El poder petrolero impone su
democracia en Bolivia
Por Gabriel
Tabera
Econoticiasbolivia, 16/07/04
El poder petrolero ha fabricado su
propia democracia en el país más pobre del Sur de América. Dueño
de todas las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas en más
de cien mil millones de dólares, ha eludido, por ahora, la demanda
mayoritaria del pueblo que clama por la nacionalización y está a
punto de ejecutar, a través del gobierno neoliberal, un referéndum
perfectamente diseñado para legitimar su control y dominio sobre los
hidrocarburos y sobre el destino de los bolivianos.
En esta democracia de las
petroleras, carece de importancia que los más de cuatro millones de
ciudadanos, habilitados para el sufragio, voten a favor o en contra de
las cinco preguntas del cuestionario. Igual, gane el SI o triunfe el
NO, los más de cien mil millones de dólares en reservas seguirán en
manos de las petroleras, las que además tendrán el aval para
ejecutar los multimillonarios negocios de exportación de gas.
El voto ciudadano, en esta
democracia de las petroleras, servirá para legitimar los negocios de
exportación que no pudieron imponerse con la bala y la metralla en
octubre del 2003. Toda una burla para un pueblo que se levantó en
contra del super estado petrolero y expulsó del Palacio de gobierno
al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque dejó intacta la
estructura política y organizativa del poder neoliberal.
Hoy, es poder, a través del
vicepresidente y sucesor de Sánchez de Lozada, el también neoliberal
Carlos Mesa, se emplea a fondo para torcer la voluntad popular (que
exige la nacionalización) y llevar a buen puerto el referéndum del
domingo. Para ello cuenta con el total apoyo técnico, político y
financiero de los organismos internacionales, de las petroleras
extranjeras, de los gobiernos de Brasil, España y Estados Unidos e
incluso del Comando Sur. El sueño de todos ellos es lograr dentro de
dos días, a través del voto ciudadano, lo que no pudieron los
tanques y los militares carapintadas hace nueve meses, cuando
masacraron al pueblo rebelde de las alturas.
Mesa, usando todo el poder del
Estado, se ha lanzado de lleno a difundir y promover el referéndum,
obligando a los bolivianos a escoger entre las leyes y políticas de Sánchez
de Lozada y las suyas, ambas favorables a las transnacionales, a la
exportación de gas como materia prima y a legitimar el control total
que tienen las petroleras sobre el gas y el petróleo de Bolivia. Ha
levantado, como dicen los sindicatos y las organizaciones sociales y
populares, un verdadero "tramparendum", una consulta engañosa
y tramposa, diseñada para burlar el anhelo de más del 80% de la
población que, según las encuestas más fiables, apoya la
nacionalización de esta lucrativa industria y el retiro de las
petroleras extranjeras.
La táctica de Mesa es simple y se
sustenta en la desinformación, la propaganda y la coerción. Desde
hace dos meses ha desatado una millonaria campaña de propaganda y ha
repartido varios millones de dólares entre los medios de comunicación
y formadores de opinión pública, con el objetivo de hacer consentir
a la población que con el referéndum del 18 de julio Bolivia
"recuperará la propiedad de sus hidrocarburos", a pesar de
que no se tocarán los contratos ni los privilegios de las petroleras,
que tienen en su poder la totalidad de las reservas de gas y petróleo
del país, contabilizadas en 52 trillones de pies cúbicos de gas y más
de 900 millones de barriles de petróleo.
Todo un saludo a la bandera. Con el
triunfo del referéndum, el Estado boliviano sería formalmente
propietario de sus hidrocarburos recién el 2036, pero las reservas de
más de cien mil millones de dólares seguirán en poder de las
petroleras. Y a eso le llama la "nacionalización
responsable".
Así, Mesa juega con las palabras
para confundir a la población, para hacer creer que su política es
muy diferente a la Sánchez de Lozada, al que admiraba y apoyaba en
todos y cada uno de sus planes, especialmente en la destrucción de la
empresa estatal del petróleo y la entrega de la industria del gas y
el petróleo a las transnacionales. A casi nueve meses de ejercer el
gobierno, muchos ya no le creen. "Sánchez de Lozada hablaba muy
mal el castellano, pero éste (Mesa) habla muy bien, pero sólo para
engañar a los bolivianos", dice Jaime Solares, el dirigente de
la Central Obrera Boliviana (COB), que lidera el boicot a la consulta
del domingo, con marchas, movilizaciones, bloqueos de caminos y quema
de ánforas. La apuesta de la COB es dar fuerte batalla al inmenso
poder petrolero con el boicot, la masiva abstención y el voto nulo de
los más pobres, de los más humildes, de los hombres y mujeres que
enfrentaron la bala y la metralla en octubre.
A dos días del referéndum, el
bombardeo publicitario y propagandístico a favor del referéndum es
asfixiante. Todos los canales de televisión, radios y periódicos
difunden con extrema generosidad los spots, avisos y declaraciones de
todos los intelectuales, periodistas, autoridades y dirigentes
empresariales y cívicos que apoyan la consulta y el voto por el SI a
las cinco preguntas del referéndum. Nadie, o casi nadie, hace campaña
para votar por el NO. Es que es una consulta hecha para que nadie diga
NO. Nadie quiere identificarse con Sánchez de Lozada, aunque, en
rigor, no hace tampoco falta porque está ahí la propuesta de Mesa,
que es defendida por todos aquellos que defendían a Sánchez de
Lozada. La única excepción es el diputado cocalero Evo Morales y su
partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que controla sectores
importantes del sindicalismo cocalero y campesino, y que ha roto el
frente común que hacen los trabajadores del campo y la ciudad y las
clases medias empobrecidas en contra de la democracia de las
petroleras
El MAS y Evo Morales, obsesionados
por ganar las elecciones municipales de fin de año y las
presidenciales del 2007, han virado hacia la derecha, para ganar el
apoyo de las clases medias y evitar el veto de los sectores
empresariales, de los organismos internacionales y de los sectores
progresistas y demócratas de Estados Unidos y Europa. Por ello se
oponen a la nacionalización y sabotean la lucha de la COB porque
creen que el lesionar ahora los intereses petroleras desencadenará un
golpe militar, que liquidará su sueño de llegar a la Presidencia.
Por ello piden participar en la trampa de las petroleras y piden
asistir a votar por el SI en las tres primeras preguntas y por el NO
en las dos últimas. Con ello creen que podrán presionar a Mesa para
imponer, de inmediato, más tributos a las petroleras, y no en la próxima
década cuando las petroleras exporten a Estados Unidos y México,
como dice el plan gubernamental. Morales confía en que si logra el
respaldo ciudadano a su forma de voto, podrá torcer el brazo de Mesa
en el Congreso nacional, el que sin embargo está dominado en sus dos
tercios por los partidos neoliberales que gobernaron con Sánchez de
Lozada.
En cambio, los que quieren la
nacionalización del gas, los que quieren recuperar los más de cien
mil millones de dólares para Bolivia, los que no apoyan ni a Sánchez
de Lozada ni al que fue su vicepresidente Mesa, como la COB y las
organizaciones sociales y populares, no tienen cabida en la consulta.
No tienen otra opción que abstenerse, no votar en la consulta o votar
en blanco, o nulo, o marcando la papeleta con la palabra nacionalización,
o quemando ánforas y cerrando los centros de votación.
En las ciudades de El Alto, La Paz,
Cochabamba, Potosí, Sucre y otras menores, así como en las áreas
rurales del Altiplano y los valles, muchos han dicho que no asistirán
a las urnas, en el ejercicio de su derecho democrático de no
participar en un referéndum, que en esencia sólo quiere legitimar el
control de las petroleras extranjeras sobre los hidrocarburos del país
y avalar sus multimillonarios negocios de exportación hacia Estados
Unidos, México, Argentina y Chile.
Y es que muchos, con la prédica y
lucha de los sindicatos, han comenzado a darse cuenta de la naturaleza
del "tramparendum". Frente a ello, Mesa ha respondido con la
coerción, desestimando la Ley del Referéndum que no establece la
obligatoriedad del voto.
El gobierno, con apoyo de la Corte
Electoral y del Tribunal Constitucional, ha desatado otra campaña
publicitaria: quien no asista a votar tendrá que pagar multas, quien
incite a la abstención irá a la cárcel y quien haga campaña contra
el referéndum o boicotee la consulta tendrá que purgar una condena
de cinco años de prisión.
Para defender su referéndum, Mesa
ya ha militarizado el Altiplano y ha puesto en alerta total a más de
30 mil efectivos del Ejército y a 22 mil de la Policía, y ha diseñado
un plan operativo para acompañar el voto obligatorio del "pueblo
soberano" con el fusil y los tanques. También ha lanzado
operativos preventivos, con policías y encapuchados, para allanar
viviendas y amedrentar a quienes intentan oponerse al "tramparendum".
Para los ciudadanos que ya no le
creen o tienen dudas sobre lo que realmente se juega en el referéndum,
Mesa ha puesto en pie otra campaña anunciando una virtual catástrofe
económica si no triunfa el SI. Desnudando la naturaleza del referéndum
ha confirmado que los organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y la
Corporación Andina de Fomento) cortarán la ayuda económica al país
si fracasa la consulta del domingo.
"Si no triunfa el SI en el
referéndum, quiere decir que Bolivia no está dispuesta a exportar su
gas, por lo tanto dejará de ser sujeto de crédito. No podríamos
hacer un acuerdo con los organismos internacionales, nuestros sistemas
de financiamiento se paralizarán (...) Bolivia no tendrá
posibilidades de seguir costeando y manteniendo de manera gratuita la
salud y la educación en el país", dijo.
A principios de año, el Banco
Mundial, según se constata en sus documentos oficiales, advirtió que
reduciría su ayuda financiera a Bolivia si no triunfaba el referéndum.
Lo mismo dijo el FMI, por boca de su director para el Hemisferio
Occidental, Anoop Singh, al advertir sobre la "inviabilidad de
Bolivia" si no se exportaba gas.
Otros que aguardan el triunfo del
SI son los empresarios nacionales y los representantes de las
petroleras extranjeras, como Alfonso Cortina, presidente de la Repsol
YPF, que tiene casi un tercio de las reservas de gas y petróleo de
Bolivia, y el propio presidente Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil,
que vino a Bolivia el pasado viernes a velar por los grandes intereses
que tiene Petrobras en territorio nacional. Todos ellos han dado un público
respaldo al referéndum, al igual que los embajadores de España y
Estados Unidos. Todos ellos confían en que el referéndum permitirá
destrabar los proyectos de exportación de gas, que habían sido
parcialmente enterrados con la insurrección de octubre y la huida de
Sánchez de Lozada a Estados Unidos.
Todos ellos confían, además, que
Mesa y el Ejército boliviano sabrán también hacer respetar la
"voluntad popular" que emane de las urnas y que presumen que
será favorable a la exportación del gas como materia prima. El poder
petrolero, Mesa y sus aliados creen que están a dos días de lograr
lo que no pudieron hacer en octubre, cuando usaron el fusil y la
metralla en defensa de los millonarios negocios de exportación. Pero
no están seguros, porque en la trinchera contraria están la COB y
las organizaciones sociales y populares que trabajan para impedirlo.
"Pueden ganar su referéndum,
pero no podrán derrotar al pueblo que ha luchado en octubre, que ha
luchado antes del 18 de julio y que seguirá luchando después del 18
de julio por la industrialización del gas y por la nacionalización",
aseguró el minero Solares, el líder de la COB.
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