestro país, el gran perjudicado.
Cuarta Pregunta.
¿Está usted de acuerdo con la política
del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico
para el logro de una salida útil y soberana al océano pacífico?
Esta pregunta, tiene todas las
características de un chantaje abierto a bolivianos y bolivianas.
Si lo redactásemos de otra manera,
podríamos preguntar:
¿Quieren mar? Si responde sí,
entonces acepte que tenemos que venderles gas a los chilenos y usar
sus puertos para exportar nuestros hidrocarburos a otros países.
Pero si se diera el caso de que
ganara el SI, en los términos que actualmente está formulada la
pregunta, que podría suceder...???
Bolivia podría recuperar realmente
la propiedad del territorio nacional perdido en la Guerra del Pacífico?
Se han tenido declaraciones de
funcionarios del gobierno chileno y boliviano, difundidas a nivel
mundial sobre el tema, y resulta claro, que a pesar de que les
vendamos gas a los chilenos y exportemos nuestros hidrocarburos a través
de puertos chilenos, Bolivia no recuperará el Litoral, solamente
logrará tener un área de acceso al mar, y sin soberanía. Es decir,
podríamos tener acceso al mar, pero en calidad de
"inquilinos" dispuestos a pagar un alto precio.
Y cual sería ése precio? Resulta
que Bolivia actualmente tiene en su territorio nacional el 42% que
existe en América Latina, y por tanto puede jugar un rol fundamental
si sabe administrar este recurso natural no renovable, y es posible
que pueda jugar un rol geopolítico de primer orden en el área.
Si por el contrario, a cambio de un
corredor que le permita el acceso al mar, vende gas a Chile y exporta
sus hidrocarburos por puertos chilenos, solamente contribuirá a
convertir al vecino país, en un punto de importancia geopolítica
vital para todo el subcontinente (América del Sur), dado que
funcionará como un centro energético de distribución continental y
con ello, Bolivia seguirá funcionando como un simple proveedor de
materias primas, al cual solo le quedan los campamentos abandonados,
una vez se agotó el recurso explotado. Quinta Pregunta.
¿Está Usted de acuerdo con que
bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: cubra
el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos; fomente la
industrialización del gas en territorio nacional; cobre impuestos y
regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la
producción del gas y el petróleo a favor del país; destine los
recursos de la exportación e industrialización del gas
principalmente para educación, salud, caminos y empleos?
Esta pregunta, tiene la misma
esencia que la anterior, pues también está planteada como un
chantaje descarado. Siguiendo la forma de razonar que desarrollamos
con la pregunta 4, podríamos preguntar:
¿Quiere usted que se industrialice
el gas en Bolivia, cobremos impuestos mas altos a los que explotan
nuestros hidrocarburos, y destinemos estos recursos especialmente para
educación, salud y caminos?
Si usted quiere lo anterior,
entonces, acepte que debemos exportar nuestro gas...!!!
En esta pregunta se está jugando
con necesidades fundamentales de la población boliviana, como educación,
salud, caminos y trabajo, por un lado.
Por otro, se trata de vender la
ilusión que ya nos hicieron sentir, cuando en sus campañas
electorales, nos hablaban de que con la capitalización Bolivia tendría
más trabajo y mejoraría la vida de bolivianos y bolivianas. De que
con la capitalización, nuestras empresas se fortalece -rían.
Ahora la ilusión es que cobrando
hasta el 50% entre impuestos y regalías a las empresas
transnacionales que aprovechen nuestros hidrocarburos, tendremos
recursos económicos para destinarlos a responder a las más sentidas
demandas sociales de bolivianos y bolivianas.
Acá uno se pregunta, cómo es
posible plantearse esa situación, si el Estado boliviano, no ha
tenido la capacidad de cobrar a las petroleras más allá del 3% del
18% que establece la actual Ley de Hidrocarburos...???
También la pregunta hace alusión
a una política nacional que cubra el consumo de gas de bolivianos y
bolivianas. En lo que se este aspecto se refiere surge de inmediato
otras preguntas.
¿Podrá el bolsillo de bolivianos
y bolivianas, seguir pagando un precio por la garrafa de gas, que en
nuestro país es superior al que las trasnacionales lo venden en el
extranjero?
¿Será ésta una política que
permite el crecimiento del mercado interno o por el contrario, lo va
achicando, estrangulando, por la vía de cobrarle al consumidor
boliviano un precio más elevado por un recurso como el gas para uso
doméstico, que se tiene en abundancia, y que es un artículo de
primera necesidad?
En ambos casos, la respuesta obvia
es NO.
En esta pregunta también se habla
de una política nacional que fomente la industrialización del gas en
territorio nacional.
Desde nuestro punto de vista,
resulta imposible pensar en la implementación de una política
nacional que fomente la industrialización del gas en territorio
nacional, si es que se mantienen las actuales reglas de juego, que son
totalmente favorables para las transnacionales petroleras, y
totalmente lesivas para el país.
Para cualquier boliviano o
boliviana, debe estar absolutamente claro que las transnacionales no
tienen como su prioridad el promover el desarrollo nacional en ningún
país donde estén realizando sus operaciones. El único interés
prioritario que tienen es obtener cada vez mayores ganancias con
menores inversiones. Es el lucro o ganancia fácil, por eso es que se
esmeran en controlar gobiernos, partidos políticos y cuando les es
posible, a las mismas organizaciones sociales, para tener un ambiente
adecuado para lograr sus objetivos económicos.
La industrialización de una
materia prima, y más si se trata de un energético como el gas, solo
puede ser preocupación de los Estados que los tienen, si es que
quieren jugar algún rol de significación en la vida de su población.
Se tiene abundancia de estudios y
análisis de experiencias en otros países, donde las transnacionales
han priorizado la exportación sobre el mercado interno por su mayor
volúmen de demanda, posibilidad de precios más elevados, desarrollo
de mayor número de eslabones en la cadena productiva (separación,
transporte, licuefacción, transporte, regasificación, transaporte,
venta a mercados finales ampliados. Con la exportación globalizan más
fácilmente su contabilidad y reducen radicalmente sus costos
operativos, que es su preocupación central en función de obtener
mayores ganancias.
Lamentablemente, esta pregunta al
igual que las otras 4 anteriores, expresan con un lenguaje algo
suavizado, la visión de Sánchez de Losada, respecto a la problemática
de la explotación de recursos naturales no renovables, en la cual,
desde su punto de vista, el capital transnacional permitiría al país
contar con recursos frescos para dinamizar nuestra economía, y
obviamente eso implica la presencia de las empresas transnacionales,
convertidas en agentes económicos.
Esa visión del desarrollo, en
nuestro país, ha sido un verdadero fracaso, y ha convertido al actual
Estado en algo que no tiene mayor significación para la vida de los
bolivianos. Conclusiones.
Para contextualizar nuestras
conclusiones, recogeremos partes sobresalientes de una entrevista
realizada a René Blattman en el matutino "El Deber" de
Santa Cruz de la Sierra, el 02 de Julio del año en curso.
En la misma, Blattman plantea que
desde su punto de vista, "Las preguntas están dirigidas a que se
vote por el sí. Prueba de ello es que aparece el nombre de un ex
gobernante que goza de la antipatía de la mayoría de la población.
Cuando se pone el nombre de las personas, es porque se está buscando
un efecto parecido al de la consulta convocada por el general
(Augusto) Pinochet (ex presidente de Chile), que es conocido como uno
de los referéndum más abultados de la historia, pero el nuestro es más
todavía. En el fondo esto no es un referéndum, sino un plebiscito
aclamatorio de una política o un personaje".
El entrevistado, al ser consultado
sobre otro tema, responde que "Lo que debe entenderse es que el
referéndum debe ser claro, que no sea inducido, y sencillo, peor aún
más si estamos en un país con altos índices de analfabetismo. Creo
que el gran error de la mayoría de los gobernantes en Bolivia es que
cuando llegan al poder se consideran los iluminados y quieren imponer
lo que ellos creen que es bueno, sin importarles lo que piensa el
pueblo".
Al ser consultado Blattman, sobre
la forma en que han sido planteadas las preguntas del Referéndum de
Mesa, expresó:
"Las preguntas están
confeccionadas de tal forma que hasta los mismos legisladores le dan
diferentes interpretaciones. Algunos dicen que tal pregunta se refiere
a la nacionalización (de los hidrocarburos y las empresas), otros
dicen lo contrario. Esto significa que en un país tan pobre se está
gastando 30 millones de bolivianos en un proceso aclamatorio. Esto no
es bueno, porque no es el espíritu de un referéndum".
Cuando se le preguntó sobre el
impacto político del referéndum en caso de realizarse en las
condiciones que ya están planteadas, esta personalidad indicó que:
"...se logrará algo parecido a la Alemania nazi, donde después
de tres referéndums se suspendió la medida y nunca más se realizó
por temor a la manipulación. La gente perdió la confianza en el
instrumento, porque se pretendió utilizar de una manera específica.
No hay que olvidar que el origen histórico de la consulta en Bolivia
fue la convulsión de octubre y el compromiso presidencial de convocar
un referéndum".
Al referirse a otros aspectos
relacionados con el referéndum, Blattman continúa diciendo: "En
este momento lo que se debe buscar es conocer lo que quiere la gente.
Si uno tiene miedo a las respuestas de las personas y si considera que
el proceso no es viable, lo mejor es no hacer la consulta. Me llama la
atención que en un simulacro que se hizo hace poco tiempo en El
Torno, la mayoría de la gente no sabía nada sobre el referéndum,
incluso algunos preguntaban dónde estaban los candidatos de ADN, del
MIR, del MNR, etc., etc."
Asimismo, en criterio de René
Blattman, se han roto las reglas de oro de la consulta.
En primer lugar, porque no se debe
convocar un referéndum en época de convulsión o de polarización,
ya que la intención es buscar la unión y no la desunión.
En segundo lugar, no es bueno
vincularlo a una persona porque el Referéndum no es un plebiscito,
sino que es un mecanismo democrático a través del cual el Gobierno
escucha al país y no trata de imponer una medida. Por lo general, es
un instrumento de consulta y no de aclamación.
René Blattman respecto a la
necesidad y posibilidad de revisar, modificar y/o rescindir o anular
los contratos con las petroleras, Blattman plantea que "si en un
contrato hay una parte leonina y se firmó en un momento necesario,
eso se puede cambiar. Es bueno tener claro que un contrato es para
revisarlo. Es una coincidencia de voluntades, pero si una de las
partes no va en esa dirección, habrá que modificarla y eso no tiene
nada que ver con inseguridad jurídica porque en todas partes se
revisan los convenios, incluso en los Estados Unidos".
Al finalizar la entrevista, esta
personalidad boliviana nacional e internacionalmente reconocida, en
una especie de advertencia dice: "Los bolivianos no estamos
contentos con la forma en la que se están utilizando los recursos
energéticos y creo necesario que se escuche el clamor de la
gente".
A nuestro modo de ver, resulta
claro que el referéndum convocado por el presidente constitucional de
la república, Carlos Mesa, no es otra cosa que un intento por
distorsionar el mandato surgido del levantamiento popular de octubre
del año pasado, buscando legitimarse como mandatario del país, además
de lograr un otro objetivo político que pareciera ser la verdadera
intención presidencial, como es la de dar continuidad con otro tipo
de discurso y una conducta aparentemente democrática a la estrategia
hidrocarburífera de Gonzalo Sánchez de Losada.
Desde el punto de vista
estrictamente técnico, el referéndum a realizarse el próximo 18 de
julio, al contener preguntas confusas, ambiguas, además de
tecnicismos y estar planteadas como una suerte de chantaje, como
sucede con la cuarta y quinta, antes que dotarle de un mandato claro y
expreso al gobierno y parlamento bolivianos, solamente se obtendrá un
escenario de mayor confusión y conflictividad, que obligará a
gobernantes y parlamentarios a realizar ejercicios de interpretación
de lo que originalmente debería haber sido un mecanismo de expresión
de la voluntad popular en materia de hidrocarburos.
Tal cual están planteadas las
cosas, dará lo mismo responder SI o responder NO, intercalar
respuestas positivas y negativas a las interrogantes del Referéndum,
porque al final de cuentas no se ha preguntado lo que el pueblo exigía
en Octubre y los resultados del mismo no significarán una luz para
bolivianos y bolivianas, sino una especie de preludio de nuevas y más
dolorosas jornadas negras.
Santa Cruz, Julio de 2004
(*) Abogado del CEJIS
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